{"id":99477,"date":"2026-06-25T18:33:17","date_gmt":"2026-06-25T18:33:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2068-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:33:17","modified_gmt":"2026-06-25T18:33:17","slug":"stc2068-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2068-2017\/","title":{"rendered":"STC2068-2017"},"content":{"rendered":"

<\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2068-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-001-2016-00284-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de diciembre de 2016, proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Argenis Fern\u00e1ndez Romero contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, tramite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso a que alude el escrito de tutela.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada, en el marco del juicio ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer que en su contra y de Luis Alberto Villareal, promovi\u00f3 el se\u00f1or Eliberto S\u00e1nchez Rojas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicita entonces, que se \u00abdeclar[e] inv\u00e1lido [el] referido proceso\u00bb, y, en consecuencia, que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, \u00abreha[cerlo] desde el prove\u00eddo [que] admiti\u00f3 la demanda\u00bb (fl. 138, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Para respaldar su reparo, aduce en s\u00edntesis, que el 11 de marzo de 2011 el se\u00f1or Eliberto S\u00e1nchez Rojas promovi\u00f3 la ejecuci\u00f3n referida en l\u00edneas anteriores, con el fin de hacer demoler un muro de su posesi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual el Despacho convocado, a quien correspondi\u00f3 hacer el asunto, dict\u00f3 \u00abmandamiento de hacer\u00bb, con sustento en \u00abun documento que contiene una transacci\u00f3n (\u2026) inv[\u00e1lida] por faltar la firma de una de las partes, raz\u00f3n por la cual, [a su juicio], no pod\u00eda servir de t\u00edtulo ejecutivo por no reunir los requisitos de ley\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Advierte que para el momento en que se enter\u00f3 de la demanda, esto es, el 19 de agosto de la misma anualidad, ya hab\u00eda dado cumplimiento a la referida obligaci\u00f3n, por lo que puso a consideraci\u00f3n del Juzgado de conocimiento dicha situaci\u00f3n; empero \u00e9ste, dice, omitiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 500 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abirregularmente\u00bb orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por la suma de $50.000.000,oo \u00abque en la liquidaci\u00f3n se convirti[\u00f3] en noventa y tres millones ochocientos veinticuatro mil quinientos veintiocho pesos\u00bb; determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza, pues aun cuando su defensor interpuso el recurso de apelaci\u00f3n que resultaba procedente, lo cierto es que, actuando en su contra, \u00e9ste omiti\u00f3 sustentarlo, por lo que el mismo fue declarado desierto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene que con ocasi\u00f3n de lo anterior, confiri\u00f3 poder a otro profesional del derecho, quien solicit\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite mencionado, la que fue negada por el Despacho criticado, raz\u00f3n por la cual acude a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n (fls. 133 a 138, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tanto el Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal como los dem\u00e1s vinculados, omitieron pronunciarse respecto a los hechos y pretensiones en que se sustent\u00f3 el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada por ausencia del presupuesto de la inmediatez, tras advertir que las pretensiones de la se\u00f1ora Argenis Fern\u00e1ndez Romero se encuentran concretamente dirigidas a cuestionar diligencias adelantadas en el a\u00f1o 2011 dentro de la ejecuci\u00f3n anotada, esto es, el mandamiento ejecutivo y la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del circuito de la misma ciudad, ello \u00absin se\u00f1alar si quiera alguna raz\u00f3n por la cual oportunamente no hizo la correspondiente reclamaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Adicionalmente estim\u00f3, que aun cuando la accionante se dedica a cuestionar las actuaciones desplegadas por sus apoderados, lo cierto es que las mismas de manera alguna comprometen la responsabilidad de la administraci\u00f3n de justicia, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que \u00abson ellos a quienes voluntariamente [la misma] decidi\u00f3 confiar sus asuntos\u00bb; as\u00ed pues, estim\u00f3, que no se puede ahora pretender a trav\u00e9s de esta mecanismo v\u00eda subsanar la incuria, reviviendo etapas ya concluidas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Finalmente record\u00f3, que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, el tr\u00e1mite ejecutivo por esta v\u00eda cuestionado debe seguirse con apego a las reglas establecidas en ese Estatuto Procesal, tal y como en efecto lo dispuso el Juzgado de conocimiento aqu\u00ed endilgado (fls. 158 a 160, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La present\u00f3 la accionante, aduciendo, en suma, los mismos argumentos en que sustent\u00f3 el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que \u00abella est\u00e1 avocada a sufrir un perjuicio irremediable, pues el tr\u00e1mite del proceso [que censura] va inexorablemente hacia el remate de su vivienda, que ha sido embargada y secuestrada para el pago de los perjuicios de la mora\u00bb  (fl. 93, cdno. 1 y fls. 5 a 12, cdno.  Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

2.        En el caso sometido a examen, la accionante cuestiona todas las actuaciones judiciales desplegadas al interior de la ejecuci\u00f3n por obligaci\u00f3n de hacer que en su contra y de Luis Alberto Villarreal, promovi\u00f3 el se\u00f1or Eliberto S\u00e1nchez Rojas; pues, en su sentir, las mismas se encuentran viciadas por una serie de irregularidades que implican la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas ius fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.  Sin embargo, de los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, advierte la Sala la Improcedencia de la salvaguarda implorada, si se tiene en cuenta que est\u00e1 demostrado lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1.  El 20 de marzo de 2010, los se\u00f1ores Luis Roberto Villarreal Chaparro, Argenis Fern\u00e1ndez Romero y Eliberto S\u00e1nchez Rojas, celebraron contrato de transacci\u00f3n, oblig\u00e1ndose los primeros a efectuar la demolici\u00f3n de una construcci\u00f3n en favor del \u00faltimo (fl. 10, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2.  Ante el incumplimiento de tal acuerdo, el se\u00f1or S\u00e1nchez Rojas present\u00f3 demanda ejecutiva en contra de los all\u00ed obligados, la que correspondi\u00f3 conocer por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal, quien mediante providencia del 23 de febrero de 2011, resolvi\u00f3 \u00ablibrar mandamiento de hacer en contra de Luis Roberto Chaparro y Arcenis Fern\u00e1ndez Romero\u00bb (fls. 34 a 36, ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3.  El 24 de septiembre de 2012, dicha autoridad jurisdiccional profiri\u00f3 sentencia de primera instancia, teniendo por cumplida la obligaci\u00f3n de hacer, pero ordenando seguir la ejecuci\u00f3n \u00abpor la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) correspondientes a los perjuicios compensatorios y moratorios ocasionados\u00bb (fls. 72 a 74, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.4.  Inconforme con lo resuelto, la aqu\u00ed interesada a trav\u00e9s de su representante judicial, interpuso el recurso de apelaci\u00f3n que resultaba procedente, el que fue declarado desierto mediante providencia del 6 de febrero de 2014.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.5.  El 20 de octubre de 2016, al ser estudiada la nulidad propuesta por la accionante (fl. 113 a 115, Op. Cit.), el Despacho criticado resolvi\u00f3 declararla infundada, ello tras advertir, que \u00ablas irregularidades advertidas por la demandada (\u2026) ha[b\u00edan] sido convalidadas t\u00e1citamente por ella misma\u00bb (fl. 110, ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.  De este modo, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, no cabe duda que la protecci\u00f3n reclamada esta llamada al fracaso, pues, por un lado, las determinaciones en virtud de las cuales se libr\u00f3 orden de hacer en contra de la aqu\u00ed interesada y otro, y posteriormente se dict\u00f3 sentencia de primera instancia, teniendo por cumplida la obligaci\u00f3n de hacer objeto de la ejecuci\u00f3n, pero ordenando seguir adelante la misma \u00abpor la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) correspondientes a los perjuicios compensatorios y moratorios ocasionados\u00bb; y,  la que  declar\u00f3 desierta la alzada formulada por aqu\u00e9lla contra de la anterior decisi\u00f3n, datan del 23 de febrero de 2011, del 24 de septiembre de 2012 y del 6 de febrero de 2014, respectivamente, en tanto que la presente demanda se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 8 de noviembre de 2016 (fl. 138, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En este sentido se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues transcurri\u00f3 un tiempo significativo, sin que la interesada solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con las decisiones adoptadas dentro de la aludida controversia, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto, se itera, del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abAquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC506-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.  Por otro lado, y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, advierte la Sala que las cuestiones planteadas por la peticionaria resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, pues aun cuando \u00e9sta, a trav\u00e9s de su representante judicial,  interpuso recurso vertical frente el fallo dictado por el Juzgado convocado, lo cierto es que el mismo no fue sustentado, raz\u00f3n por la cual la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal lo declar\u00f3 desierto, lo que impone la improcedencia del amparo dado que dicho mecanismo de impugnaci\u00f3n estaba a su disposici\u00f3n para que pudiera debatir lo resuelto y aun as\u00ed injustificadamente los desestim\u00f3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC2193-2016 entre otras).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC2193-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.   Por \u00faltimo cabe precisar, que aunque tambi\u00e9n aqu\u00ed se duele la actora de no haber estado debidamente representada dentro del aludido proceso, lo que, a su juicio, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa, dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener lo pretendido, pues ese tema resulta ajeno a la \u00f3rbita de la tutela, en la medida que la inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal y como lo ha expuesto la Sala,   <\/span><\/p>\n

\u00abno conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas\u00bb (STC1897-2016, reiterado en STC5350-2016)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.  Por las razones anteriormente expuestas, tal y como se anunci\u00f3, se ratificar\u00e1 el fallo constitucional controvertido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC2068-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-001-2016-00284-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99477","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99477"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99477\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99477"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99477"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}