{"id":99470,"date":"2026-06-25T18:32:40","date_gmt":"2026-06-25T18:32:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2061-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:32:40","modified_gmt":"2026-06-25T18:32:40","slug":"stc2061-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2061-2017\/","title":{"rendered":"STC2061-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

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STC2061-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-003-2016-00303-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 11 de enero de 2017 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Magola Esther Salas Salamanca contra los Juzgados Promiscuo de Familia y Segundo Promiscuo Municipal, ambos de la ciudad de Maicao.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, m\u00ednimo vital y vida digna, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, expone que en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao, interpuso acci\u00f3n de tutela contra la administraci\u00f3n municipal de esa ciudad, con el fin de obtener la \u201cexpedici\u00f3n y certificaci\u00f3n de los bonos pensionales\u201d de su fallecido compa\u00f1ero permanente, siendo solicitados en otrora ocasi\u00f3n mediante derecho de petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En el mencionado tr\u00e1mite se emiti\u00f3 sentencia el 7 de septiembre de 2016 neg\u00e1ndose la protecci\u00f3n all\u00ed invocada por configuraci\u00f3n de un \u201checho superado\u201d, determinaci\u00f3n recurrida por la interesada y confirmada por el estrado de familia convocado.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que los despachos enjuiciados incurrieron en una \u201cv\u00eda de hecho\u201d, y considera un error la desestimaci\u00f3n del auxilio, por cuanto, nunca se resolvi\u00f3 de fondo lo requerido en el memorado amparo.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que por estar en debate el reconocimiento de \u201cprestaciones sociales\u201d, no se puede exigir el cumplimiento del presupuesto de inmediatez para acudir ante la autoridad constitucional.  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, en concreto, i) revocar los fallos proferidos por los funcionarios querellados, y ii) ordenar la expedici\u00f3n de los mentados \u201cbonos pensionales\u201d.    <\/span><\/p>\n

1. Respuesta de los accionados    <\/span><\/p>\n

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a. El Juzgado Promiscuo de Familia de Maicao manifest\u00f3 que el amparo cuestionado \u201c(\u2026) se encuentra surtiendo revisi\u00f3n eventual ante la Honorable Corte Constitucional (\u2026)\u201d (fls. 94 a 95).  <\/span><\/p>\n

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b. El estrado Municipal enjuiciado arguy\u00f3 no haber vulnerado ning\u00fan derecho fundamental de la interesada, y sostuvo que el resguardo censurado \u201c(\u2026) se realiz\u00f3 en debida forma (\u2026)\u201d (fls. 113 a 117).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada por tratarse de una acci\u00f3n dirigida contra una sentencia de tutela, pues \u201c(\u2026) no es viable permitir que por esta v\u00eda se pretenda establecer una tercera instancia judicial para debatir asuntos ya [analizados] por los jueces [constitucionales] (\u2026)\u201d (fls. 121 a 125.).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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La promotora impugn\u00f3 aduciendo cuestiones similares a las expresadas en el libelo introductor y resaltando la importancia de un \u201cprofundo an\u00e1lisis\u201d de su caso (fls. 4 a 6. Cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n constitucional de tutela certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los resguardos formulados contra actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para el efecto el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto.  <\/span><\/p>\n

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En lo atinente a este espec\u00edfico tema, esta Corte ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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2.        Expuesto lo anterior, se colige el fracaso del auxilio porque la solicitante censura de manera directa lo resuelto por el Juzgado Promiscuo de Familia de Maicao, en sentencia de 18 de octubre de 2016, mediante la cual confirm\u00f3 el fallo de primer grado que neg\u00f3 el resguardo rogado por la aqu\u00ed promotora, por configuraci\u00f3n de un \u201checho superado\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n, en un asunto similar sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [H]a de reiterarse la posici\u00f3n de la Sala acerca de la improcedencia de la tutela para cuestionar las actuaciones y decisiones originadas en el marco de otro proceso de id\u00e9ntico linaje constitucional,  ya que de lo contrario se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo (\u2026)\u201d2  <\/span><\/p>\n

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3. Refuerza la improsperidad del actual reclamo, que la petente a\u00fan cuenta con la revisi\u00f3n del fallo de tutela reprochado e, incluso, con el recurso de insistencia, escenarios id\u00f3neos para controvertir la no expedici\u00f3n de los bonos pensionales del compa\u00f1ero permanente de la ac\u00e1 interesada a cargo del municipio de Maicao, pues el expediente fue remitido a la Corte Constitucional, para surtir el grado jurisdiccional asignado a esa Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Sobre la cuesti\u00f3n, esta Corte ha adoctrinado:  <\/span><\/p>\n

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\u2018(\u2026) tras revisarse la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, se encontr\u00f3 que (\u2026) el expediente fue enviado a la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional, estando pendiente de que se decida si va a ser revisado o no. (\u2026) De modo que  como el tr\u00e1mite censurado se encuentra a la espera de la eventual revisi\u00f3n, el hoy accionante puede manifestar all\u00e1 su inconformidad o acudir ante dicha Corporaci\u00f3n \u201ce insistir en su selecci\u00f3n, para que de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u201d (sentencia de 6 de marzo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2008-00489-01) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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4.        Ahora, respecto a  la emisi\u00f3n del bono pensional, no es viable acceder a ello, por medio de esta queja constitucional, pues el asunto requiere el tr\u00e1mite y comprobaci\u00f3n propio de los procesos judiciales, bien ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria o la contenciosa, seg\u00fan el caso.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, es menester acudir a la v\u00eda ordinaria, porque es en ese escenario donde pueden ventilarse y debatirse con amplitud los hechos narrados por la gestora, en aras de establecer si hay lugar al reconocimiento del derecho invocado.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [P]or regla general la tutela no procede para exigir acreencias laborales, porque  existen otros medios judiciales dise\u00f1ados para ese objetivo; es decir, que la procedencia de este amparo para la satisfacci\u00f3n de obligaciones de \u00edndole laboral es de car\u00e1cter restringido. Sin embargo, si el m\u00ednimo vital se encuentra de por medio se concluye que los mecanismos ordinarios no son efectivos y por lo tanto el amparo constitucional ser\u00eda procedente, pero este no es el caso, pues nada se demostr\u00f3 a este respecto.  <\/span><\/p>\n

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\u201c[E]ntonces, es obvio que en las condiciones del asunto planteado no se puede acceder al amparo deprecado, ya que esa clase de derechos debe ser dilucidado en su escenario natural, que no es otro diferente a la justicia ordinaria; m\u00e1xime que en este asunto no est\u00e1 demostrada la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital de la actora, ni la eminencia de la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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[P]or lo tanto, como la discusi\u00f3n queda en el terreno legal, respecto del cual, se ha dicho, no opera el mecanismo excepcional y restringido de la tutela, dado que se trata de discusiones prestacionales que tienen previsto tr\u00e1mites puntuales distintos ante el Juez natural, sin que sea posible obviarlos, porque se desnaturalizar\u00eda el car\u00e1cter reservado que reporta el instrumento de que se trata, por cuanto \u201cAparte de ello, el mecanismo tutelar no es el instrumento apropiado para pretender la expedici\u00f3n del bono pensional, sin atender el procedimiento legalmente establecido para lograr tal objetivo, porque con tal proceder el juez constitucional usurpar\u00eda la \u00f3rbita de competencia de la administraci\u00f3n p\u00fablica y desconocer\u00eda los mandatos del legislador en torno a sus requisitos y tr\u00e1mite (\u2026)\u201d3  (subrayado fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

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En el mismo sentido esta Sala manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c[S]i el reconocimiento de la pensi\u00f3n del accionante (\u2026) debe financiarse con el bono pensional (\u2026), es evidente que los conflictos jur\u00eddicos que se susciten alrededor de la expedici\u00f3n del mismo (\u2026) son ajenos al juez de tutela, y deben ser resueltos por los jueces naturales por las ritualidades establecidas en la ley. Por lo dem\u00e1s, la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico est\u00e1 indic\u00e1ndole al peticionario y a la AFP las inconsistencias existentes en la documentaci\u00f3n allegada y el tr\u00e1mite administrativo a seguir (\u2026). As\u00ed las cosas, aflora el infortunio de esta acci\u00f3n (\u2026), ya que de acuerdo con lo expresado en el p\u00e1rrafo anterior surge una controversia entre el solicitante y las entidades accionadas para cuya soluci\u00f3n el primero debe acudir a otros medios de defensa\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n esta Corte se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]s de advertirse que en materia de derechos prestacionales no procede el amparo \u201c(\u2026) porque de una parte, las garant\u00edas derivadas de la seguridad social son, por definici\u00f3n, de avance progresivo y no de naturaleza fundamental, y de otra, se ha asignado a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y a la contencioso administrativa seg\u00fan el caso, la competencia para resolver los conflictos relativos a ella, los cuales, por regla general, se consideran de estirpe legal, de ah\u00ed que resulten ajenos a la \u00f3rbita que se reserva al juez constitucional\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c[D]e conformidad con esos lineamientos, no pod\u00eda el Tribunal Constitucional ordenar al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico la emisi\u00f3n del bono pensional y la repetici\u00f3n posterior contra las entidades responsables de las cuotas partes, pues  la discusi\u00f3n relacionada con la redenci\u00f3n del  referido bono escapa de las atribuciones asignadas al juez de tutela\u201d5  (subrayado fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

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5. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 25 de junio de 2012, exp. 5400122130002012-00069-01; reiterada el 16 de agosto de 2013, exp. 11001-02-03-000-2013-01773-00;    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC. 29 abr. 2005, rad. 00041-01.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ. STC. 7 jun. 2007, rad. 00004-01, reiterado el 5 jul. 2011, rad. 00652.01.    <\/span><\/p>\n

5CSJ. STC. 21 mar. 2012, rad. 00297-01.      <\/span><\/p>\n

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