{"id":99481,"date":"2026-06-25T18:33:30","date_gmt":"2026-06-25T18:33:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2073-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:33:30","modified_gmt":"2026-06-25T18:33:30","slug":"stc2073-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2073-2017\/","title":{"rendered":"STC2073-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2073-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01558-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 14 de septiembre de 2016, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jorge Antonio P\u00e9rez Eslava contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, la Unidad de Fiscal\u00edas de Justicia y Paz de Bucaramanga, la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas Especializadas de DH y DIH, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Comisi\u00f3n de Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y de petici\u00f3n, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, con ocasi\u00f3n del proceso transicional de justicia y paz que se adelanta ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene a los entes atacados, lo siguiente i) \u00abla macrofolizaci\u00f3n y microfolizaci\u00f3n, lo correspondiente en el Departamento de Arauca, Urab\u00e1 Antioque\u00f1o\u00bb; ii) \u00abel pago de las tractomulas junto con el lucro cesante dejado de percibir, m\u00e1s los perjuicios que [le] crearon\u00bb; iii) \u00abque se tomen las medidas correspondientes dado a su no transparencia (\u2026) ante los cuestionamientos del ex presidente \u00c1lvaro Uribe\u00bb; iv) \u00abque decrete la revocatoria de lo actuado por la Magistrada Margarita Cabello Blanco\u00bb;  y, que v) \u00abse decrete el impedimento del Juez 12 Civil del Circuito de Barranquilla Sigifredo Navarro Bernal a cualquier actuaci\u00f3n en el concordato, dado su no transparencia de igual forma decretar la revocatoria de todo lo actuado por este juez en raz\u00f3n a lo ya expuesto\u00bb (fls. 6 y 7 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales aspiraciones, aduce en s\u00edntesis, que el 15 de febrero de 2016 y en calidad de \u00abv\u00edctima del conflicto armado\u00bb, elev\u00f3 solicitud ante la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras con el prop\u00f3sito que se ordenara la \u00abmacro focolizaci\u00f3n y micro focolizaci\u00f3n\u00bb de los predios que pretende le restituyan en el Departamento de Arauca; no obstante, afirma, esa solicitud fue desestimada en respuesta del 28 de marzo siguiente, la cual, en su opini\u00f3n, vulnera la garant\u00eda de petici\u00f3n, toda vez que la falta de entrega de sus bienes le ocasiona un \u00abperjuicio de car\u00e1cter irremediable\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otro lado, sostiene que present\u00f3 denuncia penal contra el ex expresidente \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez ante la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas Especializada de DH y DIH, la que fue remitida a la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes; empero, este \u00faltimo ente no ha adelantado con celeridad la investigaci\u00f3n pertinente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se\u00f1ala que alegando su condici\u00f3n de \u00abv\u00edctima del conflicto armado\u00bb, promovi\u00f3 proceso transicional ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el cual pretende el restablecimiento de sus derechos y de los da\u00f1os acaecidos con la p\u00e9rdida de sus bienes, asunto que a\u00fan no ha sido resuelto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, expresa que ante el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, se tramita un juicio de \u00abconcordato\u00bb en el que no se tuvo en cuenta la falta de recursos econ\u00f3micos para decretar el amparo de pobreza en dicha causa, situaci\u00f3n que, en su sentir, est\u00e1 enmarcada dentro del punible de \u00abprevaricato\u00bb y que fue \u00abavalada\u00bb en su momento por la Magistrada Margarita Cabello Blanco cuando laboraba en la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la ciudad referida (fls. 1 a 8, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a. La Directora de la Unidad Nacional Especializada de DH y DIH aleg\u00f3, que remiti\u00f3 la denuncia penal formulada por el actor contra el ex presidente \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez a la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes mediante oficio de 29 de julio de 2016. De otro lado, manifest\u00f3 que el accionante \u00abha radicado de manera desmedida diferentes derechos de petici\u00f3n y solicitudes en los que se hacen se\u00f1alamientos a un sinn\u00famero de servidores p\u00fablicos, as\u00ed como tambi\u00e9n pone en conocimiento m\u00faltiples hechos de manera confusa y reiterada. Situaci\u00f3n \u00e9sta, que genera gran congesti\u00f3n y desgaste de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb  (fls. 49 y 50, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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a. A su turno, la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes argument\u00f3, que mediante Resoluci\u00f3n 207 de 2016, la Mesa Directiva design\u00f3 como Representante investigadora a Ang\u00e9lica Lozano Correa, \u00abquien mediante auto de 21 de abril de 2016 avoc\u00f3 conocimiento y orden\u00f3 entre otros, la ratificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la queja comisionando para el efecto a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, diligencia llevada a cabo el 8 de junio de 2016\u00bb  (fls. 72 y 73 ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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a. Por su parte, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta capital, denegar el amparo invocado por el accionante, toda vez que ha adelantado el proceso transicional seguido contra Iv\u00e1n Roberto Duque Gaviria y 280 postulados m\u00e1s, conforme a la normatividad vigente, y actualmente se encuentra pendiente por adelantar el incidente de reparaci\u00f3n integral previsto en el art\u00edculo 23 de la Ley 975 de 2005 (fls. 90 a 92, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, luego de advertir que:  <\/span><\/p>\n

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       \u00ab[D]el material probatorio obrante en la actuaci\u00f3n, se tiene que el actor present\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante [la Unidad Nacional de Restituci\u00f3n de Tierras] el 15 de febrero de 2016, con la finalidad de lograr la realizaci\u00f3n de los citados procedimientos administrativos de focalizaci\u00f3n para la definici\u00f3n de las \u00e1reas geogr\u00e1ficas en el proceso de restituci\u00f3n de tierras que pretende.  <\/span><\/p>\n

       (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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       La petici\u00f3n que present\u00f3 Jorge Antonio P\u00e9rez Eslava obtuvo una debida respuesta, enterada al actor, quien incluso aport\u00f3 copia de la misma en los anexos de la demanda, independientemente de la satisfacci\u00f3n o no de sus expectativas, porque la inconformidad sustancial que pregona el demandante es un aspecto que escapa de la \u00f3rbita del juez constitucional, quien no puede entrometerse en las decisiones administrativas que se adopten por las autoridades correspondientes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       De otro lado, estim\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abNo aprecia la Sala una arbitrariedad y menos la dilaci\u00f3n del tr\u00e1mite, con la decisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda de haber remitido la queja del actor a la Corporaci\u00f3n competente en donde se adelanta el proceso No. 4584 en raz\u00f3n de esos hechos denunciados por P\u00c9REZ ESLAVA, menos cuando se advierte que han sido dispuestos varios actos investigativos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obra alg\u00fan elemento demostrativo de la vulneraci\u00f3n alegada por el actor, quien simplemente se encuentra inconforme con las determinaciones all\u00ed adoptadas, dejando de lado que en calidad de denunciante, bien puede acudir a tal diligenciamiento, para el logro de las pretensiones que aqu\u00ed debate, no siendo la acci\u00f3n de tutela un medio de defensa judicial alternativo o paralelo para promover debates propios del juez natural, desquiciando el car\u00e1cter subsidiario de esta acci\u00f3n constitucional, lo cual la trona improcedente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, el juez constitucional de primera instancia consider\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l proceso al cual se refiere el actor se encuentra en curso, pues tal y como lo revela la actuaci\u00f3n se  encuentra en la etapa procesal de que trata el art\u00edculo 23 de la Ley 975 de 2004, esto es, para culminar con el incidente de reparaci\u00f3n integral, cuya audiencia est\u00e1 fijada para los d\u00edas 3 y 4 de octubre de 2016, como lo inform\u00f3 el Tribunal accionado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por por tanto, se insiste, ser\u00e1 en ese proceso donde le demandante deber\u00e1 propender por el reconocimiento de sus derechos de manera definitiva, sin que pueda el juez de tutela adelantarse a resolver litigios propios del juez natural, menos cuando se trata del logro de una indemnizaci\u00f3n que por reparaci\u00f3n pretende la v\u00edctima del asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asumir una postura como la pretendida, implicar\u00eda desconocer y pretermitir las decisiones que en ejercicio de su competencia emiten los funcionarios judiciales en el tr\u00e1mite de los procesos adelantados conforme al procedimiento previsto para el caso concreto en la Ley 975 de 2005\u00bb (fls. 125 a 141 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 168, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En este caso, son varios los reparos que el actor enfila contra las autoridades accionadas; en primer lugar, i) cuestiona la respuesta dada por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras de Norte de Santander a la petici\u00f3n que le formul\u00f3 el 15 de febrero de 2016; de otro lado, ii) se duele por la supuesta demora en el tr\u00e1mite de la denuncia penal que instaur\u00f3 contra el ex expresidente \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez; iii) tambi\u00e9n reprocha, que a\u00fan no se han restablecido sus derechos como v\u00edctima, en el proceso transicional seguido frente a Iv\u00e1n Roberto Duque Gaviria y 280 postulados m\u00e1s ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; y, finalmente, se queja iv) porque el titular del Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla y la magistrada Margarita Cabello Blanco, incurrieron presuntamente en el delito de prevaricato con ocasi\u00f3n del juicio de \u00abconcordato\u00bb que se adelanta en aquel Despacho judicial.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Visto lo anterior, para la Sala la solicitud de protecci\u00f3n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, a los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) la de obtener una respuesta pronta, adecuada y congruente con la cuesti\u00f3n planteada.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el alcance de la salvaguarda mencionada, la jurisprudencia constitucional ha precisado que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(i) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado\u00bb (subraya la Sala, CC T-1130\/08).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el sub examine, el accionante cuestiona la respuesta dada por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras de Norte de Santander a la solicitud que le elev\u00f3 el 15 de febrero de 2016; sin embargo, para la Corte es inexistente la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda de petici\u00f3n, si en cuenta se tiene que los documentos obrantes en el expediente de tutela permiten verificar lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En escrito presentado en la data preanotada, Jorge Antonio P\u00e9rez Eslava pidi\u00f3 a la referida entidad la realizaci\u00f3n de los procedimientos administrativos de \u00abfocalizaci\u00f3n\u00bb para la definici\u00f3n de las \u00e1reas geogr\u00e1ficas en el proceso de restituci\u00f3n de tierras que pretende (fl. 9, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En respuesta del 28 de marzo de ese mismo a\u00f1o, la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras de Norte de Santander le inform\u00f3 al gestor lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abAl respecto informamos que realizada la consulta en el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, con fecha 14 de marzo de 2016, siendo las 3:00 p.m., se encontr\u00f3 registro de solicitud de inscripci\u00f3n a su nombre se\u00f1or JORGE ANTONIO P\u00c9REZ ESLAVA, de la siguiente manera:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ID  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

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DENOMINADO  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

MUNICIPIO  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

DEPARTAMENTO  <\/span><\/p>\n

143957  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

13-05-2014  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

BETANIA  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

TAME  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

ARAUCA  <\/span><\/p>\n

143500  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

06-05-2014  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

TIERRA SECA  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

SARAVENA  <\/span>        <\/span>    <\/span><\/p>\n

ARAUCA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, los anteriores predios objeto de solicitudes, se encuentran en una zona no macro y micro focalizada, por lo tanto no reporta actuaci\u00f3n alguna dentro del tr\u00e1mite administrativo a la luz de la Ley 1448 de 2011.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, pues por lo pronto la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras debe esperar a que la zona est\u00e9 marco focalizada por el Consejo de Seguridad Ciudadana, para as\u00ed evaluar la subsiguiente micro focalizaci\u00f3n y la consecuente intervenci\u00f3n espec\u00edfica en el terreno, para que esta Unidad pueda realizar la respectiva actuaci\u00f3n, en el marco de la etapa administrativa de los procedimientos de restituci\u00f3n de la Ley 1448, respecto de la solicitud de registro realizada por usted.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 2.15.1.3.3. del Decreto 1071 de 2015 dispone que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas adelantar\u00e1 las diligencias necesarias para obtener los elementos que le permitan satisfacer adecuadamente los objetivos de an\u00e1lisis previo, antes acometer el estudio individual de cada solicitud, para la inclusi\u00f3n de un predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente\u00bb (fls. 11 a 13, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo esa perspectiva, tal y como se anunci\u00f3 desde un comienzo, en este asunto no fue conculcada la garant\u00eda de petici\u00f3n, toda vez que la Unidad de Restituci\u00f3n criticada s\u00ed contest\u00f3 de manera completa y congruente la solicitud formulada por el accionante, en el sentido de informarle que los procesos de \u00abmacro y micro focalizaci\u00f3n\u00bb se adelantan ante el Consejo de Seguridad Nacional, previamente a intervenir en los terrenos a restituir, sin que el mismo se haya efectuado, por lo que el actor deb\u00eda esperar el agotamiento de esos procedimientos administrativos para el logro de sus pretensiones.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. De otro lado, en cuanto a la supuesta demora en el curso de la denuncia penal que el accionante present\u00f3 en contra del ex presidente de la Rep\u00fablica \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, no encuentra la Sala un comportamiento arbitrario o ap\u00e1tico por parte de la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas Especializada de DH y DIH y la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes, lo que de plano descarta el presunto quebrantamiento aqu\u00ed alegado. A ese respecto, cabe se\u00f1alar la demora atribuida a dichas autoridades se encuentra justificada, puesto que, tal y como lo informaron, una vez la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas Especializada de DH y DIH tuvo conocimiento de los supuestos hechos delictivos denunciados por el promotor remiti\u00f3 el escrito respectivo a la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n y Acusaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Representantes para lo de su cargo, entidad que mediante Resoluci\u00f3n 207 de 2016, design\u00f3 como Representante investigadora a Ang\u00e9lica Lozano Correa, \u00abquien mediante auto de 21 de abril de 2016 avoc\u00f3 conocimiento y orden\u00f3 entre otros, la ratificaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la queja comisionando para el efecto a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, diligencia llevada a cabo el 8 de junio de 2016\u00bb. Entonces, contrario a lo afirmado por el accionante, se advierte que han dispuesto varios actos investigativos dentro de la indagaci\u00f3n de los hechos denunciados por aqu\u00e9l, lo cual descarta la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda al debido proceso.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido, la Corte ha dicho que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ. STC, 19 sep. 2008, rad. 2008-01138-00; criterio reiterado en STC, 21 mar. 2013, rad. 2013-00038-01; STC3501-2014, 20 mar. 2014, rad. 2014-00028-01; STC10755-2015 y STC1891-2016).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1. Ahora bien, el gestor reprocha que a\u00fan no se ha restablecido sus derechos como v\u00edctima en el proceso transicional seguido frente a Iv\u00e1n Roberto Duque Gaviria y 280 postulados m\u00e1s, tr\u00e1mite que cursa ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; empero, la Corte aprecia que dicho asunto est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n, pues tal y como lo inform\u00f3 esa autoridad judicial, el adelantamiento del incidente de reparaci\u00f3n integral \u00abculmin\u00f3 el pasado 26 de enero de 2017, por lo que se encuentra en proceso de sustanciaci\u00f3n para resolver el universo de peticiones de aproximadamente 6000 v\u00edctimas, entre otros temas que integran la decisi\u00f3n final\u00bb (fl. 26 cdno. Corte).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la anterior circunstancia demarca, iterase, la improsperidad de la demanda de tutela, al encontrarse pendiente de decisi\u00f3n otra herramienta de salvaguarda a la cual acudi\u00f3 el accionante oportunamente para obtener lo pretendido con la presente demanda de tutela, sin que el juez constitucional pueda arrebatar competencias ajenas para pronunciarse sobre un asunto que a\u00fan est\u00e1 siendo motivo de debate y no ha cobrado firmeza, de donde se sigue que la solicitud de amparo se torna prematura y, por disposici\u00f3n del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, su suerte no podr\u00eda ser m\u00e1s que desfavorable.  <\/span><\/p>\n

A prop\u00f3sito de lo anterior, la Corte ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00 reiterada en STC7219-2015 y STC12956-2016).  <\/span><\/p>\n

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1. Y por \u00faltimo, si Jorge Antonio P\u00e9rez Eslava considera que el titular del Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla y la Magistrada Margarita Cabello Blanco incurrieron en alguna posible conducta penal, tiene la posibilidad de acudir ante las autoridades competentes con el prop\u00f3sito de formular las respectivas denuncias, \u00abnaturalmente que asumiendo las consecuencias que de su comportamiento se deriven\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2013, Rad. 00037-01; reiterada entre otras en STC5544-2015 y STC730-2016), pues ha sido criterio de esta Corporaci\u00f3n que \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones (\u2026), sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 17 feb. 2010, Rad. 00449-01; CSJ STC 16 mar. 2012, Rad. 00037-01; STC5544-2015; y STC730-2016 entre otras).    <\/span><\/p>\n

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1. Por las razones anteriormente expuestas, se ratificar\u00e1 el fallo constitucional controvertido.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC2073-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01558-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)   Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99481","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99481"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99481\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}