{"id":99474,"date":"2026-06-25T18:32:56","date_gmt":"2026-06-25T18:32:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2065-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:32:56","modified_gmt":"2026-06-25T18:32:56","slug":"stc2065-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2065-2017\/","title":{"rendered":"STC2065-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2065-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2016-00267-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 12 de enero de 2017, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Carolina Quintero Morales contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Defensor\u00eda Militar -Demil y la Universidad Santiago de Cali.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la educaci\u00f3n y a la \u00ablibre escogencia de profesi\u00f3n u oficio\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad encartada, al negar el reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica que realiz\u00f3 como requisito para obtener el t\u00edtulo profesional de abogada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende entonces, que se conceda el resguardo implorado, dejando sin valor ni efecto las Resoluciones Nos. 4286 de 25 de agosto de 2016 y 5351 de octubre siguiente, a trav\u00e9s de las cuales, en su orden, se pronunci\u00f3 la mentada determinaci\u00f3n y se mantuvo inc\u00f3lume en sede de reposici\u00f3n (fl. 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Como sustento de la anterior petici\u00f3n, aduce en s\u00edntesis y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que \u00abcon el fin de completar todos los requisitos de fondo exigidos por la malla curricular del Programa de derecho reali[z\u00f3] la judicatura en la Defensor\u00eda Militar Regional Occidente entre septiembre 8 de 2015 a junio 8 de 2016; con un tiempo de servicio de nueve (9) meses, conforme obra en el certificado expedido en junio 13 e la misma anualidad por la Coordinadora Regional de la Defensor\u00eda Militar\u00bb, hecho por el cual solicit\u00f3 ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, la aprobaci\u00f3n de tal requisito, aportando para el efecto la respectiva documentaci\u00f3n, entidad que mediante la Resoluci\u00f3n No. 4286 de 2016, neg\u00f3 tal reconocimiento, tras arg\u00fcir: \u00ab5.1.) El v\u00ednculo bajo la modalidad de ad honorem en una entidad privada que no tiene autorizaci\u00f3n legal para realizar la pr\u00e1ctica. 5.2.) El realizar la pr\u00e1ctica jur\u00eddica durante nueve (9) meses contrario a la ley. 5.3) Como la Defensor\u00eda Militar es una entidad privada debe tener contrato remunerado. 5.4) La entidad debe estar bajo la inspecci\u00f3n, vigilancia y control de la Superintendencia\u00bb, decisi\u00f3n que pese a que atac\u00f3 por la v\u00eda horizontal, se conserv\u00f3 en su integridad, lo que a todas luces, asegura, vulnera las prerrogativas ius fundamentales invocadas, abri\u00e9ndose camino la salvaguarda instada (fls. 1 a 10, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a)        La Directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, luego de narrar el tr\u00e1mite acaecido con ocasi\u00f3n de la solicitud de la quejosa y citar el marco normativo aplicable al tema de reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica como requisito para el t\u00edtulo de abogado, adujo que \u00abla Defensor\u00eda Militar no se encuentra avalada ni sustentada para su vinculaci\u00f3n y la prestaci\u00f3n del servicio bajo ninguna normatividad que se haya expedido a la fecha que autorice el ejercicio de la citada pr\u00e1ctica bajo la modalidad de Ad \u2013 Honorem en esta entidad del Estado\u00bb, por lo que \u00abavalar y favorecer la demanda de tutela con el ejercicio de una pr\u00e1ctica en un cargo que no existe y una entidad que no est\u00e1 autorizada para vincular judicantes Ad \u2013 Honorem significar\u00eda el desconocimiento y la vulneraci\u00f3n al principio de orden constitucional de la remuneraci\u00f3n m\u00ednima vital y m\u00f3vil de un empleo o la prestaci\u00f3n de un servicio y adem\u00e1s no se tendr\u00eda que legislar para la expedici\u00f3n de normativas que autorizan el ejercicio de la Judicatura Ad Honorem en las entidades del sector p\u00fablico\u00bb (fls. 34 a 36, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        De otro lado, el Director General Ejecutivo de la Defensor\u00eda Militar, aun cuando solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional, tras se\u00f1alar que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva frente a las pretensiones de la accionante, inform\u00f3 que \u00aben virtud del CONVENIO DE PRACTICA UNIVERSITARIA ENTRE LA DEFENSORIA MILITAR Y LA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI, la se\u00f1orita CAROLINA QUINTERO MORALES realiz\u00f3 su judicatura ad honorem en es[a] Corporaci\u00f3n, conforme a la Certificaci\u00f3n emitida el 13 de junio de 2016 por la doctora LUZ HELENA TAPIAS STAHELIN, Coordinadora Regional Occidente\u00bb, de conformidad con lo normado en el art\u00edculo 4\u00ba del Acuerdo PSAA10-7543 DE 2010, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que indica que \u00abel ordenamiento jur\u00eddico ofrece diversas alternativas para el desarrollo de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica de forma remunerada o ad honorem, en diversas entidades del aparato jurisdiccional del Estado, en la administraci\u00f3n p\u00fablica, en las propias universidades, e incluso en el sector privado en las actividades que est\u00e9n bajo la inspecci\u00f3n y vigilancia de las Superintendencias\u00bb, como es el caso de dicha entidad, que se encuentra bajo la supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Industria y Comercio \u00abpor intermedio de la Delegatura para asuntos Jurisdiccionales de conformidad con el art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, como tambi\u00e9n de su naturaleza jur\u00eddica contempla la defensa t\u00e9cnica de miembros de las Fuerzas Militares, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n Legal de la c\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1\u00bb (fls. 46 y 54, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, accedi\u00f3 al amparo suplicado, tras considerar, en compendio, que \u00abresulta viable el estudio, en sede constitucional del presente asunto, aunque la actora contar\u00eda con otros medios de defensa para controvertir el acto administrativo que deneg\u00f3 el reconocimiento de la referida pr\u00e1ctica jur\u00eddica, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, dicho medio de defensa resultar\u00eda ineficaz, ya que \u00e9ste implicar\u00eda que transcurriese un amplio lapso sin que se definiese la situaci\u00f3n de la accionante, lo que repercutir\u00eda en la posibilidad de que ella lograse alcanzar el t\u00edtulo de profesional en derecho, afect\u00e1ndose as\u00ed no solo el derecho a la educaci\u00f3n de la actora sino tambi\u00e9n al trabajo, puesto que su actividad econ\u00f3mica se espera pueda ser desarrollada con el ejercicio de su profesi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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4.        En desarrollo de elementos normativos, tanto el legislador como las instituciones de educaci\u00f3n superior han decidido condicionar el acceso al t\u00edtulo de abogado y el ulterior ejercicio de la abogac\u00eda al cumplimiento de especiales requisitos de grado, asociados a la prestaci\u00f3n de un servicio social mediante la consulta jur\u00eddica orientada a la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable (consultorio jur\u00eddico), el desarrollo de pr\u00e1cticas jur\u00eddicas en determinadas instituciones p\u00fablicas (judicatura), y la presentaci\u00f3n de ex\u00e1menes con pretensi\u00f3n de evaluar integralmente los conocimientos adquiridos en la carrera (ex\u00e1menes preparatorios).  <\/span><\/p>\n

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De lo expuesto se desprende que la Judicatura es un requisito de grado especial, exigido a los estudiantes de derecho, en atenci\u00f3n al riesgo social que indudablemente se halla ligado al ejercicio de esta profesi\u00f3n, y que parte de considerar innegable incidencia en la satisfacci\u00f3n de la solidaridad social y en la eficacia de los derechos constitucionales (cita C-621 de 2004, Corte Constitucional).  <\/span><\/p>\n

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4.2.        En esa direcci\u00f3n, nuestra corte de cierre en materia constitucional ha sostenido, al observar los fines constitucionales asociados a la Judicatura, que esta pr\u00e1ctica permite al estudiante adquirir experiencia laboral, adem\u00e1s de conocimientos jur\u00eddicos que lo ayudar\u00e1n en el posterior ejercicio de su profesi\u00f3n. As\u00ed mismo, ha resaltado que la pr\u00e1ctica jur\u00eddica en la calidad de ad-honorem cumple una labor social inherente a la profesi\u00f3n de abogado, que se armoniza con el principio de solidaridad que establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y con los deberes de colaboraci\u00f3n que se predican de la persona y del ciudadano en torno al buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Esclarecido lo anterior y descendiendo al caso en concreto es necesario distinguir que la pr\u00e1ctica jur\u00eddica, com\u00fanmente conocida como judicatura, puede realizarse bajo dos modalidades, una remunerada y otra ad honorem, encontr\u00e1ndose delimitada para cada una de ellas las entidades y los cargos autorizados para dicho prop\u00f3sito. De esta manera resultar\u00eda irrelevante para esta discusi\u00f3n determinar si la entidad en la que la accionante realiz\u00f3 su judicatura se encuentra sujeta o no a la vigilancia o control de cualquiera de las Superintendencias establecidas en el pa\u00eds, puesto que este requisito habr\u00eda de verificarse si se tratase de una pr\u00e1ctica remunerada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, el Acuerdo No. PSAA10-7543 de 2010, por medio del cual se reglamenta la judicatura como requisito alternativo para optar por el t\u00edtulo de abogado, en su art\u00edculo 4\u00ba enlista los cargos y lugares donde podr\u00e1 realizarse la judicatura Ad Honorem, entre los cuales claramente no se encuentra se\u00f1alado el establecimiento elegido por la accionante. Empero, como ya hab\u00eda sido objeto de otros pronunciamientos de nuestra Corte Constitucional, al momento de certificar o no las practicas jur\u00eddicas no basta simplemente realizar una lectura de las instituciones que fueren autorizadas para dicho prop\u00f3sito sino que, m\u00e1s que eso, dado el impacto que cualquiera que fuere la decisi\u00f3n, es decir, la de certificar o no, tiene sobre los derechos fundamentales como el de la educaci\u00f3n y del trabajo, se hace necesario realizar un an\u00e1lisis menos formalista, pero m\u00e1s profundo, tendiente a establecer si se cumple o no con la finalidad por la cual ha sido concebida la pr\u00e1ctica jur\u00eddica como modalidad alternativa para reunir los requisitos para optar por el t\u00edtulo de abogado (cita T-932 de 2012, Corte Constitucional)  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.3.        En dicho orden, en este caso en particular, una vez revisado el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la Defensor\u00eda Militar DEMIL y sus estatutos sociales, es claro que el objetivo principal de dicha instituci\u00f3n es \u201cla asistencia jur\u00eddica para los Soldados Regulares\u201d que \u201cser\u00e1 prestada en forma gratuita por la Corporaci\u00f3n, siempre y cuando los hechos por los que se investigue tengan relaci\u00f3n directa con el servicio, expresamente, para investigaciones por los punibles de homicidio o lesiones personales ocurridas en circunstancias de combate\u201d. Prop\u00f3sito que, sin lugar a dudas, se equipara con el servicio que justamente brinda la Defensor\u00eda T\u00e9cnica de la Fuerza P\u00fablica, puesto que la primera de estas entidades pese a su naturaleza privada, se ocupa exclusivamente de miembros de la Fuerza P\u00fablica, puntualmente de soldados regulares en prestaci\u00f3n de sus servicios, al efecto v\u00e9ase que la Defensor\u00eda T\u00e9cnica de la Fuerza P\u00fablica \u201ctiene como finalidad facilitar a los miembros de la fuerza P\u00fablica acceso oportuno, gratuito, especializado, permanente y t\u00e9cnico, a una adecuada representaci\u00f3n en materia penal, para dar cumplimiento lo establecido en el art\u00edculo29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        As\u00ed las cosas, se estima que la negativa de la entidad accionada a avalar la pr\u00e1ctica jur\u00eddica realizada por las actoras resulta desproporcionada, pues parte de una interpretaci\u00f3n restrictiva de las normas legales que regulan las practicas jur\u00eddicas, que afecta el derecho fundamental a la educaci\u00f3n de las peticionarias, ya que no toma en cuenta que la labor certificada para la tutelante son funciones similares y, m\u00e1s all\u00e1 del esto, que esas funciones se dirigen precisamente a la satisfacci\u00f3n de un servicio social \u00edntimamente ligado a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.1. Corolario de lo anterior, es diamantino para esta Sala que la negativa por parte de la accionada a reconocer la pr\u00e1ctica jur\u00eddica realizada ante la Defensor\u00eda Militar DEMIL conlleva, indudablemente, a la trasgresi\u00f3n injustificada de los derechos fundamentales de la accionante, \u00e9sto como quiera que no solo de la similitud de los objetivos de las dos entidades mencionadas en el punto referente sino de las funciones mismas ejercidas por la actora en su labor de pr\u00e1ctica jur\u00eddica, se colige que \u00e9sta cumpli\u00f3 con el  prop\u00f3sito mismo de la modalidad de judicatura, el cual no es otro que \u201cla aplicaci\u00f3n de los conocimiento adquiridos en las distintas asignaturas que integran el pensum correspondiente, a trav\u00e9s del ejercicio de cargos o actividades que impliquen el desarrollo de tareas propias de la disciplina del Derecho.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, orden\u00f3 puntualmente al Consejo Superior de la Judicatura \u2013Unidad de registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, que \u00aben el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, expida el correspondiente acto administrativo en el que se reconozca la pr\u00e1ctica jur\u00eddica a CAROLINA QUINTERO MORALES para optar al t\u00edtulo de abogada\u00bb (fls. 59 a 71, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la Unidad de Registro Nacional de abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, esgrimiendo argumentos id\u00e9nticos a los esgrimidos en la contestaci\u00f3n que emiti\u00f3 frente a la demanda inicial (fl. 90 a 92, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.         En el caso bajo estudio advierte la Sala, que la pretensi\u00f3n de la accionante est\u00e1 puntualmente encaminada a que se dejen sin efecto las Resoluciones Nos. 4286 de 26 de agosto de 2016 y 5351 de octubre siguiente, a trav\u00e9s de las cuales la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, le neg\u00f3 el reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica que realiz\u00f3 en la Defensor\u00eda Militar Regional de Occidente, y confirm\u00f3 tal determinaci\u00f3n en sede de reposici\u00f3n, respectivamente. Como se se\u00f1al\u00f3 previamente, el Tribunal constitucional de instancia estim\u00f3 que tales actos administrativos hab\u00edan lesionado las garant\u00edas superiores a la aqu\u00ed interesada, por lo que orden\u00f3 que se emitiera la respectiva decisi\u00f3n en la que se efectuara el reconocimiento pretendido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Y es precisamente de dicha orden de la que se duele la autoridad administrativa impugnante, quien alega que \u00abexisten normas expresas que manifiestan cu\u00e1les son las entidades y cargos que permiten el desarrollo de la citada pr\u00e1ctica jur\u00eddica, por consiguiente es necesario tener claro que quien crea esta expectativa para acceder al cumplimiento del requisito en el cargo Ad-Honorem es la Defensor\u00eda Militar, expidiendo un acto de vinculaci\u00f3n sin que medie norma que lo faculte para realizar esta actividad permitir que una persona ajena a esa entidad ingrese a realizar funciones p\u00fablicas. Es aqu\u00ed realmente donde se crea la falsa expectativa a la egresada, y atenta contra la buena fe y plena confianza en las actuaciones de la Corporaci\u00f3n y adem\u00e1s la egresada con formaci\u00f3n profesional en derecho acepta la pr\u00e1ctica de una entidad no autorizada por la Ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        En esos t\u00e9rminos, para dar soluci\u00f3n al debate suscitado, deben hacerse las siguientes precisiones:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.1.  El art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 1862 de 1989, estableci\u00f3 la judicatura como un servicio jur\u00eddico voluntario para obtener el t\u00edtulo de abogado, y, estipul\u00f3 que \u00abel t\u00e9rmino no ser\u00eda inferior a nueve meses\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2.         Asimismo, el art\u00edculo 92 del Decreto Ley 2150 de 1995, le asign\u00f3 al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para expedir el certificado que acredite el cumplimiento de la judicatura para optar al t\u00edtulo de abogado, y en desarrollo de esa atribuci\u00f3n, la Sala Administrativa de dicha Corporaci\u00f3n mediante Acuerdo PSAA 10-7543 de 14 de diciembre de 2010, modificado por el PSAA 12-9338 de 27 de marzo de 2012, expidi\u00f3 la reglamentaci\u00f3n respectiva, en la cual compil\u00f3 los cargos en los que es admisible hacerla, los requisitos que el interesado debe acreditar y el procedimiento que debe surtirse, de la siguiente manera:  <\/span><\/p>\n

Determinaci\u00f3n del tiempo de las diferentes modalidades de Judicatura :  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

1. Si el egresado opta por realizarla en un cargo de car\u00e1cter remunerado deber\u00e1 acreditar un (1) a\u00f1o de servicio, de disponibilidad exclusiva y jornada completa a la entidad vinculada.  <\/span><\/p>\n

2. Si el egresado opta por realizar la pr\u00e1ctica jur\u00eddica de car\u00e1cter Ad-Honorem se atendr\u00e1 a lo exigido en cada norma en particular y ser\u00e1 de seis (6), siete (7) o de Nueve (9) meses, de disponibilidad exclusiva y jornada completa seg\u00fan la en la entidad seleccionada  <\/span><\/p>\n

Cargos en los que se puede prestar la judicatura en calidad Ad \u2013 Honorem:  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

a. Auxiliar Judicial de Despachos Judiciales.  <\/span><\/p>\n

b. Auxiliar de Defensor de Familia.  <\/span><\/p>\n

c. Defensor P\u00fablico en la Defensor\u00eda del Pueblo.  <\/span><\/p>\n

d. Auxiliar Jur\u00eddico en el Congreso de la Rep\u00fablica y en la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

e. Asistente Jur\u00eddico de Director de Centros de Reclusi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

f. Labores jur\u00eddico administrativas en la Direcci\u00f3n del Sistema Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica y en las Defensor\u00edas del Pueblo Regionales y Seccionales.  <\/span><\/p>\n

g. Asesor Jur\u00eddico de las Ligas y Asociaciones de Consumidores.  <\/span><\/p>\n

h. Defensor\u00eda T\u00e9cnica en la Fuerza P\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

i. Auxiliar Judicial Ad-Honorem en los \u00f3rganos y entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, territorial y sus representaciones en el exterior.  <\/span><\/p>\n

j. En casas de justicia como delegados de las entidades que se encuentren presentes.  <\/span><\/p>\n

k. En los centros de conciliaci\u00f3n p\u00fablicos como funcionarios y como asesores de los conciliadores en equidad.  <\/span><\/p>\n

m. En los dem\u00e1s cargos que por disposiciones legales y reglamentarias as\u00ed se establezcan.  <\/span><\/p>\n

Cargos en los que se puede prestar la judicatura remunerada:  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

a. Notario en C\u00edrculo de primera, segunda o tercera categor\u00eda.  <\/span><\/p>\n

b. Auxiliar de Magistrado (Grado 1\u00b0) o de Fiscal (Asistente de Fiscal  I, II).  <\/span><\/p>\n

c. Secretario de Juzgado, y Secretario  de Procuradur\u00eda Delegada o de Distrito.  <\/span><\/p>\n

d. Oficial Mayor de despacho judicial, de Fiscal\u00eda, de Procuradur\u00eda Delegada, de Distrito o Circuito y Auditor de Guerra.  <\/span><\/p>\n

e. Inspector de Polic\u00eda en Municipios de tercera y cuarta categor\u00eda, o zona rural.  <\/span><\/p>\n

f. Personero Titular o delegado, en Municipios de tercera y cuarta categor\u00eda.  <\/span><\/p>\n

g. Servidores P\u00fablicos con funciones jur\u00eddicas en entidades p\u00fablicas del orden nacional, departamental o municipal.  <\/span><\/p>\n

h. Abogado o Asesor Jur\u00eddico de entidad sometida a vigilancia o control de cualquiera de las Superintendencias establecidas en el pa\u00eds.  <\/span><\/p>\n

i. Monitor de consultorio jur\u00eddico debidamente nombrado para jornada completa de trabajo, con el car\u00e1cter de asistente Docente del Director de Consultorio en la realizaci\u00f3n de las pr\u00e1cticas del Plan de estudios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.3.         Con base en lo anterior, puede concluirse que la judicatura sirve a distintos fines: i) se trata de un servicio jur\u00eddico discrecional que contribuye a la administraci\u00f3n de justicia, enriquece la formaci\u00f3n del alumno y se constituye en un requisito optativo para la obtenci\u00f3n del t\u00edtulo de abogado; que ii) la realizaci\u00f3n de la judicatura, exige, para su validez, el lleno de unos requisitos y funciones que deben observarse a cabalidad, entre ellos, las entidades, seg\u00fan sea el caso, de derecho p\u00fablico y derecho privado en las que puede adelantarse, lo cual no obedece a un capricho, sino a la necesidad de alcanzar los objetivos de formaci\u00f3n y servicio que se propenden, como tambi\u00e9n el desarrollo de las funciones propias del cargo, que le permitan al estudiante aplicar sus conocimientos y adquirir cierto nivel de experiencia.  <\/span><\/p>\n

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5.1.  Y es que refulge patente que si la impugnante pretende atacar la legalidad de las determinaciones dictadas por la autoridad administrativa accionada, en lo que refiere a la negativa del reconocimiento de la pr\u00e1ctica que realiz\u00f3, ello no es de competencia del juez constitucional, por lo que aqu\u00e9lla ha podido hacer uso de las acciones que el legislador ha dise\u00f1ado como las id\u00f3neas para debatir asuntos como el que por esta v\u00eda plantea, esto es, la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n Contenciosa Administrativa, pues no es este mecanismo constitucional, por su car\u00e1cter residual, el medio eficaz para obtener pronunciamientos que s\u00f3lo se logran por esas v\u00edas. De admitirse lo contrario, se desconocer\u00edan los principios de legalidad y juez natural, que precisamente aseguran que cada controversia sea decidida por un juez especializado.  <\/span><\/p>\n

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       5.2.   En un caso de similares contornos a los que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn efecto, tal como lo expuso la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, la accionante no acredit\u00f3 haber realizado la pr\u00e1ctica en alguna en las entidades autorizadas para ese efecto y en las actividades se\u00f1aladas en la ley, por lo que fluye que lo pretendido por la actora es la validaci\u00f3n de una pr\u00e1ctica que no est\u00e1 prevista en el ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden de ideas, no fue por una aplicaci\u00f3n arbitraria de la ley, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la unidad accionada neg\u00f3 el reconocimiento de la pr\u00e1ctica de judicatura, pues la conclusi\u00f3n expuesta surgi\u00f3 de una interpretaci\u00f3n leg\u00edtima y razonable\u00bb (Resalta la Sala) (STC11636-2015).  <\/span><\/p>\n

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6.        De otro lado, no sobra advertir, que el precedente jurisprudencial1 que se tuvo en cuenta por el a quo constitucional para acceder a la solicitud de amparo, dista del sustento f\u00e1ctico tra\u00eddo con la presente acci\u00f3n excepcional, pues, en aqu\u00e9l caso, la estudiante realiz\u00f3 la pr\u00e1ctica jur\u00eddica en la modalidad ad honorem en una entidad p\u00fablica adscrita al Ministerio P\u00fablico; entre tanto, en el sub examine, la joven Quintero Morales la adelant\u00f3 en la Defensor\u00eda Militar, persona jur\u00eddica sin \u00e1nimo de lucro perteneciente al r\u00e9gimen privado, lo que significa, entonces, sin lugar a dudas, que dada la naturaleza jur\u00eddica de tal entidad, llegado el caso, proced\u00eda la pr\u00e1ctica de la judicatura en la modalidad remunerada, m\u00e1s no como se hizo, ad honorem, seg\u00fan las previsiones del Acuerdo PSAA 10-7543 de 14 de diciembre de 2010, modificado por el PSAA 12-9338 de 27 de marzo de 2012, emanado del Consejo Superior de la Judicatura.  <\/span><\/p>\n

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7.        Finalmente, y acerca de la procedencia del amparo como mecanismo transitoria para evitar un perjuicio irremediable, no denota la Corte material demostrativo en ese sentido, pues el hecho de no poder obtener en este momento la tarjeta profesional de abogado, no significa, per se, que la joven Carolina Quintero Morales no pueda acceder a un empleo, ni tampoco, bajo la hip\u00f3tesis antit\u00e9tica, que logrado tal t\u00edtulo de manera inmediata, logre una vinculaci\u00f3n laboral, y menos a\u00fan, que el hecho de no lograr en este momento la certificaci\u00f3n de la judicatura como requisito para graduarse, trunque su deseo de terminar con \u00e9xito la carrera universitaria, pues una vez cumplidos las exigencias estatuidas para tal fin y los par\u00e1metros legales aplicables en cuanto al cumplimiento de las mismas, indefectiblemente lo podr\u00e1 lograr.  <\/span><\/p>\n

8.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone revocar la sentencia controvertida por las razones expuestas en esta instancia, para en su lugar, denegar la protecci\u00f3n invocada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, y en su lugar, NIEGA el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 T-932 de 2012. Corte Constitucional.      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente         STC2065-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2016-00267-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99474","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99474","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99474"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99474\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99474"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99474"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99474"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}