{"id":99503,"date":"2026-06-25T18:35:18","date_gmt":"2026-06-25T18:35:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2212-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:35:18","modified_gmt":"2026-06-25T18:35:18","slug":"stc2212-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2212-2017\/","title":{"rendered":"STC2212-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2212-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2016-00933-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 16 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Beatriz Eugenia Palacio Naranjo en contra del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros S. A.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La gestora, por intermedio de abogada, demanda la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada dentro del juicio ordinario que le inici\u00f3 a la empresa vinculada (radicado 2009-00568-00).  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, los siguientes hechos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que en el referido litigio \u00abdespu\u00e9s de casi 7 a\u00f1os, el JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTI\u00d3N DE MEDELLIN (c\u00f3digo 753), en fecha 3 de diciembre de 2014 dicta sentencia No. 21 en la cual desestima las pretensiones de la demanda, sentencia que es apelada por el apoderado de la parte demandante Doctor ALBERTO  IVAN CUARTAS ARIAS, y es concedido dicho recurso en auto del 21 de enero de 2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00abpor reparto la apelaci\u00f3n de la sentencia queda en conocimiento del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELL\u00cdN, quien corre traslado para apelaci\u00f3n en auto del 5 de marzo de 2015\u00bb y \u00abpor descongesti\u00f3n judicial este proceso sale del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELL\u00cdN y avoca conocimiento el juzgado CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTI\u00d3N DE MEDELL\u00cdN, quien en fecha 9 de septiembre de 2015, emite sentencia de segunda instancia No. 190, en la cual revoca la de primera y ordena lo siguiente PRIMERO. Revocar la sentencia recurrida (\u2026), Cuarto. Costas en ambas instancias a favor de la parte demandante y a cargo de la parte demandada como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $1.000.000 y en primera la suma de $1.500.000\u00bb. (Subrayado original).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que el 14 de diciembre de 2015 \u00abel Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n corre traslado a la liquidaci\u00f3n de costas, las cuales fueron aprobadas, por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn, quien avoc\u00f3 conocimiento de los procesos que se tramitan en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n, en auto del 27 de enero de 2016, sin tener en cuenta el despacho que en fecha 18 de diciembre de 2015, estando dentro del t\u00e9rmino legal para ello el apoderado de la demandante hab\u00eda objetado la liquidaci\u00f3n de costas en cuanto a las agencias en derecho, ya que estas hab\u00edan sido liquidadas sin tener en cuenta los criterios del acuerdo 1887 de 2003 ni lo reglamentado en los art\u00edculos 393 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy conforme al C\u00f3digo General del Proceso art\u00edculo 366\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que el 5 de febrero de 2016 \u00aben vista del memorial radicado en la oficina de apoyo judicial el 3 de febrero de 2016 por parte del apoderado de la demandante quien le manifest\u00f3 al despacho que la liquidaci\u00f3n de costas no pod\u00eda ser aprobada, porque la misma hab\u00eda sido objetada con memorial radicado en la oficina de apoyo judicial el 18 de diciembre de 2015, el juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn percat\u00e1ndose del error corre traslado conforme al art\u00edculo 393 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que el 7 de julio del a\u00f1o inmediatamente anterior y \u00ab7 meses despu\u00e9s de haber sido objetada la liquidaci\u00f3n de costas\u00bb el despacho encartado declar\u00f3 impr\u00f3spera la objeci\u00f3n formulada, determinaci\u00f3n que fue objeto de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que el 7 de octubre de 2016 la c\u00e9lula judicial querellada resolvi\u00f3 no reponer el auto cuestionado y no concedi\u00f3 la alzada \u00abcon unos argumentos que no consultan para nada el acuerdo que debe aplicar el se\u00f1or juez, para liquidar las agencias en derecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Que \u00ablo que no se entiende, es porque si la objeci\u00f3n fue presentada con respecto a la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho en las dos instancia[s], el se\u00f1or juez del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn, en el auto que resuelve la objeci\u00f3n se limit\u00f3 a hablar \u00fanicamente de la condena en costas de la segunda instancia, como si al llegar el proceso al juzgado de origen, el se\u00f1or Juez Civil Municipal pudiera modificar a su arbitrio la condena de la primera instancia liquidada por el superior\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por lo anterior, solicita que se realice \u00abuna liquidaci\u00f3n por concepto de agencias en derecho que consulte los criterios ordenados en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, el art\u00edculo 393 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n \u00fatil de la gesti\u00f3n ejecutada, que al realizar la liquidaci\u00f3n de las agencias en derecho se tenga en cuenta el valor de las pretensiones reconocidas en la demanda\u00bb (Fls. 3-16).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Mediante auto de 12 de diciembre de 2016 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, avoc\u00f3 el conocimiento del asunto y, en fallo de 16 de enero de 2017 neg\u00f3 la salvaguarda deprecada, determinaci\u00f3n que fue impugnada por la apoderada judicial de la querellante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

El Representante Legal de Seguros General Suramericana S. A., sostuvo que \u00abno existe violaci\u00f3n al derecho constitucional a la igualdad puesto que el Juez de Segunda Instancia al momento de proferir el auto de liquidaci\u00f3n costas (sic), en su sano juicio y arbitrio, cumpliendo los requisitos mencionados en el acuerdo 1887 de 2003, no dio un trato desigual, por lo tanto accionante (sic) no cumple los requisitos establecidos por la Corte Constitucional y del art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asever\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no procede para exigir prestaciones econ\u00f3micas o dinerarias, como la que se pretende exigir en el caso en cuesti\u00f3n. Aceptar que la acci\u00f3n de tutela es el mecanismo para exigir el pago de dinero e indemnizaciones ser\u00eda desfigurar el mencionado instrumento constitucional y desconocer el esp\u00edritu del constituyente de 1991\u00bb (Fls. 79-82).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su vez, el apoderado solicit\u00f3 que se deniegue el amparo impetrado teniendo en cuenta que \u00abla decisi\u00f3n proferida por el JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELL\u00cdN, se encuentra ajustada a derecho y soportado en la normatividad y jurisprudencia vigente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Expuso que \u00abel hecho de que las decisiones de instancia no hubiesen sido compartidas por la parte demandante, no constituye un error o violaci\u00f3n al debido proceso ni mucho menos de los derechos fundamentales, m\u00e1xime teniendo en cuenta que dentro del proceso se respetaron todas y cada una de las formalidades procesales y de contradicci\u00f3n que establece el art\u00edculo 29 constitucional, al punto que esta decisi\u00f3n fue objeto de objeci\u00f3n y posteriormente recurso\u00bb (Fl. 83 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3, que \u00abde all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n del tutelante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a su desacuerdo frente a las decisiones tomadas por el Juez Diecinueve Civil del Circuito de esta ciudad, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una independiente hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite del atropello o la arbitrariedad, que en el presente caso no se perciben. Lo pretendido por la peticionaria del amparo, es anteponer su propio criterio al del juez accionado y atacar, por esta v\u00eda, las decisiones que lo desfavorecieron, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. No sin antes advertir que la actora a\u00fan cuenta con la posibilidad de objetar las agencias en derecho en primera instancia una vez la secretaria realice la respectiva liquidaci\u00f3n y ser\u00e1 aquel escenario donde se pueda discutir lo aqu\u00ed rebatido\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que, \u00absin asomo de duda, resulta que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad judicial acusada emiti\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que adujo la accionada en la providencia cuestionada, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial perfectamente v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias, y por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del tutelante\u00bb (Fls. 86-90).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 la apoderada judicial de la accionante sin expresar los argumentos de su inconformidad (Fl. 93).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la v\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole legal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Pretende la gestora que por este excepcional tr\u00e1mite, se elabore \u00abuna liquidaci\u00f3n por concepto de agencias en derecho que consulte los criterios ordenados en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, el art\u00edculo 393 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n \u00fatil de la gesti\u00f3n ejecutada, que al realizar la liquidaci\u00f3n de las agencias en derecho se tenga en cuenta el valor de las pretensiones reconocidas en la demanda\u00bb\u00bb\u00b8 toda vez que, en la realizada por la c\u00e9lula judicial encartada se incurri\u00f3 en defecto sustantivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. De las pruebas aportadas, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1. Sentencia de 3 de diciembre de 2014 proferida por el Juzgado Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda de responsabilidad civil contractual promovida por Beatriz Eugenia Palacio Naranjo (aqu\u00ed accionante) contra la Compa\u00f1\u00eda Suramericana de Seguros S. A. (Fls. 24-29  cuaderno Tribunal).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. Fallo de 9 de septiembre de 2015 dictado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn que revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n anteriormente referenciada y, en su lugar, accedi\u00f3 a lo pretendido, condenando, entre otros, en costas \u00aben ambas instancias a favor de la parte demandante y a cargo de la demandada\u00bb y, dispuso \u00abcomo agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $1.000.000 y en primera la suma de $1.500.000\u00bb  (Fl. 31-47).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3. Liquidaci\u00f3n de costas elaborada, el 14 de diciembre de 2015, por el despacho querellado fijando como agencias en derecho la suma de $1.000.000 (Fl. 3 cuaderno Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.4. Objeci\u00f3n a la \u00abliquidaci\u00f3n de costas\u00bb presentada, el 18 de diciembre de 2015, por el apoderado judicial de la quejosa (Fls. 49-51 cuaderno tribunal).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.5. Prove\u00eddo de 7 de julio de 2016, a trav\u00e9s del cual, el funcionario cuestionado, declar\u00f3 impr\u00f3spera la objeci\u00f3n formulada (Fls. 58-61).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

3.6. Recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n promovidos por la demandante frente a la resoluci\u00f3n referenciada  (Fls. 62-64).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.7. Determinaci\u00f3n de 7 de octubre de 2016 que mantuvo el auto cuestionado y, no concedi\u00f3 la alzada al estimar que \u00abahora pretende el abogado demandante a trav\u00e9s de recurso de reposici\u00f3n, en donde plantea las mismas inconformidades que en el escrito de objeci\u00f3n, que el Despacho vuelva y se pronuncie sobre los puntos que ya fueron agotados en la providencia del 07 de julio de 2016, situaci\u00f3n que no es del resorte del recurso de reposici\u00f3n, cuya finalidad es poner en consideraci\u00f3n del juez que profiri\u00f3 la providencia los argumentos necesarios para que lo modifique, lo revoque, lo aclare o lo adicione, situaci\u00f3n que ya se resolvi\u00f3 negativamente con el recurso de objeci\u00f3n y que vuelve a ser presentada por el togado bajo la figura de la reposici\u00f3n\u00bb (Fls. 66-68).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar apoyo por esta excepcional v\u00eda, toda vez que, la decisi\u00f3n proferida por el despacho encartado adiada el 7 de julio de 2016 de, mediante la cual se declar\u00f3 impr\u00f3spera la objeci\u00f3n elevada contra la liquidaci\u00f3n de costas, prima facie, no entra\u00f1a irregularidad que d\u00e9 lugar a catalogarla como ostensiblemente absurda ni manifiestamente ilegal para tenerla como peregrina al derecho, am\u00e9n que tampoco responde a la sola arbitrariedad de su signatario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En efecto, en el auto censurado, el juez, con apoyo en el Acuerdo 1887 de 2003 y el art\u00edculo 393 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estim\u00f3 que \u00ablas sumas fijadas en el proceso por tal criterio se encuentran acordes a las normas relacionadas, toda vez que estas solo fijan un l\u00edmite m\u00e1ximo para establecer tal concepto de condena, teniendo en cuenta que las agencias en derecho de esta instancia no pueden superar el 5% de las pretensiones otorgadas en la sentencia, se encuentran acorde al par\u00e1metro fijado para tal fin. Adem\u00e1s, fueron establecidas por el juez tras valorar de forma objetiva la activada desplegada por el abogado de la parte vencedora del proceso\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al paso que, precis\u00f3 \u00abconsiderando la cuant\u00eda del proceso, el monto de las pretensiones, las actuaciones del apoderado, la duraci\u00f3n \u00fatil del proceso y el l\u00edmite de la tarifa establecida por el acuerdo No. 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, esta Dependencia encuentra ajustada la suma fijada como agencias en derecho para correspondiente instancia, por lo cual no procede su adecuaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n reclamada, en la medida en que, como ya se advirti\u00f3, no est\u00e1n demostradas las ostensibles circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la tutela, pues, la determinaci\u00f3n que hoy se debate se funda en la interpretaci\u00f3n razonada de la referida normatividad, canones que sirvieron de cimiento para adoptar la decisi\u00f3n que se cuestiona; luego, no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Reiteradamente ha sostenido esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u201d (Sentencia de 7 de marzo de 2008, Exp. T. N\u00b0. 2007-00514-01), a m\u00e1s que \u201cla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u201d (CSJ STC, 28 Mar. 2012, Rad. N\u00b0. 00022-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente al tema de la liquidaci\u00f3n de costas ha consagrado esta Sala que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) es de ver que relativamente a las tarifas a tener en cuenta para fijar las agencias en derecho, ha de atenderse lo dispuesto en el numeral 1.7 del art\u00edculo 6\u00b0 del Acuerdo N\u00b0. 1887 de 26 de junio de 2003, mediante el cual \u201cse establecen las tarifas de agencias en derecho\u201d, mismo que se\u00f1ala los topes m\u00e1ximos por los que se puede efectuar tal condena, ya en primera ora en segunda instancia. Lo anterior, por as\u00ed imponerlo el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 393 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Pues bien, cabe precisar que la ley de ritos civiles trata el tema de las \u201ccostas\u201d, referente tanto a la \u201ccondena\u201d como a su \u201cliquidaci\u00f3n\u201d, en los art\u00edculos 392 y 393, respectivamente (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Por tanto, el numeral 2\u00b0 de la primera de las normas enunciadas, el cual fue modificado por el art\u00edculo 19 de la Ley 1395 de 2010, patentemente estableci\u00f3 que \u201c[l]a condena se har\u00e1 en la sentencia o auto que resuelva la actuaci\u00f3n que dio lugar a la condena. En la misma providencia se fijar\u00e1 el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidaci\u00f3n\u201d (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) A su vez, el referido art\u00edculo 393 que, it\u00e9rase, regula el t\u00f3pico de la liquidaci\u00f3n de las costas, en el inciso segundo (2\u00b0), de su numeral tercero (3)\u00b0, determina que \u201c[s]\u00f3lo podr\u00e1 reclamarse la fijaci\u00f3n de agencias en derecho mediante objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n de costas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) De la arm\u00f3nica lectura de ese par de art\u00edculos emerge que, en torno a la imposici\u00f3n de las \u201ccostas\u201d, se diferencian dos claros momentos: el primero, es aquel en el que se realiza la \u201ccondena\u201d en \u201ccostas\u201d, esto es, se trata de ese instalamento en que se determina que hay lugar a tal imposici\u00f3n en punto de la parte procesal que se hizo merecedora de lo propio, siendo que tal ocasi\u00f3n se hace tangible, c\u00f3mo no, a la hora de ser dictada la sentencia o el auto que \u201cresuelva la actuaci\u00f3n que dio lugar\u201d a aquella, oportunidad \u00e9sta en que tambi\u00e9n se habr\u00e1 de \u201cfijar\u201d, es decir, precisar o estipular, \u201cel valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidaci\u00f3n\u201d (art\u00edculo 392-2\u00b0 de la ley de enjuiciamiento civil) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLa \u201cliquidaci\u00f3n\u201d de las costas (art\u00edculo 393 ib\u00edd.), entonces, se erige en la segunda etapa que sobre el particular ha de desplegarse, o sea, es la que se materializa una vez efectuada la condena, posteriormente a ella, y en la que se entra a indicar cu\u00e1l es la cantidad numeraria en que ella se concreta, eslab\u00f3n este en el cual, se podr\u00e1 entrar a rebatir, mediante \u201cobjeci\u00f3n\u201d, entre otras cosas, la \u201cfijaci\u00f3n\u201d de las \u201cagencias en derecho\u201d que anteriormente ya fuera efectuada; dicho en otras palabras, en esa precisa etapa procedimental se podr\u00e1 disputar acerca del quantum que en antes se hab\u00eda fijado o establecido a t\u00edtulo de agencias en derecho, mas no, en modo alguno, es dable que ese medio de contradicci\u00f3n se emplee para reclamar una contingente falta de condena, por cuanto que tal tema ya qued\u00f3 zanjado en su oportuno momento, es decir, desde cuando se dict\u00f3 la \u201csentencia\u201d o el \u201cauto\u201d que la impuso (\u2026)\u201d(subraya fuera de texto). (CSJ STC 22 nov. 2013 rad. 2013-00954-01 reiterada en CSJ STC155-2016 21 ene. 2016 rad. 2015-00803-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Ahora bien, en relaci\u00f3n con la presunta violaci\u00f3n del derecho a la igualdad, observa la Sala que no basta con la simple enunciaci\u00f3n sino que la gestora debi\u00f3 demostrar que a una persona, en id\u00e9nticas condiciones, la autoridad acusada le hubiese concedido el beneficio que reclama.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el tema, la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

[\u2026] Finalmente, en cuanto al derecho a la igualdad, no se cuenta con sustentos ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, debido a que el actor no demostr\u00f3 un tratamiento distinto o preferente al que a \u00e9l se le prodig\u00f3 en alg\u00fan caso similar al suyo, requisito indispensable para efectuar el parang\u00f3n correspondiente\u00bb. (CSJ STC, 14 May. 2012, rad. No. 00082-01, reiterado, entre otras, en  CSJ STC, 9 May. 2014, rad. No. 00159-01). CSJ STC, 30 sep. 2015, rad, 2015-00514-01.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Finalmente, relaci\u00f3n con la queja referente a que \u00ablo que no se entiende, es porque si la objeci\u00f3n fue presentada con respecto a la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho en las dos instancia[s], el se\u00f1or juez del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn, en el auto que resuelve la objeci\u00f3n se limit\u00f3 a hablar \u00fanicamente de la condena en costas de la segunda instancia, como si al llegar el proceso al juzgado de origen, el se\u00f1or Juez Civil Municipal pudiera modificar a su arbitrio la condena de la primera instancia liquidada por el superior\u00bb\u00b8 basta se\u00f1alar que la actora cuenta con la oportunidad de objetar la liquidaci\u00f3n de costas que practique el juez de primera instancia luego, es prematuro reclamar un pronunciamiento del juzgador constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el operador competente; am\u00e9n que la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como una instancia paralela a las actuaciones judiciales, dado su car\u00e1cter subsidiario y residual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. Rese\u00f1ado lo anterior, sea del caso precisar que la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que no resulta de recibo que el peticionario:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

en apresurado actuar, haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador natural, desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga dado que el juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia. [\u2026]\u201d (CSJ STC, 1\u00b0 Feb. 2011, Rad. 2010-00958-01, reiterado el 10 Feb. 2012 y 22 Nov. 2012, Rads. 2011-0526 y 00537 y, 6 Mar. y 10 Abr. 2013, Rads. 00011 y 00251, respectivamente).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11.  De conformidad con lo discurrido, se reafirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONZALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         MARGARITA CABELLO BLANCO         STC2212-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2016-00933-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).            Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99503","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99503"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99503\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}