{"id":99495,"date":"2026-06-25T18:34:21","date_gmt":"2026-06-25T18:34:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2156-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:34:21","modified_gmt":"2026-06-25T18:34:21","slug":"stc2156-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2156-2017\/","title":{"rendered":"STC2156-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2156-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2016-00583-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 7 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad y la Procuradur\u00eda Delegada en Acciones Populares.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales \u00aba la garant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, al i) admitir, aun cuando carec\u00eda de competencia, la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2016-00351-00, esto frente al Juzgado convocado, y, en lo relativo a la Procuradur\u00eda, ii) no haber emitido pronunciamiento alguno acerca de las pretensiones incoadas en el marco de la mentada acci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene i) al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, exponer los motivos por los cuales \u00abse niega a devolver [su] acci\u00f3n a la jurisdicci\u00f3n administrativa\u00bb; ii) a todos los Juzgados administrativos y al Tribunal Administrativo de la misma ciudad, que \u00abcertifiquen si han tramitado pretensiones contra entes territoriales y contra bancos, aportando n\u00famero de cada acci\u00f3n popular, partes, pretensiones y resultas de cada acci\u00f3n tramitada\u00bb; y, as\u00ed mismo, que iii) se requiera a la Procuradur\u00eda Delegada para acciones populares, a fin que manifieste cu\u00e1l ha sido la actuaci\u00f3n desplegada dentro el tr\u00e1mite del litigio objeto de an\u00e1lisis (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que el Despacho judicial criticado admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular referenciada, pese a que carec\u00eda de competencia para ello, pues, asegura, si bien es cierto accion\u00f3 a una entidad bancaria, tambi\u00e9n lo es que dicho tr\u00e1mite se dirigi\u00f3 contra el Municipio de Manizales, por lo que su conocimiento correspond\u00eda a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, situaci\u00f3n sobre la cual, el agente del Ministerio P\u00fablico Delegado pata tales asuntos, guard\u00f3 silencio (ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir copia de las actuaciones surtidas dentro de los procesos constitucionales objeto de reproche (fl.16, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b.)        La representante legal de la Personer\u00eda Municipal de la citada urbe, aunque de manera tard\u00eda, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, luego de aclarar que la presunta vulneraci\u00f3n alegada por el promotor es ajena a sus competencias (fl. 39, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c.)        La Procuradora Regional de Risaralda, tambi\u00e9n extempor\u00e1neamente, expuso en lo esencial, que no corresponde a dicha dependencia \u00abinterferir en las decisiones judiciales especialmente las de los Juzgados del Circuito cuya actividad y oportunidad depreca el accionante, funci\u00f3n que la misma Constituci\u00f3n y el Decreto 262 radica \u00fanica y exclusivamente en los agentes del Ministerio P\u00fablico, condici\u00f3n que [no ostenta] sino en casos muy eventuales de impedimento de alguno de ellos y por expresa delegaci\u00f3n del Procurador General de la Naci\u00f3n\u00bb (fls. 40 a 46, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00abel Juzgado de instancia hall\u00f3 acorde con las reglas de competencia asumir el decurso de la controversia judicial\u00bb, por lo que \u00abno se encuentra vulnerado el derecho al debido proceso en virtud que no ha existido ninguna falencia dentro de la litis que la constituya\u00bb (fls. 21 a 26, cdno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El promotor impugn\u00f3 el anterior fallo, sin expresar los motivos de su inconformidad (fl. 61, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se ha decantado, que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor se dirige, puntualmente, contra el prove\u00eddo dictado el 21 de septiembre de 2016, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular radicada con el consecutivo No. 2016-00351-00, promovida por el aqu\u00ed interesado contra la sucursal del Banco Av Villas S.A. ubicada en la \u00abCarrera 23 No. 63-05\u00bb de la ciudad Manizales (fls. 15 y 16, cdno. copias); pues a criterio de aqu\u00e9l, dicha decisi\u00f3n es arbitraria, en tanto que, tambi\u00e9n accion\u00f3 al citado municipio, por lo que el conocimiento de dicho tr\u00e1mite corresponde es a los Jueces Administrativos.  <\/span><\/p>\n

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3.         Sin embargo, la Sala de cara a las inconformidades aducidas con respecto a la providencia citada, considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el peticionario resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro de la prenotada controversia el actor no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

3.1.  En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues de acuerdo a las documentales adosadas y el informe del Despacho convocado, la decisi\u00f3n reprochada no fue objeto del recurso ordinario previsto por el legislador, esto es, el de reposici\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, mecanismo de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, de forma que no le es dado acudir a esta acci\u00f3n constitucional, sin que se haya agotado el medio procesal contemplado en la ley, para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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3.2. Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago.  2008, rad. 01343-00; reiterada entre otras en STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.3.  Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada en STC2537-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.4.   En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda al tutelante emplear en debida forma los instrumentos defensivos previstos a su alcance para desestimar la decisi\u00f3n que hoy cuestiona, por ser el proceso el escenario id\u00f3neo para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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4.        Ahora bien, en lo relativo a las \u00f3rdenes que se instan respecto de los Juzgados y Tribunales Administrativos de la ciudad de Manizales, no cabe duda que esta Sala carece de competencia para emitirlas, por falta de jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5.        Finalmente, en cuanto a la queja relativa a la falta de intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda Delegada para Acciones Populares, se le recuerda al quejoso, en primer lugar, que no es este el mecanismo dise\u00f1ado para establecer si un funcionario p\u00fablico incurri\u00f3 en alguna falta disciplinaria, como lo sugiere; y, en segundo t\u00e9rmino, que si estima necesario promover cualquier tipo de reclamaci\u00f3n, es a \u00e9l a quien corresponde hacerlo directamente ante la autoridad competente, con los fundamentos f\u00e1cticos y legales del caso, y los respectivos soportes probatorios que en esta acci\u00f3n brillan por su ausencia.  <\/span><\/p>\n

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6.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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