{"id":99484,"date":"2026-06-25T18:33:40","date_gmt":"2026-06-25T18:33:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2076-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:33:40","modified_gmt":"2026-06-25T18:33:40","slug":"stc2076-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2076-2017\/","title":{"rendered":"STC2076-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2076-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 13 de diciembre de 2016, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Neftaly Rojas contra la Fiduprevisora S.A. \u2013Consorcio P.P.L, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y la Direcci\u00f3n de Sanidad del Complejo carcelario y Penitenciario, ambos de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la salud, presuntamente conculcados por el Tribunal accionado, con ocasi\u00f3n del auto de 4 de noviembre de 2016, mediante el cual se revoc\u00f3 la sanci\u00f3n por desacato impuesta por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagu\u00e9 en contra del gerente del Consorcio en Salud P.P.L.2015 \u2013Fiduprevisora S.A.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene a las autoridades accionadas, \u00abimpart[ir] \u00f3rdenes perentorias para que [le] presten los servicios m\u00e9dicos que requier[e] con car\u00e1cter urgente\u00bb, y en consecuencia, que \u00abse le imponga sanci\u00f3n ejemplar al gerente del Consorcio P.P.L. Atenci\u00f3n en Salud\u00bb (fls. 15 y 16 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su reparo, aduce en s\u00edntesis, que mediante sentencia del 12 de mayo de 2016, el citado Despacho ampar\u00f3 sus garant\u00edas superiores a la salud y a la vida digna, ordenando al Consorcio en Salud P.P.L.2015 \u2013 Fiduprevisora S.A., que le realizara una \u00abvaloraci\u00f3n con m\u00e9dico general y odont\u00f3logo\u00bb para el tratamiento de sus dolencias (v\u00e9rtigos en el cuerpo y dientes unidos).  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que Mauricio Iregui Tarquino en calidad de gerente de la entidad aludida, incumpli\u00f3 el mandato anterior, por lo que en prove\u00eddo del 30 de agosto siguiente, el Juzgado Penal del Circuito atacado le impuso sanci\u00f3n por desacato consistente en multa de un (1) s.m.l.m.v. y un (1) d\u00eda de arresto domiciliario; sin embargo, en prove\u00eddo del 4 de noviembre pasado, dicho castigo fue revocado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, con sustento en que el prenombrado se\u00f1or s\u00ed acat\u00f3 el fallo de tutela mencionado, pues autoriz\u00f3 la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos especializados de \u00abodontolog\u00eda y otorrinolaringolog\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que la determinaci\u00f3n en menci\u00f3n conculc\u00f3 las garant\u00edas invocadas, toda vez que: i) el ad-quem accionado inobserv\u00f3 que a\u00fan no ha recibido la atenci\u00f3n m\u00e9dica dispuesta en la sentencia de tutela de marras, raz\u00f3n por la cual era pertinente la sanci\u00f3n impuesta en contra del gerente del Consorcio en Salud P.P.L.2015 \u2013 Fiduprevisora S.A.; y, adem\u00e1s, ii) dej\u00f3 sin efecto la protecci\u00f3n al derecho a la salud que prohij\u00f3 el Juzgado accionado (fls. 1 a 17, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagu\u00e9, realiz\u00f3 un recuento de las providencias emitidas dentro del asunto constitucional reprochado (fl. 39, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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a. A su turno, el consorcio en Salud P.P.L.2015 \u2013 Fiduprevisora S.A. aleg\u00f3, que \u00abexiste una acci\u00f3n temeraria\u00bb por parte del actor \u00abal interponer una nueva protecci\u00f3n invocando los mismos hechos y solicitando la protecci\u00f3n de los mismos derechos\u00bb, por lo que se \u00abdebe proceder a iniciar el cumplimiento del fallo [de tutela memorado]\u00bb (fls. 62 a 64 ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, luego de advertir que  <\/span><\/p>\n

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       \u00abno requiere enmienda alguna el prove\u00eddo atacado, por cuanto el Tribunal al desatar el grado de consulta dentro del incidente de desacato promovido, con fundamento en las autorizaciones de los servicios m\u00e9dicos solicitados por el accionante aportadas por el Gerente de la entidad obligada, estim\u00f3 que se hab\u00eda dado cumplimiento al fallo de tutela y qued\u00f3 satisfecha la pretensi\u00f3n del accionante.  <\/span><\/p>\n

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Y adicional a lo anterior, en consideraci\u00f3n al derecho fundamental que se hab\u00eda prohijado, advirti\u00f3 necesario instar al Director del establecimiento penitenciario para que agilizara los procedimientos tendientes a la materializaci\u00f3n de las autorizaciones emitidas por Fiduprevisora- Consorcio PPL, lo cual evidencia que en modo alguno se modific\u00f3 o neg\u00f3 el amparo concedido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Ibagu\u00e9\u00bb (fls. 66 a 75 \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, sin ampliar las razones de su inconformidad (fl. 168, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En este caso, el accionante cuestiona el auto de 4 de noviembre de 2016, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal de Ibagu\u00e9, revoc\u00f3 en sede de consulta, la sanci\u00f3n impuesta en contra del gerente del Consorcio en Salud P.P.L.2015 \u2013Fiduprevisora S.A. dentro del incidente de desacato que aqu\u00e9l promovi\u00f3 por el presunto incumplimiento al fallo de tutela dictado el 12 de mayo de dicha anualidad.  <\/span><\/p>\n

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1. Visto lo anterior, necesario es precisar, que por regla general no procede la tutela frente a decisiones dictadas en el marco del incidente de desacato previsto en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, pues es innegable vinculaci\u00f3n que existe entre esta fase particular y la inicial prevista para definir si se dispensa o no la protecci\u00f3n demandada, ya que la acci\u00f3n de tutela y el incidente de desacato est\u00e1n firmemente unidos y son etapas de un procedimiento que apunta a la misma finalidad, la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales.     <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema, la Corte ha expuesto de tiempo atr\u00e1s, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[F]rente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional (\u2026) las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno (\u2026) Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, a\u00fan de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones (CSJ STC 29 nov. 2006, Rad. 01927-01, reiterada en STC898-2014, STC14857-2015 y STC204-2016).  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, el instrumento del desacato, como lo ha puesto de presente la jurisprudencia constitucional, tiene como base el incumplimiento de la orden dada por el juez de tutela, de suerte que si ella no se obedece cabalmente, seg\u00fan las circunstancias, el funcionario de primera instancia tiene competencia para imponer o no la sanci\u00f3n por desacato y el superior para revisarla en sede de consulta.  <\/span><\/p>\n

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1. Sin embargo, y por excepci\u00f3n, la Sala tambi\u00e9n ha precisado que \u00abante una evidente violaci\u00f3n del debido proceso es procedente el amparo para salvaguardar el derecho infringido, particularmente por \u2018ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u2026\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2013, Rad. 2012-02912-00, reiterada CSJ STC7321-2015 y STC204-2016).    <\/span><\/p>\n

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De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que es viable el amparo cuando el juez encargado de hacer obedecer la sentencia de tutela se niega a hacerlo o se abstiene de iniciar el tr\u00e1mite para ello, a saber:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[S]i se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia (\u2026) En este caso, el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/2012, citada por esta Sala en CSJ STC, 18 mar. 2013, Rad. 00509-00 y STC204-2016).  <\/span><\/p>\n

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1. Bajo los anteriores lineamientos, la Sala aprecia que en el sub examine no es procedente conceder la salvaguarda suplicada, ya que, iterase, la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo adecuado para cuestionar las decisiones con las que se resuelva el \u00abincidente de desacato\u00bb previsto en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991.    <\/span><\/p>\n

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1. Con todo, la Sala observa que en la providencia criticada, el Tribunal accionado dej\u00f3 sin efecto el castigo impuesto al interior del tr\u00e1mite incidental tantas veces mencionado, tras encontrar probado dentro de las diligencias, que    <\/span><\/p>\n

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\u00abel Gerente de la Fiduprevisora, Mauricio Iregui Tarquino, con oficio del pasado 15 de septiembre, puso en conocimiento del a quo, que dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela. En este sentido, aport\u00f3 las autorizaciones para la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos especializados de odontolog\u00eda y otorrinolaringolog\u00eda y advirti\u00f3, que inform\u00f3 lo pertinente al \u00c1rea de Sanidad de (sic) Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9 \u2013 Coiba, para que se pusiera en contacto con la instituci\u00f3n hospitalaria contratada y de esa forma, se programen las citas m\u00e9dicas, con ocasi\u00f3n del traslado del accionante del centro de reclusi\u00f3n a la IPS.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como quiera entonces, que el Gerente de la Fiduprevisora, Mauricio Iregui Tarquino procedi\u00f3 a dar cumplimiento al fallo de tutela, dando respuesta de fondo a la petici\u00f3n de Neftal\u00ed Rojas, la pretensi\u00f3n del accionante se encuentra satisfecha, raz\u00f3n por la que, de haberse producido alg\u00fan agravio, [\u00e9]ste fue ya reparado, ces\u00f3 o dej\u00f3 de existir, y en consecuencia, como lo tiene sentado la jurisprudencia constitucional, no puede menos que aceptarse que se ha consolidado por ese motivo la carencia actual de objeto.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, al haberse realizado el acto cuya ausencia representaba la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado por el accionante, hace que se diluya o desaparezca el objeto del incidente y en consecuencia, no puede mantenerse la sanci\u00f3n por desacato\u00bb (fls. 48 a 51 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Como se observa, la Corporaci\u00f3n endilgada concluy\u00f3 que Mauricio Iregui Tarquino en calidad de gerente del Consorcio en Salud P.P.L.2015 \u2013Fiduprevisora S.A., s\u00ed emiti\u00f3 las autorizaciones respectivas para la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos reclamados por el accionante, tal y como se hab\u00eda dispuesto en el fallo de tutela de 12 de mayo de 2016, motivo por el que se descartaba la supuesta renuencia de aqu\u00e9l a acatar dicha determinaci\u00f3n constitucional.    <\/span><\/p>\n

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Entonces, ese razonamiento en manera alguna resulta arbitrario o caprichoso, aun cuando pudiera o no compartirlos esta Sala, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso la acusaci\u00f3n del promotor, as\u00ed la conclusi\u00f3n eventualmente pudiera ser diferente si se analizara desde otra l\u00ednea interpretativa admisible, o con elementos de persuasi\u00f3n distintos a los que les sirvi\u00f3 al ad quem convocado de apoyo para la formaci\u00f3n de su convencimiento sobre los puntos objeto de cuestionamiento.  <\/span><\/p>\n

8.        En la materia, reiteradamente se ha pregonado que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (citado entre otras, en CSJ STC9884-2015 y en STC11881-2016).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (Cit.).  <\/span><\/p>\n

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1. Por las razones anteriormente expuestas, se ratificar\u00e1 el fallo constitucional controvertido.    <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC2076-2017   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 13 de diciembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99484","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99484","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99484"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99484\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99484"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99484"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99484"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}