{"id":99494,"date":"2026-06-25T18:34:18","date_gmt":"2026-06-25T18:34:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2154-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:34:18","modified_gmt":"2026-06-25T18:34:18","slug":"stc2154-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2154-2017\/","title":{"rendered":"STC2154-2017"},"content":{"rendered":"

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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STC2154-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01202-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 18 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela, as\u00ed como la Alcald\u00eda Municipal de Pereira, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda Regional Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al declarar, por desistimiento t\u00e1cito, la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-0067.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, seguir tramitando la citada acci\u00f3n p\u00fablica, dando aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 5 de la ley 472 de 1998; y, as\u00ed mismo, que se requiera al delegado del Ministerio P\u00fablico para que se pronuncie sobre la procedencia de la aludida terminaci\u00f3n anormal del proceso (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que en el marco de la acci\u00f3n constitucional referida en l\u00edneas anteriores, el Despacho convocado omiti\u00f3 aplicar lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la ley 472 de 1998, lo que implica la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales (ib.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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a.        La Procuradora Regional de Risaralda indic\u00f3 que los hechos alegados en el amparo le son ajenos, toda vez que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el Juez (\u2026), sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego\u00bb (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.   El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su Secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir el expediente contentivo del litigio constitucional objeto de inconformidad  (fl. 10, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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       c.  El mandatario judicial del municipio de Pereira, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, tras se\u00f1alar que no ha tenido injerencia alguna en la actuaci\u00f3n de que se duele el actor (fls. 311 a 13, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00abla acci\u00f3n de tutela no ha sido erigida como una instancia adicional con la que se pueda controvertir una decisi\u00f3n judicial; al contrario, su alcance es restringido y, por ello, (\u2026) no permite cuestionar la interpretaci\u00f3n que un juez realiza de un determinado asunto, a menos que ella sea tan absurda o antojadiza, que desborde la l\u00f3gica, o cercene una evidente oportunidad procesal, situaciones que no acontecen [en el caso que se estudia]\u00bb (fls. 19 a 22, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo, sin ampliar las razones de su inconformidad (fl. 25, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto, la queja est\u00e1 puntualmente dirigida contra i) el prove\u00eddo del 1\u00ba de noviembre de 2016, por medio del cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira resolvi\u00f3 declarar, por desistimiento t\u00e1cito, la culminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-0419-00 (fl. 4, cdno. de la Corte); y, ii) el emitido el d\u00eda 24 del mismo mes y a\u00f1o, en virtud del cual dicha autoridad jurisdiccional dispuso mantener inc\u00f3lume la anterior determinaci\u00f3n, y negar por improcedente el recurso subsidiario interpuesto (fls. 7 y 8, ib\u00eddem); pues, en sentir del actor popular, en tal tr\u00e1mite se desconoci\u00f3 lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la ley 472 de 1998, que resultaba aplicable.  <\/span><\/p>\n

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3.        No obstante, es del caso se\u00f1alar, que examinadas las determinaciones citadas con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no cabe duda que \u00e9stas carecen de arbitrariedad, pues fueron el resultado de la hermen\u00e9utica que resultaba aplicable al asunto objeto de examen, lo que hace que no puedan calificarse de antojadizas o caprichosas.  <\/span><\/p>\n

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Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que el estrado judicial atacado al finiquitar la mentada acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito del demandante, se fund\u00f3 en un entendimiento atendible de las normas que regentan la materia, en especial, del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que descarta la configuraci\u00f3n de causal de procedencia del amparo; luego entonces, si el Juzgado acusado opt\u00f3 por terminar el asunto constitucional censurado como consecuencia de la inactividad procesal del aqu\u00ed inconforme, ello es fruto de un razonamiento que no reviste arbitrariedad, ni puede ser catalogado como un desacierto que afecte el debido proceso del actor, sino m\u00e1s bien de la posible interpretaci\u00f3n de la procedencia de la figura procesal aludida, a la luz de la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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4.  En un asunto de perfiles semejantes esta Corte estim\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abSin perjuicio de lo anterior, el auto cuestionado por el que se dispuso la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular no constituye una v\u00eda de hecho, ya que lejos de ser arbitrario o abusivo, se fundament\u00f3 en la negligencia del actor en impulsarla, cit\u00e1ndose para el efecto el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone  <\/span><\/p>\n

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\u201cCuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado\u2026Vencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas\u201d\u00bb (ver entre otras, en STC7664-2014 y STC748-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.  Por las razones anteriormente expuestas, se mantendr\u00e1 el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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