{"id":99493,"date":"2026-06-25T18:34:16","date_gmt":"2026-06-25T18:34:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2153-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:34:16","modified_gmt":"2026-06-25T18:34:16","slug":"stc2153-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2153-2017\/","title":{"rendered":"STC2153-2017"},"content":{"rendered":"

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01299-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela, as\u00ed como el Agente del Ministerio P\u00fablico y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al rechazar la acci\u00f3n popular que el se\u00f1or Leandro Giraldo, por \u00e9l coadyuvado, promovi\u00f3 contra la sucursal del Banco Bancolombia ubicada en la \u00abcarrera 7 No. 4-17, [de] Fresno \u2013Tolima\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, que se adelante en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, la investigaci\u00f3n disciplinaria y administrativa a que haya lugar, y, que se ordene al mismo, admitir \u00abinmediatamente\u00bb la citada acci\u00f3n p\u00fablica, ello teniendo en consideraci\u00f3n que \u00abcumple con los requisitos [exigidos] en el art\u00edculo 18 de la ley (\u2026) 472 de 1998\u00bb (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar sus pedimentos, aduce en lo esencial, que pese a lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, el mentado Despacho dispuso rechazar la acci\u00f3n constitucional referida en l\u00edneas anteriores, ello con sustento en la inobservancia de requisitos \u00abinexistentes\u00bb, lo que, en su sentir, implica un \u00ababus[o] de poder\u00bb y un desconocimiento de los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia (fls. 1 y 2, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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a.        El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir el expediente contentivo del litigio constitucional objeto de inconformidad  (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b. La Procuradora Regional de Risaralda indic\u00f3, que los hechos alegados en el amparo le son ajenos, toda vez que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el Juez (\u2026), sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego\u00bb (fl. 8, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00abpara cuando se promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela (14 de diciembre de 2016), el tr\u00e1mite de la demanda popular se estaba surtiendo con la notificaci\u00f3n y el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto de rechazo\u00bb; raz\u00f3n por la cual, teniendo en consideraci\u00f3n que contra tal determinaci\u00f3n el accionante pod\u00eda interponer, como m\u00ednimo, recurso de reposici\u00f3n, se denota la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del requisito de subsidiariedad que la caracteriza (fls. 29 a 31, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo, sin ampliar las razones de su inconformidad (fl. 35, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor est\u00e1 encaminada, puntualmente, contra el prove\u00eddo dictado el 13 de diciembre de 2016, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira rechaz\u00f3 la demanda popular radicada bajo el No. 2015-01405-00, ello por no haber sido subsanados los defectos de que la misma adolec\u00eda, los que fueron advertidos al aqu\u00ed interesado mediante providencia del 1\u00ba de noviembre anterior (fl. 28, cdno. 1); pues a criterio de aqu\u00e9l, dicha autoridad jurisdiccional, \u00ababusando de [su] poder\u00bb, exigi\u00f3 el cumplimiento de requisitos \u00abinexistentes\u00bb en la Ley 472 de 1998 que resultaba aplicable a la materia objeto de estudio.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, de cara a las inconformidades aducidas con respecto a la providencia citada, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro de la prenotada controversia el inconforme no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3.1.   En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues seg\u00fan la constancia adosada al presente tr\u00e1mite por el Juzgado convocado (fl. 28 reverso, cdno. 1), la decisi\u00f3n objeto de reproche no fue recurrida a trav\u00e9s del recurso ordinario previsto por el legislador para tal efecto, esto es, el de reposici\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, mecanismo de impugnaci\u00f3n que estuvo a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, de forma que no le es dado acudir a esta acci\u00f3n constitucional, sin que se haya agotado el medio procesal contemplado en la ley, para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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3.2. Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras en CSJ STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.3.  Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada en STC2537-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.4.   En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda al tutelante emplear en debida forma los instrumentos defensivos previstos a su alcance para desestimar la decisi\u00f3n que hoy cuestiona, por ser el escenario id\u00f3neo para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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4.   Finalmente cabe precisar, frente a la petici\u00f3n del inconforme atinente a que se adelanten las respectivas investigaciones \u00abdisciplinarias y administrativas\u00bb contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, resulta pertinente manifestar que puede acudir ante las autoridades competentes para ese fin, \u00abnaturalmente que asumiendo las consecuencias que de su comportamiento se deriven\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2013, Rad. 00037-01; reiterada entre otras en STC5544-2015), pues ha sido criterio de esta Corporaci\u00f3n que \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias, sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (Reiterado en STC294-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.  Por las razones anteriormente expuestas, se mantendr\u00e1 el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01299-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de enero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99493","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99493","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99493"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99493\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99493"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99493"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99493"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}