{"id":99482,"date":"2026-06-25T18:33:33","date_gmt":"2026-06-25T18:33:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2074-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:33:33","modified_gmt":"2026-06-25T18:33:33","slug":"stc2074-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2074-2017\/","title":{"rendered":"STC2074-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2074-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01172-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00aba las garant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al decretar la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-0343-00.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, decretar \u00abla Nulidad del auto\u00bb que finiquit\u00f3 la referida acci\u00f3n p\u00fablica, y, que se vincule a la presente actuaci\u00f3n a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, y al Delgado para Asuntos Civiles del mismo ente (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la ley 472 de 1998, el Despacho convocado decret\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, la culminaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional referido en l\u00edneas anteriores, raz\u00f3n por la cual, teniendo en consideraci\u00f3n que se trata de una \u00abfigura INEXISTENTE\u00bb en la aludida norma, interpuso recurso de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n contra lo resuelto, siendo el primero desatado de manera adversa a sus intereses, y el segundo negado por improcedente, motivo por el cual acude a este mecanismo especial de resguardo (fls. 1 y 2, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira por intermedio de apoderado judicial, se\u00f1al\u00f3 que carece de legitimidad en la causa por pasiva para pronunciarse, pues ese ente territorial \u00abno tiene injerencia alguna en las providencias emanadas de los despachos judiciales\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando el promotor no acredit\u00f3 \u00abla interposici\u00f3n de recursos manifestando los reparos realizados frente al auto\u00bb objeto de reproche (fls. 16 y 17, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b).        El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir copia de las actuaciones desplegadas en el marco del proceso censurado (fl.25, ib.).  <\/span><\/p>\n

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c).        El Procurador Judicial II-10 Delegado para Asuntos Civiles, solicit\u00f3 conceder salvaguarda rogada, tras manifestar que el desistimiento t\u00e1cito es \u00abcontrario a la naturaleza de la acci\u00f3n popular\u00bb, y, que el juez de conocimiento no tiene permitido \u00abreprochar al demandante su inactividad\u00bb (fls. 32 a 36, Cit.)  <\/span><\/p>\n

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d).        El Representante Legal Suplente del Banco Davivienda S.A., puso de presente que el \u00abaccionante trata de excusar [su] descuido y falta de impulso dentro del proceso aludido\u00bb, toda vez que en \u00e9ste \u00abse sigui\u00f3 (\u2026) la normatividad vigente, sin que se vislumbre actuaci\u00f3n dilatoria por parte del juzgado accionado\u00bb (fls, 40 y 41, ib.).  <\/span><\/p>\n

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e).        El Personero Municipal (E) de la preanotada urbe, y la Procuradora Regional de Risaralda, coincidieron en indicar, aunque en escritos separados, que carecen de competencia para pronunciarse frente a lo pedido, pues el impulso de la acci\u00f3n constitucional criticada es responsabilidad del juzgador, mientras que sus funciones en asuntos de esta estirpe se circunscriben a verificar la defensa de las prerrogativas colectivas invocadas (fls. 47 a 49, y 55 ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que contrario a lo expuesto por el promotor del amparo, la decisi\u00f3n reprochada no se advierte arbitraria ni antojadiza, pues es evidente que fue proferida con base en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, y \u00abrefiere un inter\u00e9s en la jueza de conocimiento de agotar el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular con celeridad y eficacia, que nunca pudo lograr producto de la renuencia del actor\u00bb; as\u00ed mismo, neg\u00f3 el amparo solicitado respecto al Banco Davivienda S.A., por inexistencia de la vulneraci\u00f3n, y, frente a los dem\u00e1s vinculados, por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva (fls. 63 a 66, ib).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El gestor impugn\u00f3 el anterior fallo, expresando argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela (fl. 75, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor radica, puntualmente, frente al prove\u00eddo del 30 de septiembre de 2016, mediante el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-0343-00, la cual fue promovida por aqu\u00e9l en contra de la sucursal del Banco Davivienda ubicada en la \u00abcarrera 7 A No. 23-04\u00bb de la misma ciudad; (fls. 27 y 28, cdno. 1); y, contra el auto emitido el d\u00eda 26 de octubre siguiente, que mantuvo en reposici\u00f3n la anterior determinaci\u00f3n, y neg\u00f3 por improcedente el recurso subsidiario interpuesto (fls. 30 y 31, ib\u00eddem); pues, en su sentir, la mentada figura procesal no resulta aplicable a dicha clase de asuntos.  <\/span><\/p>\n

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3.        No obstante, es del caso se\u00f1alar, que examinadas las determinaciones citadas, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se encuentra que carecen de arbitrariedad, pues fueron el resultado de la hermen\u00e9utica que resultaba aplicable al asunto objeto de examen, lo que hace que no puedan calificarse de antojadizas o caprichosas.  <\/span><\/p>\n

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3.1.   Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que el estrado judicial atacado al declarar la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular por el desistimiento t\u00e1cito del demandante, se fund\u00f3 en un entendimiento atendible de las normas que regentan la materia, en especial, del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que descarta la configuraci\u00f3n de causal de procedencia del amparo; luego entonces, si el Juzgado acusado opt\u00f3 por finiquitar el tr\u00e1mite constitucional censurado como consecuencia de la inactividad procesal del aqu\u00ed inconforme, ello es fruto de un razonamiento que no reviste arbitrariedad, ni puede ser catalogado como un desacierto que afecte el derecho al debido proceso del actor, sino m\u00e1s bien la interpretaci\u00f3n plausible de la procedencia de la figura procesal aludida a la luz de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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3.2.   En un asunto de perfiles semejantes esta Corte estim\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abSin perjuicio de lo anterior, el auto cuestionado por el que se dispuso la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular no constituye una v\u00eda de hecho, ya que lejos de ser arbitrario o abusivo, se fundament\u00f3 en la negligencia del actor en impulsarla, cit\u00e1ndose para el efecto el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone  <\/span><\/p>\n

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\u201cCuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado\u2026Vencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas\u201d\u00bb (ver entre otras, en STC7664-2014, reiterada en CSJ STC845-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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