{"id":99487,"date":"2026-06-25T18:33:54","date_gmt":"2026-06-25T18:33:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2079-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:33:54","modified_gmt":"2026-06-25T18:33:54","slug":"stc2079-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2079-2017\/","title":{"rendered":"STC2079-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2079-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2016-00342-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 14 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Bethy Z\u00fa\u00f1iga Garc\u00e9s contra el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n Superior \u2013ICFES, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n del Cauca.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, a la igualdad \u00abDE OPORTUNIDADES EN ACCESO AL EJERCICIO DE FUNCI\u00d3N P\u00daBLICA\u00bb, al debido proceso, al trabajo \u00abEN CONDICIONES DIGNAS\u00bb, a \u00abESCOGER PROFESI\u00d3N U OFICIO\u00bb, al m\u00ednimo vital y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por las entidades accionada, con los puntajes que obtuvo dentro de la convocatoria de evaluaci\u00f3n de car\u00e1cter diagn\u00f3stico formativa de docentes, directivos docentes y orientadores oficiales, regidos por el Decreto No. 1278 de 2002.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, \u00abRETROTRAER LOS EFECTOS DEL CONCURSO Y PRORROGAR EL TIEMPO PARA EFECTUAR LA GRABACI\u00d3N DEL VIDEO DE MANERA INMEDIATA\u00bb (fl. 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja, aduce en s\u00edntesis, que como quiera que es docente de la Instituci\u00f3n Educativa Cabuyo Bajo \u2013Sede la Pradera,  del corregimiento del mismo nombre que hace parte del municipio de Balboa en el Departamento del Cauca, y uno de los requisitos de la convocatoria referida en l\u00edneas anteriores era la grabaci\u00f3n de un video a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web \u00abmaestro 2025\u00bb, opt\u00f3 para que se le \u00abasignara camar\u00f3grafo por parte del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional\u00bb; que en vista de que su solicitud no fue atendida, dirigi\u00f3 varios correos electr\u00f3nicos al Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n Superior \u2013ICFES, reiterando su pedimento; no obstante, afirma, s\u00f3lo se le inform\u00f3 que \u00abdeb\u00eda esperar la asignaci\u00f3n del camar\u00f3grafo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que aunque la citada grabaci\u00f3n constitu\u00eda  el 80% de la calificaci\u00f3n, y reitera, remiti\u00f3 varios escritos a la citada Cartera manifestando su inter\u00e9s en cumplir con la totalidad de las exigencias, se procedi\u00f3 a realizar la evaluaci\u00f3n sin cumplir con la mentada filmaci\u00f3n, circunstancia que, dice, vulnera los derechos fundamentales invocados (fls. 4 a 8, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n \u2013ICFES, puntualiz\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna de la inconforme, pues ante el resultado infructuoso de la comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica con \u00e9sta, remiti\u00f3 al correo electr\u00f3nico proporcionado por aqu\u00e9lla toda la informaci\u00f3n de contacto de las personas que estar\u00edan realizando los trabajos f\u00edlmicos en la regi\u00f3n, a lo \u00e9sta hizo caso omiso; a  m\u00e1s de agregar, que la docente tampoco formul\u00f3 la reclamaci\u00f3n correspondiente contra el acto administrativo que public\u00f3 los resultados del proceso de evaluaci\u00f3n (fls. 31 a 34, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b.)        La apoderada judicial del Departamento del Cauca \u2013Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n y Cultura, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no tiene injerencia alguna en la convocatoria que particip\u00f3 la inconforme (fls. 53 a 60, \u00edd.)  <\/span><\/p>\n

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c.)        La Asesora de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 su falta de inter\u00e9s en el asunto bajo estudio, como quiera que en virtud del contrato interadministrativo No. 0010090 del 25 de junio de 2015, es el ICFES el encargado de realizar todas las gestiones tendientes a la videograbaci\u00f3n requerida en el marco del programa de evaluaci\u00f3n y diagn\u00f3stico para ascenso en el escalaf\u00f3n docente (fls. 96 a 98, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, respecto de la calificaci\u00f3n obtenida en el marco de la evaluaci\u00f3n docente, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, habida cuenta que la interesada no acredit\u00f3 que haya formulado la reclamaci\u00f3n correspondiente contra dicho acto administrativo (fls. 112 a 118, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La promotora del amparo mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 132 a 139, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.        Examinado el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n, se advierte que la peticionaria cuestiona la decisi\u00f3n por la cual fue excluida de la convocatoria de evaluaci\u00f3n de car\u00e1cter diagn\u00f3stico formativa de docentes, directivos docentes y orientadores oficiales, regidos por el Decreto No. 1278 de 2002, y que fue organizada por Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n Superior \u2013ICFES, pues en su sentir, se desconocieron los m\u00faltiples inconvenientes que tuvo para poder realizar la grabaci\u00f3n requerida para su calificaci\u00f3n (fl. 33 anverso, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, deviene con claridad que la misma es improcedente, toda vez que la reclamante dispone de otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que estima transgredidos. En ese orden de ideas, como la petente se queja de su retiro injustificado de la tantas veces citada convocatoria, la Sala advierte que tiene o tuvo a su disposici\u00f3n las acciones de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de dicha decisi\u00f3n de la administraci\u00f3n, por lo que no resulta pertinente convertir esta v\u00eda en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, m\u00e1xime cuando ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo puede o pudo pedir en el proceso correspondiente, la suspensi\u00f3n provisional de la determinaci\u00f3n atacada y allegar elementos demostrativos, como los aport\u00f3 al amparo.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, cuenta con los mecanismos consagrados en los art\u00edculos 137 y 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, id\u00f3neos para mitigar los supuestos perjuicios que se le est\u00e1n causando, el resguardo excepcional se torna improcedente.  <\/span><\/p>\n

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Frente a casos de id\u00e9ntica esencia al que se estudia, la Sala ha manifestado que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla tutela fue instituida como un instrumento extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, contra un acto administrativo de car\u00e1cter particular y concreto, toda vez que su control de legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicci\u00f3n especial, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes, en cuyo tr\u00e1mite es viable solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de sus efectos, a fin de conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb (CSJ, 8  nov. 2012, rad. 00430-01; reiterada entre otras en STC16437-2015 y STC726-2016).  <\/span><\/p>\n

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4. Adicionalmente, la solicitante no demostr\u00f3 circunstancias que evidencien un da\u00f1o tal que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, y por ello la protecci\u00f3n no es procedente, ni siquiera como mecanismo transitorio.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la tutela es improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa, salvo que aquella se formule para evitar un perjuicio irremediable; no obstante, la quejosa no prob\u00f3 un detrimento de tal magnitud que torne viable otorgar el reclamo, a\u00fan como mecanismo transitorio.  Sobre el tema la Corte ha dicho  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01; reiterada entre otras en STC1782-2014 y STC1703-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Aunado a lo anterior,  y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, se advierte que la queja respecto a la falta de respuesta de las solicitudes elevadas por la actora al ICFES y al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional,  carece igualmente de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues no obra en el plenario escrito petitorio alguno, ni constancia de remisi\u00f3n alguna a las citadas autoridades; luego entonces, resulta imposible requerir de aqu\u00e9llas la emisi\u00f3n de una respuesta en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, en un caso de similares contornos, esta Corte precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se discute que la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica es fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas por parte del destinatario de la reclamaci\u00f3n, empero, (\u2026) no demostr\u00f3 haber dirigido ninguna solicitud a los Ministerios vinculados (\u2026) la jurisprudencia ha manifestado que \u2018es preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb  (CSJ STC, 16 mar. 2012, Rad. 00003-01, reiterada en STC2936-2014, STC16464-2015).  <\/span><\/p>\n

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6.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener la determinaci\u00f3n constitucional criticada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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