{"id":99471,"date":"2026-06-25T18:32:44","date_gmt":"2026-06-25T18:32:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2062-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:32:44","modified_gmt":"2026-06-25T18:32:44","slug":"stc2062-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2062-2017\/","title":{"rendered":"STC2062-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2062-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-001-2016-00303-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 12 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Yenis Pilar Cabello Romero como agente oficiosa de Ena Mar\u00eda Romero de Cabello, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, Hern\u00e1n El\u00edas Osorio Villero Carmen Mariela G\u00f3mez, Sara Elena y Librada Machado Quiroz, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante, en la condici\u00f3n antes mencionada, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su agenciada al debido proceso, a la vida digna, a la vivienda y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional y los ciudadano accionados, con las decisiones proferidas dentro del proceso ejecutivo acumulado que Carmen Mariela G\u00f3mez y Hern\u00e1n El\u00edas Osorio Villero promovieron, respectivamente, contra Sara y Librada Machado Quiroz.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, \u00absustituir y levantar la medida cautelar de embargo y secuestre del bien inmueble identificado con [la] matr\u00edcula inmobiliaria No. 190-54141\u00bb, para entonces, \u00abembarg[ar] en su lugar el bien inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 190-9051\u00bb (fl. 9, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja, expone en compendio, que su madre Ena Mar\u00eda Romero de Cabello, quien en la actualidad cuenta con \u00abm\u00e1s de 81 a\u00f1os\u00bb de edad, celebr\u00f3 en el a\u00f1o 2012 con la se\u00f1ora Sara Elena Machado Quiroz, contrato de compraventa respecto del inmueble determinado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 190-54141, predio en el que vive todo su n\u00facleo familiar y respecto del cual no pudo perfeccionarse el citado negocio jur\u00eddico, por cuenta de las medidas cautelares decretadas dentro del litigio referido en l\u00edneas anteriores.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque la vendedora -all\u00e1 ejecutada, \u00abcuenta con otros bienes\u00bb y ya cancel\u00f3 la obligaci\u00f3n que estaba garantizada con la hipoteca, el Juzgado Despacho convocado no s\u00f3lo deneg\u00f3 la petici\u00f3n tendiente a la terminaci\u00f3n de la controversia, sino que \u00fanicamente decret\u00f3 el embargo sobre el aludido predio.  <\/span><\/p>\n

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Indica que como quiera el proceso est\u00e1 \u00aben etapa de remate del bien\u00bb y \u00abno tienen otro [sitio] donde vivir, ni cuenta[n] con recursos econ\u00f3micos\u00bb, su madre dada su avanzada edad, y su hermano quien padece de \u00abataques de epilepsia, cefalea, depresi\u00f3n [y] tiene problemas de visi\u00f3n\u00bb, al conocer de ello \u00abentraron en un ataque de nervio[s] (\u2026) agudiz[ando] sus problemas de salud\u00bb, lo que, asegura, vulnera los derechos fundamentales invocados (fls. 1 a 10, \u00edd.)      <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        El Juez Segundo Civil del Circuito de Valledupar, luego de memorar las actuaciones que ha conocido dentro del proceso ejecutivo criticado, puntualiz\u00f3 en lo fundamental, que \u00abquien hoy demanda, aun cuando se ha visto afectada con el embargo, secuestro y posterior remate del inmueble referido, no hizo parte del proceso y nunca ostent\u00f3 la propiedad del inmueble, que siempre estuvo en cabeza de la demandada y por tanto era susceptible de medida cautelar (\u2026), qued\u00e1ndole en tal caso, a la hoy accionante otras acciones ante la jurisdicci\u00f3n civil a las cuales acudir\u00bb (fls. 61 y 62, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b.         El se\u00f1or Hern\u00e1n El\u00edas Osorio Villero, aunque tard\u00edamente, puntualiz\u00f3, en suma, que \u00aben el desarrollo del proceso se observaron todas las normativas que reglamenta[n] este tipo de procedimiento[s] y en ning\u00fan momento hubo ninguna clase de vulneraci\u00f3n a los derechos de los deudores m\u00e1xime trat\u00e1ndose de un proceso con una duraci\u00f3n de once a\u00f1os en donde la actora jam\u00e1s se present\u00f3\u00bb (fl. 95, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras considerar, en compendio, que la interesada carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues pretende a trav\u00e9s de este instrumento cuestionar decisiones que se profirieron al interior de una ejecuci\u00f3n de la que no es parte reconocida (fls. 82 a 90, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La parte actora se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, sin se\u00f1alar las razones de su inconformidad (fl. 90, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.   Por consagraci\u00f3n constitucional y legal, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario, al alcance de las personas para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en veces, de los particulares; sin que se erija en remedio sustituto o alternativo de las herramientas previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para la regular composici\u00f3n de los  litigios, a los cuales es menester acudir previamente, a menos que proceda la tutela en la modalidad de amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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Del mismo modo, cuando la lesi\u00f3n actual o potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones o providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional desde antes precisa la procedencia del amparo de manera excepcional, es decir s\u00f3lo \u00abcuando se detecta una desviaci\u00f3n arbitraria, caprichosa o absurda del fallador\u00bb (CSJ ST, 16 jul. 1999, Rad. 6621; criterio reiterado en CSJ ST, 8 feb. 2012, Rad. 02642-00).  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso bajo estudio se observa, que la pretensi\u00f3n de la parte aqu\u00ed interesada, sin duda, va encaminada a que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, \u00absustituir y levantar\u00bb la medida cautelar de embargo y secuestre del bien inmueble identificado con [la] matr\u00edcula inmobiliaria No. 190-54141, para entonces, \u00abembarg[ar] en su lugar el bien inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 190-9051\u00bb, dentro del proceso ejecutivo acumulado que Carmen Mariela G\u00f3mez y Hern\u00e1n El\u00edas Osorio Villero promovieron, respectivamente, contra Sara y Librada Machado Quiroz, pues en sentir de la tutelante, no s\u00f3lo su se\u00f1ora madre adquiri\u00f3 el inmueble objeto de remate de buena fe, sino que las ejecutadas disponen de otros bienes para garantizar el pago de sus obligaciones.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s.  <\/span><\/p>\n

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4.        Descendiendo al caso concreto, se advierte de entrada que la accionante Ena Mar\u00eda Romero de Cabello, tal y como lo expuso el a quo constitucional, no es parte ni intervino como una tercera con inter\u00e9s reconocido en el juicio coercitivo que se tramita en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar; luego, entonces, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir se impartan \u00f3rdenes tendientes al levantamiento de las medidas cautelares respecto del bien objeto del litigio.  <\/span><\/p>\n

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En asunto de contornos similares, la Sala expuso que  <\/span><\/p>\n

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\u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC9309-2014; CSJ STC9724-2014; CSJ STC-10770-2014; CSJ STC-10491-2014; STC2987-2016).  <\/span><\/p>\n

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En estas mismas determinaciones se sostuvo, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abal ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 01168-01; reiterada STC2987-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Aunado a lo anterior, y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, se resalta que si la queja se dirige exclusivamente contra Hern\u00e1n El\u00edas Osorio Villero, Carmen Mariela G\u00f3mez, y, Sara Elena y Librada Machado Quiroz, por las conductas desplegadas procesal y extraprocesalmente en relaci\u00f3n con el predio tantas veces mencionado, debe se\u00f1alarse que frente a aqu\u00e9llos no se dan las especiales circunstancias previstas por el art\u00edculo 42 del Decreto 2591 de 1991 para que proceda la acci\u00f3n de tutela contra particulares1  <\/span><\/p>\n

, raz\u00f3n por la cual ning\u00fan pronunciamiento puede proferirse al respecto.  <\/span><\/p>\n

6.        Finalmente debe decirse, que pese a ser la gestora del amparo una persona de la tercera edad, no se advierte una situaci\u00f3n actual de peligro inminente que amerite conceder el resguardo, a\u00fan como mecanismo transitorio, pues tampoco se demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha indicado:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb. (CSJ STC 11  mar. 2013, Rad. 00444-00; reiterado en STC2987-2016).  <\/span><\/p>\n

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7.        Corolario de lo anterior, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 ART. 42. La acci\u00f3n de tutela proceder\u00e1 contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de educaci\u00f3n para proteger los derechos consagrados en los art\u00edculos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

2. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonom\u00eda.  <\/span><\/p>\n

3. Cuando aqu\u00e9l contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos (domiciliarios).  <\/span><\/p>\n

4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organizaci\u00f3n privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situaci\u00f3n que motivo la acci\u00f3n, siempre y cuando el solicitante tenga una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n con tal organizaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

5. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace el art\u00edculo 17 de la Constituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas corpus, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

7. Cuando se solicite rectificaci\u00f3n de informaciones inexactas o err\u00f3neas. En este caso se deber\u00e1 anexar la transcripci\u00f3n de la informaci\u00f3n o la copia de la publicaci\u00f3n y de la rectificaci\u00f3n solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.  <\/span><\/p>\n

8. Cuando el particular act\u00fae o deba actuar en ejercicio de funciones p\u00fablicas, en cuyo caso se aplicar\u00e1 el mismo r\u00e9gimen que a las autoridades p\u00fablicas.  <\/span><\/p>\n

9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n respecto del particular contra el cual se interpuso la acci\u00f3n. Se presume la indefensi\u00f3n del menor que solicite la tutela.      <\/span><\/p>\n

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