{"id":99504,"date":"2026-06-25T18:35:28","date_gmt":"2026-06-25T18:35:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2213-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:35:28","modified_gmt":"2026-06-25T18:35:28","slug":"stc2213-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2213-2017\/","title":{"rendered":"STC2213-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2213-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b073001-22-13-000-2016-00705-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Yolanda D\u00edaz Castro frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda, con citaci\u00f3n de Ana Patricia Fern\u00e1ndez Su\u00e1rez, Sandra Yamile Fern\u00e1ndez, Ismelda Useche, Ana Beiba Escobar, Dalia Esperanza C\u00e9spedes, Anatilde Andrade G\u00fazman, Luis Aguirre L\u00f3pez y la Junta de Vivienda Comunitaria Villa Honda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La promotora reclam\u00f3, a trav\u00e9s de apoderada, la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de jus  ticia, defensa e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada al consentir la intervenci\u00f3n, en el juicio de pertenencia que adelanta contra la agrupaci\u00f3n comunal, de las personas naturales vinculadas,.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, en sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que entabl\u00f3 el susodicho proceso persiguiendo la usucapi\u00f3n de un inmueble cuyo titular inscrito de dominio es el Plan de Vivienda Villa Honda y \u00ablas dem\u00e1s personas que se crean con derechos sobre el bien\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que la admisi\u00f3n de la demanda le fue notificada a la entidad demandada por intermedio de su representante legal, Luis Aguirre L\u00f3pez, \u00abquien la contest\u00f3 sin abogado\u00bb. Vencido el t\u00e9rmino de traslado, aqu\u00e9l intent\u00f3 replicar el libelo inicial, ahora s\u00ed por intermedio de mandatario judicial, mas el despacho encartado tuvo esa gesti\u00f3n por extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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2.3  Que una vez surtido el emplazamiento de los interesados, concurrieron Ana Patricia Fern\u00e1ndez Su\u00e1rez, Sandra Yamile Fern\u00e1ndez, Ismelda Useche, Ana Beiba Escobar, Dalia Esperanza C\u00e9spedes, Anatilde Andrade G\u00fazman y el propio Luis Aguirre L\u00f3pez, aduciendo ser \u00abpropietarios del Plan de Vivienda Villa Honda\u00bb, y en esa condici\u00f3n se opusieron a las pretensiones.   <\/span><\/p>\n

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2.4. Que inicialmente, por auto de 29 de marzo de 2016, no se admiti\u00f3 esa participaci\u00f3n, pero en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento se dej\u00f3 sin efectos la anterior determinaci\u00f3n y se les permiti\u00f3 actuar \u00abcomo terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo (\u2026) complementando el decreto de pruebas con las pruebas solicitadas por las personas anunciadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que formul\u00f3 reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. No  prosper\u00f3  la primera y le negaron la alzada por improcedente.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, en consecuencia, \u00abdeclarar la nulidad o la ilegalidad de la providencia (\u2026) mediante la cual se dej\u00f3 sin efecto el auto de fecha 29 de marzo del a\u00f1o 2016\u00bb; adem\u00e1s, ordenarle al acusado \u00ababstenerse de escuchar a las personas naturales indicadas\u00bb (fls. 6-27, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El juzgado censurado sostuvo que al efectuar el control de legalidad debi\u00f3 retrotraer el tr\u00e1mite para garantizar el debido proceso de quienes acudieron alegando un \u00abderecho sobre el bien\u00bb, de ah\u00ed que, \u00abal margen de que el mismo se acredite, lo que deber\u00e1 ser analizado en la sentencia (\u2026) quedan comprendidos en el llamado que por ley se realiza a trav\u00e9s del emplazamiento dispuesto en el art\u00edculo 407 del C.P.C., aplicable atendiendo la fecha en que fue incoada la demanda\u00bb (fls. 36-38, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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Los restantes involucrados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Deneg\u00f3 la salvaguarda, en primer lugar, respecto de las prerrogativas al acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, porque al interior del pleito la gestora no ha tenido un \u00abtrato discriminatorio o diferente\u00bb, por el contrario, ha presentado pruebas y recursos. En cuanto al debido proceso, adem\u00e1s de que aqu\u00e9lla \u00abno precis\u00f3 cu\u00e1l fue la norma procesal que desatendi\u00f3 el despacho judicial acusado\u00bb, \u00e9ste fundament\u00f3  razonablemente la intervenci\u00f3n de los referidos particulares en que \u00abtienen una relaci\u00f3n con la persona jur\u00eddica demandada que eventualmente conlleva a que sus derechos patrimoniales se vean indirectamente afectados o beneficiados con la sentencia que se dicte en el proceso, sumado a que la definici\u00f3n de esa relaci\u00f3n sustancial se traslad\u00f3 para la sentencia, circunstancia que permite deducir que la discusi\u00f3n frente a esa tem\u00e1tica en sede constitucional resulta prematura habida cuenta que es un t\u00f3pico que en primer lugar debe ventilarse ante el juez accionado en la respectiva etapa procesal en el proceso de declaraci\u00f3n de pertenencia\u00bb (fls. 51-57, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la apoderada de la gestora afirmando que no pod\u00eda reproch\u00e1rsele por dejar de indicar la norma supuestamente violada o inaplicada, pues est\u00e1 en discusi\u00f3n que el querellado desbord\u00f3 el alcance \u00abde la norma por \u00e9l esbozada\u00bb. Asimismo, el fallador del amparo est\u00e1 facultado y obligado para \u00abdeducir e interpretar lo pretendido (\u2026) sin que se le exija al actor formalidades rigurosas y expresas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3, frente a la participaci\u00f3n de \u00ablos terceros\u00bb, que \u00abno cuentan con legitimaci\u00f3n individual para actuar en contraposici\u00f3n de las pretensiones\u00bb, ya que \u00abhacen parte activa y actual de la [persona] jur\u00eddica que ha sido legalmente demandada\u00bb y, en suma, act\u00faan en su nombre, al punto que \u00abno vienen discutiendo derechos particulares e individuales en forma concreta\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y por tanto, no puede aceptarse que aqu\u00e9llos \u00absubsanen las omisiones y yerros en que ha incurrido el representante legal de la [entidad] jur\u00eddica demandada\u00bb, la cual, por previsi\u00f3n del art\u00edculo 639 del C\u00f3digo Civil, opera por intermedio de su representante, sin que a sus integrantes les pertenezca, en todo o en parte, el patrimonio de la corporaci\u00f3n, seg\u00fan el precepto 637 del mismo estatuto (fls. 68-75, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Reiteradamente se ha explicado que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar las decisiones que se adopten y \u00fanicamente, de manera excepcional, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario proceda \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb; bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad de que las sentencias judiciales pueden desconocer las prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Observada la inconformidad planteada, resulta evidente que para la accionante se incurri\u00f3 en defecto procedimental al aceptar la intervenci\u00f3n, en el proceso de pertenencia, de las personas naturales, puesto que en su criterio estos encarnan los intereses de la persona jur\u00eddica demandada y, en esa medida, no pueden actuar en paralelo para enmendar, subrepticiamente, los descuidos de su representante legal.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Por auto de 1\u00b0 de junio de 2015, el juzgado acusado admiti\u00f3 la demanda de la actora contra el Plan de Vivienda Villa Honda y personas indeterminadas, \u00aborden\u00e1ndose el emplazamiento de estas \u00faltimas\u00bb (fl. 48, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.2. Mediante determinaci\u00f3n del 28 de septiembre siguiente, \u00abse tuvo por no contestada la demanda por parte\u00bb de aquella persona jur\u00eddica, pues lo hizo tard\u00edamente (\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3.3. Concurrieron Ana Patricia Fern\u00e1ndez Su\u00e1rez, Sandra Yamile Fern\u00e1ndez, Ismelda Useche, Ana Beiba Escobar, Dalia Esperanza C\u00e9spedes, Anatilde Andrade G\u00fazman y Luis Aguirre L\u00f3pez \u00abobrando como propietarios del Plan de Vivienda Villa Honda\u00bb (ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3.4. En prove\u00eddo de 29 de marzo de 2016 se dispuso \u00abque el Plan de Vivienda Villa Honda deb\u00eda estarse a lo resuelto\u00bb en prove\u00eddo de 28 de septiembre de 2015 (ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3.5. En audiencia de 17 de noviembre \u00faltimo, al efectuar el control de legalidad, el fallador acusado dej\u00f3 sin efectos la anterior decisi\u00f3n, teniendo \u00abcomo terceros con inter\u00e9s\u00bb a las referidas personas, \u00abconforme lo autoriza el art\u00edculo 407 del estatuto procedimental civil vigente para la \u00e9poca en que se promovi\u00f3 la acci\u00f3n\u00bb (fls.3 y 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.6. Se interpuso recurso de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, con el primero se mantuvo la decisi\u00f3n, el segundo se neg\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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4. El fallo de primera instancia ser\u00e1 confirmado porque, en primer lugar, comoquiera que esta salvaguarda no es una instancia adicional o una oportunidad para reabrir las discusiones dirimidas por los sentenciadores competentes mientras sus determinaciones no resulten abiertamente contraevidentes o contrarias al ordenamiento positivo. Como ha dicho insistentemente la Sala, \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado examinar si los funcionarios realizaron la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues, tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades\u00bb (CSJ, STC2713-2015, 12 mar., rad.00502-00, citada en STC1946-2016, 18 feb., rad. 2015-03001-01).  <\/span><\/p>\n

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En este caso, la decisi\u00f3n del fallador denunciado, de permitir la intervenci\u00f3n de quienes vienen alegando un derecho sobre el inmueble litigado, respeta las pautas del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil para el proceso de pertenencia, en la medida que, como en ese tr\u00e1mite es indispensable emplazar a los interesados y la sentencia, de acoger las pretensiones, producir\u00e1 efectos erga omnes\u00bb, no luce caprichoso admitir que hagan parte de la controversia aquellos que atendieron el llamamiento, pues si no fuese as\u00ed se vendr\u00eda a menos ese requisito de publicidad caracter\u00edstico de la pertenencia.  <\/span><\/p>\n

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En situaciones que comparten elementos con el sub-j\u00fadice, se ha explicado que:   <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) siendo indiscutible que la norma citada ordena el emplazamiento de las personas que se crean \u201ccon derechos sobre el respectivo bien\u201d, para que intervengan en el tr\u00e1mite de la declaraci\u00f3n de pertenencia (\u2026) no se puede arribar a conclusi\u00f3n diferente a la de que los funcionarios accionados realizaron una razonable interpretaci\u00f3n tanto de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica como jur\u00eddica, de la cual si bien eventualmente puede disentirse, no se erige en motivo suficiente para conceder el amparo, pues como de vieja data lo tiene dicho la Sala \u201cno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ, STC 17 en. 2008, rad. 2007-02062-00).  <\/span><\/p>\n

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5. Respecto de la pol\u00e9mica que trae la actora acerca del origen, naturaleza y alcance de los derechos que dicen tener los intervinientes, ese debate le corresponde definirlo al juzgador conocimiento; de hecho, \u00e9ste advirti\u00f3 que lo har\u00eda en la sentencia. En ese orden de ideas, estando pendiente la conclusi\u00f3n del litigio, en ese puntual aspecto este auxilio deviene presuroso, siendo pertinente que la inconforme espere por la resoluci\u00f3n del operador judicial y, dado el caso, ejerza los medios de impugnaci\u00f3n conducentes.  <\/span><\/p>\n

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En este sentido ha dicho la Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) este camino no fue creado para revisar de forma paralela o anticipada las decisiones judiciales, por lo tanto, antes de acudir al amparo, las personas deben agotar los instrumentos establecidos en la ley y esperar a que se adopte una decisi\u00f3n que pueda ser rebatible por la v\u00eda excepcional. (\u2026) As\u00ed lo expuso esta Sala cuando indic\u00f3 que \u2018\u2026Sobre las inconformidades que surgen dentro de las causas, (\u2026) corresponde a los interesados exponerlas ante el funcionario de conocimiento, a trav\u00e9s de los mecanismos dispuestos al efecto, y, si ya se acudi\u00f3 a ellos, es necesario esperar un pronunciamiento que defina lo cuestionado, pues, de lo contrario el amparo se torna presuroso\u2019\u00bb (CSJ 28 ago 2013, rad. 01250-01, reiterada STC 27 nov 2013, rad. 02680-00, STC9052-2014 11 jul, rad. 01404-00 y STC424-2015, 28 en., rad, 2014-02468-01).  <\/span><\/p>\n

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6. Finalmente, aunque en efecto este resguardo tiene un car\u00e1cter informal, siendo innecesario que su promotor mencione qu\u00e9 normas a su parecer conculc\u00f3 el funcionario encartado, ni siquiera las de rango Constitucional (art\u00edculo 14 Decreto 2591 de 1991), la realidad es que el Tribunal a-quo en ning\u00fan momento hizo esa exigencia, pues no descart\u00f3 la protecci\u00f3n porque dejasen de mencionarse los preceptos presuntamente trasgredidos; lo hizo, en cambio, al advertir que el pronunciamiento del servidor judicial no es arbitrario.  <\/span><\/p>\n

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7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el prove\u00eddo censurado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC2213-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b073001-22-13-000-2016-00705-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 16 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99504","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99504","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99504"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99504\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}