{"id":99468,"date":"2026-06-25T18:32:34","date_gmt":"2026-06-25T18:32:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2047-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:32:34","modified_gmt":"2026-06-25T18:32:34","slug":"stc2047-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2047-2017\/","title":{"rendered":"STC2047-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2047-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00229-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Yolanda Paladines Correa contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Neiva y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por la autoridad judicial de segunda instancia al proferir sentencia, en la que revoc\u00f3 la emitida por el a quo y, en su lugar, declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato adosado como t\u00edtulo y orden\u00f3 las restituciones mutuas, dentro del proceso ejecutivo promovido por ella contra Jorge Ram\u00edrez Carrero.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se deje sin efecto el fallo referido y se ordene dictar una nueva determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. El se\u00f1or Ram\u00edrez Carrero present\u00f3 demanda de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso, con la consecuencialmente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal contra la aqu\u00ed quejosa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El asunto correspondi\u00f3 el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pitalito, a quien correspondi\u00f3 el conocimiento de ese asunto, lo admiti\u00f3 el 25 de octubre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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3. El 5 de marzo de 2014, los c\u00f3nyuges suscribieron, en documento privado, un contrato mediante el cual, de mutuo acuerdo dispusieron que se declarara en el litigio \u00abla cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico y disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb; de igual forma, pactaron la liquidaci\u00f3n de la sociedad, distribuy\u00e9ndose entre ellos algunos bienes inmuebles y muebles, as\u00ed como el pago de alimentos de sus hijos que estudiaban, lo cual estar\u00eda sujeto al pacto que dentro del proceso llegaran ellos.  <\/span><\/p>\n

4. En virtud del anterior acuerdo, pidieron ambas partes al Juzgado de conocimiento que se realizara audiencia de conciliaci\u00f3n, la cual se llev\u00f3 a cabo el 19 de mayo de 2015.  <\/span><\/p>\n

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5. Dentro de la citada diligencia, los extremos del litigio se\u00f1alaron que de conformidad con lo dispuesto en el contrato por ellas suscrito, estaban de acuerdo con que se declara la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso, as\u00ed como que se declara la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal; pero, solicitaron que la divisi\u00f3n de la masa social, se tramitar\u00e1 en el Juzgado en el mismo expediente, lo que fue aprobado por el fallador, quien inclusive, orden\u00f3 citar a los acreedores de la pareja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. No obstante, en el a\u00f1o 2015, la tutelante promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra su exc\u00f3nyuge, a fin de obtener el recaudo de $150.000.000, ante el incumplimiento de \u00e9ste en una entrega de mercanc\u00edas dispuesta en el contrato inicial de \u00abliquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb, que se hizo en documento privado, antes aludido.  <\/span><\/p>\n

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7. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito, al cual se asign\u00f3 esta controversia, libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 el traslado al extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

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8. El demandado se opuso a las pretensiones e interpuso las excepciones de \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00abpleito pendiente\u00bb, \u00abenriquecimiento sin justa causa\u00bb, \u00abmala fe y falta de lealtad\u00bb y la \u00abgen\u00e9rica\u00bb, sustentadas todas en que la ejecutante, sab\u00eda que el referido acuerdo jam\u00e1s naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica porque no fue ratificado en el Juzgado y que incluso las partes, resolvieron iniciar la liquidaci\u00f3n dentro de ese mismo expediente en el que se decret\u00f3 el divorcio, asunto que se encuentra en etapa de inventarios y aval\u00faos.  <\/span><\/p>\n

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9. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el juez de conocimiento dict\u00f3 sentencia el 25 de mayo de 2016, en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago parcial y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n por la suma de $133.884.121,68, junto con sus intereses de mora.  <\/span><\/p>\n

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10. Inconformes con esta determinaci\u00f3n, ambos extremos del litigio propusieron apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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11. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Neiva, en fallo adiado el 12 de diciembre de la anualidad precedente, revoc\u00f3 la providencia recurrida, para en su lugar, declarar la nulidad absoluta del contrato de \u00abDISOLUCI\u00d3N Y LIQUIDACI\u00d3N DE SOCIEDAD CONYUGAL\u00bb y ordenar las restituciones mutuas, debido a que no se cumpli\u00f3 la solemnidad exigida en la ley para ese tipo de actos jur\u00eddicos, esto es elevar la escritura p\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

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13. En criterio de la peticionaria del amparo se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado, dado que la colegiatura acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al interpretar err\u00f3neamente el acuerdo anulado, el cual no es solemne, sino que se trataba de una promesa o acuerdo para disolver y liquidar la sociedad conyugal, cuyo perfeccionamiento qued\u00f3 supeditado al resultado del proceso judicial de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, m\u00e1xime que el ejecutado no aleg\u00f3 tal nulidad absoluta ni tampoco era procedente decretarla en un proceso ejecutivo. [Folios 28-32]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 3 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los despachos querellados y se dispuso la vinculaci\u00f3n de todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 34]  <\/span><\/p>\n

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2. Al momento de someterse a discusi\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n en el presente asunto, los convocados no hab\u00edan efectuado ninguna manifestaci\u00f3n frente a la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solamente en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el asunto sub judice, no logra advertirse ninguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del impulsor de la salvaguarda, toda vez que la determinaci\u00f3n cuestionada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional, dentro del proceso ejecutivo promovido por aquella en  contra de Jorge Ram\u00edrez Carrero.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Neiva al pronunciarse sobre el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en la que se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y declar\u00f3 probado un pago parcial, determin\u00f3 que el t\u00edtulo adosado no reun\u00eda los requisitos de existencia y validez por carecer de la solemnidad exigida en la legislaci\u00f3n, esto es ser elevado a la escritura p\u00fablica, lo que gener\u00f3 una nulidad absoluta, que deb\u00eda ser declara de oficio por el Juzgador de acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

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Para sustentar su decisi\u00f3n, expuso que \u00abEl art. 182 del C.C. en su numeral 5cto., como qued\u00f3 modificado por la ley 1 de 1976 art. 25 faculta a los c\u00f3nyuges para disolver y liquidar la sociedad conyugal por mutuo acuerdo de los c\u00f3nyuges entonces capaces \u201celevado a escritura p\u00fablica, en cuyo cuerpo se incorporar\u00e1 el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidaci\u00f3n\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, indic\u00f3 \u00abal examinar el t\u00edtulo adosado como base del recaudo ejecutivo que los ex c\u00f3nyuges denominaron \u201cCONTRATO DE DISOLUCI\u00d3N Y LIQUIDACI\u00d3N DE LA SOCIEDAD CONYUGAL RAM\u00cdREZ PALADINES\u201d encuentra la Sala prima facie que no re\u00fane los requisitos esenciales del negocio jur\u00eddico anunciado. En efecto, los requisitos de existencia y validez del negocio jur\u00eddico son la capacidad de quienes lo celebran, la expresi\u00f3n de una voluntad o consentimiento libre de vicios, el objeto y la causa l\u00edcita y las formalidades constitutivas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que, especific\u00f3 la Sala, \u00abel negocio jur\u00eddico anteriormente anunciado no tiene eficacia jur\u00eddica a la luz de la norma previamente citada, la cual reclama como exigencia una solemnidad de car\u00e1cter constitutivo como lo es la escritura p\u00fablica, pero adem\u00e1s que en ella se plasme el inventario de los bienes y deudas sociales y su liquidaci\u00f3n.\u00bb, Y es que \u00ab(\u2026) Cuando se examina (sic) las condiciones de existencia y validez de los actos jur\u00eddicos se hace \u00e9nfasis en la distinci\u00f3n que la l\u00f3gica jur\u00eddica y los establecimientos legales imponen a unos y otros, seg\u00fan se trate de la carencia de elementos constitutivos que impidan el nacimiento del negocio jur\u00eddico o de un vicio que pueda afectar su eficacia y viabilidad una vez formado, en el primer caso nos encontramos frente al fen\u00f3meno de la inexistencia y en el segundo de la nulidad.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden concluy\u00f3, \u00abestamos frente al fen\u00f3meno de la inexistencia del negocio jur\u00eddico denominado \u201cCONTRATO DE DISOLUCI\u00d3N Y LIQUIDACI\u00d3N DE LA SOCIEDAD CONYUGAL RAM\u00cdREZ PALADINES\u201d. Sin embargo, examinando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido [reacia] al reconocimiento del fen\u00f3meno de la inexistencia d\u00e1ndole el tratamiento equivalente al de la nulidad. (\u2026) Por ello (\u2026) se le dar\u00e1 el tratamiento de nulidad absoluta, apegados al art. 2 de la ley 50 de 1936, y se declarar\u00e1 la nulidad del negocio jur\u00eddico denominado \u201cCONTRATO DE DISOLUCI\u00d3N Y LIQUIDACI\u00d3N DE LA SOCIEDAD CONYUGAL RAM\u00cdREZ PALADINES\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Conclusiones, que independientemente que la Corte comparta, no se encuentran arbitrarias o pueden calificarse de irrazonables, pues se fund\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y en una valoraci\u00f3n del acervo probatorio, circunstancias que, a juicio del despacho encausado, condujeron a que determinara que el negocio jur\u00eddico, del cual la demandante deriv\u00f3 el presunto t\u00edtulo ejecutivo, no cumpl\u00eda los requisitos de existencia y validez por carecer de la solemnidad exigida en la legislaci\u00f3n relativa al otorgamiento de la escritura p\u00fablica contentiva de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal por mutuo acuerdo, y por tanto, debiera revocarse el fallo de primera instancia para en su lugar, declarar la nulidad absoluta de aquel contrato.  <\/span><\/p>\n

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En el mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n en un caso de similares caracter\u00edsticas expuso:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) El Tribunal para concluir que el aludido negocio adolec\u00eda de nulidad absoluta lo hizo bajo la perspectiva del requisito previsto el numeral 3 del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, que apreci\u00f3 estructuraba la causal de nulidad consistente en \u201cla omisi\u00f3n de los requisitos que exige la ley para su validez\u201d1 (fl. 69) y, adem\u00e1s, por esa v\u00eda evidenci\u00f3 que del documento tra\u00eddo al proceso como base de recaudo no pod\u00eda surgir obligaci\u00f3n ejecutable, m\u00e1xime cuando consider\u00f3 que en el tr\u00e1mite no se aport\u00f3 prueba de que el demandante hubiese concurrido a la notar\u00eda al d\u00eda siguiente en que se registr\u00f3 en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria la cancelaci\u00f3n del embargo, aspecto este no controvertido por el accionante.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) Por tanto, independientemente de que la Corte comparta o no todos los razonamientos sobre la base de los cuales se estructur\u00f3 la tesis vertida en la providencia materia de censura, lo cierto es que no se observa que la motivaci\u00f3n del Tribunal resulte antojadiza o caprichosa, (\u2026) Tampoco puede atribuirse a la Corporaci\u00f3n convocada, un proceder opuesto al orden jur\u00eddico, por el hecho de haber ejercido al momento de dictar sentencia el control de legalidad de la orden de apremio, toda vez que como de vieja data lo tiene dicho esta Corte, \u201cla orden de impulsar la ejecuci\u00f3n, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an\u00e1lisis de las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal. (CSJ STC, 22 Ago. 2013, Rad. 11001-02-03-000-2013-01822-00).  <\/span><\/p>\n

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En efecto, establece el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, que la declaratoria de nulidad del contrato, da derecho a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en el que se hallar\u00edan sino se hubiese nacido el acto jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, tal regreso de las cosas al estado anterior, no debe ser autom\u00e1tico, sino que debe analizarse en cada caso en concreto, para verificar si la mencionada disposici\u00f3n se puede realizar en el cualquier tipo de proceso, sin desconocer los derechos de las partes y la congruencia de la que deben estar revestidas las decisiones judiciales, de acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 281 del estatuto procesal.  <\/span><\/p>\n

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Norma que indica:  <\/span><\/p>\n

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La sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley.  <\/span><\/p>\n

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No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, porque el funcionario judicial, no puede tomar una decisi\u00f3n al margen de las pretensiones y excepciones de las partes, o m\u00e1s all\u00e1 de lo que el legislador ha dispuesto es asunto del debate en cada uno de las clases de litigio establecidos en la norma adjetiva civil, porque ello afecta el debido proceso de \u00e9stas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       De ah\u00ed, que antes de tomar la determinaci\u00f3n, el Juzgador debi\u00f3 realizar el an\u00e1lisis al respecto, pero el Tribunal no lo hizo, sino que de manera arbitraria y teniendo en cuenta precedentes de esta Corporaci\u00f3n, emitidos en otro tipo de litigios y no aplicables al caso, impuso a la demandante, ac\u00e1 accionante, entregar unos dineros al demandado, lo que vulner\u00f3 su derecho al debido proceso, pues se resolvi\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de lo debatido en proceso ejecutivo, sin dar ninguna motivaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.1. De igual forma, no se puede suponer que por el hecho de que el negocio jur\u00eddico se suscribiera, se hayan alterado las condiciones de las cosas entre las partes y que es necesario disponer restituciones mutuas, sino que corresponde verificar que en realidad se ejecutaron ciertas y determinadas prestaciones en cumplimiento del contrato, que hagan forzosas las mismas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En tal sentido ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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[S]i bien la declaratoria de nulidad de un contrato apareja la aniquilaci\u00f3n de su aptitud vinculante entre las partes, y, obviamente, la disoluci\u00f3n de sus efectos finales, para la cual se le atribuye car\u00e1cter retroactivo, al punto de reputarse como no existente,  es decir, como si las partes nunca hubiesen avenido en \u00e9l, y si estas han ejecutado total o parcialmente las prestaciones a su cargo, es de rigor efectuar las restituciones del caso; si bien las cosas son de ese modo, se afirmaba, no es menos cierto que tales restituciones mutuas no pueden abandonar una realidad f\u00e1ctica que les es propia, es decir, que las partes ejecutaron ciertas y determinadas prestaciones en cumplimiento de un contrato, situaci\u00f3n que les impone un sello, ciertamente, indeleble. (CSJ SC, 25 Oct 2000, Exp. 5513)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera, que correspond\u00eda, motivar con suficiencia por parte del Juzgador, que en efecto, se alteraron circunstancias, o que una de las partes realiz\u00f3 prestaciones  en virtud del contrato, teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el proceso y en especial, que las partes ten\u00edan bienes en com\u00fan, porque a\u00fan est\u00e1 en tr\u00e1mite el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, el a-quem, indic\u00f3 que el demandado hab\u00eda se\u00f1alado que entreg\u00f3 mercanc\u00edas por el valor de ($26\u2019000.000), sin analizar si estas cancelaciones, se dieron en virtud del negocio jur\u00eddico objeto de nulidad, y sin tener en cuenta, que las partes a pesar de dicho acuerdo, resolvieron continuar la liquidaci\u00f3n a trav\u00e9s del procedimiento judicial que cursa entre las partes y que tales pagos tambi\u00e9n son objeto de debate dentro de dicho litigio,  y que por tanto, no era claro que las alteraciones se dieran por el contrato.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden de ideas, se encuentra que en relaci\u00f3n a las restituciones mutuas, el Tribunal vulner\u00f3 los derechos de la tutelante, que hacen necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En virtud de lo anteriormente expuesto, se conceder\u00e1 el amparo y, en consecuencia, para proteger las prerrogativas constitucionales de la parte actora, se dejar\u00e1 sin valor y efecto la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2016, \u00fanicamente en relaci\u00f3n a las restituciones mutuas ordenadas, y en su lugar, se ordenar\u00e1 al Tribunal Superior de Neiva, proferir un nuevo fallo, en el que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.  <\/span><\/p>\n

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I. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE, el amparo constitucional invocado en relaci\u00f3n \u00fanicamente a las restituciones mutuas ordenadas. En consecuencia, se RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO. DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2016, \u00fanicamente en relaci\u00f3n a las restituciones mutuas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: en su lugar, se ordenara al Tribunal acusado que dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al recibo del expediente, emita un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto a los interesados y de no ser impugnado este prove\u00eddo, en oportunidad, rem\u00edtase el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00229-00  <\/span><\/p>\n

Vence: Mi\u00e9rcoles 15 de febrero de 2017  <\/span><\/p>\n

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Demandante: Yolanda Paladines Correa.  <\/span><\/p>\n

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Demandados: Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Neiva y Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito.  <\/span><\/p>\n

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Derecho fundamental: Debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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En: proceso ejecutivo, promovido por la tutelante contra Jorge Ram\u00edrez Carrero, a fin de obtener el pago de las obligaciones insolutas contenidas en un contrato privado en el que se acord\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, incluyendo dentro de dicha distribuci\u00f3n varios inmuebles. Documento que no fue elevado a escritura p\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

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Providencia cuestionada: Sentencia de 12 de diciembre de 2016. Mediante la cual el Tribunal Superior de Neiva, revoc\u00f3 la dictada por el a quo y, en su lugar, declar\u00f3 oficiosamente la nulidad absoluta del contrato base de la ejecuci\u00f3n, por cuanto el t\u00edtulo era inv\u00e1lido o inexistente, al no ser elevado en la escritura, de igual forma, orden\u00f3 la restituciones mutuas.  <\/span><\/p>\n

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Causas de la vulneraci\u00f3n. En criterio de la peticionaria, se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado, dado que la colegiatura acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al interpretar err\u00f3neamente el negocio jur\u00eddico anulado, el cual no es solemne, sino que se trataba de una promesa o acuerdo para disolver y liquidar la sociedad conyugal, cuyo perfeccionamiento qued\u00f3 supeditado al resultado del proceso judicial de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, m\u00e1xime que el ejecutado no aleg\u00f3 tal nulidad absoluta ni tampoco era procedente decretarla en un proceso ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

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Corte: Concede. \u00danicamente respecto de las restituciones mutuas, en tanto que las mismas no se encontraban demostradas, por cuanto si bien se se\u00f1al\u00f3 que existi\u00f3 una entrega de mercanc\u00edas, lo cierto es que no se acredito se haya realizado en virtud del contrato, en especial, cuando entre las partes exist\u00eda una sociedad conyugal que esta hasta ahora est\u00e1 en tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n. Criterio razonable. En relaci\u00f3n a la declaraci\u00f3n de nulidad del contrato, por cuanto no reun\u00eda los requisitos de existencia y validez por carecer de la solemnidad exigida en la legislaci\u00f3n relativa al otorgamiento de la escritura p\u00fablica contentiva de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal por mutuo acuerdo, es una interpretaci\u00f3n razonable de lo dispuesto en el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala en un caso de similares caracter\u00edsticas, en el que en el proceso ejecutivo se declar\u00f3 la nulidad del t\u00edtulo, nulidad de un contrato de promesa de compraventa, se\u00f1al\u00f3 que era razonable el criterio del fallador (CSJ STC, 22 ag. 2013, rad. 01822-00)  <\/span><\/p>\n

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Observaci\u00f3n. Las partes, una vez suscrito el contrato de liquidaci\u00f3n, se\u00f1alaron al Juzgado de Familia que su deseo era que se realizara el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n por v\u00eda judicial,  proceso que se encuentra en curso y en donde se han realizado inventarios y aval\u00faos.   <\/span><\/p>\n

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Iris Guti\u00e9rrez.  <\/span><\/p>\n

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TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00229-00  <\/span><\/p>\n

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Vence: Mi\u00e9rcoles 15 de febrero de 2017  <\/span><\/p>\n

Aprobada en Sala de 15 de febrero de 2017  <\/span><\/p>\n

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Asunto: tutela contra sentencia proferida en proceso ejecutivo en la que se declar\u00f3 la nulidad del t\u00edtulo ejecutivo, por cuanto correspond\u00eda a la liquidaci\u00f3n de una sociedad conyugal, sobre inmuebles, que no se elev\u00f3 a escritura p\u00fablica, en la que se ordenaron restituciones mutuas.  <\/span><\/p>\n

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Decisi\u00f3n: Concede Parcialmente. \u00danicamente respecto de las restituciones mutuas, en tanto que las mismas no se encontraban demostradas, por cuanto si bien se se\u00f1al\u00f3 que existi\u00f3 una entrega de mercanc\u00edas, lo cierto es que no se acredito se haya realizado en virtud del contrato, en especial, cuando entre las partes exist\u00eda una sociedad conyugal que esta hasta ahora est\u00e1 en tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n. Criterio razonable. En relaci\u00f3n a la declaraci\u00f3n de nulidad del contrato, es una interpretaci\u00f3n razonable de lo dispuesto en el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil.  <\/span><\/p>\n

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1 Art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil.      <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2047-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00229-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99468","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99468","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99468"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99468\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99468"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99468"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99468"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}