{"id":99491,"date":"2026-06-25T18:34:05","date_gmt":"2026-06-25T18:34:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2083-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:34:05","modified_gmt":"2026-06-25T18:34:05","slug":"stc2083-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2083-2017\/","title":{"rendered":"STC2083-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2016-00405-01  <\/span><\/p>\n

  (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 19 de diciembre de 2016 dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Euclides Mora Quintero en contra del Ministerio de Defensa- Ej\u00e9rcito Nacional.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El promotor demanda la salvaguarda de las prerrogativas a la vida, m\u00ednimo vital, salud y \u201cespecial protecci\u00f3n constitucional a las personas de tercera edad\u201d, presuntamente quebrantadas por el acusado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Euclides Mora Quintero sostiene, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 3 y 4):  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El 29 de septiembre de 2016 exigi\u00f3 al entutelado el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, aludiendo ser padre de Eudes Mora Ropero, quien se desempe\u00f1\u00f3 como \u201csoldado voluntario\u201d en el Ej\u00e9rcito Nacional y muri\u00f3 \u201cen actos del servicio\u201d el 13 de diciembre de 1998.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El anterior pedimento no ha tenido respuesta a la fecha de interposici\u00f3n del amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Refiere que para resolver su solicitud debe aplicarse lo estipulado en el canon 46 de la Ley 100 de 1993, por ser el \u201cr\u00e9gimen ordinario m\u00e1s favorable\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Acota ser una persona de 79 a\u00f1os de edad, por tanto, \u201c(\u2026) no puede esperar a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para que se le (\u2026)\u201d otorgue el anotado derecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Implora acceder a su requerimiento por un valor equivalente al 100% del salario devengado por su descendiente.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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Se opuso al ruego, aduciendo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u201cDe igual forma, mediante el oficio OFI16-80575 de 11 de octubre de 2016 se resolvi\u00f3 en el mismo sentido la solicitud del accionante (\u2026)\u201d (fls. 33 a 43).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Otorg\u00f3 la protecci\u00f3n tras inferir:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]xiste una vulneraci\u00f3n al m\u00ednimo vital del accionante, en la medida que el actor no puede obtener por sus propios medios los recursos para su subsistencia debido a su avanzada edad y, en segundo lugar, esta Sala encuentra que contrario a lo indicado en el acto administrativo Resoluci\u00f3n N\u00b0 2098 de 11 de agosto de 2008 y en la respuesta al derecho de petici\u00f3n recientemente resuelto, el accionante tiene derecho a la pensi\u00f3n de sobreviviente por causa de la muerte de su hijo Eudes Mora Ropero al servicio del Ej\u00e9rcito Nacional, raz\u00f3n suficiente para ordenarle a dicha entidad estudiar nuevamente la situaci\u00f3n del actor y de acuerdo con la normatividad citada [hace alusi\u00f3n a la Ley 447 de 1998], resolver lo conducente (\u2026)\u201d (fls. 30 a 36).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En Consecuencia, orden\u00f3  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) que en el t\u00e9rmino de 8 d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir del d\u00eda siguiente al del recibo de la comunicaci\u00f3n que para el efecto se libre, procedan a pronunciarse nuevamente a la luz de la normatividad indicada en la parte motiva de esta providencia, respecto de la solicitud de reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente efectuada por el se\u00f1or Euclides Mora Quintero (\u2026)\u201d (fl.s 45 a 59).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 el Ministerio de Defensa insistiendo en los  argumentos ventilados en la contestaci\u00f3n allegada a este expediente. Adicionalmente, asever\u00f3 que el a quo err\u00f3 al disponer la soluci\u00f3n del reclamo del promotor a la luz de la Ley 447 de 1998, pues la misma \u201c(\u2026) es de aplicaci\u00f3n exclusiva para quienes prestan el deber constitucional del servicio militar (\u2026)\u201d, por lo tanto, no regula la situaci\u00f3n del aqu\u00ed actor, por cuanto, \u201c(\u2026) al momento del fallecimiento del se\u00f1or Mora Ropero Eudes, \u00e9ste ten\u00eda la calidad de soldado voluntario, es decir, que las normas aplicables son las disposiciones referidas en la Resoluci\u00f3n N\u00b0 2098 de 2008, que no contemplaron la pensi\u00f3n de sobrevivientes para los soldados voluntarios (\u2026)\u201d (fls. 76 a 81).  <\/span><\/p>\n

     <\/span><\/p>\n

1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Euclides Mora Quintero persigue a trav\u00e9s de este auxilio se le reconozca y ordene el pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, a la que asegura tiene derecho, dada su calidad de padre del fallecido Eudes Mora Ropero.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Para la Corte, en el presente asunto est\u00e1 acreditada la situaci\u00f3n de debilidad manifiesta del quejoso, atendiendo a su avanzada edad, siendo un sujeto de especial resguardo y, por ese s\u00f3lo hecho, merece un tratamiento especial en pro de salvaguardar sus intereses.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Diversos instrumentos internacionales han consignado la especial protecci\u00f3n para los adultos mayores, en los cuales se establece la necesidad de otorgarles unas especiales garant\u00edas para preservar la vida de estos individuos en condiciones dignas, proscribiendo la discriminaci\u00f3n, los maltratos y buscando brindarles la atenci\u00f3n en salud, cari\u00f1o y cuidados que, en general, requieren durante su vejez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Las Naciones Unidas, a trav\u00e9s de sus agencias, ha emitido numerosos pronunciamientos de soft law1 sobre la materia, estudiando los tratados universales de derechos humanos a trav\u00e9s de un enfoque diferenciado creado para favorecer a los ancianos. Como parte de esa labor, el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales hizo una lectura con esa perspectiva de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales en la Observaci\u00f3n General N\u00ba 6 de 1995: \u201cLos derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales de las personas de edad\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, el Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer, efectu\u00f3 en 2010 la \u201cRecomendaci\u00f3n General N\u00ba 27 sobre la protecci\u00f3n de las mujeres mayores y de sus derechos humanos\u201d2.  <\/span><\/p>\n

3. En el \u00e1mbito interamericano, el 15 de junio de 2015 se adopt\u00f3 la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores\u201d, la cual, pese a que a la fecha no ha sido ratificada por Colombia, resulta de vital relevancia por su aporte conceptual al tema, pues muestra los derroteros a seguir para desarrollar leyes y pol\u00edticas favorables a esta poblaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El canon 6 de la citada preceptiva reza:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Los Estados Parte adoptar\u00e1n todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus d\u00edas, en igualdad de condiciones con otros sectores de la poblaci\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLos Estados Parte tomar\u00e1n medidas para que las instituciones p\u00fablicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones f\u00fatiles e in\u00fatiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el art\u00edculo 17 establece la obligaci\u00f3n de promover \u201c(\u2026) progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a trav\u00e9s de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protecci\u00f3n social (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Finalmente, la regla 31 refiere la obligatoriedad de \u201c(\u2026) asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, incluso mediante la adopci\u00f3n de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas (\u2026)\u201d, para lo cual, han de \u201c(\u2026) garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitaci\u00f3n, resoluci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las decisiones en procesos administrativos y judiciales (\u2026)\u201d y, adem\u00e1s, \u201c(\u2026) [l]a actuaci\u00f3n judicial deber\u00e1 ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En el ordenamiento interno, la Carta Pol\u00edtica consigna varios derechos a favor de la tercera edad, tales como la dignidad humana, la vida, igualdad y no discriminaci\u00f3n, salud, seguridad social, familia y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros muchos (arts. 1, 11, 13, 42, 46, 48 y 49).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido, la Corte Constitucional ha dicho que por sus particulares condiciones son \u201csujetos de especial protecci\u00f3n\u201d, por tanto, como ya se dijo, es imperativo siempre brindarles unas \u00f3ptimas condiciones de existencia, materia sobre la cual hay numerosos pronunciamientos3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Trat\u00e1ndose del reconocimiento de pensiones, la prerrogativa a la seguridad social adquiere una relevancia vital, por constituir aqu\u00e9lla mensualidad el instrumento a trav\u00e9s del cual se garantiza la subsistencia de los adultos mayores en sus \u00faltimos a\u00f1os de vida, as\u00ed se ha dejado sentado en m\u00faltiples fallos de tutela4.  <\/span><\/p>\n

De esta forma, cualquier solicitud de reconocimiento y pago de una prestaci\u00f3n de esa \u00edndole, elevada por una persona de avanzada edad, como el tutelante, quien tiene 79 a\u00f1os de edad, debe ser examinada con sumo cuidado y diligencia, a fin de adoptar la resoluci\u00f3n que resulte m\u00e1s favorable a \u00e9ste. Frente a ese t\u00f3pico, esta Sala comparte lo argumentado por el M\u00e1ximo Tribunal Constitucional en el siguiente extracto:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Entre los sujetos de especial tutela constitucional se encuentran los adultos mayores, quienes al alcanzar cierta edad ven disminuida su capacidad f\u00edsica y con ello la posibilidad de ejercer en toda su dimensi\u00f3n algunos de sus derechos. Dada esta p\u00e9rdida progresiva de – entre otras cosas- la fuerza laboral, es probable que la \u00fanica fuente de ingresos que puedan percibir sea la pensi\u00f3n. Es por esto que resulta especialmente grave la no cancelaci\u00f3n o la cancelaci\u00f3n parcial de las mesadas pensionales, pues ello puede menoscabar el derecho a disfrutar de condiciones de vida digna, el derecho a la salud y el derecho al m\u00ednimo vital, entre otros, de las personas ancianas\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cHa dicho esta Corporaci\u00f3n al respecto: \u00abSi una persona sobrepasa el \u00edndice de promedio de vida de los colombianos (se estima en 71 a\u00f1os), y ella considera que se le ha dado un trato discriminatorio en el reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente, pero se estima razonablemente que el solicitante ya no existir\u00eda para el momento que se produjera la decisi\u00f3n judicial, debido a su edad avanzada, entonces, ese anciano no tiene otro medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente se ordene el respeto a su derecho (\u2026)\u201d5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Entrando al caso concreto, debe advertirse que con similar finalidad a la aqu\u00ed pretendida, el tutelante elev\u00f3 una petici\u00f3n ante el acusado (fls. 7 a 11), resuelta por la citada autoridad mediante oficio N\u00b0 OFI16-80575 de 11 de octubre de 2016 (fls. 42 y 43), explic\u00e1ndole:  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [El] Ministerio de Defensa (\u2026) mediante resoluci\u00f3n N\u00ba 2098 de 11 de agosto de 2008, (\u2026) resolvi\u00f3 una solicitud de pensi\u00f3n de sobrevivientes, en el referido acto administrativo hubo un pronunciamiento de fondo, claro, preciso y en derecho respecto de todos los aspectos relativos al reconocimiento del derecho prestacional, la misma fue notificada en debida forma y en el t\u00e9rmino legal no fue interpuesto ning\u00fan recurso contra la misma, el mismo a la fecha goza de presunci\u00f3n de legalidad, se encuentra ejecutoriado y en firme y con ello agotada la v\u00eda administrativa; raz\u00f3n por la cual no es posible acceder a su solicitud; ahora bien, en lo que respecta a la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad y reajuste, es preciso indicar que tal derecho prestacional se adquiri\u00f3 bajo la vigencia del Decreto 2728 de 1968, que para tal caso result\u00f3 m\u00e1s favorable y la cual no prev\u00e9 lo solicitado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Por los motivos expuestos anteriormente, no hay lugar a realizar actuaciones administrativas\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cFinalmente, contra la presente no procede recurso por tratarse de un simple acto de comunicaci\u00f3n que no revive t\u00e9rminos (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para la Sala la respuesta brindada omite efectuar una valoraci\u00f3n de fondo sobre la problem\u00e1tica planteada por el se\u00f1or Mora Quintero, pues se limita a decir que desde el 2008 existe un acto administrativo en firme sobre esa cuesti\u00f3n, empero, pas\u00f3 por alto la obligaci\u00f3n de verificar la jurisprudencia emitida desde esa data sobre el tema ahora debatido y que ha reconocido la pensi\u00f3n de sobrevivientes a los familiares del soldado voluntario muerto en servicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a ese t\u00f3pico, el Consejo de Estado ha resuelto:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a entidad demandada, mediante la Resoluci\u00f3n No. 4323 de 22 de agosto de 2000, reconoci\u00f3 las prestaciones sociales por muerte del Cabo Segundo (p\u00f3stumo) Le\u00f3n de Jes\u00fas Gaviria Varela, con fundamento en los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990. Sin embargo, al amparo de la mencionada normatividad, neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEntre tanto, mediante la Ley 131 de 1985, se estableci\u00f3 el servicio militar voluntario, para quienes habiendo prestado el servicio militar obligatorio manifiesten el deseo de prestar dicho servicio (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cPor su parte, el Decreto 2728 de 1968, \u201cpor el cual se modifica el r\u00e9gimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares\u201d, (\u2026) aplicado por la entidad demandada al se\u00f1or Le\u00f3n de Jes\u00fas Gaviria Varela, \u00fanicamente le reconoc\u00eda su ascenso p\u00f3stumo al grado de Cabo Segundo y, a favor de sus beneficiarios, una prestaci\u00f3n indemnizatoria y el pago doble del auxilio de cesant\u00edas. Por ello, la entidad accionada al aplicar este r\u00e9gimen no reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pues la misma no se encontraba prevista en la referida norma\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cNo obstante lo anterior, es preciso resaltar que el Decreto 1211 de 1990, por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, en su art\u00edculo 189 establece una serie de prestaciones a favor de los ascendientes o descendientes de los oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en combate, entre las que se encuentran el ascenso p\u00f3stumo y el reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de sobreviviente (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Bajo estos supuestos, resulta evidente la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones reconocidas por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) No resulta razonable que el Decreto 2728 de 1968, al igual que el Decreto 1211 de 1990, ordene el ascenso p\u00f3stumo del soldado regular muerto por causas imputables al servicio al grado inmediatamente superior, as\u00ed como el reconocimiento y pago de unas prestaciones econ\u00f3micas a favor de sus beneficiarios, pero se abstenga de reconocer el pago de una pensi\u00f3n de sobreviviente a favor de quienes con el hecho de la muerte de un miembro de la Fuerza P\u00fablica pierden el sustento y apoyo econ\u00f3mico que este les brindaba (\u2026)\u201d6 (Se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte Constitucional tambi\u00e9n ha tenido la oportunidad de conceptuar sobre el punto, admitiendo la procedencia de la acci\u00f3n de tutela para este tipo de asuntos, refiriendo al respecto:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) El Grupo de Prestaciones Sociales del Ej\u00e9rcito Nacional neg\u00f3 la prestaci\u00f3n al considerar que la normatividad aplicable al caso era el Decreto 2728 de 1968, el cual no prev\u00e9 la prestaci\u00f3n solicitada y el Decreto 4433 de 2004 que s\u00ed la contempla solo puede ser aplicado para aquellos \u201cque hubieren fallecido entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003\u201d, raz\u00f3n por la que el actor no puede ser beneficiario de la pensi\u00f3n que reclama, pues su muerte tuvo lugar el 14 de agosto de 1998. No obstante lo anterior, esta Sala observa que la Ley 447 del 21 de julio de 1998 dispone que \u201ca partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte de la persona vinculada a las F.F.A.A. y de Polic\u00eda por raz\u00f3n constitucional y legal de la prestaci\u00f3n del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acci\u00f3n del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservaci\u00f3n o restablecimiento del orden p\u00fablico, sus beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe la persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendr\u00e1n derecho a una pensi\u00f3n vitalicia equivalente a un salario y medio (1 1\/2) m\u00ednimo mensuales y vigentes\u201d.  De las pruebas allegadas al expediente se evidencia que la muerte del soldado voluntario, por acci\u00f3n directa del enemigo, fue el 14 de agosto de 1998, posterior a la promulgaci\u00f3n de la Ley 447 de 1998, esto es 21 de julio de dicho a\u00f1o, por lo que por favorabilidad le es aplicable el mencionado precepto normativo (\u2026)\u201d7.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En otra oportunidad esgrimi\u00f3 esa alta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

No obstante, la Corte tambi\u00e9n  ha resaltado que cabe la posibilidad de entrar a analizar si las normas de una prestaci\u00f3n espec\u00edfica en el r\u00e9gimen especial pueden vulnerar el derecho a la igualdad, lo cual procede cuando la diferenciaci\u00f3n que dispone la ley se puede considerar como arbitraria y es clara la desmejora que sin justificaci\u00f3n aparente se le brinda a los beneficiarios del r\u00e9gimen especial (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) De lo anterior se puede entender que, existe la posibilidad de aplicar el r\u00e9gimen general a los miembros de estos grupos especiales, cuando se verifique la ocurrencia de los anteriores supuestos, ya que el objetivo de la Constituci\u00f3n en cuanto a este tema, es la especial protecci\u00f3n del m\u00ednimo vital y de las personas de la tercera edad. Con la creaci\u00f3n de los reg\u00edmenes especiales lo que se busca es brindar una protecci\u00f3n espec\u00edfica debido a las condiciones de la labor que desempe\u00f1an quienes est\u00e1n sujetos a los mismos, la cual no puede ser menos beneficiosa que las que se aplican al resto de la poblaci\u00f3n, en otras palabras, el r\u00e9gimen no puede resultar discriminatorio\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn efecto, as\u00ed lo ha entendido el Consejo de Estado, el cual ya se ha pronunciado al respecto en un caso similar, haciendo referencia a la pensi\u00f3n de sobrevivientes que interesa a esta causa. Manifest\u00f3 b\u00e1sicamente, que en virtud del principio de favorabilidad, si el causante cumple con los requisitos de la pensi\u00f3n de sobrevivientes contemplada en el r\u00e9gimen general y no las estipuladas en el r\u00e9gimen especial, es imperativo concluir que en desarrollo del derecho fundamental a la igualdad, si sus beneficiarios acreditaban los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes prevista en la Ley 100 de 1993, ten\u00edan derecho a que la misma les fuera reconocida\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLo anterior, en la medida en que en esa oportunidad, el mencionado tribunal consider\u00f3 que la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen especial solo debe presentarse cuando sus normas resulten m\u00e1s favorables que lo establecido en el r\u00e9gimen general, pues de no ser as\u00ed, el r\u00e9gimen especial, en lugar de brindar la protecci\u00f3n espec\u00edfica de acuerdo al grupo de personas al que va destinado, se convierte en un obst\u00e1culo para acceder a derechos m\u00ednimos consagrados para la generalidad de la poblaci\u00f3n (\u2026)\u201d8.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De esta manera, estando acreditada la situaci\u00f3n de vulnerabilidad del aqu\u00ed gestor, es menester otorgar el amparo, pues remitir a una persona de 79 a\u00f1os de edad a agotar las v\u00edas ordinarias constituye una afrenta a sus derechos especialmente protegidos, teniendo en cuenta que, de una parte, la duraci\u00f3n de un eventual litigio puede superar su expectativa de vida y, por la otra, la necesidad de definir si tiene derecho a la anotada prestaci\u00f3n social, la cual asevera requiere para garantizar los ingresos m\u00ednimos para su manutenci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, se confirmar\u00e1 lo dispuesto por el Tribunal a quo, en el entendido de ordenar, en el t\u00e9rmino all\u00ed fijado, al Ministerio de Defensa Nacional emitir un acto administrativo en el cual, como primera medida, elimine la barrera normativa utilizada como argumento p\u00e1bulo de la denegaci\u00f3n pensional en el 2008, y seguidamente, analice el r\u00e9gimen legal m\u00e1s favorable aplicable a Euclides Mora Quintero, esto es, defina si es la Ley 100 de 1993, la Ley 447 de 1998 o el Decreto 1211 de 1990 y, por \u00faltimo, determine si aqu\u00e9l tiene derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes solicitada con base estrictamente en los requisitos estipulados en el compendio que le resulte m\u00e1s beneficioso al tutelante, como se dijo. Acto administrativo que deber\u00e1 ser susceptible de ataque en v\u00eda gubernativa y contenciosa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Por lo discurrido, se impone convalidar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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1. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Remitir copia de este fallo a los sujetos procesales.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 \u201c(\u2026) La expresi\u00f3n soft law busca describir la existencia de fen\u00f3menos jur\u00eddicos caracterizados por carecer de fuerza vinculante aunque no carentes de efectos jur\u00eddicos o al menos con cierta relevancia jur\u00eddica\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cCon el uso del t\u00e9rmino no s\u00f3lo se pretende evidenciar la existencia de determinados instrumentos internacionales que no obstante no ser vinculantes tienen relevancia jur\u00eddica, si no tambi\u00e9n albergar bajo su mando diversas manifestaciones de acuerdos interestatales y consensos internacionales que independientemente de su valor jur\u00eddico se incorporan al discurso internacional y producen ciertos efectos que repercuten de diferentes formas en la formaci\u00f3n, desarrollo, interpretaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n y cumplimiento del derecho internacional, tanto en el \u00e1mbito interno de los Estados como en el propio seno del derecho internacional (\u2026)\u201d. Consultado el 13 de febrero de 2017 en el siguiente enlace:   <\/span><\/p>\n

https:\/\/www.diccionariojuridico.mx\/?pag=vertermino&d=1754.\u00a0 <\/A><\/span><\/p>\n

2 \u201cGeneral recommendation N\u00ba 27 on older women and protection of their human rights\u201d (CEDAW\/C\/2010\/47\/GC.1).    <\/span><\/p>\n

3 Entre otros muchos, conviene destacar la labor de recopilaci\u00f3n llevada a cabo recientemente sobre la materia en el fallo C- 177 de 2016.    <\/span><\/p>\n

4 V\u00e9anse los fallos T-0343 de 2014 y la T-079 de 2016, entre otros muchos.    <\/span><\/p>\n

5 Corte Constitucional, sentencia T-463 de 2003, citada en la C-177 de 2016.    <\/span><\/p>\n

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Segunda, Subsecci\u00f3n B, sentencia de 2 de agosto de 2012, exp. 050012331000200200672-01.    <\/span><\/p>\n

7 Corte Constitucional, sentencia T-484 de 2012.    <\/span><\/p>\n

8 Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2013.      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2016-00405-01     (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99491","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99491","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99491"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99491\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99491"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99491"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}