{"id":99485,"date":"2026-06-25T18:33:43","date_gmt":"2026-06-25T18:33:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2077-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:33:43","modified_gmt":"2026-06-25T18:33:43","slug":"stc2077-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2077-2017\/","title":{"rendered":"STC2077-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2077-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01144-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, la Alcald\u00eda de Pereira y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como las partes e intervinientes del asunto constitucional a que alude la demanda de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a \u00ablas garant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no dar el impulso procesal requerido a la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-00048-00.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Tercero del Circuito de Pereira, i) \u00abprobar en qu\u00e9 consiste su impulso oficioso art. 5 Ley 472\/98\u00bb; ii) que \u00abaplique el art. 121 del C.G.P.\u00bb; y, finalmente, iii) que se conmine \u00abal delegado del Ministerio P\u00fablico\u00bb para que informe qu\u00e9 actuaciones ha adelantado dentro de la acci\u00f3n p\u00fablica reprochada (fl. 2 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que el Despacho accionado ha omitido impulsar de oficio, el asunto constitucional referido en l\u00edneas anteriores, desconociendo de esa manera, afirma, el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998. De otro lado, sostiene que la  autoridad judicial convocada incurri\u00f3 en causal de mala conducta al inobservar los t\u00e9rminos previstos en el mandato legal aludido, seg\u00fan lo prev\u00e9 el canon 84 ejusdem, raz\u00f3n por la cual, dice, debe darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, por la dilaci\u00f3n, asegura, en el adelantamiento del tr\u00e1mite censurado (fls. 1 y 2, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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b).  La Alcald\u00eda Municipal de la misma localidad solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, para lo cual adujo que las actuaciones denunciadas fueron proferidas por la autoridad judicial aludida, y, en esa medida, no ha vulnerado garant\u00eda fundamental alguna al actor (fls. 21 a 23, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c).   La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda expres\u00f3 que los hechos alegados en el amparo le son ajenos, toda vez que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[Su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el Juez (\u2026), sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego\u00bb (fls. 31, ib.).  <\/span><\/p>\n

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d).  El Banco Colpatria S.A. argument\u00f3, que las decisiones adoptadas en el asunto reprochado se encuentran conformes al ordenamiento jur\u00eddico, motivo por el que se descarta el quebrantamiento de los derechos fundamentales invocados por el promotor (fl. 37 id.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que contrario a lo descrito en la solicitud de amparo, el Despacho convocado no ha incurrido en mora judicial durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n p\u00fablica reprochada, pues de la copia del expediente allegado se evidencia que \u00abla acci\u00f3n popular se est\u00e1 tramitando conforme a la normativa especial que la rige (Ley 472 de 1998). Y adem\u00e1s, el demandante ninguna solicitud de impulso oficioso ha planteado ante la autoridad que tramita su acci\u00f3n popular\u00bb (fls. 44 a 47 ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El actor se mostr\u00f3 inconforme frente el anterior fallo, expresando argumentos similares a los planteados en el escrito de tutela (fl. 50, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la inconformidad del actor se soporta concretamente, en el supuesto incumplimiento del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a los t\u00e9rminos perentorios previstos por el legislador dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-00048-00, la cual \u00e9ste promovi\u00f3 en contra de la sucursal del Banco Colpatria S.A. ubicada en \u00abla calle 19 No. 6-57, Local 102\u00bb de la citada urbe, pues en su criterio, dicho Despacho no ha impulsado oficiosamente la misma, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998; situaci\u00f3n que, a su vez, asegura aqu\u00e9l, ha generado la dilaci\u00f3n del tr\u00e1mite, lo que implica el quebrantamiento de sus prerrogativas superiores.  <\/span><\/p>\n

3.        Sin embargo, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo reclamado, toda vez que no se advierte que la autoridad convocada hubiese incurrido en la mora judicial endilgada, por la falta de impulso procesal, tal y como pasa a verse:  <\/span><\/p>\n

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3.1.  T\u00e9ngase en cuenta que las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio, son aqu\u00e9llas que carecen de defensa, es decir, que sean el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico o negligente del funcionario, y no cuando obedecen a la ritualidad propia que debe agotarse.  <\/span><\/p>\n

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3.2.  No obstante, en el presente asunto no se advierte que la autoridad accionada hubiese incurrido en la falla alegada por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, comoquiera que ha dado el tr\u00e1mite correspondiente a la acci\u00f3n popular criticada, al punto que el 27 de abril de 2016, realiz\u00f3 la audiencia de pacto de cumplimiento conforme a lo previsto en el canon 27 de la Ley 472 de 1998, y en esa diligencia orden\u00f3 que se librara \u00aboficio al \u00e1rea de atenci\u00f3n al cliente del Banco Colpatria S.A. ubicado en la carrera 9 No. 24-59 piso 1 en la ciudad de Bogot\u00e1, con el prop\u00f3sito de que se\u00f1alen cu\u00e1les son las medidas adoptadas por el Banco en cuanto a la atenci\u00f3n a personas con discapacidad auditiva o visual\u00bb (fls. 9 y 10, cdno. 1), obteniendo respuesta el 3 de junio siguiente, la cual se puso en conocimiento de las partes en auto del 6 de diciembre pasado \u00abpara los efectos legales de que trata el art\u00edculo 173 del C.G.P.\u00bb (fl. 17 ib\u00eddem); luego entonces, no hay razones para considerar la existencia de una demora injustificada en el adelantamiento del citado asunto, como para brindar la protecci\u00f3n constitucional aqu\u00ed reclamada, la cual, como qued\u00f3 visto, es infundada por inexistencia de vulneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.3. Sobre la demora en las actuaciones jurisdiccionales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada en CSJ STC5341-2014; STC2248-2015; y STC292-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, en cuanto a la solicitud para que el delegado del Ministerio P\u00fablico informe qu\u00e9 actuaciones ha adelantado dentro de la acci\u00f3n p\u00fablica en comento, no est\u00e1 acreditado en el expediente constitucional que se haya elevado previamente tal solicitud ante ese funcionario, lo cual cierra la puerta para cualquier pronunciamiento sobre el particular en este especial tr\u00e1mite, de cara a la subsidiariedad y residualidad que lo caracterizan.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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