{"id":99483,"date":"2026-06-25T18:33:38","date_gmt":"2026-06-25T18:33:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2075-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:33:38","modified_gmt":"2026-06-25T18:33:38","slug":"stc2075-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2075-2017\/","title":{"rendered":"STC2075-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2075-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01297-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 19 de enero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de tal ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Alcald\u00eda Municipal de esa localidad, a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular impulsada por el aqu\u00ed actor frente al Banco Davivienda.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El quejoso exige la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionadas por la autoridad jurisdiccional denunciada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, expone que el juzgado denunciado  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [S]e niega a aplicar el art. 84 de la Ley 472 de 1998 y (\u2026) [el] 121 del C.G.P., pese a que es muy garantista para decretar el desistimiento t\u00e1cito (\u2026)\u201d (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Pide, en concreto, imponerle al atacado observar las normas citadas y ordenar \u201c(\u2026) pruebas de oficio en la a[cci\u00f3n] popular a control f\u00edsico del Mpio. de Pereira (sic)\u201d (fls. 1 y 2, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado y vinculados    <\/span><\/p>\n

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a)        El juzgador acusado remiti\u00f3 copias del proceso censurado.  <\/span><\/p>\n

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b)        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira manifest\u00f3 no constarle los hechos referidos por el reclamante, por lo cual aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva (fls. 37 y 38, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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c)        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda afirm\u00f3 que los reproches aducidos por el promotor son ajenos a sus facultades, pues su intervenci\u00f3n en los juicios \u201c(\u2026) est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026)\u201d en el respectivo pacto de cumplimiento (fl. 46, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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d)        La Defensor\u00eda del Pueblo guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal desestim\u00f3 el amparo peticionado por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el gestor no exigi\u00f3 la observancia del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso; asimismo, destac\u00f3 que el petente omiti\u00f3 recurrir en reposici\u00f3n el prove\u00eddo de 13 de diciembre de 2016, con el cual se decret\u00f3 de oficio un dictamen pericial a cargo del Banco Davivienda para determinar si el cajero objeto de la acci\u00f3n de amparo \u201c(\u2026) es apto para ser usado por personas ciegas, sordas, sordo-ciegas e hipoac\u00fasticas (\u2026)\u201d. Adicionalmente, asever\u00f3 no hallar mora en la tramitaci\u00f3n cuestionada (fls. 35 y 36, cdno. 1).          <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El tutelante impugn\u00f3 reiterando la falta de impulso del juicio denunciado (fl. 71, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        El reclamante censura (i) la ausencia de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 84 de la Ley 472 de 1998 y 121 del C\u00f3digo General del Proceso; y (ii) la omisi\u00f3n en imponerle al Municipio de Pereira la elaboraci\u00f3n de un peritaje respecto del cajero materia de la acci\u00f3n popular reprochada.  <\/span><\/p>\n

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2.        Sobre el primer motivo de reparo se destaca el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, pues, de un lado, si el tutelante pretende el acatamiento del canon 84 enunciado, el cual consagra lo siguiente: \u201c(\u2026) Plazos Perentorios e Improrrogables. La inobservancia de los t\u00e9rminos procesales establecidos en esta Ley, har\u00e1 incurrir al Juez en causal de mala conducta, sancionables con destituci\u00f3n del cargo (\u2026)\u201d, debe acudir ante las autoridades disciplinarias correspondientes y plantear las circunstancias que, en su criterio, generan la adopci\u00f3n de medidas como la transcrita.  <\/span><\/p>\n

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Y, de otro, no se encuentra petici\u00f3n alguna del promotor dirigida al juzgado querellado con miras a obtener la observancia de las dos disposiciones normativas arriba referenciadas.  <\/span><\/p>\n

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Se memora, esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual.  <\/span><\/p>\n

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En torno a lo expuesto esta Sala ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) conforme a lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo constitucional demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de [los] derechos, (\u2026) ha de recurrirse a ellos y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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3.        Aunado a lo descrito, vale la pena destacar la inexistencia de mora en el litigio censurado, pues si bien se present\u00f3 la demanda el 26 de mayo de 2015 y tras adelantarse las gestiones procesales subsiguientes se corri\u00f3 el t\u00e9rmino para alegar el 31 de marzo de 2016, en aras de dilucidar las cuestiones aducidas por el petente, se decretaron pruebas de oficio.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, el 16 de septiembre siguiente se ofici\u00f3 al Instituto de Audiolog\u00eda de Pereira para que determinara si \u201c(\u2026) el cajero electr\u00f3nico ubicado en la carrera 6 N\u00ba 19-48 de Pereira es apto para ser utilizado por personas ciegas, sordas, sordociegas e hipoac\u00fasticas (\u2026)\u201d y ante la imposibilidad manifestada por ese ente para cumplir con esa carga, el 13 de diciembre de 2016 se le imparti\u00f3 dicha orden al Banco Davivienda, a quien ya se enviaron los oficios pertinentes.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, esta salvaguarda no puede salir avante, dado que, conforme al criterio decantado de esta Corte, las situaciones de dilaci\u00f3n que abren paso a este excepcional mecanismo deben carecer de defensa, es decir, ser el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico del juzgado, lo cual no se vislumbra en este caso.  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, el segundo punto de queja tampoco tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito por desconocer el se\u00f1alado presupuesto de subsidiariedad, pues, de un lado, el gestor no deprec\u00f3 oportunamente la realizaci\u00f3n del citado dictamen por el Municipio de Pereira y, de otro, tampoco reproch\u00f3 por v\u00eda de reposici\u00f3n el mencionado auto de 13 de diciembre de 2016 para lograr la modificaci\u00f3n de la carga atribuida al Banco Davivienda.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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5.        De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ. STC de 13 de marzo de 2013, exp. 52001-22-13-000-2013-00011-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.      <\/span><\/p>\n

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