{"id":99496,"date":"2026-06-25T18:34:24","date_gmt":"2026-06-25T18:34:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2157-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:34:24","modified_gmt":"2026-06-25T18:34:24","slug":"stc2157-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2157-2017\/","title":{"rendered":"STC2157-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2157-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01217-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 18 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cristian V\u00e1squez Arias contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y la Procuradur\u00eda Delegada en Acciones Populares.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales \u00aba la garant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al rechazar por falta de competencia, la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00famero 2016-00561-00.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, \u00abdecret[ar] nulo el auto por el cual  rechaz\u00f3 de plano\u00bb la citada acci\u00f3n p\u00fablica, y que como consecuencia de ello, sea \u00abadmit[ida]\u00bb; as\u00ed mismo, que se requiera al Despacho a donde \u00e9sta fue remitida, para que devuelva el expediente (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que la citada autoridad judicial, a pesar de lo dispuesto en el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, y contrario a lo decidido en situaciones similares respecto a otros actores, rechaz\u00f3 por falta de competencia la acci\u00f3n constitucional referida en l\u00edneas anteriores, ordenando su remisi\u00f3n a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, para que procedan all\u00ed a darle tr\u00e1mite a dicho asunto, lo que vulnera, dice, sus garant\u00edas procesales (fls. 1 y 2, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a. La Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y la Defensor\u00eda del Pueblo, pese a que fueron notificadas del presente amparo, guardaron silencio.    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00e9sta se torna improcedente, toda vez que, en primer lugar, el interesado omiti\u00f3 interponer el recurso de reposici\u00f3n frente a la decisi\u00f3n que rechaz\u00f3 y remiti\u00f3 por competencia la acci\u00f3n constitucional censurada a los Juzgados Civiles del Circuito de esta capital y, de otra parte, la protecci\u00f3n tambi\u00e9n es prematura, pues a\u00fan est\u00e1 por definirse lo relativo al eventual conflicto competencia, habida cuenta que no se ha adoptado ninguna postura o determinaci\u00f3n definitiva al respecto; as\u00ed mismo, deneg\u00f3 la solicitud de amparo dirigida a la Procuradur\u00eda Delegada, comoquiera que esa Agencia del Ministerio P\u00fablico no ha quebrantado garant\u00eda superior alguna del quejoso (fls. 11 a 13, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El promotor impugn\u00f3 el anterior fallo, con argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fl. 15, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se ha decantado, que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor se dirige, puntualmente, contra el prove\u00eddo dictado el 28 de noviembre 2016, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira dispuso rechazar por falta de competencia, la acci\u00f3n popular radicada con el n\u00famero 2016-00561-00, promovida por el aqu\u00ed interesado contra una sucursal del Banco BBVA Colombia S.A. ubicada en la ciudad de Bogot\u00e1, ordenando su remisi\u00f3n a los Juzgados Civiles del Circuito de esa urbe a fin de que asuman el conocimiento del asunto (fl. 8, cdno. 1); pues a criterio de aqu\u00e9l, dicha decisi\u00f3n desconoce los precedentes de esta Corporaci\u00f3n aplicables en la materia.  <\/span><\/p>\n

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3.         Sin embargo, la Sala de cara a las inconformidades aducidas con respecto a la providencia citada, considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el peticionario resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro de la prenotada controversia el actor no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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3.1.   En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues de acuerdo a las documentales adosadas (fl. 4, cdno. Corte), la decisi\u00f3n reprochada no fue objeto del recurso ordinario previsto por el legislador, esto es, el de reposici\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, mecanismo de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, de forma que no le es dado acudir a esta acci\u00f3n constitucional, sin que se haya agotado el medio procesal contemplado en la ley, para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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3.2. Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago.  2008, rad. 01343-00; reiterada entre otras en STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.3.    Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada en STC2537-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.4.    En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda al tutelante emplear en debida forma los instrumentos defensivos previstos a su alcance para desestimar la decisi\u00f3n que hoy cuestiona, por ser el proceso el escenario id\u00f3neo para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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4.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo controvertido, pero por las razones aqu\u00ed expuestas.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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