{"id":99479,"date":"2026-06-25T18:33:24","date_gmt":"2026-06-25T18:33:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2071-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:33:24","modified_gmt":"2026-06-25T18:33:24","slug":"stc2071-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2071-2017\/","title":{"rendered":"STC2071-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2071-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01186-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad y a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no dar el impulso procesal requerido a las acciones populares radicadas bajo los n\u00fameros 2015-0224-00, 2015-0223-00 y 2015-0063-00.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, i) \u00abaplicar\u00bb a las citadas acciones p\u00fablicas los art\u00edculos 121 y 84 del C\u00f3digo General del Proceso y la Ley 472 de 1998, respectivamente; ii) que \u00abdemuestre cual ha sido el impulso oficioso\u00bb que les imprimi\u00f3; ,y finalmente, iii) que \u00abconsign[e] un listado completo de todas las (\u2026) que tramita actualmente\u00bb (fls. 2, 6, y 10, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la Ley 472 de 1998, el Despacho accionado no ha dado un \u00abIMPULSO OFICIOSO\u00bb a las acciones judiciales referidas en l\u00edneas anteriores, motivo por el cual acude a este mecanismo excepcional, en procura de obtener la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas (fls.1 y 2, 5 y 6, 9 y 10, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        El Titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia manifest\u00f3, que dentro de los tr\u00e1mites objeto de reproche no se ha quebrantado garant\u00eda superior alguna al gestor, pues ya se resolvi\u00f3 de fondo la acci\u00f3n popular instaurada por \u00e9ste contra  la sociedad Comfamiliar situada en La Virginia, y, en lo atinente a los cuestionamientos enfilados frente a las empresas Asmet Salud y Cafesalud, ambas ubicadas en el municipio de Balboa, las acciones han seguido su normal tr\u00e1mite procesal (fls. 17 y 18, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b).        La Procuradora Regional de Risaralda, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, luego de aclarar que la presunta vulneraci\u00f3n alegada por el promotor del amparo le es ajena a su competencia, pues su intervenci\u00f3n en este tipo asuntos \u00abest\u00e1 orientada a verificar (\u2026) la defensa de los derechos e intereses colectivos\u00bb en caso de suscribirse el correspondiente pacto de cumplimiento (fl. 26, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que contrario a lo descrito en la solicitud de amparo, dentro del tr\u00e1mite de las acciones p\u00fablicas cuestionadas no se vislumbran tardanzas \u00abantojadizas ni desproporcionadas\u00bb, ni actuaciones \u00abpendientes de resolver o etapas procesales suspendidas\u00bb, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que una de ellas ya tiene decisi\u00f3n de fondo, y que \u00abes de p\u00fablico conocimiento el alto c\u00famulo de [demandas] presentadas por el accionante antes esa autoridad judicial\u00bb; as\u00ed mismo, declar\u00f3 improcedente la salvaguarda reclamada frente a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas (fls. 50 a 52, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El actor impugn\u00f3 el anterior fallo, sin expresar sus motivos de inconformidad (fls. 58 y 59, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la inconformidad del actor de soporta concretamente, en el supuesto incumplimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, a los t\u00e9rminos perentorios previstos por el legislador dentro del tr\u00e1mite de las acciones populares radicadas bajo los n\u00fameros 2015-0224-00, 2015-0223-00 y 2015-0063-00, las cuales fueron por \u00e9ste promovidas en contra de la sede Comfamiliar situada en la citada localidad, y las sucursales de las empresas Cafesalud y Asmet Salud, ambas ubicadas en el municipio de Balboa; pues en su criterio, aunque dicho Despacho deb\u00eda darle un \u00abIMPULSO OFICIOSO\u00bb a las mismas, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998, \u00e9sto no ha ocurrido, transcurriendo un \u00abINMENSO LAPSO\u00bb sin que se adelante cualquier tipo de actuaci\u00f3n dentro de los asuntos, lo que implica el quebrantamiento de sus prerrogativas superiores.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo reclamado, toda vez que no se advierte que la autoridad convocada hubiese incurrido en la mora judicial endilgada por la falta de impulso procesal, tal y como pasa a verse:  <\/span><\/p>\n

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3.1.         T\u00e9ngase en cuenta que las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio, son aqu\u00e9llas que carecen de defensa, es decir, que sean el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico o negligente del funcionario, y no cuando obedecen a la ritualidad propia que debe agotarse.  <\/span><\/p>\n

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3.2.         No obstante, en el presente asunto no se advierte que el Despacho accionado hubiese incurrido en la falla alegada por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, comoquiera que ha dado el tr\u00e1mite correspondiente a los procesos criticados, al punto que el 14 de diciembre del a\u00f1o 2016, profiri\u00f3 sentencia de fondo respecto a la acci\u00f3n p\u00fablica con Rad. No. 2015-0063-00, presentada contra la sede Comfamiliar ubicada en La Virginia (fls. 19 a 22, cdno 1); de otra parte, en lo atinente a los cuestionamientos enfilados frente a la sucursal Cafesalud situada en el municipio de Balboa, con Rad. No. 2015-00223-00, se programaron por el Despacho atacado los d\u00edas 24 y 25 de los corrientes para practicar de las pruebas decretadas (testimonial decretada de oficio y la inspecci\u00f3n judicial) (fl. 23, ib\u00eddem); y, por \u00faltimo, respecto a la pretensiones del gestor dirigidas en contra de la sociedad Asmet Salud de la citada localidad con Rad. No. 2015-224-00, el pasado 13 de diciembre se declar\u00f3 clausurado el debate probatorio, corriendo entonces traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n (fl. 24, ejusdem); luego entonces, no hay razones para considerar la existencia de una dilaci\u00f3n injustificada al interior de los asuntos objeto de la presente queja constitucional, a diferencia de lo sostenido por el aqu\u00ed inconforme.  <\/span><\/p>\n

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\u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada en CSJ STC5341-2014 y STC292-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, en lo concerniente a la solicitud tendiente a que la Sede judicial convocada \u00abconsigne un listado completo de todas las acciones populares que tramita actualmente\u00bb, resulta pertinente aclarar que no est\u00e1 acreditado en el expediente constitucional que se haya elevado previamente tal petici\u00f3n ante ese funcionario, lo cual cierra la puerta para cualquier pronunciamiento sobre el particular en este especial tr\u00e1mite, de cara a la subsidiaridad y residualidad que lo caracterizan.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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