{"id":99492,"date":"2026-06-25T18:34:12","date_gmt":"2026-06-25T18:34:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2152-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:34:12","modified_gmt":"2026-06-25T18:34:12","slug":"stc2152-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2152-2017\/","title":{"rendered":"STC2152-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2152-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-002-2016-00507-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 14 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Rub\u00e9n Dar\u00edo Mendieta Ram\u00edrez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la localidad referida, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental a la \u00abpropiedad privada\u00bb, presuntamente conculcado por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n de la sentencia dictada el 21 de mayo de 2010, en el marco del proceso ordinario de pertenencia adelantado por Otoniel Ram\u00edrez Sarmiento en contra de personas indeterminadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, se deduce del escrito de tutela, que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo, es que se revise la referida providencia.  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su reparo, aduce en s\u00edntesis, que mediante el Decreto 072 del 27 de abril de 1995 de la Alcald\u00eda Mayor de Villavicencio, la sociedad Inversan Ltda, donde funge como representante legal, \u00abobtuvo la legalizaci\u00f3n de 153 lotes de la urbanizaci\u00f3n \u201cLos \u00c1lamos\u201d\u00bb; sin embargo advierte, tras las invasiones efectuadas en las inmediaciones de dichos predios, se vio en la obligaci\u00f3n de acceder a conciliar extrajudicialmente con los ocupantes, ello con el prop\u00f3sito de \u00ablograr precios, formas de pago y condiciones para que Inversan Ltda. otorgara [a los mismos] la [respectiva] escritura p\u00fablica y su correspondiente certificado de libertad y tradici\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que no obstante lo anterior, el se\u00f1or Otoniel Ram\u00edrez Sarmiento, con quien celebr\u00f3 uno de los mentados negocios, promovi\u00f3 el proceso de pertenencia referido en l\u00edneas anteriores ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la citada localidad, quien con fundamento en pruebas testimoniales \u00abfalsas\u00bb, lo \u00abdespoj\u00f3 arbitrariamente\u00bb de los lotes de terreno identificados con matr\u00edcula inmobiliaria No. \u00ab230-87949\u00bb y \u00ab230-87869\u00bb, al reconocerle a \u00e9ste la prescripci\u00f3n adquisitiva respecto de los mismos.  <\/span><\/p>\n

Finalmente asegura, que la administraci\u00f3n de impuestos del citado municipio \u00able est\u00e1 cobrando a [su] empresa (\u2026) m\u00e1s de 678 millones de pesos [por concepto] del impuesto predial de un terreno que [fue por \u00e9l] entre[gado], [mediante] escritura p\u00fablica, a [tal ente territorial], [as\u00ed] como aparece en el Decreto de aprobaci\u00f3n de la urbanizaci\u00f3n, y que fue invadido sin que la Alcald\u00eda lo recuperara como zona de utilidad p\u00fablica\u00bb, circunstancias por las cuales acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 1 y 2, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a.  El Municipio de Villavicencio advirti\u00f3, que ha actuado en cumplimiento de un deber legal, a la luz de los principios consagrados en la Constituci\u00f3n Nacional y el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, raz\u00f3n por la cual, afirm\u00f3, que si lo pretendido por el accionante es cuestionar los actos expedidos por la administraci\u00f3n, su deber es acudir a los mecanismos ordinarios con que cuenta ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para poner all\u00ed de manifiesto sus inconformidades (fls. 44 a 46, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.   El Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi manifest\u00f3, que del escrito de tutela no se identifican hechos o pretensiones que involucren a dicha entidad (fl. 53, ib.).  <\/span><\/p>\n

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c.  El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, se limit\u00f3 a remitir el expediente contentivo del proceso ordinario de pertenencia cuestionado a trav\u00e9s de este mecanismos excepcional (fl. 73, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Villavicencio, tras precisar que la queja formulada por el se\u00f1or Rub\u00e9n Dar\u00edo Mendieta Ram\u00edrez se encuentra concretamente encaminada a cuestionar la sentencia en virtud de la cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de dicha localidad lo \u00abdespoj[\u00f3] arbitraria e ilegalmente del inmueble que le pertenece\u00bb, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada por no encontrarse satisfecho el presupuesto de la inmediatez, pues \u00abdesde la fecha en que se profiri\u00f3 la providencia atacada y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela han transcurrido mas de cinco (5) a\u00f1os, lo que evidentemente no es un t\u00e9rmino razonable ni proporcionado\u00bb (fls. 80 a 83, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, aduciendo, en suma, los mismos argumentos en que sustent\u00f3 el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que el Juzgado del Circuito convocado no ten\u00eda competencia para conocer del asunto de pertenencia aqu\u00ed reprochado, por ser el mismo de \u00abm\u00ednima cuant\u00eda\u00bb (fls. 85 a 87, Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, el accionante cuestiona, en lo fundamental, el fallo dictado el 21 de mayo de 2010, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, al interior del proceso ordinario de pertenencia promovido por el se\u00f1or Otoniel Ram\u00edrez Sarmiento en contra de personas indeterminadas; pues, en su sentir, dicha autoridad jurisdiccional incurri\u00f3 en sendas irregularidades que permitieron que \u00e9l fuera \u00abdespojado arbitraria e ilegalmente\u00bb de un bien inmueble que, dice, pertenece a la sociedad que representa, esto es, Inversan Ltda, lo que indudablemente vulnera sus garant\u00edas superiores.  <\/span><\/p>\n

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3.   Sin embargo, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, sin asomo de duda lo aqu\u00ed reclamado est\u00e1 llamado al fracaso, pues como qued\u00f3 visto, la providencia de la cual se duele el actor data del 21 de mayo de 2010, en tanto que la presente demanda de protecci\u00f3n se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 30 de noviembre de 2016 (fl. 39, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues transcurri\u00f3 un tiempo significativo \u2013m\u00e1s de 6 a\u00f1os, sin que el interesado solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con la decisi\u00f3n adoptada dentro de la aludida controversia, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto, se itera, del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00abAquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC506-2016).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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