{"id":99460,"date":"2026-06-25T18:31:32","date_gmt":"2026-06-25T18:31:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2020-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:31:32","modified_gmt":"2026-06-25T18:31:32","slug":"stc2020-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2020-2017\/","title":{"rendered":"STC2020-2017"},"content":{"rendered":"

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  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

                                 <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00276-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

       Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jacqueline  Rojas Contreras en frente de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, integrada por los magistrados Amanda Janneth S\u00e1nchez Tocora, Flor Margoth Gonz\u00e1lez Fl\u00f3rez y Nelson Ruiz Hern\u00e1ndez.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.- La quejosa insta la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo y \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente vulnerados dentro del juicio de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras que instaur\u00f3 Hilda Rosa Afanador Rivera, y en el cual ella fungi\u00f3 como opositora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       2.1.- Trasegadas las etapas propias del sub lite, la sala encartada emiti\u00f3 sentencia de 9 de junio de 2016, en que orden\u00f3 \u00abla protecci\u00f3n del derecho a la restituci\u00f3n de tierras de la solicitante [\u2026] y [a ella le] descart[\u00f3 su] oposici\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2.- Estando dentro de los t\u00e9rminos legales, \u00abel defensor p\u00fablico solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n a la sentencia, deprecando se [le] declarare [\u2026] en calidad de segunda ocupante, y se ordenara la compensaci\u00f3n a su favor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.3.- Por tanto, el tribunal acusado \u00abmediante providencia del 23 de noviembre de 2016, resolvi\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n ordenando: \u201cprimero: declarar que [ella] ostenta [\u2026] la calidad de segunda ocupante. segundo: ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, que de conformidad con la caracterizaci\u00f3n llevada a cabo a la opositora, disponga que a trav\u00e9s del Fondo brinde las medidas de protecci\u00f3n que a su favor resulten procedentes de conformidad con lo se\u00f1alado en el Decreto 440 y el Acuerdo 29 de 2016. La UAEGRTD deber\u00e1 en el t\u00e9rmino de un mes rendir informe al respecto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.4.- Ante ello, durante la \u00abejecutoria del anterior auto [\u2026], mediante correo electr\u00f3nico [\u2026] remiti\u00f3 recurso de reposici\u00f3n solicitando que se determinar\u00e1 expresamente la medida de atenci\u00f3n que deb\u00eda cobijar a la segunda ocupante\u00bb, acaeciendo que la colegiatura recriminada, por determinaci\u00f3n de 12 de diciembre siguiente, \u00abrechaz\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n argumentando que el auto impugnado no es susceptible\u00bb del mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.5.- A esas cotas, la \u00abUnidad de Restituci\u00f3n de Tierras present\u00f3 memorial solicitando aclaraci\u00f3n del auto de 23 de noviembre de 2016, en el sentido de que se determinar\u00e1 expresamente la medida\u00bb compensatoria, \u00abo en su defecto se\u00f1alar\u00e1 la medida aplicable del Acuerdo 029 de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.6.- No obstante, dicha petici\u00f3n devino rechazada por \u00abextempor\u00e1nea de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, siendo que \u00ab[c]on tal decisi\u00f3n se agotaron todas las actuaciones judiciales pertinentes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.7.- Se duele de que con el proceder descrito fueron quebrantadas sus prerrogativas, habida cuenta que \u00ab[s]in [una] orden judicial se hace inviable [su] protecci\u00f3n\u00bb, proceder que desconoce la jurisprudencia obrante sobre la materia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Pide, conforme a lo relatado, \u00abse revoque el auto calendado el 23 de noviembre de 2016 [\u2026], y en su lugar se ordene [\u2026] determin[ar] la medida que debe cobijar a la segunda ocupante [\u2026], con base en la caracterizaci\u00f3n allegada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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               LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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       El tribunal cuestionado guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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       1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Observada la censura planteada, surge que al estimar la querellante que el tribunal recriminado obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrir en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto material y desconocimiento del precedente, dirige su puntual inconformidad, en \u00faltimas, contra el prove\u00eddo de 23 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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       3.- Obran como acreditaciones que incumben al preciso asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Corte, las siguientes:  <\/span><\/p>\n

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       3.1.- Fallo de 9 de junio de 2016, dictado por el tribunal enjuiciado, en el cual resolvi\u00f3: \u00abprimero: declarar no probados los argumentos expuestos por la parte opositora, [\u2026] Jacqueline Rojas Contreras, por las razones anotadas. segundo: no acceder al pago de la compensaci\u00f3n de que trata el art. 98 de la Ley 1448 de 2011, toda vez que la opositora no acredit\u00f3 haber actuado con buena fe exenta de culpa. tercero: proteger el derecho fundamental a la restituci\u00f3n material a que tiene derecho [\u2026] Hilda Rosa Afanador Rivera, por ser v\u00edctima de abandono forzado, con ocasi\u00f3n del conflicto armado. en consecuencia, se ordena restituirle el inmueble descrito en la parte motiva. Se deber\u00e1 tener en cuenta por parte del Fondo de la uaegrtd el procedimiento se\u00f1alado en el Manual T\u00e9cnico Operativo del Fondo -Resoluci\u00f3n 953 de 2012; se ordena hacer la entrega material del bien a la solicitante en un plazo de cinco (5). En caso de no verificarse la entrega en el t\u00e9rmino aqu\u00ed establecido por parte del opositor, se comisiona al Juzgado Civil Municipal de C\u00facuta -reparto- para la realizaci\u00f3n de la diligencia, la cual deber\u00e1 cumplir en un t\u00e9rmino perentorio de cinco (5) d\u00edas. Acomp\u00e1\u00f1ese el despacho comisario con los insertos del caso. H\u00e1gasele saber al juez comisionado que la uaegrtd -Territorial Norte de Santander- debe prestarle el apoyo log\u00edstico necesario para la realizaci\u00f3n de la labor encomendada. cuarto: ordenar como medida de protecci\u00f3n y por el t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os, sobre el predio restituido, la restricci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 101 de la Ley 1448 de 2011. L\u00edbrese comunicaci\u00f3n, con los insertos de rigor, a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos para que proceda de conformidad. quinto: ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de C\u00facuta que cancele las inscripciones ordenadas dentro del tr\u00e1mite administrativo y judicial de restituci\u00f3n de tierras respecto del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-297764. sexto: De conformidad con lo previsto en el art. 66 de la Ley 1448 de 2011, y dada la condici\u00f3n de v\u00edctima de la reclamante y su n\u00facleo familiar, se ordena a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, como Coordinadora, que adelante las acciones pertinentes a que hubiere lugar ante las diferentes entidades que conforman el Sistema Nacional de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas para garantizarles atenci\u00f3n integral, y de ser el caso los inscriba en el ruv. s\u00e9ptimo: Sin condena en costas, de acuerdo con lo establecido en el literal s. del art\u00edculo 91 [i]dem. octavo: Por la Secretar\u00eda de la Sala, exp\u00eddanse las copias aut\u00e9nticas necesarias. noveno: notif\u00edquese esta providencia a las partes por el medio m\u00e1s expedito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.2.- Auto de 23 de noviembre posterior, con que la colegiatura encartada, tras aducir que \u00ab[c]orolario de lo expuesto, es que al haberse ordenado la restituci\u00f3n del inmueble [a favor de] Hilda Rosa Afanador Rivera, la [tutelista], quien lo usaba como vivienda, y al ser mujer de escasos recursos, de alguna manera se vio despojada del predio urbano ubicado en la Calle 21 A N\u00b0. 15-14 del Barrio Nuevo Horizonte de esta ciudad, y en atenci\u00f3n a la situaci\u00f3n personal de la opositora, y al enfoque de la acci\u00f3n sin da\u00f1o, se reconocer\u00e1 en ella la calidad de segundo ocupante, y se ordenara que a trav\u00e9s del Fondo de la uaegrtd se adopten las medidas de protecci\u00f3n que a su favor resulten procedentes de conformidad con el Decreto 440 y Acuerdo 29 de 2016\u00bb (sublineado ajeno al texto original, como los dem\u00e1s), seguidamente puso de presente que \u00absi bien en las providencias aludidas se dispuso que el juez especializado en restituci\u00f3n de tierras definiera en forma motivada las medidas de atenci\u00f3n a quienes sean reconocidos como segundos ocupantes, es ineludible que para efectuar una determinaci\u00f3n adecuada y proporcional de las mismas, esto es para adoptar una decisi\u00f3n debidamente motivada al respecto se requiere para cada asunto la elaboraci\u00f3n de un estudio pormenorizado de las necesidades que se ven insatisfechas y de los bienes jur\u00eddicos afectados con la restituci\u00f3n, lo que a la par implica implementaci\u00f3n y uso de infraestructura f\u00edsica y humana a fin de recaudar la informaci\u00f3n conducente a ello, medios con los cuales no cuenta el juez de la causa, m\u00e1s s\u00ed la uaegrtd, raz\u00f3n por la cual en definitiva es pertinente que sea esta \u00faltima entidad la que de acuerdo con el an\u00e1lisis casu\u00edstico efectuado y dentro del margen de sus competencias legales y reglamentarias precise la medida de atenci\u00f3n a implementar, de la cual se har\u00e1 seguimiento por parte de e[s]a corporaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Por lo anterior, decidi\u00f3: \u00abprimero: declarar que la [querellante] ostenta en este proceso la calidad de segunda ocupante. segundo: ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, que de conformidad con la caracterizaci\u00f3n llevada a cabo a la opositora, disponga que a trav\u00e9s del Fondo brinde las medidas de protecci\u00f3n que a su favor resulten procedentes de conformidad con lo se\u00f1alado en el Decreto 440 y el Acuerdo 29 de 2016. La uaegrtd deber\u00e1 en el t\u00e9rmino de un mes rendir informe al respecto. tercero: enterese de esta decisi\u00f3n por el medio m\u00e1s expedito a la uaegrtd, a la [gestora] y a su apoderado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.3.- Recurso de reposici\u00f3n enfilado contra el pronunciamiento de marras.  <\/span><\/p>\n

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       3.4.- Determinaci\u00f3n de 12 de diciembre ulterior, mediante la cual fue rechazado \u00abel recurso interpuesto, toda vez que la decisi\u00f3n atacada no es susceptible de reposici\u00f3n de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.5.- Petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n de la providencia de 23 de noviembre del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado, instando pronunciamiento acerca de si la censora \u00abes beneficiaria de la compensaci\u00f3n que trata el art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011\u00bb y, en caso de no serlo, \u00aben su calidad de segunda ocupante, sea determinada la medida concreta [a] su favor, que bien puede tratarse de las previstas en el Acuerdo 029 de 2016 u otra que se compadezca de su situaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3.6.- Resoluci\u00f3n de 12 de enero de 2017, a trav\u00e9s de la cual la sala recriminada \u00abrechaz[\u00f3] la solicitud de aclaraci\u00f3n presentada [\u2026] por ser extempor\u00e1nea de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.- En el presente asunto advierte la Corte que el amparo constitucional solicitado resulta procedente, pues la omisi\u00f3n en que incurri\u00f3 el tribunal accionado, consistente en no asumir el pronunciamiento, seg\u00fan es su obligaci\u00f3n, en punto de las concretas medidas de protecci\u00f3n que corresponde adoptar a favor de la quejosa, en su calidad de segunda ocupante conforme as\u00ed la reconoci\u00f3, acarre\u00f3 proceder que soslaya el presupuesto b\u00e1sico que ata\u00f1e con la cumplida dispensaci\u00f3n de justicia a que est\u00e1 obligado todo funcionario judicial y que, parejamente, todo usuario ha de recibir, el cual, para el particular evento, dice con el intransferible deber de dar \u00edntegra y cabal definici\u00f3n a los litigios que le incumben, lo que necesariamente implica que el juzgador de conocimiento, con fundamento en una argumentaci\u00f3n que desarrolle los t\u00f3picos puestos a su consideraci\u00f3n, emita sobre el particular postura jur\u00eddica seg\u00fan las competencias atribuidas, ya que procederes en contrario, como se evidenci\u00f3 en el proceso del cual dimana la inconformidad, llegan al punto de desembocar en la reprochable situaci\u00f3n de que, con expresa anuencia de aquel, se deje a opci\u00f3n del ejecutor de una orden judicial, para el caso la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, la manera en que la misma ha de ser adoptada y cumplida, an\u00f3mala circunstancia que desestructura de suyo la raz\u00f3n de ser de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Por supuesto que, conforme a continuaci\u00f3n pasa a verse, la colegiatura accionada al emitir el prove\u00eddo de 23 de noviembre de 2016, en tanto dispuso que \u00abla Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, [\u2026] brinde las medidas de protecci\u00f3n que a su favor resulten procedentes de conformidad con lo se\u00f1alado en el Decreto 440 y el Acuerdo 29 de 2016\u00bb, incurri\u00f3 en irregularidad pues abandon\u00f3 el ejercicio de su compromiso de definici\u00f3n sobre el asunto correspondiente, deleg\u00e1ndolo infundadamente en cabeza de un ente materializador, que no definidor de los derechos en juego.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Con todo, para ello es del caso flexibilizar el postulado de la subsidiariedad.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.1.- Si bien es cierto que la dolencia encausada contra la resoluci\u00f3n de 23 de noviembre de 2016 por conducto de que la colegiatura enjuiciada dej\u00f3 de \u00abdetermin[ar] la medida que debe cobijar a la segunda ocupante\u00bb, es asunto que pudo ser conjurados con el tempestivo empleo del mecanismo legal establecido para ello, que no es otro que la solicitud de \u00abadici\u00f3n\u00bb (sobre la posibilidad de peticionar as\u00ed dentro de asuntos de la presente naturaleza, esto es, en juicios de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras, ve\u00e1se lo consignado en la providencia CSJ STC13683-2015, 8 oct. 2015, rad. 2015-02335-00) positivada por el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso, mismo que aquella desperdici\u00f3 al emplearlo a destiempo, lo cierto es que al desprenderse del caso en estudio t\u00f3picos de manifiesta trascendencia constitucional, se pasar\u00e1 por alto la apuntada incuria en aras de darle prevalencia al derecho sustancial en juego.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Sobre el preciso aspecto que viene de enunciarse, la Sala expuso, en CSJ STC16909-2016, 23 nov. 2016, rad. 2016-03288-00, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[C]uando existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ciertas ocasiones, al ocuparse de asuntos que guardan simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado, esta Corporaci\u00f3n, verbigracia en CSJ STC, 12 oct. 2012, rad. 01545-01, ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se impone entonces proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. No soslaya la Corte que si bien no se utilizaron las herramientas que se tuvieron al alcance para impugnar las decisiones que ahora cuestiona, habida cuenta que no se interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a ellas, \u201ctal abandono no tiene la suficiente trascendencia para denegar el amparo por esta raz\u00f3n, si se tiene en cuenta que el Estado en cabeza de los Jueces de la Rep\u00fablica deben y pueden en ejercicio de su plena autonom\u00eda que le otorga la Ley y la Constituci\u00f3n, realizar sin ninguna clase de cortapisas los actos preparatorios a efectos de llevar a cabo la venta forzada\u201d (sentencia de 2 de octubre de 2012, exp. 00328-01) (se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.- Depurado lo anterior, y relativamente al \u00edtem que viene trat\u00e1ndose, ha de se\u00f1alarse que tanto la normatividad como la jurisprudencia han dejado en claro que es a los funcionarios judiciales a quienes les compete se\u00f1alar cu\u00e1les son las \u00abmedidas de atenci\u00f3n\u00bb a favor de los \u00absegundos ocupantes\u00bb, as\u00ed:  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

       4.2.1.- La Ley 1448 de 2011, en su canon 102 del \u00abmantenimiento de competencia despu\u00e9s del fallo\u00bb, realza que \u00ab[d]espu\u00e9s de dictar sentencia, el Juez o Magistrado mantendr\u00e1 su competencia sobre el proceso para dictar todas aquellas medidas que, seg\u00fan fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposici\u00f3n de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias\u00bb (destacado propio, como tambi\u00e9n los todos siguientes vistos en el presente numeral).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.2.- El Acuerdo 21 de 25 de marzo de 2015, \u00ab[p]or el cual se deroga el Acuerdo n\u00famero 18 de 2014 y se establece el reglamento para el cumplimiento de las providencias y medidas que ordenen la atenci\u00f3n a los Segundos Ocupantes dentro del marco de la Acci\u00f3n de Restituci\u00f3n\u00bb, mismo que es un acto administrativo revestido de la presunci\u00f3n de legalidad y que en sus considerandos expuso, como algunas de sus razones de ser, \u00ab[q]ue a pesar del reconocimiento que la Ley 1448 de 2011 realiza a favor de los opositores de buena fe exenta de culpa, en las providencias de restituci\u00f3n se han venido dando \u00f3rdenes a favor de los segundos ocupantes\u00bb, \u00ab[q]ue resulta imprescindible que la Unidad de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, como \u00f3rgano administrativo para la restituci\u00f3n de tierras de los despojados, establezca mecanismos puntuales para dar cumplimiento efectivo a las decisiones judiciales que reconozcan y ordenen atender a los segundos ocupantes\u00bb, y, \u00ab[q]ue de conformidad con lo expuesto, se hace necesario derogar el contenido del Acuerdo n\u00famero 18 de 2014 y definir la atenci\u00f3n a los segundos ocupantes a trav\u00e9s de la creaci\u00f3n de un reglamento para el cumplimiento de las \u00f3rdenes que han venido siendo proferidas por los jueces y magistrados de restituci\u00f3n\u00bb, al efecto establece dentro de su articulado, entre otras cosas, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En su norma 2\u00aa, referente al \u00abobjetivo y alcance\u00bb, enunci\u00f3 que \u00ab[e]l Acuerdo tiene como objetivo establecer el reglamento para el cumplimiento de las providencias que reconozcan y ordenen medidas a favor de los segundos ocupantes dentro del marco de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n. Estas medidas podr\u00e1n consistir en otorgar tierras y\/o proyectos productivos y gestionar la priorizaci\u00f3n para el acceso a programas de subsidio de vivienda y\/o de formalizaci\u00f3n de la propiedad rural, cuando sea el caso, a quienes se encuentren ocupando un predio objeto de restituci\u00f3n de tierras que hayan sido reconocidos como segundos ocupantes en las providencias proferidas por jueces y magistrados, con el fin de facilitar la restituci\u00f3n de tierras de manera oportuna , efectiva, sostenible y duradera en contextos sociales que promuevan la reconciliaci\u00f3n social y la paz\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En el precepto 3\u00ba, titulado \u00abinstancia ejecutora\u00bb, regl\u00f3 que \u00ab[l]a instancia ejecutora de las sentencias que ordenan medidas a favor de los segundos ocupantes ser\u00e1 la Unidad de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas a trav\u00e9s de las dependencias y \u00e1reas relacionadas con el objeto del presente Acuerdo, de conformidad con los lineamientos generales establecidos en la Ley1448 de 2011, en el presente documento y en sus Manuales T\u00e9cnicos Operativos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En la regla 8\u00aa, positiv\u00f3 que \u00ab[e]l cumplimiento de las providencias de los jueces y magistrados especializados que ordenen atender a los segundos ocupantes, se har\u00e1 teniendo en cuenta los siguientes criterios:\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       El par\u00e1grafo del mandato 12, que trata de los \u00abocupantes secundarios que no habitan ni derivan del predio restituido sus medios de subsistencia\u00bb, precis\u00f3 que \u00ab[c]uando el Juez o Magistrado lo considere, la medida descrita en el presente art\u00edculo podr\u00e1 disponerse para los segundos ocupantes contemplados en los art\u00edculos 9\u00ba, 10 y 11, sin que se requiera que sean declarados expresamente de buena fe en la providencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En el art\u00edculo 15, de la \u00abdeterminaci\u00f3n de la medida e informe de caracterizaci\u00f3n\u00bb, explica que \u00ab[l]os jueces y magistrados de restituci\u00f3n que en sus providencias declaren la existencia de segundos ocupantes que no fueron declarados de buena fe exenta de culpa del predio objeto de restituci\u00f3n y ordenen su atenci\u00f3n, determinar\u00e1n tambi\u00e9n la medida de atenci\u00f3n que proceda de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 8\u00ba y siguientes del presente acuerdo, con base en el informe de caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica y socioecon\u00f3mica que presenten las direcciones territoriales de la unidad a la defensor\u00eda del pueblo en virtud a los mecanismos de colaboraci\u00f3n y actuaci\u00f3n interinstitucional previamente suscritos entre las dos entidades, as\u00ed como tambi\u00e9n en las pruebas que el despacho considere decretar para el efecto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Y, finalmente, en el 17 relativo a la \u00abexpedici\u00f3n del acto de inicio del procedimiento\u00bb, postul\u00f3 que \u00ab[u]na vez emitida la providencia mediante la cual se reconoce al segundo ocupante y dictada la medida con la cual ser\u00e1 atendido, la unidad administrativa especial de gesti\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras despojadas proceder\u00e1 a expedir un acto administrativo de inicio del procedimiento, en el cual se fijar\u00e1 el tr\u00e1mite para el cumplimiento de la medida que corresponda para cada caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.3.- A su vez, la Corte Constitucional sobre el tema aqu\u00ed abordado, ha expuesto:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.3.1.- En Sentencia C-330 de 23 de junio de 2016, la cual declar\u00f3 \u00abExequible la expresi\u00f3n \u201cexenta de culpa\u201d contenida en los art\u00edculos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2011, en el entendido de que es un est\u00e1ndar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido relaci\u00f3n directa o indirecta con el despojo, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia\u00bb y \u00abExhort[\u00f3] al Congreso de la Rep\u00fablica y al Gobierno Nacional acerca de la necesidad de establecer e implementar una pol\u00edtica p\u00fablica comprensiva acerca de la situaci\u00f3n de los segundos ocupantes en el marco de la justicia transicional\u00bb, acot\u00f3 en algunos de sus pasajes que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[L]a Corte declarar\u00e1 la exequibilidad condicionada de los art\u00edculos demandados, en el entendido de que los jueces deben tomar en consideraci\u00f3n los factores de vulnerabilidad al aplicarlos, y exhortar\u00e1 a los \u00f3rganos pol\u00edticos para que establezcan una normatividad adecuada y una pol\u00edtica p\u00fablica integral, comprensiva y suficiente para la situaci\u00f3n de los segundos ocupantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] Finalmente, la Sala entra a definir los par\u00e1metros para esa aplicaci\u00f3n diferencial:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] Sexto. La aplicaci\u00f3n diferencial o inaplicaci\u00f3n del requisito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 4\u00ba Superior, exige una motivaci\u00f3n adecuada, transparente y suficiente, por parte de los jueces de tierras. Aunque, en general, la validez y legitimidad de las sentencias yace en su motivaci\u00f3n, en este escenario ese deber cobra mayor trascendencia, dada la permanente tensi\u00f3n de principios constitucionales que deben resolverse, y en virtud a las finalidades constitucionales que persigue la buena fe exenta de culpa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

S\u00e9ptimo. Los jueces deben establecer si proceden medidas de atenci\u00f3n distintas a la compensaci\u00f3n de la ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras para los opositores o no. Los acuerdos de la Unidad de Tierras y la caracterizaci\u00f3n que esta efect\u00fae acerca de los opositores constituyen un par\u00e1metro relevante para esta evaluaci\u00f3n. Sin embargo, corresponde al juez establecer el alcance de esa medida, de manera motivada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera, los jueces deben analizar la procedencia  de la remisi\u00f3n de los opositores a otros programas de atenci\u00f3n a poblaci\u00f3n vulnerable por razones econ\u00f3micas, desplazamiento forzado, edad, o cualquier otra, debe ser evaluada por los jueces de tierras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Y, m\u00e1s adelante adujo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas, la Sala concluy\u00f3 que existe un problema de discriminaci\u00f3n indirecta que afecta exclusivamente a los segundos ocupantes en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y que no tuvieron relaci\u00f3n (ni directa, ni indirecta) con el despojo o el abandono forzado del predio objeto de restituci\u00f3n; consider\u00f3, adem\u00e1s, que este problema debe ser tomado en cuenta por los jueces de tierras en el marco de sus competencias; e incorpor\u00f3 un conjunto de criterios para la aplicaci\u00f3n conforme de la ley de tierras a la Carta Pol\u00edtica, tomando en consideraci\u00f3n que, en virtud de la complejidad de las tensiones constitucionales que se dan en estos tr\u00e1mites y debido a la ausencia de un \u00f3rgano de cierre en la justicia de tierras, los funcionarios judiciales requieren un conjunto de criterios orientadores para llevar solucionar la situaci\u00f3n constitucionalmente problem\u00e1tica a la que se hizo referencia en esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] Adem\u00e1s, debido a la complejidad de la problem\u00e1tica de la ocupaci\u00f3n secundaria en el marco de un proceso de transici\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de lo que tiene que ver con la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica prevista en las normas demandadas, la Sala exhortar\u00e1 al Congreso de la Rep\u00fablica y al Gobierno Nacional  para que creen unas normas, un marco institucional y unas pol\u00edticas p\u00fablicas comprensivas, adecuadas y suficientes para hacer frente a esta arista del proceso de restituci\u00f3n de tierras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.3.2.- En la Sentencia T-315 de 20 de junio de 2016, predic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es frente a este tipo de situaciones dentro del proceso de restituci\u00f3n que cobra medular importancia la labor de los jueces de tierras y la sana valoraci\u00f3n que hagan de la situaci\u00f3n del opositor que, en muchos casos, podr\u00eda estar reclamando derechos como segundo ocupante. Veamos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] En primer lugar, la actuaci\u00f3n del juez es crucial en este sentido, pues para que la Unidad de Restituci\u00f3n pueda adoptar medidas concretas de atenci\u00f3n, como la compensaci\u00f3n a trav\u00e9s de predios o proyectos productivos, es necesario una orden judicial al respecto. Dicho de otro modo, la Unidad no tiene la competencia para ordenar el reconocimiento de una persona como segundo ocupante, puesto que sus funciones est\u00e1n circunscritas particularmente a la ejecuci\u00f3n de lo ordenado por el funcionario judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] los jueces de restituci\u00f3n deber\u00e1n utilizar criterios como los anteriores y todas aquellas herramientas del orden interno como del derecho internacional de los DDHH y del DIH, para establecer el respectivo est\u00e1ndar probatorio de buena fe o buena fe exenta de culpa exigible a los segundos ocupantes al momento de considerar su petici\u00f3n, sea que se tramite por la v\u00eda de la oposici\u00f3n o de una forma posterior a la sentencia, sin perder de vista que las medidas de atenci\u00f3n o las compensaciones econ\u00f3micas a ordenar tienen un impacto enorme frente a la soluci\u00f3n definitiva de la problem\u00e1tica rural y de la inequidad social.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Con base en ello, la aludida Corporaci\u00f3n Nacional dispuso en la parte resolutiva de la providencia en cita:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que, dentro de los 5 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, emita una nueva decisi\u00f3n frente a la calidad de segundo ocupante de la se\u00f1ora Candelaria del Socorro Meza Mart\u00ednez, considerando lo manifestado en el cap\u00edtulo IV de esta providencia (numeral 4.3.3. en adelante) sobre las facultades del juez de restituci\u00f3n, as\u00ed como lo descrito en el numeral 5.5.1. ib\u00eddem sobre la caracterizaci\u00f3n de los segundos ocupantes sujetos de protecci\u00f3n y finalmente, lo desarrollado en el numeral 5.4.5. ib\u00eddem en relaci\u00f3n con los est\u00e1ndares probatorios exigibles a dichos sujetos para que, de serle reconocida tal calidad [la de segundo ocupante], se ordenen las medidas de atenci\u00f3n respectivas dispuestas por el Acuerdo 021 de 2015 o por la normatividad que haga sus veces para el caso concreto.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

       4.2.3.3.- Y, en el Fallo T-367 de 12 de julio de 2016, puso de presente que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Ley 1448 de 2011, la Constituci\u00f3n y el Principio de Pinheiro n\u00famero 17 conduce a fijar la siguiente subregla constitucional: con posterioridad a la adopci\u00f3n de un fallo de restituci\u00f3n de tierras, en el cual se amparan los derechos de los reclamantes, con miras a proteger los derechos de quienes han probado ser segundos ocupantes, los Jueces y Magistrados preservan competencia para decretar ciertas medidas con miras a amparar a esta calidad de opositores (vgr. inclusi\u00f3n en programas productivos, etc).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La aplicaci\u00f3n de la referida subregla constitucional no se opone a que en el fallo de restituci\u00f3n de tierras, se les reconozca a las personas que cumplan los requisitos se\u00f1alados en la Sentencia C-330 de 2016 su calidad de segundos ocupantes y se decreten las medidas de protecci\u00f3n que debe ejecutar la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras. Lo anterior, bien entendido, como una declaraci\u00f3n judicial adicional a aquella referida a los opositores de buena fe exenta de culpa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.3.- De acuerdo a lo que viene de verse, surge que el operador judicial con competencia para decidir en los litigios de restituci\u00f3n de tierras es quien debe manifestarse, en sus providencias, respecto de la concreta disposici\u00f3n de las medidas de atenci\u00f3n que corresponda otorgar a favor de los segundos ocupantes, inalienable ejercicio que, a priori, quedar\u00e1 satisfecho cuando, motivadamente y tras ser analizados todos los basamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en cuesti\u00f3n, se establezcan cu\u00e1les de aquellas aplican a cada caso en particular, y lo propio a fin de que el principio fundamental de asegurar la convivencia pac\u00edfica y la vigencia de un orden justo, que por dem\u00e1s abreva de las razones que exhala la justicia para legitimarse por conducto de sus pronunciamientos, no se torne en letra yerma de la mano de la dejaci\u00f3n de las funciones que a cada servidor judicial le corresponden dentro de la \u00f3rbita de sus atribuciones legales; y enantes se dice que tal labor\u00edo queda satisfecho en principio, ya que ha de recordarse que el juzgador especializado \u00abmantiene su competencia sobre el proceso\u00bb incluso despu\u00e9s de dictar sentencia, de donde se desprende que ni en etapa posterior puede relevarse de decidir y adoptar, \u00e9l mismo -mas otra autoridad y\/o entidad-, lo ata\u00f1edero con, para el caso que se est\u00e1 tratando, las \u00abmedidas de atenci\u00f3n\u00bb que corresponda aplicar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Por supuesto que en el sub judice refulge reprochable la lasitud jurisdiccional mostrada por la corporaci\u00f3n entutelada privativamente frente al punto en comento, ya que no se adoptaron en el auto de 23 de noviembre de 2016, como era del caso, las precisas \u00abmedidas de atenci\u00f3n\u00bb que se impon\u00edan, seg\u00fan el criterio del juzgador natural, que es lo que aqu\u00ed se reprocha al echarse de menos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.- En conclusi\u00f3n, se otorgar\u00e1 la salvaguardia instada, por lo que la orden constitucional a emitir gravitara, exclusivamente, sobre la imposici\u00f3n de proveer de fondo relativamente a cu\u00e1les son las concretas \u00abmedidas de atenci\u00f3n\u00bb que se aplican a favor de la querellante en su reconocida calidad de \u00absegunda ocupante\u00bb, empero, sin direccionar el sentido de estas en manera alguna, ya que ello es del exclusivo resorte del juez natural.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Jacqueline  Rojas Contreras, conforme a las consideraciones expresadas, por lo que se deja sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 23 de noviembre de 2016, dictado dentro del juicio referido en los antecedentes, as\u00ed como todas las actuaciones que del mismo se desprendan.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, que, dentro del lapso de diez (10) d\u00edas contados a partir de la fecha en que reciba notificaci\u00f3n de la presente resoluci\u00f3n, se pronuncie en concreto, nuevamente, acerca de la adopci\u00f3n de las medidas de atenci\u00f3n que correspondan a favor de la accionante en su calidad de segunda ocupante, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, de conformidad con lo plasmado en este pronunciamiento. Por Secretar\u00eda, env\u00edesele copia de la presente decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       TERCERO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

(Presidente de Sala)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                     Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00276-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99460","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99460","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99460"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99460\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99460"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99460"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99460"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}