{"id":99498,"date":"2026-06-25T18:34:35","date_gmt":"2026-06-25T18:34:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2159-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:34:35","modified_gmt":"2026-06-25T18:34:35","slug":"stc2159-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2159-2017\/","title":{"rendered":"STC2159-2017"},"content":{"rendered":"

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2159-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2016-00763-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 14 de diciembre de 2016, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gladys Yanet Porras Corredor contra el Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Defensor de Familia y el Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos a tal Despacho Judicial, as\u00ed como las partes y los intervinientes del juicio ordinario a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la providencia del 17 de mayo de 2016, en virtud de la cual se declar\u00f3 infundado el incidente de nulidad planteado por ella y los dem\u00e1s herederos determinados del causante Marco Aurelio Porras Ajiaco, demandados dentro del proceso ordinario de uni\u00f3n marital de hecho promovido por la se\u00f1ora Mariela Pe\u00f1a Pinilla.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por este especial mecanismo se ordene al Juzgado Veintid\u00f3s de Familia de Bogot\u00e1, \u00abdecretar la nulidad de las providencias [proferidas] el 7 de junio (\u2026), el 12 de junio (\u2026),  el 2 de julio (\u2026) y el 10 de agosto, [todas del a\u00f1o 2012]\u00bb, ello en el marco del referido juicio declarativo (fl. 45, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que el 19 de abril de 2012, la se\u00f1ora Mariela Pe\u00f1a Pinilla confiri\u00f3 poder a su abogado de confianza para presentar demanda de \u00abconstituci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u00bb en su contra y de los dem\u00e1s herederos determinados e indeterminados del causante Marco Aurelio Porras Ajiaco, lo que en efecto ocurri\u00f3 el 19 de mayo siguiente, ello aun cuando la tarjeta profesional de \u00e9ste, asegura, se encontraba suspendida, como consecuencia de la sanci\u00f3n impuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, desde el \u00ab22 de marzo [hasta el] 21 de mayo [de la referida anualidad]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que con sustento en lo anterior, ella y los dem\u00e1s demandados a trav\u00e9s de su representante judicial, formularon incidente de nulidad ante el Despacho accionado, alegando para tal fin la calidad de \u00abinactivo\u00bb de dicho profesional del derecho; sin embargo, mediante providencia del 17 de mayo de 21016, \u00e9ste resolvi\u00f3 \u00abdeclarar[la] infundada\u00bb, y, subsiguientemente, \u00abcompulsar copias con destino al Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se investig[aran] las posibles faltas en que pudo haber incurrido el abogado\u00bb, lo que, a su juicio, implica la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superiores (fls. 30 a 46, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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b).        La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tras pronunciarse respecto a los hechos y pretensiones en que se sustent\u00f3 el escrito de tutela, advirti\u00f3 la improcedencia del amparo suplicado, ello con fundamento en que de conformidad con la normativa y la jurisprudencia aplicable en la materia, se entiende que \u00abla suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por parte de un abogado no implica per se la invalidez de las actuaciones por \u00e9l desarrolladas, pues \u00fanicamente en el evento en que su gesti\u00f3n haya sido nugatoria de los derechos de sus asistido, se torna imperioso nulitar la actuaci\u00f3n\u00bb (fls. 544 a 58, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Tribunal constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que la gestora incurri\u00f3 en un actuar incurioso, al no haber agotado dentro del tr\u00e1mite cuestionado los mecanismos ordinarios procedentes, pues no aparece demostrado que hubiere formulado los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que, seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso, ten\u00eda a su alcance para cuestionar la providencia aqu\u00ed censurada (fls. 74 a 77, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La promotora impugn\u00f3 el anterior fallo, alegando que el mismo \u00abno se ajusta a los antecedentes que motivaron la tutela\u00bb, y que por el contrario, \u00abse funda en consideraciones inexactas cuando no totalmente err\u00f3neas\u00bb, pues de conformidad con lo dispuesto en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el prove\u00eddo por ella criticado, esto es, el que le neg\u00f3 la nulidad invocada al interior del proceso ordinario mencionado en l\u00edneas anteriores, no es apelable, por lo que no lo interpuso para evitar que su actuaci\u00f3n fuera calificada como temeraria.  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas resalt\u00f3, que las actuaciones deshonestas que se vislumbran al interior de dicho tr\u00e1mite, \u00abdeben ser investigadas por el ente fiscal, [pues] burla no solo a los representantes de las instituciones del gobierno, sino a las contrapartes del debate procesal y por tanto [al] Estado\u00bb (fls 95 as 97, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, tal y como lo estableci\u00f3 el a quo constitucional, para la Sala surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que de acuerdo a los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, aunque la promotora del amparo tuvo a su alcance la posibilidad de exponer las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas ante el Juzgado accionado a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n, conforme lo prev\u00e9n los art\u00edculos 318 y 321 del C\u00f3digo de General del Proceso, vigente para el momento en que fue dictada la determinaci\u00f3n criticada, en un acto constitutivo de incuria guard\u00f3 silencio, cerrando con ello toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a este mecanismo especial\u00edsimo, que lejos est\u00e1 de tener como objeto revivir oportunidades perdidas dentro del proceso, en tanto que no es el escenario natural para debatir las diferentes discrepancias alegadas.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras, en STC1626-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Finalmente, aunque el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, permite excepcionalmente la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela ante la existencia de otros mecanismos para evitar un perjuicio irremediable, lo cierto es que en este caso la parte aqu\u00ed interesada no acredit\u00f3 la ocurrencia de un detrimento apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (ver entre otras, en STC4653-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.         Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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