{"id":99464,"date":"2026-06-25T18:32:05","date_gmt":"2026-06-25T18:32:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2039-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:32:05","modified_gmt":"2026-06-25T18:32:05","slug":"stc2039-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2039-2017\/","title":{"rendered":"STC2039-2017"},"content":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2039-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n No. 18001-22-08-005-2016-00440-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de enero de 2017, mediante la cual la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por William Ricardo Oyola Lis contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Universidad de Pamplona.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, \u00abacceso a cargos p\u00fablicos\u00bb y \u00abreconocimiento del m\u00e9rito\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada y al establecimiento educativo tambi\u00e9n recriminado.  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que particip\u00f3 en la convocatoria No. 011-2015 del proceso de selecci\u00f3n para proveer cargos de carrera de procuradores judiciales en grado I y II que el organismo cuestionado inici\u00f3, a trav\u00e9s, de la Resoluci\u00f3n No. 040 del 20 de enero de 2015, optando por la vacante para \u00abProcurador Judicial I\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00abreferente a[l] resultado de valoraci\u00f3n en las respectivas pruebas fue 79.39 en la prueba de conocimiento, 70.10 en la prueba de competencias comportamentales y un resultado de 37 en el an\u00e1lisis de antecedentes, lo que finalmente arroj\u00f3 como resultado un valor de 68.58, es decir no aplic[\u00f3] para la vacante\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que el d\u00eda 25 de febrero de 2016, reclam\u00f3 ante el ente censurado, pues observ\u00f3 que \u00abno [l]e valoraron la experiencia profesional como docente, labor certificada por el INPEC, en el Memorando 7600-EPN-PER-03600088 en el numeral 2.6 respecto de la actividad docente en que [s]e desempe\u00f1[\u00f3] en la Escuela Penitenciaria Nacional, por un lapso de 3 a\u00f1os, igualmente reclam[\u00f3] 3 a\u00f1os de experiencia como Defensor p\u00fablico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que mediante \u00abResoluci\u00f3n 1416 del 27 de junio de 2016, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n resolvi\u00f3 confirmar el puntaje obtenido en la prueba de an\u00e1lisis de antecedentes correspondiente a 37, sosteniendo que la experiencia docente que se acredit\u00f3 no cumple con los requisitos del art\u00edculo 9 numeral 2.5 de la Resoluci\u00f3n 040, debido que no especifica la intensidad en horas semanales, motivo por el cual no se tuvo en cuenta para la puntuaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que \u00ab[t]eniendo en cuenta lo anterior resulta vulnerado el derecho al debido proceso (prevalencia del derecho sustancial sobre el formal Art. 228 de la C.N ), ya que se evidencia un exceso de ritual manifiesto y se desconoce el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal afectando [sus] derechos e intereses laborales, pues est\u00e1n desconociendo una experiencia que claramente est\u00e1 certificada por las entidades p\u00fablica corno son el INPEC y LA DEFENSORIA DEL PUEBLO\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, por consiguiente, se ordene \u00abse [le] reconozca [la] experiencia profesional como docente, durante 3 a\u00f1os, [\u2026] se [le] d\u00e9 la calificaci\u00f3n respectiva, se recalifique la prueba de an\u00e1lisis de antecedentes e incluya en lista de elegibles\u00bb (fls. 1-12 C. 1).  <\/span><\/p>\n

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La autoridad acusada adujo que \u00abbasta con la pretensi\u00f3n que sustenta la tutela de la referencia para advertir una clara improcedencia de la acci\u00f3n constitucional, toda vez que el objeto de la misma es cuestionar la legalidad de las decisi\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, contenida en la Resoluci\u00f3n 1416 del 27 de junio de 2016, acto administrativo que est\u00e1 revestido de presunci\u00f3n legal que la ley le otorga, y que debe ser controvertido en otra sede judicial por ser la tutela un mecanismo residual y excepcional [\u2026] la parte actora tiene a su disposici\u00f3n el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para hacer valer la pretensi\u00f3n que por esta v\u00eda solicita\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s de lo preanotado, se\u00f1al\u00f3 que no se cumple con el requisito de inmediatez, pues \u00abel hecho generados data de 27 de junio de 2016, fecha de la resoluci\u00f3n que resolvi\u00f3 la reclamaci\u00f3n\u00bb (fls. 69-78 C.1).  <\/span><\/p>\n

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El Coordinador de la Oficina de Gesti\u00f3n de Proyectos de la Universidad querellada, solicit\u00f3 \u00abse sirva tener como respuesta el escrito presentado por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y despachar desfavorablemente las pretensiones del accionante en su escrito de tutela\u00bb (fls. 91-93 C.1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la salvaguarda, al considerar que \u00abse advierte que lo debatido en el sub – lite, se erige como de estirpe eminentemente legal y no constitucional, raz\u00f3n por la cual acceder a lo pretendido por el actor, desdibujar\u00eda la naturaleza de las competencias del Juez en los tr\u00e1mites de tutela, pues estar\u00eda invadiendo la \u00f3rbita de competencia de Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo en lo que al cuestionamiento que se hace de la legalidad del proceso de selecci\u00f3n adelantado y de los actos administrativos que lo soportan\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00abproteger una situaci\u00f3n mediante la acci\u00f3n de tutela genera, para el fallador, la responsabilidad de tener absolutamente claro que de por medio hay una violaci\u00f3n lo suficientemente grave como para que se afecte el concepto de persona como entidad moral y de respeto, lo cual, no ocurre en el presente caso porque no se advierte violaci\u00f3n, quebrantamiento o amenaza a los derechos fundamentales constitucionales que le asisten al accionante\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que, \u00abno pude predicarse la existencia de los requisitos para la prosperidad de la acci\u00f3n, pues no se acredita que el accionante haya interpuesto alg\u00fan recurso en sede administrativa contra los actos administrativos que definieran su situaci\u00f3n, tampoco se evidencia que haya acudido a la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo para instaurar la acci\u00f3n que legalmente procede en estos eventos con el fin de obtener la declaratoria de suspensi\u00f3n provisional o la nulidad de los actos correspondientes, no se acreditan situaciones con base en las cuales pueda concluirse la inminencia de un perjuicio irremediable y, finalmente, tampoco se acreditan circunstancias especiales con base en las cuales se pueda deducir que someter las pretensiones del incoante de la acci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo comporte para \u00e9l una carga excesiva\u00bb (fls. 95-102 C. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el gestor, aduciendo que, \u00ab[e]l        desconocer la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, mi experiencia como docente debidamente certificada, afecta gravemente mi Derecho al trabajo, tambi\u00e9n al acceso a cargos p\u00fablicos, como tambi\u00e9n lo cite en mi acci\u00f3n de tutela inicialmente, al reconocimiento al m\u00e9rito como requisito para ingreso a cargos p\u00fablicos, la no concreci\u00f3n de los Derechos de carrera administrativa desconociendo el m\u00e9rito es una inminente violaci\u00f3n o puesta en peligro el Derecho fundamental al trabajo y el acceso a cargos p\u00fablicos, Derecho a la estabilidad laboral, derecho a un salario, derecho a tener prestaciones sociales, derecho ciertos e irrenunciables, etc., pero hoy d\u00eda estoy por fuera sin lograr el trabajo por el cual concurse, esto es ya un perjuicio, con esfuerzo y dedicaci\u00f3n gane las 2 pruebas anteriores como son las pruebas de conocimiento (79,39) y la prueba de competencias comportamentales (70,10), y solamente saque 37 puntos en el an\u00e1lisis de antecedentes, mereciendo m\u00e1s puntos si me hubieran calificado los 3 a\u00f1os como experiencia docente en la Escuela Penitenciaria Nacional, y as\u00ed hubiera logrado clasificar y estar en lista de elegibles, viol\u00e1ndome        EL DEBIDO PROCESO art\u00edculo 29 de la C.N. Y DERECHO DE IGUALDAD, no puede haber discriminaci\u00f3n en el ejercicio de la docencia y m\u00e1s cuando est\u00e1 acreditada que la Escuela Penitenciaria es una Instituci\u00f3n Educativa y m\u00e1s del Estado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, se\u00f1al\u00f3 que \u00abREFUT[A] LA PREVALENCIA QUE LE ESTA DANDO EL TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA CAQUET\u00c1, AL DERECHO FORMAL SOBRE EL DERECHO SUSTANCIAL, CUANDO LA CONSTITUCION POL\u00cdTICA PREDICA LO CONTRARIO, PRIMA EL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL FORMAL\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Se ha dicho que la acci\u00f3n de tutela fue instituida como una herramienta extraordinaria para el resguardo inmediato de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o de los particulares en aquellos eventos previstos en la ley; del mismo modo, ha se\u00f1alado que \u00absi bien la misma tiene un car\u00e1cter breve y sumario, no por eso pueden obviar quienes a ella acuden la debida demostraci\u00f3n de los hechos que invocan como generadores de la afectaci\u00f3n que alegan padecer, ya que a estos les incumbe esa comprobaci\u00f3n so pena de que decaiga el reclamo elevado por sustracci\u00f3n de materia\u00bb (CSJ STC, 9 dic 2011, rad. 02372-01, reiterada el 18 dic. 2013, rad. 00986-01).  <\/span><\/p>\n

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2. Observada la inconformidad planteada, en resumen pretende el actor a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional,  atacar por esta v\u00eda la Resoluci\u00f3n No. 1416 de 27 de junio de 2016, por medio de la cual se resolvi\u00f3 la reclamaci\u00f3n impetrada su parte, y conforme a lo anterior, se ordene a la entidad querellada tener en cuenta la \u00abexperiencia profesional como docente\u00bb y se \u00abincluya en la lista de elegibles\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas, en lo concerniente con la queja constitucional, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Resoluci\u00f3n No. 040 de 20 de enero de 2015, de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, mediante el cual se \u00abda apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selecci\u00f3n para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales de la Entidad\u00bb (fls. 13-29 C.1)  <\/span><\/p>\n

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b) Convocatoria 011-2015 de fecha 23 de enero de siguiente, \u00abConcurso abierto de m\u00e9ritos para proveer los cargos de procuradores judiciales\u00bb (fls.30-33 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c) Comprobante de resultados del accionante para la convocatoria de \u00abProcurador Judicial I\u00bb para la sede de Medell\u00edn, que acredita como puntaje en la prueba de \u00abconocimientos 79.39\u00bb y en \u00abcompetencias comportamentales 70.10\u00bb (fls. 34- 38, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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d) Reclamaci\u00f3n realizada por el gestor a la entidad querellada, donde solicit\u00f3 se tuviera en cuenta la documentaci\u00f3n aportada con el fin de acreditar experiencia profesional, de la siguiente manera: \u00ab5 A\u00d1OS Y 4 MESES CERTIFICADO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA PENITENCIARIA LA PICOTA; 3 A\u00d1OS DE EXPERIENCIA LABORAL COMO ABOGADO DE LA OFICINA JURIDICA DE LA ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL; 3 A\u00d1OS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DOCENTE EN LA ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL; 3 A\u00d1OS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DEFENSOR P\u00daBLICO DEL PROGRAMA DCT01542 DE 1977.DA UN TOTAL DE 14 A\u00d1OS Y 4 MESES DE TODA MI EXPERIENCIA PROFESIONAL.\u00bb (fl. 39-41, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e) Acto No. 1416 de 27 de junio de 2016, \u00abpor medio de la cual se resuelve una reclamaci\u00f3n contra el resultado de la prueba de an\u00e1lisis de antecedentes\u00bb, en los siguientes t\u00e9rminos \u00ab[d]el tiempo total de experiencia, esto es 10 a\u00f1os, 6 meses y 17 d\u00edas, se deben descontar los 4 a\u00f1os exigidos como requisito m\u00ednimo, quedando para puntuar un tiempo total de 6 a\u00f1os, es decir 30 puntos de 60 m\u00e1ximos posibles dentro del \u00edtem de experiencia\u00bb ya que \u00abla Resoluci\u00f3n 040 que en su art\u00edculo D\u00e9cimo S\u00e9ptimo\u00ad numeral 2\u00b0 establece que se conceder\u00e1n 5 puntos \u00abpor cada a\u00f1o completo de experiencia profesional adicional relacionada\u00bb\u00bb  <\/span><\/p>\n

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A continuaci\u00f3n hace una recopilaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n aportada por el querellado, explicando el c\u00f3mputo del tiempo de forma individual, as\u00ed, \u00abLa certificaci\u00f3n laboral aportada en el folio 095813 del INPEC en el periodo 20\/05\/1998 al 05\/11\/1999, no puede ser objeto de puntuaci\u00f3n, ya que las fechas acreditadas son anteriores a la obtenci\u00f3n del t\u00edtulo profesional. De la certificaci\u00f3n aportada en el folio 095813 del INPEC en el periodo 03\/03\/2008 al 02\/05\/2008 no se puede validar el tiempo all\u00ed consignado en su totalidad ya que tiene periodos laborados coincidentes con la certificaci\u00f3n aportada en el folio 091746 en el periodo 01)07\/2006 al 31\/07\/2009. Los documentos aportados en folios 092347 Asonal Judicial 093951 CIDE, 094406 y 094445 de la Defensor\u00eda del Pueblo no son certificaciones laborales sino cursos, que no son objeto de puntuaci\u00f3n en la prueba de an\u00e1lisis de antecedentes de este concurso. El documento aportado de experiencia profesional con folio 095019 de la Defensor\u00eda del Pueblo es un anexo de funciones sin fechas. El documento aportado de experiencia profesional en el folio 100100 del INPEC que se pretende acreditar no cumple con los requisitos exigidos por la convocatoria ya que no aporta las debidas firmas y los cargos, por lo tanto, no puede ser objeto de puntuaci\u00f3n en la prueba de an\u00e1lisis de antecedentes. Lo anterior de conformidad con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 9\u00b0 numeral 2.1 de la Resoluci\u00f3n 040. Se debe aclarar que el documento aportado a folio 091746 (que el reclamante identifica como memorando n\u00famero 7600-EPN-PER-036-00088 de fecha 08 de febrero del a\u00f1o 2011), mediante el cual se pretende acreditar experiencia docente, no cumple con las formalidades requeridas en el art\u00edculo 9\u00b0 numeral 2.5 de la Resoluci\u00f3n 040, debido a que no especifica la intensidad en horas semanales; motivo por el cual no puede ser objeto de puntuaci\u00f3n esta pretendida docencia en la prueba de an\u00e1lisis de antecedentes\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, resolvi\u00f3, \u00abCONFIRMAR el puntaje obtenido en la prueba de an\u00e1lisis de antecedentes por WILLIAM RICARDO OYOLA LIS, con n\u00famero de registro 810153 e inscrito en la convocatoria 011-2015, correspondiente a 37 puntos\u00bb (fls. 40-45, C 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

f) Resoluci\u00f3n No. 340 de 8 de julio siguiente \u00abpor medio de [la] cual se establece una lista de elegibles\u00bb (fl. 46-53, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, se advierte que el resguardo constitucional solicitado no es procedente por cuanto, como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, en l\u00ednea de principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, ya sean generales, impersonales y abstractos, ora particulares y concretos, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los instrumentos legales para ello dispuestos, donde el accionante tuvo la oportunidad exponer los argumentos acerca de las presuntas irregularidades en la \u00abcalificaci\u00f3n o ponderaci\u00f3n\u00bb de los antecedentes que refieren a la experiencia profesional, sin que esta herramienta de protecci\u00f3n supralegal pueda convertirse en una senda paralela a la normativamente reglada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Incluso, al interior del proceso contencioso administrativo pudo solicitar la suspensi\u00f3n de los actos administrativos que estimaba lesivos, siendo esa una medida eficaz para conjurar cualquier eventual perjuicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al efecto, en casos similares la Corte ha definido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1, (\u2026) la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u00bb (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 2011-00330-01; reiterada, entre otras, en fallos de 24 may. 2013, rad. 2013-00069-01; 1\u00ba oct. 2013, rad. 2013-00339-01; y 18 oct. 2013, rad. 2013-01488-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es m\u00e1s, ante el juez natural pudo expresar todas las excusas que aqu\u00ed trae sobre su omisi\u00f3n o tardanza en el ejercicio de los mecanismos de defensa judiciales previstos en la legislaci\u00f3n, pues a los funcionarios competentes, no a los del amparo, les corresponde ponderar qu\u00e9 tanta justificaci\u00f3n tiene en realidad el proceder del impugnante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, repetidamente sobre el particular esta Corporaci\u00f3n ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

An\u00e1logamente y en consonancia con la regla anterior, se ha predicado tambi\u00e9n que esta acci\u00f3n constitucional no procede, en principio, contra actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, al igual que contra actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, habida cuenta que su control de legalidad est\u00e1 atribuido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes (arts. 238 C. P. y 152 C.C.A.)\u00bb (CSJ STC, 5 Oct. 2010, Rad. 00087-01; citada, entre otras, en CSJ STC, 20 Sep. 2013, Rad. 00371-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De acuerdo a lo anterior, al juez constitucional le est\u00e1 vedado arrogarse facultades asignadas a otros falladores, de ah\u00ed que sea indiscutible que el objetivo que primordialmente persigue el petente, que no es otro sino la invalidaci\u00f3n de unos actos administrativos que se presumen legales \u00abResoluci\u00f3n No. 1416 por medio de la cual se resuelve una reclamaci\u00f3n\u00bb de fecha 27 de junio de 2016 e inclusive la publicaci\u00f3n de la \u00ablista de elegibles\u00bb contenida en el acto administrativo No. 340 de 8 de julio siguiente, como consecuencia de la convocatoria para proveer cargos de carrera de procuradores judiciales de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Decisi\u00f3n No. 040 de 20 de enero de 2015 – no lo puede alcanzar a trav\u00e9s de este instrumento extraordinario, de \u00edndole netamente residual.  <\/span><\/p>\n

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Por ende, ha de colegirse que la salvaguarda deviene improcedente por el incumplimiento del presupuesto de subsidiaridad, pues, como reiteradamente lo ha dicho la Sala, \u00ablas inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2013, rad. 2012-00100-01, citada en STC5740-2016), que es el escenario natural donde \u00abes posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que la actora discuta el derecho que reclama\u00bb (CSJ STC, 25 abr. 2012, rad. 00257-01, reiterado CSJ STC5296-2016, 28 abr., rad. 00081-00).  <\/span><\/p>\n

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6. Aun as\u00ed, cabe se\u00f1alar que el simple hecho de participar en un concurso de m\u00e9ritos de ninguna manera genera un derecho consolidado al cargo, sino que constituye una mera expectativa que, mientras se concreta, sigue supeditada a las reglas de la respectiva convocatoria, que son de obligatorio cumplimiento y a las cuales permanece sujeto el concursante desde la inscripci\u00f3n (criterio reiterado recientemente en CSJ, STC1975-2016, entre muchas otras).  <\/span><\/p>\n

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7. Consecuentemente con lo discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo objeto de la impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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      MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC2039-2017   Radicaci\u00f3n No. 18001-22-08-005-2016-00440-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).            Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99464","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99464","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99464"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99464\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}