{"id":99502,"date":"2026-06-25T18:34:55","date_gmt":"2026-06-25T18:34:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2211-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:34:55","modified_gmt":"2026-06-25T18:34:55","slug":"stc2211-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2211-2017\/","title":{"rendered":"STC2211-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2016-02890-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 18 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Graciela Soto Cruz en contra de los Juzgados Cincuenta Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes dentro del proceso de entrega de la cosa del tradente al adquirente adelantado por Myriam Luna G\u00f3mez contra Carlos C\u00e1rdenas (radicado 2014-00146-00).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La gestora demanda la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, legalidad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad jur\u00eddica, \u00abcopropiedad\u00bb, \u00abposesi\u00f3n material\u00bb y vivienda digna, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, los siguientes hechos:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que \u00abcon Carlos C\u00e1rdenas reali[z\u00f3] actos de uni\u00f3n marital de hecho entre julio de 2002 a mayo de 2005. Adquirimos una vivienda de inter\u00e9s social por escritura p\u00fablica No. 4488 de 6 de agosto de 2004, de la Notaria 20 del circulo de Bogot\u00e1, inmueble situado en la calle 6 A No. 92-20, casa 40, etapa 7 de la agrupaci\u00f3n Prados de Castilla. Aportamos la suma de $ 5.44.000.,oo \u2013en partes iguales- para pagar la cuota inicial del inmueble, m\u00e1s la suma de $4.296.000.oo que fue el aporte de subsidio familiar que se nos asign\u00f3 para adquirir el inmueble. El saldo, $14.600.000.oo se constituy\u00f3 hipoteca sobre el inmueble, pagaderos en 180 cuotas mensuales, m\u00e1s intereses UVR. Cuotas que pagamos cada uno, de por mitad, hasta mayo de 2005, pues el tipo me abandon\u00f3 por otra mujer, y se desentendi\u00f3 totalmente del inmueble, y\u00e9ndose\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00aben la p\u00e1gina 4 de la escritura p\u00fablica afirm\u00f3 CARLOS CARDENAS ser soltero y tener uni\u00f3n marital con la suscrita desde el 2002. Y en la p\u00e1gina 36 de dicho instrumento p\u00fablico CARDENAS se ratifica que es soltero y que tiene uni\u00f3n marital con la suscrita desde hace dos a\u00f1os y afect\u00f3 el inmueble a vivienda familiar y en [su] calidad de c\u00f3nyuge firm[\u00f3] la escritura p\u00fablica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que \u00abdesde junio de 2005, contin[u\u00f3] en el inmueble posey\u00e9ndolo totalmente, hasta ahora. Pag[\u00f3] hasta agosto de este a\u00f1o las cuotas de la hipoteca constituida sobre el inmueble de inter\u00e9s social, pag[a] la administraci\u00f3n, el impuesto predial, los servicios domiciliarios, lo pint[a], y le ha[ce] las reparaciones necesarias de se\u00f1ora y due\u00f1a. Documentos que aport[\u00f3] a la diligencia de entrega y que otorgan pleno valor probatorio y los acept\u00f3 la parte contraria\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00aben el 2013, CARLOS CARDENAS, inici\u00f3 ante el Juzgado 12 de Familia del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, el proceso No. 2013-00224, de levantamiento judicial de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, y termin\u00f3 con sentencia judicial accediendo a las peticiones del demandante\u00bb proceso en el que \u00abno se orden\u00f3 notificar al acreedor hipotecario banco Colpatria, esta entidad bancaria debe dar la AUTORIZACI\u00d3N para el levantamiento del patrimonio de familia, AUTORIZACI\u00d3N QUE DEBE SER PROTOCOLIZADA EN LA ESCRITURA PUBLICA en la cual se solemnice el acto; y al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, quien debe de definir mecanismos para la supervisi\u00f3n y vigilancia del uso adecuado de los recursos del subsidio familiar de vivienda de inter\u00e9s social\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que \u00abluego de haberse cancelado la afectaci\u00f3n a vivienda de inter\u00e9s social, CARLOS CARDENAS vendi\u00f3 el inmueble a MYRIAM LUNA GOMEZ, por escritura p\u00fablica No. 1057 de 30 de septiembre de 2013, seg\u00fan la cl\u00e1usula quinta de la escritura p\u00fablica se oblig\u00f3 a entregarlo el 1\u00b0 de febrero de 2014\u00bb y en \u00abfebrero de 2014, MYRIAM LUNA GOMEZ inici\u00f3 proceso judicial No. 2014-0146 de entrega del tradente al adquirente, conoci\u00f3 y aun tramita el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1. La demanda fue admitida de inmediato \u2013sin mediar notificaci\u00f3n por aviso- CARLOS CARDENAS acude al juzgado y se notifica del auto admisorio de la demanda, no contest\u00f3 la demanda, y el juzgado dicta sentencia ordenando la entrega material del inmueble\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Que \u00abel Juzgado Octavo Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, por causa del despacho comisorio No. 50 emanado del Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1, lleg\u00f3 al inmueble de la calle 6 A No. 92-20 casa 40 de Bogot\u00e1, notific\u00e1ndome de la existencia del proceso y de la diligencia de entrega, a lo cual plante[\u00f3] oposici\u00f3n a la entrega, alegando violaci\u00f3n al debido proceso, formulando nulidad absoluta, (inciso 3\u00b0 del art. 142, inciso 5\u00b0 del art. 147, numeral 9 del art. 140, 59, 83 en armon\u00eda con los arts. 337 a 339 del C. P. C.), posesi\u00f3n material,  que se trataba de una vivienda de inter\u00e9s social, la cual se rige por leyes especiales, exist\u00eda una sociedad patrimonial com\u00fan, la cual fue declarara voluntariamente por CARLOS CARDENAS y la suscrita en la escritura p\u00fablica de adquisici\u00f3n del inmueble, realizaci\u00f3n de mejoras al inmueble y derecho de retenci\u00f3n sobre mejoras. Aport[\u00f3] toda la prueba documental que contiene el expediente de entrega\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Que \u00abante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, promovi[\u00f3] incidente de nulidad absoluta del proceso de entrega, se tramit\u00f3 y resolvi\u00f3 negando la nulidad, interpus[o] recurso de apelaci\u00f3n y me fue negada porque, afirma el juez, no est\u00e1 enlistada dentro del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 354 del C. P. C.\u00bb, y tambi\u00e9n \u00abinterpuso recurso de QUEJA y el Juez 50 Civil del Circuito, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Solicit\u00f3, i) \u00abrevocar la sentencia judicial de primera instancia dictada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1, proferida dentro del proceso de entrega No. 2014-0146, arriba citado, el 20 de mayo de 2014\u00bb y, ii) ordenar que \u00abse decrete la nulidad absoluta del proceso aludido a partir del auto admisorio de la demanda, ordenando se acepte en el proceso de entrega a MARIA GRACIELA SOTO CRUZ, en su calidad de litisconsorcio necesario\u00bb (Fls. 1-6).  <\/span><\/p>\n

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4. Mediante auto de 19 de diciembre de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, avoc\u00f3 el conocimiento del asunto y, en fallo de 18 de enero de 2017 neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, determinaci\u00f3n que fue impugnada por la accionante (Fls. 8, 35-45 y 56).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El juzgado del circuito encartado, inform\u00f3 que, \u00abmediante auto de fecha 12 de octubre del a\u00f1o 2016 se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la apoderada judicial del extremo opositor contra el auto de fecha 31 de julio de 2015, proferido por el Juzgado 8 Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de esta ciudad, el expediente fue devuelto al Juzgado 3 Civil Municipal de Bogot\u00e1\u00bb, y, \u00abpor auto de fecha 5 de diciembre de 2016, fue resuelto el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de la opositora Mar\u00eda Graciela Soto Cruz en relaci\u00f3n con la denegaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n incoado contra la decisi\u00f3n emitida el 25 de septiembre de 2015, por el Juzgado 3 Civil Municipal de esta ciudad, mediante el cual se declar\u00f3 no probado el incidente de nulidad propuesto por la citada opositora\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, refiri\u00f3 que \u00ablas providencias dictadas por esta c\u00e9lula judicial se encuentran ajustadas a derecho\u00bb. (Fl. 12).  <\/span><\/p>\n

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La c\u00e9lula judicial municipal querellada, adujo que \u00abel auto admisorio de fecha 19 de febrero de 2014, la notificaci\u00f3n al demandado y la sentencia del 20 de mayo de 2014, que obra a folios 32-34 del cuaderno 1 son razonables, por ende, no puede predicarse ninguna existencia de una v\u00eda de hecho, por cuanto se sustentaron en hechos jur\u00eddicos s\u00f3lidos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, estim\u00f3 que \u00abla promotora cuestiona la sentencia del 20 de mayo de 2014 \u2013fls. 34 a 34, cdno. 1, de la cual tuvo conocimiento desde el 15 de octubre del mismo a\u00f1o, fecha en la cual se dio inicio a la diligencia de entrega \u2013fls. 168 a 172, cdno 1,:entre esas fechas y la data de interposici\u00f3n de la tutela (diciembre de 2016), transcurri\u00f3 un t\u00e9rmino superior al de seis (6) meses para que la persona que se vaya se vea afectada en sus derechos fundamentales acuda a esta herramienta excepcional y extraordinaria\u00bb (Fls. 26 y 27).  <\/span><\/p>\n

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Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar, de una parte que, \u00abcontrario a lo arg\u00fcido por el Juez Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1, se advierte que la accionante promovi\u00f3 oportunamente la presente acci\u00f3n, si se tiene en cuenta que la solicitud de amparo fue presentada el 19 de diciembre de 2016, en tanto que los autos de segunda instancia mediante los cuales se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de rechazar la oposici\u00f3n planteada (fls. 11 a 14 Cd. 3) y de declarar bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 la nulidad solicitada, fueron proferidos el 12 de octubre y el 5 de diciembre de 2016, respectivamente (fls. 155 a 158 Cd. De queja)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, de otro lado, que \u00abexaminadas las motivaciones expuestas en las citadas providencias y elementos de juicio que militan en el expediente allegado a este diligenciamiento, surge claro que las referidas determinaciones de segunda instancia no lucen arbitrarias ni caprichosas, en la medida en que se profirieron con unos criterios que encuadran dentro de la \u00f3rbita de una interpretaci\u00f3n razonable de las normas aplicables al caso concreto y del material probatorio recaudado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, refiri\u00f3 que \u00abn\u00f3tese que como sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n de rechazar la oposici\u00f3n, el apoderado de la accionante tan s\u00f3lo aleg\u00f3 que a) el juez comisionado, contrario a lo que falsamente fue consignado en la respectiva acta y b) \u201cla opositora aport\u00f3 la prueba documental necesaria para probar su oposici\u00f3n\u00bb resultando \u00abrazonable el pronunciamiento que emiti\u00f3 el juez acusado en segunda instancia frente a tales argumentos, pues, en relaci\u00f3n con el primero se\u00f1al\u00f3 que no era necesario recorrer e identificar el respectivo inmueble, tal como lo prev\u00e9 el par\u00e1grafo 4\u00ba del art\u00edculo 337 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cdado que el mismo se encontraba identificado por su matr\u00edcula inmobiliaria, por sus linderos, ubicaci\u00f3n tradici\u00f3n y otros elementos que se encuentran en el materia documental arrimado con la comisi\u00f3n\u201d\u00bb, y, \u00abrespecto al segundo argumento expuesto por la apelante, puntualiz\u00f3 que si bien las pruebas documentales \u201cfueron agregadas en la diligencia iniciada el d\u00eda 15 de octubre de 2014 (fl. 168), acto procesal donde se plante\u00f3 la oposici\u00f3n a la diligencia\u201d, lo cierto es que no las consider\u00f3 id\u00f3neas para la demostraci\u00f3n de esta, como quiera que \u201clos recibos que recibos que reposan a folios 185 a 197 no conducen a acreditar nada en cuanto a la posesi\u00f3n de inmueble, por su parte los vistos a folios 198 a 203 dan cuenta del cr\u00e9dito hipotecario a cargo del se\u00f1or Carlos C\u00e1rdena, pero no se prob\u00f3 que tales pagos los hubiese hecho la opositora, y por el contrario si coadyuvan a demostrar la causahabiencia preexistente entre el se\u00f1or C\u00e1rdenas y la opositora se\u00f1ora Mar\u00eda Graciela Soto Cruz\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Luego, anot\u00f3 que \u00abning\u00fan reproche puede merecer la decisi\u00f3n de declarar bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto que deneg\u00f3 la nulidad deprecada por la accionante, en la medida en que tal decisi\u00f3n se encuentra respaldada por las normas procesales aplicables al caso bajo estudio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abno se observa actitud arbitraria o comportamiento irregular que permita se\u00f1alar vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales invocados, y la simple inconformidad de la accionante frente a las decisiones para la prosperidad de segunda instancia no es motivo suficiente para la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela instaurada, como quiera que \u00e9sta no se ha instituido como un nuevo recurso procesal, pues \u201cen todo caso, la acci\u00f3n no podr\u00e1 tener por objeto que el juez de tutela se convierta en una nueva instancia, ni tampoco que entre a resolver discusiones propias del proceso (como la interpretaci\u00f3n simple de la ley o la valoraci\u00f3n de las pruebas) que no representen un problema constitucional de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u201d\u00bb (Fls. 35-45).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la accionante, argumentando, en s\u00edntesis, que \u00abla sentencia proferida no responde, lo (sic) contesta todos y cada uno de los hechos constitutivos de la acci\u00f3n de tutela. Lo expuesto en la sentencia de tutela ri\u00f1e con la verdad y realidad. No puede decirse que hay un falso raciocinio en materia de valoraci\u00f3n probatoria, porque no hizo un an\u00e1lisis probatorio de los hechos que narra la tutela. La sentencia no entr\u00f3 en el punto espec\u00edfico de la valoraci\u00f3n material de las pruebas. La sentencia no muestra los elementos de convicci\u00f3n que demuestran lo afirmado en la decisi\u00f3n. No valor\u00f3 la acci\u00f3n de tutela en su materialidad, por lo que hay violaci\u00f3n directa de la norma constitucional y de las normas legales y doctrinas relacionadas con la tutela\u00bb (Fl. 56).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la v\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole legal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Pretende la gestora que por este excepcional tr\u00e1mite, se revoque \u00abla sentencia judicial de primera instancia dictada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogot\u00e1, proferida dentro del proceso de entrega No. 2014-0146, arriba citado, el 20 de mayo de 2014\u00bb y, se ordene, decretar \u00abla nulidad absoluta del proceso aludido a partir del auto admisorio de la demanda, ordenando se acepte en el proceso en su calidad de litisconsorcio necesario\u00bb por incurrir en defecto \u00abprocedimental y f\u00e1ctico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del expediente que fuera remitido en calidad de pr\u00e9stamo, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) Demanda de \u00abentrega de la cosa del tradente al adquirente\u00bb promovida por Myriam Luna G\u00f3mez contra Carlos C\u00e1rdenas deprecando la entrega del bien inmueble ubicado en la calle 6 A No. 92-20, casa interior 40, etapa 7, de la Agrupaci\u00f3n Prados de Castilla de Bogot\u00e1, libelo admitido el 19 de febrero de 2014 (Fls. 24-26 y 29 cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Notificado personalmente el extremo pasivo, guard\u00f3 silencio, y a continuaci\u00f3n se profiri\u00f3 sentencia de 20 de mayo de 2014 que orden\u00f3 la entrega del referido predio y, se comision\u00f3 la referida actuaci\u00f3n  (Fls. 32-35).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Diligencia de entrega realizada el 15 de octubre de 2014 donde se present\u00f3 oposici\u00f3n por parte del apoderado de Mar\u00eda Graciela Soto Cruz (aqu\u00ed accionante), la que luego de ser suspendida se continu\u00f3 el 17 de julio de 2015 (Fls. 168-172 y 182-184 cuaderno despacho comisorio).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

d) Continuaci\u00f3n de la audiencia anteriormente referenciada, el 31 de julio de 2015, oportunidad en la que se rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n formulada al estimar que \u00aben el presente caso, no existe intervenci\u00f3n del t\u00edtulo toda vez que la opositora ha reconocido que lleg\u00f3 al inmueble con el propietario se\u00f1or CARLOS C\u00c1RDENAS, cuando este lo adquiri\u00f3 en el a\u00f1o 2004, habi\u00e9ndose constituido patrimonio de familia y afectaci\u00f3n de vivienda familiar, seg\u00fan anotaci\u00f3n 6 y 7 del folio de matricula No. 50C-1582942\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Resalt\u00f3, que \u00abla constituci\u00f3n de patrimonio de familia se levant\u00f3 mediante escritura p\u00fablica No. 186 del 8 de marzo de 2013 de la notaria octava de Ibagu\u00e9, y la afectaci\u00f3n de vivienda familiar se orden\u00f3 levantar mediante sentencia de 4 de septiembre de 2013, por parte del Juzgado 12 de Familia de esta ciudad, es decir, a partir de estas fechas en que se levantaron las restricciones, es que un tercero puede alegar por las v\u00edas jur\u00eddicas la posesi\u00f3n o tenencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostuvo, que \u00abla se\u00f1ora MAR\u00cdA GRACIELA SOTO CRUZ , manifiesta ser poseedora del inmueble de la calle 6 A No. 92-20 casa 40 de esta ciudad, pero no realiz\u00f3 ninguna actividad judicial desde la fecha en que seg\u00fan su manifestaci\u00f3n el se\u00f1or CARLOS C\u00c1RDENAS abandon\u00f3 el hogar, a\u00f1o 2006, sino hasta el a\u00f1o 2013 en que se inici\u00f3 un proceso ABREVIADO DE PERTENENCIA por PRESCRIPCI\u00d3N EXTRAORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, y por otro lado se opone al levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, lo que para este despacho contradice su planteamiento jur\u00eddico, de manifestar ser poseedora, pero oponerse al levantamiento de la afectaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abla posesi\u00f3n o tenencia que alega la se\u00f1ora MAR\u00cdA GRACIELA SOTO CRUZ, respecto del inmueble referenciado en la diligencia de entrega, no puede prosperar, por no ser titular verdadero de una posesi\u00f3n material \u201cen nombre propio\u201d ya que como se ha demostrado, el inmueble se lo entreg\u00f3 el se\u00f1or CARLOS CARDENAS, su ex compa\u00f1ero permanente en el a\u00f1o 2004, con ocasi\u00f3n de la compra que se efectu\u00f3 por parte de este, seg\u00fan se observa en la escritura 4488 de la Notaria 20 de esta ciudad, es decir es causa habiente del demandado en el proceso de entrega, y por ende deriva la tenencia del mismo\u00bb, determinaci\u00f3n que fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n (Fls. 302-306 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e) Prove\u00eddo de 12 de octubre de 2016, proferido por el ad quem encartado al desatar la alzada confirmando el auto cuestionado, por considerar que \u00abfrente a los reproches del censor en cuanto a que no se alinder\u00f3 el predio objeto de la entrega, refiere el par\u00e1grafo 4\u00b0 de la misma norma en cita que \u201cpara efectos de la entrega de un inmueble, no es indispensable recorrer ni identificar los linderos, cuando al juez o al comisionado no le quede duda acerca de que se trata del mismo bien\u201d, es por ello que el juez comisionado [estim\u00f3] innecesario volver a alinderar e identificar el inmueble objeto de la diligencia dado que el mismo se encontraba identificado por su matr\u00edcula inmobiliaria, por sus linderos, ubicaci\u00f3n, tradici\u00f3n y otros elementos que se encuentran en el material documental arrimado con la comisi\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, consider\u00f3 que \u00aben cuanto a las pruebas documentales aportadas por el opositor, se aprecia sin asomo de dudas que aquellas fueron agregadas en la diligencia iniciada el d\u00eda 15 de octubre de 2014 (Fl. 168), acto procesal donde se plante\u00f3 la oposici\u00f3n a la diligencia, no obstante de aquellas no se desprende situaci\u00f3n diferente a la ya referida por el juez a quo, veamos: los recibos que reposan a folios 185 a 197 no conducen a acreditar nada en cuanto a la posesi\u00f3n del inmueble, por su parte los vistos a folios 198 a 203 dan cuenta del cr\u00e9dito hipotecario a cargo del se\u00f1or Carlos C\u00e1rdenas, pero no se prob\u00f3 que tales pagos los hubiese hecho la opositora, y por el contrario si codayuvan a demostrar la causahabiencia preexistente entre el se\u00f1or C\u00e1rdenas y la opositora se\u00f1ora Mar\u00eda Graciela Soto Cruz, luego, los argumentos del censor quedan sin piso jur\u00eddico y en consecuencia habr\u00e1 de confirmarse el auto impugnado\u00bb (Fls. 11-14 cuaderno 3).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

f) Decisi\u00f3n de 25 de septiembre de 2015, emitida por el a quo censurado, que declar\u00f3 no probado el incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n propuesto por la quejosa por cuanto sostuvo que \u00abla causal invocada, la del numeral 9\u00ba del art\u00edculo 140 del C. de P. C. se configura cuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n o emplazamiento de quienes deban ser citados como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes cuando la ley as\u00ed lo ordene\u00bb por lo que \u00abno se advierte que Mar\u00eda Graciela Soto Cruz debiera ser citada como parte o estuviera llamada a suceder al demandado. T\u00e9ngase en cuenta que a la luz del art\u00edculo 407 ib\u00eddem, el proceso de entrega de la cosa por el tradente al adquirente, es iniciado por el segundo en contra del primero a fin de que se efect\u00fae la entrega material correspondiente; y que la aqu\u00ed incidentante, al margen de que sea cierto o no la poseedora del bien ra\u00edz, no ostenta la calidad de tradente o adquirente, de ah\u00ed que no haya debido cit\u00e1rsele en esta contienda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, por \u00faltimo, advirti\u00f3 que \u00abtampoco tiene fundamento la nulidad poyada (sic) en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque \u00e9sta solo tiene cabida en trat\u00e1ndose de pruebas obtenidas con violaci\u00f3n del debido proceso, circunstancia que ni siquiera se enmarca en los hechos que sustentan el incidente\u00bb, decisi\u00f3n que fue apelada (Fls. 138-140 cuaderno incidente).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

g) Auto de 19 de octubre de 2015 que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada (Fl. 142).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

h) Escrito mediante el cual se interpuso reposici\u00f3n contra la determinaci\u00f3n anteriormente referenciada (Fl. 143).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

i) Prove\u00eddo de 19 de noviembre siguiente que mantiene la resoluci\u00f3n atacada y ordena la expedici\u00f3n de copias para acudir a la queja (Fl. 146 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

j) Providencia de 5 de diciembre de 2016, proferido por el ad quem acusado, que declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n (Fls. 155-158 cuaderno queja).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anterior y en lo que respecta a la queja elevada contra la sentencia de 20 de mayo de 2014, mediante la cual el a quo censurado accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda de entrega del tradente al adquirente, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el presupuesto general de la inmediatez exigido para la prosperidad de la salvaguarda impetrada, ello a causa del lapso transcurrido desde cuando la accionante tuvo conocimiento de la misma (15 de octubre de 2014) y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela (16 de diciembre de 2016), esto es, dos (2) a\u00f1os y dos (2) meses despu\u00e9s de proferida la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona, sin que se presentara alguna excusa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.1. Es por eso que la actora no puede acudir a este medio para se\u00f1alar la afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas, comoquiera que pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que el amparo inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2. Sobre esta materia la jurisprudencia de la Corte ha  reiterado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del  Dec. 2591 de 1991  hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional,  con posterioridad a ello se ha entendido \u201cQue si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. (CSJ STC, 8 Feb. 20 May. 5 Sep. 2013, entre otras, Rads. 2012-00215-01, 00144-01 y 00649-01, respectivamente).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente.  <\/span><\/p>\n

  (…)  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 Ago. 2007, rad. 00188 -01 reiterado, entre otros, 22 Abr. 2008, rad. 00373 -01, 3 Sep. 2009, rad. 00302 -00, 14 Dic. 2010, rad. 02470-01, 13 Jun. 2011, rad. 00893-01, 16 Feb. y 12 Dic. 2012, rads. 00006-01 y 02527-01, respectivamente, 10 May. 2013, rad. 00954 y 1\u00ba Oct. 2014, rad. 00262-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.3. Ahora bien, es del caso resaltar que la diligencia de entrega memorada fue dispuesta en la referida sentencia actuaci\u00f3n que encuentra su fundamento en una orden proferida como consecuencia de un tr\u00e1mite judicial, es decir, el acceso a las pretensiones dentro del proceso de entrega del tradente al adquirente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[L]a tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (CSJ, SC, 28 de octubre de 2009, exp. 1496-01, citada el 19 de mayo de 2014, exp. STC6190 y en STC226-2015 y STC7979-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De otra parte, en lo atiente a la  queja enfilada contra rechaz\u00f3 a la oposici\u00f3n presentada en la diligencia de entrega, prima facie, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada tampoco puede encontrar apoyo por esta excepcional v\u00eda, toda vez que, no entra\u00f1a irregularidad que d\u00e9 lugar a catalogarlo como ostensiblemente absurdo ni manifiestamente ilegal para tenerlo como peregrino al derecho, am\u00e9n que tampoco responde a la arbitrariedad de su signatario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, teniendo en cuenta que, los jueces censurados, aplicando lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, consideraron que la se\u00f1ora Mar\u00eda Graciela Soto Cruz (aqu\u00ed accionante) ostentaba la calidad de mera tenedora del bien inmueble objeto de debate.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera, concluyeron que la posesi\u00f3n alegada no fue demostrada comoquiera que las pruebas allegadas no fueron suficientes para acreditar lo afirmado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n reclamada, en la medida en que, como ya se advirti\u00f3, no est\u00e1n demostradas las ostensibles circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la tutela, pues, la determinaci\u00f3n que hoy se debate se funda en la interpretaci\u00f3n razonada de los art\u00edculos 177 y 338 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 762 y 981 del C\u00f3digo Civil, normas que sirvieron de cimiento para adoptar la decisi\u00f3n que se cuestiona; luego, no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Reiteradamente ha sostenido esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u201d (Sentencia de 7 de marzo de 2008, Exp. T. N\u00b0. 2007-00514-01), a m\u00e1s que \u201cla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u201d (CSJ STC, 28 Mar. 2012, Rad. N\u00b0. 00022-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb\u00bb (CSJ STC, 5 Jul. 2012, Rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 2 Oct. 2013, Rad. 01449-01, 2 Abr. 2014, rad. 00606-00 y 7 Oct. 2015, rad. 2336-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De otra parte, en lo referente al auto de 5 de diciembre de 2016, proferido por el ad quem acusado, que declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la accionante contra el prove\u00eddo de 19 de octubre de 2015 que no accedi\u00f3 a la nulidad por ella formulada, se\u00f1ala la Sala que el mismo no luce arbitrario ni antojadizo toda vez que se soport\u00f3 en la normatividad aplicable en el momento (art\u00edculos 147 y 351 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), determinaci\u00f3n en la que se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el asunto que ocupa la atenci\u00f3n del Despacho debe precisarse primeramente que el Juez a quo al momento de tomar la decisi\u00f3n se fij\u00f3 en las disposiciones de que trata el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 351 del C. de P. C., que a su literal reza \u201c(\u2026) el que niegue el tr\u00e1mite de un incidente autorizado por la ley o lo resuelva, el que declare la nulidad total o parcial del proceso y el que niegue un amparo de pobreza (\u2026)\u201d, de lo que se colige que para efectos de determinar la viabilidad de la alzada incoada por la opositora, debe verificarse si el pronunciamiento se adecua a las disposiciones de esta norma\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Expuso, que \u00abpara efectos de lo anterior ha de decirse igualmente que, en trat\u00e1ndose de nulidades, se deben aplicar las disposiciones se\u00f1aladas en la norma especial, es decir, las se\u00f1aladas en el art\u00edculo 147 ib\u00eddem, en el que se indica que \u201cel auto que decrete la nulidad de todo el proceso, o de una parte del mismo sin la cual no fuere posible adelantar el tr\u00e1mite de la instancia, ser\u00e1 apelable en el efecto suspensivo. El que decrete la nulidad de una parte del proceso que no impida la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite de la instancia, lo ser\u00e1 en el efecto diferido\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, precis\u00f3, que \u00absabido es que el recurso de apelaci\u00f3n se rige por el r\u00e9gimen de la taxatividad en virtud de que s\u00f3lo procede respecto de las providencias expresamente consagradas en el estatuto procedimental\u00bb y \u00absi bien, la norma en comento estipula como apelable la providencia mediante la cual se resuelve un incidente, en el caso de marras el auto atacado no corresponde a una de aquella connotaci\u00f3n\u00bb pues \u00abobs\u00e9rvese que el incidente se decidi\u00f3 declarando no probado el incidente, lo que indefectiblemente lo hace recurrible porque no se declar\u00f3 la nulidad total o parcial del proceso, situaciones que har\u00edan viable el estudio de la alzada pretendida\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, no se constata que el auto acusado, reit\u00e9rase, pueda tildarse de arbitrario para que sea objeto de cuestionamiento en esta sede, por lo que independientemente que lo proh\u00edje la Corte, al \u00abjuez de tutela\u00bb le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya \u00abindependencia y autonom\u00eda\u00bb tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de \u00abraigambre constitucional y legal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

7. Ahora bien, respecto a la queja que enfila la gestora frente al auto de 25 de septiembre de 2015 en el que el a quo declar\u00f3 no probado el incidente de nulidad presentado por la quejosa destaca la Sala que tampoco puede encontrar resguardo la pretensi\u00f3n constitucional habida cuenta del incumplimiento del postulado de la subsidiariedad, pues la peticionaria no interpuso contra el mismo el recurso de reposici\u00f3n que era del caso, declin\u00e1ndolo, sino que acudi\u00f3 a formular directamente el de apelaci\u00f3n de que atr\u00e1s se dio cuenta, con lo cual, como se entender\u00e1, al equivocarlo, desperdici\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo de defensa que tuvo a su alcance para rebatirlo, dejadez que tambi\u00e9n impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional sobre ese particular, conforme al numeral 1\u00b0, del art\u00edculo 6\u00b0, del Decreto 2591 de 1991, por cuanto que esta acci\u00f3n es de naturaleza eminentemente residual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que, como ha expuesto la Corte reiteradamente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[D]e conformidad con el art\u00edculo 348 del C. de P. Civil era perfectamente viable formular la queja que ahora plantea a trav\u00e9s de ese recurso ordinario, de modo que al omitir su interposici\u00f3n no es conducente que acuda despu\u00e9s a este tr\u00e1mite extraordinario, breve y sumario para suplir su incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (CSJ STC, 3 ago. 2011, rad. 00741-01; citada, entre otras, en CSJ STC, 14 sep. 2012, rad. 00311-01).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 199 (\u2026) (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00; reiterada en CSJ STC, 9 mar. 2012, rad. 00427-00 y CSJ STC11986-2015 8 sep. 2015, rad. 2015-01950-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. De igual manera, cabe precisar, que tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable, pues lo cierto es que no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno que lo demostrara, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, am\u00e9n que la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de 20 de mayo de 2014 por parte del funcionario judicial acusado, de ordenar la entrega del inmueble, es el resultado y la consecuencia natural de las decisiones tomadas en el proceso motivo de censura; por ende, por sustracci\u00f3n de materia, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el resguardo instado.  <\/span><\/p>\n

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9. Con todo, resalta la Sala que si la gestora lo que pretende por medio del presente mecanismo extraordinario es hacer valer su condici\u00f3n de poseedora del bien objeto de la entrega, basta se\u00f1alar que cuenta con los mecanismos legales para lograr tal fin, toda vez que, la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb no est\u00e1 dise\u00f1ada con miras a reemplazar al \u00abjuez competente\u00bb por ello, si la interesado cuenta con otro \u00abmedio judicial\u00bb con el que pueda invocar la protecci\u00f3n de las prerrogativas esenciales que considera vulneradas, debe acudir a aquel y no hacer uso de la salvaguarda constitucional.  <\/span><\/p>\n

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10.  De conformidad con lo discurrido, se reafirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONZALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2016-02890-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).            Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99502","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99502","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99502"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99502\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}