{"id":99480,"date":"2026-06-25T18:33:28","date_gmt":"2026-06-25T18:33:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2072-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:33:28","modified_gmt":"2026-06-25T18:33:28","slug":"stc2072-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2072-2017\/","title":{"rendered":"STC2072-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2072-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00003-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 19 de enero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por V\u00edctor Manuel Trivi\u00f1o Pulido contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n iniciada por el aqu\u00ed actor frente al Colegio Biling\u00fce P\u00edo XII.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional acusada.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como fundamento de su queja, sostiene que impuls\u00f3 el juicio censurado desde el 2009, empero a\u00fan no ha obtenido el pago de la obligaci\u00f3n objeto de recaudo.  <\/span><\/p>\n

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Relata que a pesar de celebrarse el remate y aprobarse el mismo el 15 de marzo de 2016, determinaci\u00f3n no recurrida por los extremos procesales, la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, elaborada varias veces conforme a lo dispuesto por el juzgado, no ha sido aceptada.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que se ofici\u00f3 a la DIAN para establecer las deudas fiscales del predio y aunque el adjudicatario de \u00e9ste cancel\u00f3 los impuestos, el querellante no ha logrado la satisfacci\u00f3n de su acreencia ni la entrega de los t\u00edtulos demandada por \u00e9l en m\u00faltiples oportunidades (fls. 3 y 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, en concreto, avalar la liquidaci\u00f3n del pr\u00e9stamo allegada por el gestor y suministrarle los dineros consignados a \u00f3rdenes del despacho (fl. 4, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

1. Respuesta del accionado    <\/span><\/p>\n

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La titular del estrado atacado se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, por cuanto no ha lesionado las prerrogativas del querellante.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 que luego de emitir los oficios respectivos, la Alcald\u00eda de Mosquera comunic\u00f3 la existencia de obligaciones tributarias en cabeza del Colegio Biling\u00fce P\u00edo XII; asimismo, la DIAN reclam\u00f3 la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos; y, a su turno, la Unidad de Pensiones y Parafiscales, \u201c(\u2026) puso de presente un cobro administrativo coactivo (\u2026), en el que fuera decretado el embargo de remanentes sobre los bienes del (\u2026) demandado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por lo descrito, en auto de 31 de octubre de 2016, le se\u00f1al\u00f3 a los acreedores lo relacionado con la prevalencia de las deudas y requiri\u00f3 de nuevo a los entes mencionados para determinar el monto de lo adeudado.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que el 18 de noviembre siguiente la DIAN denunci\u00f3 una deuda fiscal por $128.827.000 y el 15 de diciembre de ese a\u00f1o, la Alcald\u00eda de Mosquera report\u00f3 otra por $342.443.000.  <\/span><\/p>\n

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Acot\u00f3 que el reclamo del gestor es inoportuno, porque a\u00fan no est\u00e1 claro lo adeudado a los entes estatales enunciados, adem\u00e1s, deber\u00e1 emitirse una providencia donde se garantice el pago a los acreedores con mejor derecho (fls. 15 y 16, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal desestim\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por no hallar arbitrariedad en la gesti\u00f3n de la funcionaria convocada, por cuanto \u00e9sta ha actuado conforme al inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso porque \u201c(\u2026) como (\u2026) existen cr\u00e9ditos de primera clase, ante la DIAN y el municipio de Mosquera, debe llevarse a cabo la respectiva distribuci\u00f3n entre todos los acreedores, seg\u00fan dicha prelaci\u00f3n o privilegio (\u2026)\u201d (fls. 51 al 54, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El quejoso impugn\u00f3 insistiendo en la mora del juzgado, pues las entidades a las cuales ofici\u00f3  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) ya enviaron comunicaci\u00f3n (\u2026) informando el dinero que adeuda el DEMANDADO (\u2026); la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito de la demanda principal y las acumuladas se encuentra en firme (\u2026); no (\u2026) [hay] actuaciones pendientes (\u2026); [y] han transcurrido 16 meses, y no [se] han entregado los t\u00edtulos, y durante todo [ese] tiempo el dinero n[o] genera inter\u00e9s (\u2026)\u201d (fls. 73 y 74, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se observa que el petente ataca, particularmente, la supuesta tardanza de la funcionaria enjuiciada en relaci\u00f3n con la entrega de t\u00edtulos para el pago de la acreencia cobrada por \u00e9l en el compulsivo confutado.  <\/span><\/p>\n

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2.        Sobre la demora en las actuaciones jurisdiccionales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado:  <\/span><\/p>\n

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       \u201cAsimismo, ha expuesto que:  <\/span><\/p>\n

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\u201c[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso.  Se insiste, la   protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 sep. 2008, rad. 01138-00; reiterado, entre otros pronunciamientos, en CSJ STC, 25 feb. 2013, rad. 00003-01) (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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3.        Examinadas las copias adosadas a esta tramitaci\u00f3n, se constata la inviabilidad del amparo, por cuanto la autoridad judicial querellada no ha incurrido en la negligencia imputada.  <\/span><\/p>\n

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Como esa misma funcionaria lo adujo en esta sede, ofici\u00f3 a la DIAN y a otras entidades para establecer las deudas del extremo pasivo, conforme lo impone el art\u00edculo 630 del Estatuto Tributario, y al recibir las respuestas, exhort\u00f3 de nuevo a ese ente y a la Alcald\u00eda Municipal de Mosquera para determinar el valor puntual de sus acreencias. La primera entidad contest\u00f3 el 18 de noviembre de 2016 y, la segunda, hasta el 15 de diciembre siguiente, seg\u00fan el informe de la juez accionada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, no se observa excesivo ni caprichoso el tiempo transcurrido desde esa \u00faltima fecha referida para que la funcionaria denunciada, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 465 del C\u00f3digo General del Proceso, determine la prelaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos a cargo de la pasiva, gesti\u00f3n a surtir de acuerdo con lo ocurrido en el asunto.  <\/span><\/p>\n

Por tanto, esta salvaguarda no puede salir avante, dado que, conforme al criterio decantado de esta Corte, las situaciones de dilaci\u00f3n que abren paso a este excepcional mecanismo deben carecer de defensa, es decir, ser el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico del juzgado, lo cual no se vislumbra en este caso.  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 5 de mayo de 2015, exp. 23001-22-14-000-2014-00203-02.      <\/span><\/p>\n

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