{"id":99478,"date":"2026-06-25T18:33:22","date_gmt":"2026-06-25T18:33:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2069-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:33:22","modified_gmt":"2026-06-25T18:33:22","slug":"stc2069-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2069-2017\/","title":{"rendered":"STC2069-2017"},"content":{"rendered":"

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STC2069-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01130-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 11 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de tutela acumuladas -2016\/1130-1132-1136-, promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, y la Procuradur\u00eda Delegada en Acciones Populares, tr\u00e1mite al que fue vincula la Alcald\u00eda de dicha ciudad, as\u00ed como la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la \u00abdebida\u00bb administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al rechazar las acciones populares radicadas bajo el consecutivo 2016-00507-00, 2016-00506-00 y 2016-00509-00.  <\/span><\/p>\n

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En virtud de ello, solicita entonces, que se ordene al Juzgado convocado, \u00abadmit[ir] nuevamente las A[cciones] Popular[es], sin que pueda exigir requisitos inexistentes\u00bb (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que pese a lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 y al precedente jurisprudencial \u00e9sta Corporaci\u00f3n, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira inadmiti\u00f3 y posteriormente rechaz\u00f3, la acci\u00f3n judicial referida en l\u00edneas anteriores, lo que, asegura, vulnera los derechos fundamentales invocados (fls. 1 y 2, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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a.        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda, remiti\u00f3 copia de las decisiones censuradas (fl. 13, Cit.)  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, \u00abtoda vez que, como se pudo constatar, el juzgado por sendos autos del 1\u00ba de diciembre decidi\u00f3 no dar tr\u00e1mite a los recursos interpuestos por el actor popular, los que fueron notificados por estados el d\u00eda siguiente; la acci\u00f3n de tutela fue interpuesta ese mismo d\u00eda -2 de diciembre-, esto es, cuando a\u00fan no transcurr\u00eda el t\u00e9rmino de ejecutoria de los mismos\u00bb (fls. 46 a 49, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante, se\u00f1alado similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fl. 50, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto, sin duda, la queja va dirigida contra los prove\u00eddos de 22 de noviembre de 2016, por medio de los cuales el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira dispuso \u00abRECHAZA[R]\u00bb las acciones populares que el quejoso promovi\u00f3 en contra del Audifarma S.A., pues en sentir de \u00e9ste, no estaba en la obligaci\u00f3n de brindar informaci\u00f3n adicional a la aportada en el escrito genitor, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, la Sala de cara a las inconformidades aducidas con respecto a la providencia citada, considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el peticionario resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro de la prenotada controversia el actor no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3.1.   En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues de acuerdo a las documentales adosadas y el informe del Juzgado convocado, la decisi\u00f3n reprochada no fue objeto del recurso ordinario previsto por el legislador, esto es, el de reposici\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, mecanismo de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, de forma que no le es dado acudir a esta acci\u00f3n constitucional, sin que se haya agotado el medio procesal contemplado en la ley, para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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3.2. As\u00ed, lo ha referido esta Corporaci\u00f3n en innumerables ocasiones, al sostener que cuando la parte interesada no propone oportunamente los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, \u00abqueda sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le fue adversa, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 2002-2302; reiterada en STC119-2016).  <\/span><\/p>\n

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En igual sentido esta Sala ha precisado de vieja data, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 de ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en STC310-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Conforme a lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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