{"id":99497,"date":"2026-06-25T18:34:26","date_gmt":"2026-06-25T18:34:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2158-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:34:26","modified_gmt":"2026-06-25T18:34:26","slug":"stc2158-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2158-2017\/","title":{"rendered":"STC2158-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2158-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01228-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 18 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo, promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad y \u00aba las garant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al decretar la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-0420-00.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, i) \u00abcontinuar\u00bb el citado tr\u00e1mite judicial; ii) que \u00abse aporte copia de la Nulidad pedida por el Procurador\u00bb Delegado para asuntos Civiles en un tr\u00e1mite de la misma estirpe radicado con el No \u00ab2015-343\u00bb; iii) que se conmine a la Agencia del Ministerio P\u00fablico competente en acciones populares \u00abpara que pruebe en que consisti\u00f3 su actuaci\u00f3n y se manifieste en derecho\u00bb, en relaci\u00f3n con la procedencia de la memorada terminaci\u00f3n anormal del proceso; y finalmente, iv) que se aclare \u00absi sus memoriales paran t\u00e9rminos\u00bb (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la ley 472 de 1998, el Despacho convocado decret\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito, la culminaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional referido en l\u00edneas anteriores, raz\u00f3n por la cual, teniendo en consideraci\u00f3n que se trata de una \u00abfigura INEXISTENTE\u00bb en la aludida norma, acude a este mecanismo especial de resguardo (fls. 1 y 2, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a).        La Procuradur\u00eda Provincial de Cali a trav\u00e9s de representante judicial, se\u00f1al\u00f3 que carece de legitimidad en la causa para pronunciarse, puesto que no fue vinculada a la acci\u00f3n p\u00fablica criticada ni es competente para ejercer funciones en el departamento de Risaralda (fls. 8 y 11, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c).        El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, se limit\u00f3 a remitir copia de las actuaciones desplegadas en el marco del proceso censurado (fl.26, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que el promotor incurri\u00f3 en un actuar incurioso, pues no recurri\u00f3 en reposici\u00f3n el auto del 4 de octubre de 2016, mediante el cual se decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito dentro del tr\u00e1mite censurado, y, que \u00abaun as\u00ed se hubiera superado ese escollo, la queja se apuntalar\u00eda en un defecto f\u00e1ctico material o sustantivo (\u2026), sin embargo, la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado, por si sola, no alcanza a transgredir los derechos invocados por el accionante, porque la aplicaci\u00f3n e intelecci\u00f3n que a la cuesti\u00f3n le dio la funcionaria de la causa\u00bb, no se advierte arbitraria o antojadiza; as\u00ed mismo, deneg\u00f3 la solicitud de amparo dirigida frente al Ministerio P\u00fablico, como quiera que \u00abno existe evidencia acerca de que se le hubiese elevado previamente una petici\u00f3n tendiente a que suministre las explicaciones que se impetran directamente por esta expedita v\u00eda\u00bb (fls.35 a 37, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El gestor impugn\u00f3 el anterior fallo, expresando argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela (fl. 40, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor radica, puntualmente, frente al prove\u00eddo del 4 de octubre de 2016, mediante el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-0420-00, la cual fue promovida por aqu\u00e9l en contra de la sucursal de Audifarma ubicada en la \u00abCalle 5 No. 39-109 de la ciudad de Cali\u00bb de la ciudad de Cali; (fl. 31, cdno. 1); pues, en su sentir, la mentada figura procesal no resulta aplicable a dicha clase de asuntos.  <\/span><\/p>\n

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3.         Sin embargo, la Sala de cara a las inconformidades aducidas con respecto al prove\u00eddo citado, considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el peticionario resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro de la prenotada controversia el actor no hizo uso de la herramienta de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues de acuerdo a las documentales adosadas, la decisi\u00f3n reprochada no fue objeto del recurso ordinario previsto por el legislador, esto es, el de reposici\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, mecanismo de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, de forma que no le es dado acudir a esta acci\u00f3n constitucional, sin que se haya agotado el medio procesal contemplado en la ley, para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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3.1.        Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago.  2008, rad. 01343-00; reiterada entre otras en STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada en STC2537-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.3.  En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda al tutelante emplear en debida forma los instrumentos defensivos previstos a su alcance para desestimar la decisi\u00f3n que hoy cuestiona, por ser el proceso el escenario id\u00f3neo para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, en lo concerniente a las solicitudes enfiladas frente a los Procuradores Delegados para asuntos Civiles y acciones populares, resulta pertinente aclarar que no est\u00e1 acreditado en el expediente constitucional que se hayan elevado previamente tales peticiones ante esos funcionarios, lo cual cierra la puerta para cualquier pronunciamiento sobre el particular en este especial tr\u00e1mite, de cara a la subsidiaridad y residualidad que lo caracterizan.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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