{"id":99459,"date":"2026-06-25T18:31:24","date_gmt":"2026-06-25T18:31:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2002-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:31:24","modified_gmt":"2026-06-25T18:31:24","slug":"stc2002-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2002-2017\/","title":{"rendered":"STC2002-2017"},"content":{"rendered":"

                                       <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

                                STC2002-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00244-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Galvis Carre\u00f1o frente a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, integrada por los magistrados Carlos Augusto Pradilla Tarazona, Javier Gonz\u00e1lez Serrano y Luis Alberto T\u00e9llez Ruiz, vincul\u00e1ndose al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de esa urbe.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.- El quejoso insta la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la colegiatura encartada dentro del juicio de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que le formul\u00f3 Mercedes Espitia Abreo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Arguy\u00f3, como pilar de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.1.- En el sub lite, una vez agotadas las etapas correspondientes, el despacho citado emiti\u00f3 sentencia estimatoria de 9 de junio de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2.- Comoquiera que contra tal decisi\u00f3n formul\u00f3 alzada, seg\u00fan \u00ablo establece la respectiva normativa del C. G. P.\u00bb, al efecto procedi\u00f3 a plantear \u00ablos reparos\u00bb correspondientes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Los mismos, los hizo consistir en que \u00ab1. No se tuvo en cuenta la prueba documental, concretamente el \u00e1lbum fotogr\u00e1fico, el cual ilustra la distribuci\u00f3n del inmueble en donde viv\u00edan los extremos en litis, e igualmente ilustrar\u00e1 los dichos de los testigos; de otra parte lo referente a las citas m\u00e9dicas y las remisiones cl\u00ednicas, para determinar que \u00c1ngela Galvis era quien acompa\u00f1aba al aqu\u00ed demandado; as\u00ed como lo referente a los documentos que acreditaron la fecha de la inscripci\u00f3n del establecimiento de comercio \u201csan juan espitia\u201d. 2. Que se desconoci\u00f3 en la valoraci\u00f3n probatoria, la sana cr\u00edtica, acorde con el art. 176 del C. G. P., frente a las pruebas testimoniales. 3. Que igualmente no fue tenida en cuenta [\u2026] la doctrina probable, acorde con la sentencia 7781\/2005 emitida por la Corte Suprema de Justicia, as\u00ed como su desarrollo jurisprudencial, as\u00ed tambi\u00e9n la doctrina constitucional, acorde con las sentencias T-117 de 2013; T-902\/2005, y pretermitiendo lo establecido en la sentencia C-836 de 2001, acorde con el art. 7-2, 42-7, del C. G. P., en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n probatoria. [Y], 4. Lo referente al contrato de arrendamiento, la restituci\u00f3n del inmueble y el pago de los c[\u00e1]nones\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.3.- Por tanto, la sala cuestionada fij\u00f3 el d\u00eda 31 de enero de 2017 \u00abpara audiencia de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, acaeciendo que en tal ocasi\u00f3n al \u00abpretender realizar el desarrollo de los temas objeto de impugnaci\u00f3n[,] de una manera abusiva y descort\u00e9s, el magistrado sustanciador, de entrada limit\u00f3 el tema de la apelaci\u00f3n, a unos aspectos contra evidentes frente a lo que fue la inconformidad planteada ante el a quo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Ello, entre otras cosas, por cuanto que \u00abal pretender poner en contexto, la declaraci\u00f3n de una de las testigos, a fin de concretar el tema de la doctrina probable [\u2026] y de demostrar c\u00f3mo el juez de instancia entr\u00f3 a quebrantar las reglas de la sana cr\u00edtica, limit\u00f3 el desarrollo del argumento; as\u00ed tambi\u00e9n en lo que respecta a la doctrina constitucional sobre el tema de la sana cr\u00edtica; pues se sabe que frente a este tema, es necesario desarrollar y exponer los testimonios rendidos para hacer el respectivo contraste f\u00e1ctico y jur\u00eddico, a fin de entrar a demostrar en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro del juez a-quo\u00bb, m\u00f3vil por el cual la mentada audiencia se adelant\u00f3 en \u00abcompleta anarqu\u00eda jur\u00eddica, [\u2026] pues obs\u00e9rvese c\u00f3mo se pretermite, en la realizaci\u00f3n de un acto procesal tan importante, la sustentaci\u00f3n f\u00e1ctica del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, con lo que \u00abpareciere que ya la sentencia ven\u00eda elaborada antes de la sustentaci\u00f3n de la alzada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

       2.4.- As\u00ed, el tribunal enjuiciado \u00absin parar mientes sobre lo acontecido fulmin[\u00f3] la respectiva actuaci\u00f3n con la respectiva sentencia confirmatoria[,] empero sin ser escuchado el apelante en los t\u00e9rminos de ley[,] sin poder exponer la controversia de la impugnaci\u00f3n[,] que de todo esto se dej\u00f3 la respectiva constancia en la audiencia, bajo un constre\u00f1imiento psicol\u00f3gico que desde el inicio adelant[\u00f3] el magistrado ponente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Solicita, conforme a lo relatado, \u00abdejar sin valor y efecto la audiencia celebrada el d\u00eda 31 de enero de 2017\u00bb y, en consecuencia, \u00abse convoque a una nueva audiencia\u00bb advirti\u00e9ndose que los togados que intervinieron en aquella \u00abse declaren impedidos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       El juzgado citado, en aras de defensa, hizo un suscinto recuento de las actuaciones adelantadas en el sub lite.  <\/span><\/p>\n

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       La sala querellada guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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       1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Observada la censura planteada resulta evidente que al estimar la querellante que el tribunal recriminado obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrir en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto procedimental absoluto, enfila su inconformidad contra las actuaciones desarrolladas en la audiencia de 31 de enero de 2017, en que fue sustentada la alzada promovida por el tutelista y se dict\u00f3 sentencia confirmatoria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Como acreditaciones que ata\u00f1en con la dolencia elevada, obran:  <\/span><\/p>\n

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       3.1.1.- Una de ellas, adiada 9 de junio de 2016, da cuenta de que tras alegar de conclusi\u00f3n los extremos adversariales, el juzgado convocado dict\u00f3 fallo estimatorio de primer grado declarando, primeramente, \u00abla existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y de la sociedad patrimonial derivada de la misma entre los compa\u00f1eros permanentes  Mercedes Espitia Abreo y Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Galvis Carre\u00f1o durante el lapso comprendido entre el 9 de diciembre de 2011 hasta el 3 de junio de 2014\u00bb; en segundo lugar, \u00abla disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes [\u2026], por lo tanto la misma queda en estado de liquidaci\u00f3n\u00bb; y, en tercer orden, \u00abconden[\u00f3] en costas\u00bb al querellante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Notificado en estrados, el licenciado del quejoso lo apel\u00f3 se\u00f1alando, como \u00abreparos concretos\u00bb, que se quebrantaron las \u00abreglas [\u2026] de la sana cr\u00edtica en lo que tiene que ver con las testimoniales recepcionadas dentro del presente proceso e igualmente comoquiera que existe doctrina probable\u00bb que debe ser \u00abtenida en cuenta de conformidad con las sentencias del 16 de noviembre de 1992, del 2 de septiembre de 2005 Expediente 7781 e igualmente la [\u2026] de 7 de septiembre de 1993 de la Corte Suprema de Justicia, lo anterior en concordancia con el art\u00edculo 7, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia tambi\u00e9n con el art\u00edculo 42 numeral 7\u00ba inciso 2\u00ba y acorde tambi\u00e9n con lo establecido en el mismo art\u00edculo 42 con relaci\u00f3n a lo que tiene que ver con el numeral 6\u00ba que refiere a la doctrina constitucional\u00bb; aun\u00f3 que media discrepancia con la postura adoptada en punto del \u00abcontrato de arrendamiento\u00bb ya que se manifest\u00f3 que tal no fue probado, aparte que no se inici\u00f3 litigio de \u00abrestituci\u00f3n de inmueble arrendado\u00bb y ello fue as\u00ed por cuanto se estaban \u00abcruzando cuentas\u00bb dado que la demandante \u00able vend\u00eda la alimentaci\u00f3n\u00bb en el \u00abnegocio\u00bb de \u00abcafeter\u00eda\u00bb de ella, am\u00e9n que no obr\u00f3 \u00abcohabitaci\u00f3n\u00bb; asimismo, rebate la apreciaci\u00f3n de las pruebas \u00abdocumentales\u00bb que resultaron desechadas en \u00abrelaci\u00f3n con las asistencias m\u00e9dicas\u00bb puesto que prevalecieron \u00ablos testimonios de o\u00eddas\u00bb.       <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.1.2.- La otra, fechada 31 de enero de 2017, en que fue sustentada la alzada promovida por el abogado del gestor y se dict\u00f3 la sentencia ratificatoria de segundo grado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

          Notificada esta, el letrado del tutelista interpuso \u00abrecurso de casaci\u00f3n\u00bb, del cual se dijo habr\u00e1 pronunciamiento por parte del colegiado entutelado ulteriormente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.2.- Auto de 9 de febrero de 2017, a trav\u00e9s del cual fue concedido el \u00abrecurso de casaci\u00f3n\u00bb interpuesto por el petente (fls. 27 y 28).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.- En punto de la precisa raz\u00f3n de descontento expuesta por el petente ante este excepcional\u00edsimo estrado, consistente en que supuestamente a \u00e9l, en la audiencia de 31 de enero de 2017, a la hora de la sustentaci\u00f3n de la alzada, se le \u00ablimit\u00f3 el tema de la apelaci\u00f3n, a unos aspectos contra evidentes frente a lo que fue la inconformidad planteada ante el a quo\u00bb, por lo cual dicha etapa procedimental se produjo en \u00abcompleta anarqu\u00eda jur\u00eddica, [\u2026] pues obs\u00e9rvese c\u00f3mo se pretermite, en la realizaci\u00f3n de un acto procesal tan importante, la sustentaci\u00f3n f\u00e1ctica del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, ha de precisarse que la acci\u00f3n constitucional que concita la atenci\u00f3n de la Sala es de car\u00e1cter eminentemente subsidiario, raz\u00f3n por la cual su procedencia pierde vigor cuando en el debate procesal del que dimana la queja existen v\u00edas jur\u00eddicas a utilizar y las mismas no se emplean oportunamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.1.- El par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00ab[l]as dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este c\u00f3digo establece\u00bb (reli\u00e9vase), esto es, que todas aquellas circunstancias potencialmente nocivas al legal decurso de las actuaciones jurisdiccionales, que no est\u00e9n encuadradas dentro de las taxativas causales de invalidez procesal que el aludido precepto contiene, de no ser tempestivamente rebatidas, autom\u00e1ticamente devienen \u00absubsanadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Dicho de otro modo, si los sujetos interesados al verse presuntamente afectados con cualesquiera irregularidad suscitada en el juicio de que en cada caso se trate, que no tiene la connotaci\u00f3n de derivar \u00abnulidad\u00bb, no la \u00abimpugnan oportunamente\u00bb, pierden as\u00ed, fatalmente, la potestad de reprochar en torno de ello, habida cuenta que para el proceso lo propio cobra visos de ya estar subsanado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.- Es por lo anterior que, como el petente soslay\u00f3 el apuntado mecanismo ordinario de defensa con que contaba, ya que verificado el disco compacto contentivo de la audiencia celebrada ante el tribunal accionado el d\u00eda 31 de enero del a\u00f1o que avanza, emerge que aquel en manera alguna expuso ning\u00fan reparo en torno a la dolencia que aqu\u00ed expone, v\u00eda procesal que declin\u00f3 a pesar de que ciertas prerrogativas judiciales como la indicada son preclusivas, perentorias e improrrogables (norma 117 ejusdem), tal proceder resulta suficiente para concluir la improcedencia anotada, dado el se\u00f1alado car\u00e1cter propio de la acci\u00f3n de tutela, el cual, como bien se sabe, proh\u00edbe su interposici\u00f3n ante la existencia de otras sendas de protecci\u00f3n judicial de los derechos que se predican como conculcados pues, como lo ha venido sosteniendo reiterativamente esta Corporaci\u00f3n, trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, la v\u00eda judicial id\u00f3nea es el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable aducir que careci\u00f3 de las condiciones id\u00f3neas de defensa si goz\u00f3 de la ocasi\u00f3n de ejercerlas y no lo hizo, como tampoco es este un mecanismo que pueda activarse a discreci\u00f3n del interesado, m\u00e1xime que no fue concebido como una tercera instancia para que el juez constitucional reexamine los asuntos ya definidos por el funcionario competente.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

       4.3.- Sobre lo apuntado ut supra, esta Corporaci\u00f3n tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar, entre otras cosas, en CSJ STC16178-2016, 9 nov. 2016, rad. 2016-03130-00, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: (\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).  <\/span><\/p>\n

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       5.- Al margen de lo anterior, y con vista en las acreditaciones recaudadas, cabe se\u00f1alar que la acci\u00f3n constitucional interpuesta es del todo temprana, por lo que tampoco bajo esa \u00f3ptica hay lugar a la intervenci\u00f3n del juez de amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Ello, comoquiera que el tribunal cuestionado recientemente, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 9 de febrero de 2017, resolvi\u00f3 favorablemente sobre la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n otrora propuesto por el reclamante contra la sentencia de segundo grado dictada en el sub judice, por lo que dentro del citado litigio el quejoso a\u00fan tiene posibilidades de defensa que se hallan en ciernes, motivo por el cual, de ese tenor las cosas, es prematuro reclamar un pronunciamiento del juzgador constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el fallador competente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Recu\u00e9rdese al efecto que, como ha tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar esta Corporaci\u00f3n reiteradamente en punto de asuntos que guardan armon\u00eda con el aqu\u00ed abordado, \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       6.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

                Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

(Presidente de Sala)  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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                                        MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                      STC2002-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00244-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99459","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99459","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99459"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99459\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99459"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99459"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99459"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}