{"id":99469,"date":"2026-06-25T18:32:37","date_gmt":"2026-06-25T18:32:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2048-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:32:37","modified_gmt":"2026-06-25T18:32:37","slug":"stc2048-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2048-2017\/","title":{"rendered":"STC2048-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2048-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b066001-22-13-000-2016-01122-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el quince de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Regional Risaralda de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Defensor\u00eda del Pueblo, a la Alcald\u00eda Municipal y a la Personer\u00eda de Pereira.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El ciudadano solicit\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad judicial tutelada al inadmitir y rechazar la acci\u00f3n popular que present\u00f3 contra la sucursal del Centro de Servicios Crediticios, ubicada en la calle 19 No. 6-31 de Pereira (Risaralda), con fundamento en exigencias no contempladas por el legislador.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que se ordene la admisi\u00f3n de su demanda y se requiera al juez accionado para que aporte \u00ab\u2026un listado completo de todas las acciones populares donde [h]a exigido requisitos inexistentes, en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998\u2026\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Javier El\u00edas Arias Idarraga present\u00f3 Acci\u00f3n Popular contra la sucursal del Centro de Servicios Crediticios S.A. CSC, ubicada en la calle 19 No. 6-31 de Pereira, por considerar que vulneraba las garant\u00edas colectivas de la comunidad usuaria, al no contar en su local comercial con gu\u00eda e int\u00e9rprete acreditado por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, como lo dispone el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 382 de 2005.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 25 de octubre de 2016, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, resolvi\u00f3 inadmitir la demanda para que el interesado allegara el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la firma accionada, apoyado en el auto AC3751-2016, emitido por esta Corporaci\u00f3n dentro del radicado 11001-02-03-000-2016-01074-00, donde se declar\u00f3 prematuro el conflicto de competencia suscitado en una de las acciones populares formuladas por el tutelante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El 27 de octubre de 2016, el accionante recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n la anterior determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En prove\u00eddo del 2 de noviembre posterior, el juzgado cuestionado, dispuso mantener inc\u00f3lume su postura inicial y negar la concesi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n subsidiaria por improcedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En escrito del d\u00eda 11 del mismo mes y a\u00f1o, el quejoso pidi\u00f3 que se le informaran las actuaciones oficiosas adelantadas por el fallador para efectos de dar impulso a su demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 17 siguiente, se dispuso el rechazo de la demanda por no haber sido subsanada, as\u00ed como su archivo, previa precisi\u00f3n al memorialista, acerca de las cargas procesales m\u00ednimas que como demandante le asisten.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. El reclamante acude a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, las transgrede al exigir requisitos que el legislador no ha previsto, para la presentaci\u00f3n de ese tipo de acciones. [Folios 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 2 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n y se orden\u00f3 su traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folios 4-5, c. 1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El juzgado accionado, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a la remisi\u00f3n de copia electr\u00f3nica de la actuaci\u00f3n cuestionada. [Folios 8-9, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, la Alcald\u00eda Municipal de Pereira, aleg\u00f3 su falta de legitimidad en la causa por pasiva y, consecuentemente, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional. [Folios 10-20, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo – Regionales Risaralda, se mostraron ajenas a los hechos en los cuales el quejoso fundamenta su reclamo, puesto que sus reparos est\u00e1n dirigidos a controvertir \u00fanica y exclusivamente actuaciones del Juzgado accionado. [Folios 9-10 y 24-26, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En sentencia del 15 de diciembre de 2016, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada tras concluir que el actor no hizo uso de la herramienta jur\u00eddica con que contaba para cuestionar el rechazo de su demanda. [Folios 29-35, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En desacuerdo, el tutelante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, sin exponer los motivos de su censura. [Folio 37, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para cuestionar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, se ha considerado que cuando el pronunciamiento objeto de reproche desconoce de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, no resulta conveniente anteponer tales exigencias, pues no constituyen un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb. (ST de 13 de agosto de 2013. Exp. 2013-093-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. As\u00ed ocurre en el caso, pues a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de subsidiariedad, por no recurrirse una de las providencias objeto de la queja, es evidente que el Juzgador incurri\u00f3 en una protuberante irregularidad que afecta el debido proceso del actor, habida cuenta que la acci\u00f3n popular que present\u00f3 contra la sucursal del Centro de Servicios Crediticios S.A. CSC, ubicada en la calle 19 No. 6-31 de Pereira, fue inadmitida y posteriormente rechazada, con fundamento en la falta de un requisito no consagrado por el legislador en la normatividad especial que regula la materia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, mediante prove\u00eddo de octubre 25 de 2016, el juzgador accionado decidi\u00f3 inadmitir la referida demanda para que el actor popular aportara el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, en el que conste el domicilio de la parte demandada, para lo cual otorg\u00f3 un lapso de tres (3) d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como soporte de su postura, la autoridad memor\u00f3 el auto AC3751-2016, emitido por esta Corporaci\u00f3n dentro del radicado 11001-02-03-000-2016-01074-00, donde se declar\u00f3 prematuro un conflicto de competencia suscitado en el a\u00f1o 2015, esto es, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, entre los juzgados Cuarto Civil del Circuito de Pereira (Risaralda) y Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a pesar de que para la fecha del pronunciamiento reprochado ya se encontraba vigente en todo el territorio nacional el C\u00f3digo General del Proceso, en cuyo art\u00edculo 85, el legislador estableci\u00f3 que \u00ab\u2026[l]a prueba de la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas de derecho privado solo podr\u00e1 exigirse cuando dicha informaci\u00f3n no conste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si en cuenta se tiene que la entidad accionada es una sociedad an\u00f3nima, vigilada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, es evidente que en su sistema de informaci\u00f3n reposa dicha certificaci\u00f3n y por tanto, no era requisito indispensable para admitir la demanda, sobre todo porque de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no est\u00e1 consagrado como tal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, mal pod\u00eda el fallador exigir al demandante aportar documentos que la normatividad aplicable al asunto no consagra y mucho menos, rechazar la demanda como consecuencia de la falta de subsanaci\u00f3n, tal como ocurri\u00f3 en auto de noviembre 17 de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agr\u00e9guese que enterado de la inadmisi\u00f3n, el actor la impugn\u00f3 y como fundamento de su censura argument\u00f3, precisamente, que el funcionario judicial no pod\u00eda imponerle cargas que la ley no preve\u00eda, no obstante lo cual se mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n cuestionada, que, como ya se vio es desconocedora de las garant\u00edas fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado y en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo. En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos la actuaci\u00f3n objeto de la queja a partir del auto inadmisorio de la demanda, inclusive, y en su lugar le d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Para finalizar, en punto del listado de acciones populares que solicita el actor, la Sala precisa que no es esta acci\u00f3n el mecanismo adecuado para elevar ese tipo de pedimentos, m\u00e1xime cuando de la lectura de su demanda no se advierte la necesidad de hacer tal requerimiento en este asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para ello, el demandante tiene a su alcance la herramienta jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 23 de la carta pol\u00edtica nacional, desarrollado por la Ley 1755 de 2015, esto es, el derecho de petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n constitucional invocada. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Pereira que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos la actuaci\u00f3n objeto de la queja a partir del auto inadmisorio de la demanda, inclusive, y en su lugar le d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor.  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  <\/span><\/p>\n

Exp. No. 66001-22-13-000-2016-01122-01  <\/span><\/p>\n

Vence: Lunes 20 de febrero de 2017  <\/span><\/p>\n

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Demandante. Javier El\u00edas Arias Idarraga  <\/span><\/p>\n

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Demandado. Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Pereira; vinculados: Regional Risaralda de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Defensor\u00eda del Pueblo, Alcald\u00eda Municipal de Pereira y Personer\u00eda Municipal del mismo lugar.  <\/span><\/p>\n

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Derechos Invocados. Debido proceso e igualdad  <\/span><\/p>\n

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En: Acci\u00f3n popular No. 2015-0409 contra una sucursal de Pereira de Centro de Servicios Crediticios S.A. CSC.  <\/span><\/p>\n

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Tutela: El reclamante acude a este mecanismo constitucional, con el fin de solicitar protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, porque en su sentir, el fallador cuestionado, las transgrede al exigir requisitos que el legislador no ha previsto, para la presentaci\u00f3n de ese tipo de acciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tribunal. Niega. Tras concluir que el actor no hizo uso de la herramienta jur\u00eddica con que contaba para cuestionar el rechazo de su demanda  <\/span><\/p>\n

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Corte: Revoca. Defecto sustancial. a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto de subsidiariedad, por no recurrirse una de las providencias objeto de la queja, es evidente que el Juzgador incurri\u00f3 en una protuberante irregularidad que afecta el debido proceso del actor, habida cuenta que la acci\u00f3n popular que present\u00f3 contra la sucursal del Centro de Servicios Crediticios S.A. CSC, ubicada en la calle 19 No. 6-31 de Pereira, fue inadmitida y posteriormente rechazada, con fundamento en la falta de un requisito no consagrado por el legislador en la normatividad especial que regula la materia y que, debido a la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, era posible que el juzgador consultada el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la demandada, en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia (Art. 85). Adjunto precedentes de la Sala.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1ngela Marcela Wilches Avella  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC15464-2016  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-00878-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de octubre de dos mil diecis\u00e9is)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de octubre de dos mil diecis\u00e9is (2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de septiembre de 2016 por la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela, acumuladas, promovidas por Cristian V\u00e1squez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Alcald\u00eda de Pereira, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambos de la Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u201cdebida administraci\u00f3n de justicia\u201d, presuntamente vulnerados por el Juzgado cuestionado (folios 1, 3 y 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se le ordene al despacho accionado \u00ab\u2026de manera inmediata admitir y dar tr\u00e1mite a su[s] accion[es] populares\u2026\u00bb (folios 1, 3 y 5, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Las quejas constitucionales se sustentaron, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Cristian V\u00e1squez instaur\u00f3 3 acciones populares cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Pereira, bajo los radicados 2016-00276-00, 2016-00274-00 y 2016-00275-00.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Indic\u00f3 que el despacho encartado inadmiti\u00f3 las demandas referidas en l\u00edneas anteriores exigi\u00e9ndole requisitos \u00abque no [le] impone el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998\u00bb, desconociendo precedentes de esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Se\u00f1al\u00f3 que el estrado encartado tambi\u00e9n incumple con el art\u00edculo 5\u00ba de la mentada ley, pues desatiende los t\u00e9rminos perentorios que contempla la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda indic\u00f3 que los hechos alegados en los amparos le son ajenos, toda vez que \u00ablas acciones populares referenciadas no fueron promovidas por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Procuradur\u00eda Regional Risaralda, y por ello no se [les] ha comunicado el auto que admite la misma\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que la defensa de los derechos colectivos podr\u00e1 ser objeto de estudio por el Ministerio P\u00fablico una vez se surta el pacto de cumplimiento, el cual no ha sido comunicado a esa Agencia (folio 41, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La Alcald\u00eda de Pereira refiri\u00f3 su \u00ab\u2026falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb por cuanto \u00abla posible vulneraci\u00f3n de derechos al tutelante se originan en la supuesta conducta omisiva y renuente del Juzgado Segundo Civil del Circuito\u2026\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que el querellante no subsan\u00f3 los defectos que le indic\u00f3 el juzgado accionado, raz\u00f3n por la cual \u00ab\u2026no est\u00e1 bien visto que por la falta de diligencia del actor en estar pendiente de los estados en los despachos de sus propias acciones, luego pretenda que una vez finalizada la oportunidad para controvertir (\u2026) se le revivan t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (folios 55 a 59, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia de los asuntos criticados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por la incuria del accionante, estim\u00f3 que \u00ab\u2026no puede desconocer las formas propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protecci\u00f3n decisiones que han debido ser resueltas en el propio proceso (\u2026) y que no [lo] fueron por negligencia o descuido de las partes\u2026\u00bb (folios 65 a 67, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con la queja frente a la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos perentorios, determin\u00f3 que \u00ab\u2026la juez demandada no ha incurrido en mora judicial [toda vez que]\u2026 la tardanza no se produjo por el incumplimiento de sus funciones\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo arguyendo que seg\u00fan la jurisprudencia del Consejo de Estado \u00absi procede la alzada, pues la acci\u00f3n popular es de doble instancia\u00bb, y que \u00ablos requisitos q[ue]  [l]e exigen\u2026NO LOS CONTEMPLA [EL] ART. 18 [DE LA] LEY ESPECIAL 472 DE 1998 (Sic)\u00bb (folio 71, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, exp. 0183, reiterada 16 abr. 2015, rad. STC4269-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el Juzgado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto no admiti\u00f3 las acciones populares presentadas por Cristian V\u00e1squez tras exponer que \u00e9l: i) no alleg\u00f3 la prueba del domicilio de la parte accionada, como lo es el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal; ii) no indic\u00f3 cu\u00e1les son los derechos colectivos conculcados y quienes se ver\u00edan perjudicados; y iii) omiti\u00f3 probar \u00ablos supuestos f\u00e1cticos que sustentan la pretensi\u00f3n\u00bb, motivaciones todas que generan una vulneraci\u00f3n de lo indicado en l\u00edneas anteriores y que configuran una flagrante \u00abv\u00eda de hecho\u00bb (folios 12, 22 y 32, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Respecto del primer requerimiento efectuado por el Juzgado donde le reclama al accionante acreditar el domicilio de la demandada \u00abcon el certificado de\u2026 existencia y representaci\u00f3n legal\u00bb, es evidente que el juzgador err\u00f3, toda vez que revisadas las exigencias de ley establecidas en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998 sobre este punto, solo se insta al querellante para \u00abexponer la persona natural o jur\u00eddica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio\u00bb y \u00ablas direcciones para notificaciones\u00bb, pero en ning\u00fan momento se\u00f1ala que se debe allegar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal para demostrar el domicilio; aunado a que el tutelante en su libelo pide que a su demandada se le exija el aporte de aqu\u00e9l documento, lo que no luce arbitrario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s resulta de singular trascendencia para este asunto, observar lo reglado en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual ense\u00f1a que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abLa prueba de la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas de derecho privado solo podr\u00e1 exigirse cuando dicha informaci\u00f3n no conste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Luego, en casos como el aqu\u00ed cuestionado, donde las acciones populares se dirigen contra entidades financieras, es patente que la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, de p\u00fablico acceso, permite descargar los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de aquellas, subsumi\u00e9ndose la situaci\u00f3n aqu\u00ed auscultada en la contemplada en dicho aparte normativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Sobre la petici\u00f3n del estrado para que el quejoso indicara cu\u00e1les son los derechos colectiv<        os conculcados y qui\u00e9nes se ver\u00edan perjudicados, del libelo incoativo se desprende que el tutelante s\u00ed hab\u00eda efectuado tal manifestaci\u00f3n, pues se\u00f1al\u00f3 como normas violadas \u00ab1 inciso m, d, l (\u2026) del art\u00edculo 4 de la ley 472 de 1998\u2026 art[\u00edculo] 13 [de la] C[onstituci\u00f3n] P[ol\u00edtica]\u00bb, en consecuencia, el promotor de la acci\u00f3n s\u00ed plasmo en su escrito cu\u00e1les eran los derechos colectivos vulnerados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a la petici\u00f3n de indicar qui\u00e9nes se ver\u00edan perjudicados, a pesar de no ser un requerimiento legal, el accionante igualmente se\u00f1al\u00f3 que su solicitud es \u00abpara ciudadanos discapacitados en sillas de ruedas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no prev\u00e9 que con la demanda deba probarse el da\u00f1o alegado, pues para ello la acci\u00f3n popular cuenta con una etapa probatoria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el punto la Sala ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con la primera exigencia del auto donde se inadmite la demanda (7 dic. 2015), es evidente que el juzgador err\u00f3, pues revisado el escrito de la acci\u00f3n popular, resulta palmario que el actor s\u00ed se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1l es la supuesta vulneraci\u00f3n, indicando que la entidad financiera \u00abno cuenta con int\u00e9rprete gu\u00eda, permanente de planta, para atender ciudadanos sordos, sordo ciegos, que acuden a dicha entidad\u2026 (CSJ STC7714-2016, 10 jun. 2016, rad. 66-2016-00555-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se revocar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia, para, en su lugar, acceder al resguardo rogado, pues no lucen razonables las determinaciones que rechazaron las acciones populares del quejoso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada, y en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Cristian V\u00e1squez, en consecuencia: Ordena al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira que dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a que sea notificado de este fallo reexamine las demandas que aqu\u00e9l promovi\u00f3 contra Banco Davivienda S.A. (acciones populares 2016-00276, 2016-00274 y 2016-00275) y les d\u00e9 el curso que corresponda, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed motivado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s copias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  <\/span><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC7714-2016  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-00555-01  <\/span><\/p>\n

Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de junio de dos mil diecis\u00e9is  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil diecis\u00e9is (2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de mayo de 2016, por la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas y la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y \u201cdebida administraci\u00f3n de justicia\u201d, presuntamente vulnerados por el Juzgado cuestionado, al rechazarle la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 contra la entidad financiera Banco Mundo Mujer por no contar con un int\u00e9rprete gu\u00eda de planta permanente para atender a ciudadanos \u00absordos [y] sordo ciegos\u00bb (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se ordene, i) Que el Juzgado Segundo Civil de Pereira tramite y admita de manera inmediata la acci\u00f3n popular por \u00e9l formulada; ii) Que el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda inicie las actuaciones \u00aben derecho a las que haya lugar contra la tutelada\u00bb; iii) Gestionar la petici\u00f3n promovida contra la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas toda vez que se niega a impetrar tutelas en su nombre (fls. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En apoyo de tales pretensiones aduce, en s\u00edntesis, que el despacho judicial inadmiti\u00f3 la demanda referida en l\u00edneas anteriores exigi\u00e9ndole requisitos \u00abpor encima del art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998\u00bb, desconociendo \u00abarbitrariamente\u00bb precedentes de esta Corporaci\u00f3n, y que este Juzgado no cumple con el art\u00edculo 5\u00ba de la mencionada Ley, pues no da tr\u00e1mite preferente a sus acciones y profiere autos por fuera del t\u00e9rmino establecido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n dirige su queja contra la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, tras indicar que se ha negado a instaurar acciones de tutela a nombre de \u00e9l.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda indic\u00f3 que los hechos alegados en el amparo le son ajenos, toda vez que \u00ablas acciones populares referenciadas no fueron promovidas por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Procuradur\u00eda Regional Risaralda, y por ello no se [les] ha comunicado el auto que admite la misma\u00bb; solicit\u00f3 que se le desvincule de cualquier responsabilidad pues la situaci\u00f3n puesta en conocimiento por parte del quejoso es ajena a esa entidad; y que la defensa de los derechos colectivos podr\u00e1 ser objeto de estudio por el Ministerio P\u00fablico una vez se surta el pacto de cumplimiento, el cual no ha sido comunicado a esa Agencia (fl.10 y vlto., cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La Alcald\u00eda de Pereira se opuso a las pretensiones incoadas y propuso la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en cuanto no tiene injerencia sobre las decisiones de los jueces de ese municipio.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda expuso que el aqu\u00ed accionante ha solicitado vigilancia judicial en diferentes procesos, y que esa entidad las ha devuelto por no cumplir con los requisitos exigidos por tratarse de un formato incompleto, inconcluso y sin argumentaci\u00f3n de la presunta moral judicial\u00bb que Arias Id\u00e1rraga ha presentado (fl. 30 a 31, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copia del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular objeto de la presente queja (fls. 40 a 48, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juez Constitucional de primera instancia concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada en relaci\u00f3n con el Juzgado criticado, se\u00f1alando que \u00abla decisi\u00f3n de no dar tr\u00e1mite al recurso propuesto contra el rechazo de la demanda incurre en un defecto sustantivo que configura una causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales por cuanto ha debido\u00bb interpretar que se trataba de un recurso de reposici\u00f3n en cumplimiento al par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, que prev\u00e9 que \u00abCuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deber\u00e1 tramitar la impugnaci\u00f3n por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente\u00bb (fl. 53, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas neg\u00f3 el resguardo, tras aducir que el accionante no prob\u00f3 que esa entidad se niegue a presentar sus tutelas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y respecto de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda tambi\u00e9n desestim\u00f3 el amparo, porque el promotor no subsan\u00f3 los yerros contenidos en las vigilancias administrativas que inco\u00f3, lo que motiv\u00f3 que no hayan recibido tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo, arguyendo que el mismo debe ser concedido \u00abde manera integral\u00bb (fl. 58, cdno. 1), y que el juzgado criticado ha sido reiterado en vulnerar sus derechos fundamentales, por lo que ha tenido que presentar muchas acciones de tutela, las que deben detenerse, por lo que pide a la Corte Suprema de Justicia adoptar las medidas pertinentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El despacho judicial cuestionado apel\u00f3 la sentencia de primera instancia y expuso como fundamento que el recurrente \u00aben ninguno de los autos expresa las razones que sustentan los recursos\u00bb; que el auto que rechaz\u00f3 la demanda popular del accionante a su vez estaba resolviendo un recurso de reposici\u00f3n, por lo cual podr\u00eda estar incurso en el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abde resolver una reposici\u00f3n, de un auto que resuelve una reposici\u00f3n y nuevamente se resuelve una reposici\u00f3n\u00bb  (fl. 60 a 61, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), CSJ STC, 11 may. 2001, exp. 0183, reiterada 16 abr. 2015, rad. STC4269-2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u201cv\u00eda de hecho\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el Juzgado Segundo Civil del Circuito enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto no admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular presentada por Arias Id\u00e1rraga tras exponer que \u00e9l: i) no indic\u00f3 cu\u00e1l es la vulneraci\u00f3n a los derechos colectivos y quienes se ver\u00edan perjudicados con la misma; ii) omiti\u00f3 probar la existencia de un da\u00f1o, peligro o agravio del derecho colectivo; iii) no aport\u00f3 la prueba de la representaci\u00f3n de la demandada; iv) olvid\u00f3 indicar los motivos por los cuales ejerce las antedichas acciones, motivaciones todas que generan una vulneraci\u00f3n de lo indicado en l\u00edneas anteriores y que configuran una flagrante \u201cv\u00eda de hecho\u201d (fl.44, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En primera medida, respecto del \u00faltimo requisito, desconoci\u00f3 el precedente de la Corte donde se determina que para la protecci\u00f3n de derechos colectivos, cualquier ciudadano puede interponer demanda, pues asegura que la eventual vulneraci\u00f3n se debe proteger antes que alcance los efectos nocivos que se pueden desprender de la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un asunto similar, la Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(…) es la propia ley la que determina que las acciones populares pueden formularse por \u201ctoda persona natural o jur\u00eddica\u201d, sin que all\u00ed se hagan distinciones en relaci\u00f3n con las condiciones o calidades que debe tener el accionante (\u2026) haber limitado el alcance del precepto en cita, para denegar la legitimaci\u00f3n del accionante, es un proceder que resulta vulneratorio del derecho al debido proceso y que, adem\u00e1s, afecta el derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia (CSJ, STC 19 dic. 2007, rad. 02002-00; STC13760-2016, 8 de oct. rad. 2015-00470-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su vez, la Corte Constitucional expres\u00f3 que,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) como las acciones populares protegen a la comunidad en sus derechos colectivos y, por lo mismo, pueden ser promovidas por cualquier persona a nombre de la comunidad cuando ocurra un da\u00f1o a un derecho o inter\u00e9s com\u00fan, sin m\u00e1s requisitos que los que establezca el procedimiento regulado por la ley, \u201cel inter\u00e9s colectivo se configura en este caso, como un inter\u00e9s que pertenece a todos y cada uno de los miembros de una colectividad determinada, el cual se concreta a trav\u00e9s de su participaci\u00f3n activa ante la administraci\u00f3n de justicia, en  demanda de su protecci\u00f3n\u201d (Sentencia C-377\/02, citada en C-230\/11).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con la primera exigencia del auto donde se inadmite la demanda (7 dic. 2015), es evidente que el juzgador err\u00f3, pues revisado el escrito de la acci\u00f3n popular, resulta palmario que el actor s\u00ed se\u00f1al\u00f3 cu\u00e1l es la supuesta vulneraci\u00f3n, indicando que la entidad financiera \u00abno cuenta con int\u00e9rprete gu\u00eda, permanente de planta, para atender ciudadanos sordos, sordo ciegos, que acuden a dicha entidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y en lo que ata\u00f1e al segundo requerimiento de la mencionada providencia, el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, no prev\u00e9 que con la demanda deba probarse el da\u00f1o alegado, pues para ello la acci\u00f3n popular cuenta con una etapa probatoria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo y como quiera que el despacho atacado tambi\u00e9n err\u00f3 al expedir el auto de 2 de mayo de 2016, como lo considero el a-quo constitucional, puesto que el demandante apel\u00f3 el auto que rechaz\u00f3 su demanda de acci\u00f3n popular y el estrado accionado no adecu\u00f3 el tr\u00e1mite de esa queja en cumplimiento al par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, que consagra que: \u00abCuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deber\u00e1 tramitar la impugnaci\u00f3n por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, no era \u00f3bice para proceder en ese sentido que en ese mismo prove\u00eddo de 2 de mayo de 2016 se estuviera resolviendo una reposici\u00f3n, toda vez que en el mismo tambi\u00e9n se incluy\u00f3 un punto nuevo, que era precisamente, el rechazo del libelo, lo que traduce que s\u00ed era procedente un nuevo recurso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, destaca la Corte que si el auto que inadmiti\u00f3 el libelo fue impugnado mediante reposici\u00f3n, no era viable que al tiempo de decidirse este recurso se rechazara la demanda puesto que el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 118 de la misma obra prev\u00e9 que \u00abcuando se interpongan recursos contra la providencia que concede el t\u00e9rmino, o del auto a partir de cuya notificaci\u00f3n debe correr un t\u00e9rmino por ministerio de la Ley, este se interrumpir\u00e1 y comenzar\u00e1 a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n del auto que resuelva el recurso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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5. En lo que ata\u00f1e con la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, las solicitudes formuladas por el accionante no cumplieron con las exigencias de Ley y tampoco present\u00f3 las correcciones exigidas, por lo tanto, no se vislumbra la trasgresi\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, por lo que la supuesta conculcaci\u00f3n denunciada respecto a esa entidad no ocurri\u00f3, pues esas censuras no han recibido tr\u00e1mite precisamente por la desidia del demandante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Aludiendo a la censura dirigida frente a la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, esta Corporaci\u00f3n ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en ocasi\u00f3n pasada respecto de los mismos hechos y pretensiones, raz\u00f3n por la cual, le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, por lo que la presente acci\u00f3n con relaci\u00f3n a dicha inconformidad se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En efecto en aquella oportunidad est\u00e1 Sala precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con la censura dirigida frente a la Defensor\u00eda del Pueblo de Caldas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n de \u00e9sta autoridad no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio, en cuyo caso la labor del Despacho cuestionado no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (\u2026) (CSJ STC de 11 de enero de 2005, rad. 1451.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior porque la Defensor\u00eda del Pueblo cuestionada indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abA pesar que este Despacho considera que los asuntos a los que hace referencia el se\u00f1or ARIAS IDARRAGA para presentar las 1.000 acciones no son objeto de acci\u00f3n popular o que sobre los mismos hechos ya se ha pronunciado la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo y, al no manejar esta Defensor\u00eda Regional presupuesto propio, se le dio tr\u00e1mite ante la Secretar\u00eda General de la Defensor\u00eda Nacional quien oficio manifestando que por razones presupuestales no se pod\u00eda acceder a la petici\u00f3n (\u2026) pero s\u00ed se le brindar\u00e1 la asesor\u00eda que en un momento determinado requiriera el peticionario (\u2026)\u00bb (STC6922, 26 may. 2016, rad. 2016-00434-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se trata, entonces de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo.  <\/span><\/p>\n

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En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.- En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s copias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2048-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b066001-22-13-000-2016-01122-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el quince de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil – Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99469","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99469","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99469"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99469\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99469"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99469"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99469"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}