{"id":99476,"date":"2026-06-25T18:33:08","date_gmt":"2026-06-25T18:33:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2067-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:33:08","modified_gmt":"2026-06-25T18:33:08","slug":"stc2067-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2067-2017\/","title":{"rendered":"STC2067-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2067-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00691-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Brigith Mayerly Guill\u00e9n Calder\u00f3n contra la Polic\u00eda Nacional de Colombia, la Direcci\u00f3n Nacional de Escuelas de dicha entidad y la Escuela de la Polic\u00eda Provincia de Sumapaz.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.   La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso, a la \u00abfavorabilidad\u00bb, a la defensa, a la igualdad, a la \u00abprotecci\u00f3n de la mujer\u00bb, a la \u00abprotecci\u00f3n de la ni\u00f1ez\u00bb, a la seguridad social, al trabajo y a la \u00abmaternidad\u00bb, presuntamente conculcados por las entidades accionadas, al haber proferido con la resoluci\u00f3n  No. 000421 del 27 de octubre de 2016, en virtud de la cual fue retirada de la Direcci\u00f3n Nacional de Escuelas de la Polic\u00eda Nacional de Colombia \u2013Escuela de Polic\u00eda Provincia de Sumapaz \u201cIntendente Maritza Bonilla Ru\u00edz\u201d.  <\/span><\/p>\n

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       En consecuencia, solicita concretamente, que se ordene al Director General de la Polic\u00eda Nacional, revocar el referido acto administrativo (fl. 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de tal pretensi\u00f3n y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo fundamental, que despu\u00e9s de adelantar el proceso de selecci\u00f3n e incorporaci\u00f3n requerido para ingresar a la Polic\u00eda Nacional de Colombia, fue vinculada a la entidad como \u00abestudiante\u00bb, y, en la calidad de tal, dice, fue sancionada en dos oportunidades por haber incurrido en \u00abfaltas absolutamente leves\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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Advierte que en mayo del 2016, y tras hab\u00e9rsele practicado los ex\u00e1menes m\u00e9dicos de rutina, diagnostic\u00f3 que se encontraba en estado de embarazo, por lo que fue citada a diversas entrevistas con el Director de la Escuela, el psic\u00f3logo y el capell\u00e1n, quienes, afirma, ten\u00edan como misi\u00f3n \u00abhacerl[a] desistir (…) de seguir perteneciendo a la Instituci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, argumentando la responsabilidad que implica \u00abla crianza del hijo que est\u00e1 por nacer\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que posteriormente, y mientras se encontraba disfrutando del permiso que por su condici\u00f3n le otorg\u00f3 la referida Instituci\u00f3n, fue notificada de la Resoluci\u00f3n No. 00421 del 27 de octubre de 2016, mediante la cual \u00abfu[e] retirada como estudiante de la Direcci\u00f3n Nacional de Escuelas \u2013Escuela de Polic\u00eda Provincia de Sumapaz\u00bb, acto administrativo que se fundament\u00f3 en las sanciones disciplinarias que le hab\u00edan sido impuestas, ello sin tener en consideraci\u00f3n que \u00abcon tal determinaci\u00f3n se estaba afectando [su] futuro y el (\u2026) de [su] hijo que est\u00e1 por nacer\u00bb; as\u00ed pues, invocado la estabilidad reforzada de la que, asegura, es merecedora, acude a este mecanismo excepcional a fin de que se garanticen sus derechos fundamentales (fls. 1 a 6, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  La Directora de la Escuela de Polic\u00eda de la Provincia del Sumapaz, despu\u00e9s de pronunciarse respecto a los hechos y pretensiones en que se sustent\u00f3 el escrito de tutela, manifest\u00f3 que de ninguna manera se han violado los derechos fundamentales de la se\u00f1ora Brigith Mayerly Guill\u00e9n Calder\u00f3n, pues los actos administrativos por ella criticados, \u00abfueron soportados en normas vigentes revestidas de legalidad\u00bb; en este sentido indic\u00f3, que \u00abla decisi\u00f3n de p\u00e9rdida de la calidad de estudiante cumpli\u00f3 con los par\u00e1metros establecidos en el manual que rige a los mismos en periodo de formaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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b.   El Subdirector Nacional de Escuelas de la Polic\u00eda Nacional, inform\u00f3 que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla estudiante Brigith Mayerly Guill\u00e9n Calder\u00f3n voluntariamente decidi\u00f3 cursar el programa acad\u00e9mico t\u00e9cnico profesional en Servicio de Polic\u00eda como requisito previo para optar al grado de Patrullero (\u2026), constituy\u00e9ndose lo anterior, en una posibilidad de ingresar al escalaf\u00f3n policial; es decir, que al haberse superado el proceso de incorporaci\u00f3n y admisi\u00f3n adquiri\u00f3 solo la calidad de estudiante, generando con ello un v\u00ednculo acad\u00e9mico y no laboral respecto de la Instituci\u00f3n de Educaci\u00f3n Superior Policial, y al no existir una relaci\u00f3n laboral entre [ella] y la Polic\u00eda Nacional \u2013Direcci\u00f3n Nacional de Escuelas \u2013Escuela de Polic\u00eda Provincia de Sumapaz \u201cIntendente Maritza Bonilla Ruiz\u201d, no le son aplicables las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales por ella invocadas en cuanto al v\u00ednculo laboral se refiere\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente resalt\u00f3, que \u00abla accionante dispone de otro medio de control id\u00f3neo y legal primario para obtener el restablecimiento del derecho, como el denominado acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo\u00bb, por lo que no resulta procedente la acci\u00f3n de tutela para salvaguardar sus prerrogativas; y, aun cuando la interesada menciona que \u00abse le ha causado un da\u00f1o o perjuicio irremediable\u00bb con lo resuelto por la entidad, lo cierto es que no se encuentran demostrados los requisitos exigidos para la configuraci\u00f3n del mismo, esto es, \u00abla inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad\u00bb (fls. 87 a 91, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia, tras resaltar que las pretensiones de la se\u00f1ora Guill\u00e9n Calder\u00f3n se dirigen concretamente a cuestionar el acto administrativo en virtud del cual se dispuso su retiro de la Polic\u00eda Nacional de Colombia, ello tras haber sido \u00absancionada por cometer dos faltas disciplinarias que conllevaron a la suspensi\u00f3n de su calidad de estudiante\u00bb, advirti\u00f3 la improcedencia del amparo invocado, pues como bien es sabido, precis\u00f3, \u00abpara controvertir las decisiones emitidas dentro de un proceso sancionatorio o disciplinario, se debe acudir a las acciones ordinarias establecidas para tal fin, dado que los lineamientos consignados en la resoluci\u00f3n cuestionada, est\u00e1n cobijados por la presunci\u00f3n de legalidad, debi\u00e9ndose plantear el debate en el escenario judicial correspondiente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo resalt\u00f3, que \u00abno es posible predicar una desprotecci\u00f3n en materia de salud, dado que una vez revisada la base de datos \u00fanica de afiliaci\u00f3n al Sistema de Seguridad Social, se observa que la accionante se encuentra activa en Comparta EPSS, entidad que deber\u00e1 estar atenta a los requerimientos de salud de la gestante y de quien est\u00e1 por nacer\u00bb (fls. 117 a 120, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La gestora del resguardo impugn\u00f3 el anterior fallo, citando jurisprudencia en la que \u00abla protecci\u00f3n especial a la maternidad y al hijo que est\u00e1 por nacer\u00bb, han sido amparadas a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela (fls. 127 a 132, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.    <\/span><\/p>\n

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2.        Examinado el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n, se advierte que la peticionaria enfila su inconformidad puntualmente, contra la Resoluci\u00f3n No. 00421 del 27 de octubre de 2016, en virtud de la cual la Directora Nacional de Escuelas de la Polic\u00eda Nacional, resolvi\u00f3 \u00abRETIRAR de la [Instituci\u00f3n] a la estudiante BRIGITH MAYERLY GUILL\u00c9N CALDER\u00d3N (\u2026), perteneciente a la Escuela de Polic\u00eda Provincia de Sumapaz \u201cIntendente Maritza Bonilla Ru\u00edz\u201d\u00bb, ello con sustento en el Manual Acad\u00e9mico para Estudiantes de dicha dependencia (fl. 94, cdno. 1); pues, en su sentir, la motivaci\u00f3n esgrimida a trav\u00e9s de dicho acto administrativo es \u00abfalsa\u00bb y desconoce la estabilidad laboral reforzada que jurisprudencialmente se reconoce a la mujer embarazada.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, la Sala concluye de entrada que lo pretendido deviene improcedente, en virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario de este especial mecanismo de protecci\u00f3n, toda vez que la suplicante tiene a su disposici\u00f3n otro medio de defensa eficaz e id\u00f3neo a trav\u00e9s del cual puso o puede procurar ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que estima transgredidos con la decisi\u00f3n de retiro de la Escuela de la Polic\u00eda convocada, por cuanto tal decisi\u00f3n constituye un acto administrativo cuya legalidad puede ser demandada en acci\u00f3n nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que no resulta pertinente convertir esta v\u00eda en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, m\u00e1xime cuando ante la citada jurisdicci\u00f3n en el proceso correspondiente, y como medida cautelar \u2013art\u00edculo 229 y 230 Ib\u00eddem-, puede solicitar la suspensi\u00f3n provisional de la determinaci\u00f3n atacada, configur\u00e1ndose entonces la causal de improcedibilidad de la acci\u00f3n de tutela prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3.1.  En relaci\u00f3n con lo anteriormente expuesto, la Sala ha  explicado que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla tutela fue instituida como un instrumento extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, contra un acto administrativo, toda vez que su control de legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicci\u00f3n especial, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes, en cuyo tr\u00e1mite es viable solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de sus efectos, a fin de conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb (CSJ, 8  nov. 2012, rad. 00430-01, reiterada en CSJ, 12 mar. 2013, rad. 00016-01, STC15617-2014 y STC2388-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.  Ahora bien, de conformidad con los escritos en virtud de los cuales el Subdirector Nacional de Escuelas de la Polic\u00eda Nacional y la Directora de la Escuela de Polic\u00eda Provincia de Sumapaz \u201cIntendente Maritza Bonilla Ru\u00edz\u201d, dieron contestaci\u00f3n a la acci\u00f3n tutela (fls. 38 a 44 y 87 a 91, ib.), cabe resaltar que Brigith Mayerly \u00abdecidi\u00f3 cursar el programa acad\u00e9mico \u201cT\u00e9cnico Profesional en Servicio de Polic\u00eda\u201d como requisito previo para optar al grado de Patrullero de la Polic\u00eda Nacional, constituy\u00e9ndose lo anterior, en una posibilidad de ingresar al escalaf\u00f3n policial\u00bb, lo que indica, entonces, que \u00e9sta adquiri\u00f3 all\u00ed \u00fanicamente la calidad de estudiante, gener\u00e1ndose as\u00ed un v\u00ednculo acad\u00e9mico y no laboral respecto de la Instituci\u00f3n de Educaci\u00f3n Superior Policial; raz\u00f3n por la cual, contrario a lo por ella alegado, no resulta aplicable la estabilidad laboral reforzada a que considera tiene derecho, pues \u00e9sta es una protecci\u00f3n especial que se reconoce en aquellas ocasiones en las cuales se hace evidente una relaci\u00f3n laboral, la que, como previamente se aclar\u00f3, no existi\u00f3 en esta situaci\u00f3n en particular.  <\/span><\/p>\n

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4.1.  Respecto a la aplicaci\u00f3n de tal garant\u00eda, se ha pronunciado el M\u00e1ximo \u00d3rgano Constitucional en el sentido de indicar, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abProcede la protecci\u00f3n reforzada derivada de la maternidad, luego la adopci\u00f3n de medidas protectoras en caso de cesaci\u00f3n de la alternativa laboral, cuando se demuestre, sin alguna otra exigencia adicional: a) la existencia de una relaci\u00f3n laboral o de prestaci\u00f3n y, b) que la mujer se encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguiente al parto, en vigencia de dicha relaci\u00f3n laboral o de prestaci\u00f3n. De igual manera el alcance de la protecci\u00f3n se determinar\u00e1 seg\u00fan la modalidad de contrato y seg\u00fan si el empleador (o contratista) conoc\u00eda o no del estado de embarazo de la empleada al momento de la desvinculaci\u00f3n\u00bb (Negrillas fuera de texto) (SU070-2013).  <\/span><\/p>\n

5.   Finalmente se advierte, que aun cuando el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 establece que la tutela es improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa, salvo que aqu\u00e9lla se formule para evitar un perjuicio irremediable, lo cierto es que en el sub examine la accionante no prob\u00f3 un detrimento de tal magnitud que torne viable otorgar el presente reclamo, a\u00fan como mecanismo transitorio; m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, tal y como lo inform\u00f3 el a quo constitucional, al revisar la base de datos \u00fanica de afiliaci\u00f3n al Sistema de Seguridad Social, se observa que aqu\u00e9lla se encuentra activa en Comparta EPSS, entidad que tiene el deber de asumir todos los requerimientos de \u00e9sta en materia de salud, lo que garantiza entonces la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales y del ni\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el tema la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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