{"id":99505,"date":"2026-06-25T18:35:35","date_gmt":"2026-06-25T18:35:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2214-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:35:35","modified_gmt":"2026-06-25T18:35:35","slug":"stc2214-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2214-2017\/","title":{"rendered":"STC2214-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2214-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-22-03-000-2016-02787-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 13 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Gonzalo Robayo Fl\u00f3rez contra el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta ciudad, el Archivo Central y el Archivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-Inpec.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, en sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que en 1984 fue demandado en un juicio de separaci\u00f3n de bienes, iniciado ante el despacho encartado por su esposa Mar\u00eda Teresa Bobadillo de Robayo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que en ese proceso se libr\u00f3 el oficio n\u00b0 1637 de 4 de octubre de esa anualidad, ordenando el embargo del inmueble con matr\u00edcula 50S-804264, el cual fue debidamente inscrito.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que en el a\u00f1o 2010 obtuvo el divorcio del matrimonio religioso con la se\u00f1ora Bobadillo  y, en el Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1, tramit\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que en la partici\u00f3n aprobada, le correspondi\u00f3 el citado predio, sin embargo, no ha podido registrar la adjudicaci\u00f3n dado que la referida cautela, decretada hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os, permanece vigente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que en julio de 2013 le solicit\u00f3 al fallador accionado el \u00abdesarchive\u00bb del expediente de \u00abseparaci\u00f3n de bienes\u00bb, pero simplemente se le indic\u00f3 que no aparece en ninguno de los \u00ablibros y listados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que desde entonces y hasta la fecha ha \u00abvenido radicando derechos de petici\u00f3n tanto al juzgado en menci\u00f3n como a Archivo Central y Archivo Inpec con el fin de ubicar el proceso sin que se lograse un resultado positivo en dicha b\u00fasqueda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Que adicionalmente ha presentado once (11) memoriales persiguiendo que el sentenciador \u00abse sirva levantar la medida cautelar que el mismo imparti\u00f3 (\u2026) y hasta la fecha no ha existido un pronunciamiento jur\u00eddico al respecto\u00bb, pues no se ha reconstruido el expediente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Que tampoco se ha surtido el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 88 del Decreto 1778 de 1954, puesto que para el convocado resulta improcedente en virtud de la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abpero tampoco se rinde ante lo ordenado por el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 598 de la norma que deroga la anterior -el C.G.P.- la cual indica un plazo de dos meses para iniciar la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y que pasado este t\u00e9rmino aun de oficio debe decretar la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, que \u00abse ubique y se desarchive el proceso\u00bb y \u00abse d\u00e9 tr\u00e1mite a la solicitud de levantamiento de la medida cautelar\u00bb (fl. 24, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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         <\/span><\/p>\n

El Inpec manifest\u00f3, en suma, que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que \u00abno le corresponde atender los requerimientos aludidos\u00bb (fls. 33 y 34, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El juzgado censurado adujo que el gestor solicit\u00f3 el desarchivo del proceso de separaci\u00f3n de bienes que \u00abal parecer curs\u00f3 en este estrado judicial en el a\u00f1o 1984, y adem\u00e1s se solicit\u00f3 la documental o soporte de la existencia y ubicaci\u00f3n del referido proceso, del cual no fue posible encontrar registro alguno\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, por auto de 14 de enero de 2014 \u00abdispuso oficiar  a todos los archivos de la  Rama Judicial para que informen la ubicaci\u00f3n del proceso, y a la Oficina de Registro para que remita copia del oficio con el cual se comunic\u00f3 la cautela- inscripci\u00f3n de la demanda (sic).  A lo cual el archivo del Inpec inform\u00f3 que en esas dependencias no se encontr\u00f3 el proceso de la referencia (respuesta del 14 de mayo de 2014); el Coordinador del Archivo Central manifest\u00f3 que tampoco fue posible obtener registro alguno del proceso en menci\u00f3n. La respuesta de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad se obtuvo el 8 de octubre de 2014, y por auto de 16 de octubre de la referida anualidad, se neg\u00f3 la petici\u00f3n de desarchive elevada en tal sentido, por cuanto la b\u00fasqueda result\u00f3 infructuosa, de esa manera se resolvi\u00f3 de fondo dicha solicitud\u00bb (fl. 45).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene, que direccion\u00f3 la \u00absolicitud de levantamiento de la medida bajo los lineamientos del art. 88 del Decreto 1778 de 1954, la cual en principio se neg\u00f3 por considerarse que la referida norma hab\u00eda sido derogada (autos del 13 de marzo de 2015), sin embargo ante un nuevo an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n y con ocasi\u00f3n de lo dispuesto en el literal C del art. 626 del C.G.P., se dispuso darle tr\u00e1mite a la solicitud de levantamiento de la medida cautelar bajo tal postulado, lo cual se concret\u00f3 mediante auto del 26 de junio de 2015, donde adem\u00e1s se orden\u00f3 realizar la publicaci\u00f3n o emplazamiento de que trata el precepto aplicado -Decreto 1778-. Sin embargo, la parte interesada no ha realizado la mencionada publicaci\u00f3n y solicit\u00f3 el pasado 18 de octubre de 2016 dar aplicaci\u00f3n al numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso, aspecto que fue negado (\u2026) por cuanto se estaba adelantando el asunto bajo los ritos de la normas atr\u00e1s indicada \u2013Decreto 1778\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que \u00abha realizado la b\u00fasqueda f\u00edsica y en los libros de archivo del proceso referenciado, para poder tomar una decisi\u00f3n adecuada a la situaci\u00f3n planteada, faltando \u00fanicamente la publicaci\u00f3n del edicto para entrar a resolver de fondo el tr\u00e1mite gestionado, acto que se encuentra pendiente de cumplir por parte del interesado\u00bb (fls. 177-179, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de este tr\u00e1mite porque \u00ablos procesos bajo custodia del Ministerio de Justicia en estado de archivados, fueron divididos entre el Instituto Nacional Penitenciario\u00bb y esa dependencia; \u00aben el a\u00f1o 2004 se cre\u00f3 la base de datos Saidoj Siglo XXI (\u2026) con el fin de digitar los procesos que fueron entregados al Archivo Central para su custodia dese el a\u00f1o 1991, sin obtener resultado positivo de la ubicaci\u00f3n del proceso con la informaci\u00f3n suministrada\u00bb (fl. 180,cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Coordinaci\u00f3n del Grupo de Gesti\u00f3n Documental del Inpec inform\u00f3 que no \u00abfue encontrado el proceso solicitado\u00bb y relat\u00f3 que esa entidad \u00abtiene bajo su custodia algunos procesos de los a\u00f1os 1940 a 1992 (\u2026) en a\u00f1os anteriores al 2007 se hicieron varios traslados de bodega, al parecer muchos expedientes se perdieron (\u2026) ante las continuas inundaciones presentadas en el s\u00f3tano del archivo judicial de Paloquemao. Se observa la p\u00e9rdida total de aproximadamente un 30% de documentaci\u00f3n\u00bb (fls. 182 y 183, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Deneg\u00f3 la salvaguarda porque el gestor \u00abno ha agotado todos los instrumentos que el ordenamiento procesal ofrece, a fin de impugnar las decisiones judiciales\u00bb que reprocha; adem\u00e1s, no ha cumplido con la carga de publicar el emplazamiento de que trata el Decreto 1778 de 1954, por lo que no puede \u00abimputar desatenci\u00f3n al juzgado, cuando ha sido (\u2026) desidioso en asumir la obligaci\u00f3n que legalmente sobre \u00e9l  gravita\u00bb (fls. 197-203, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Para el promotor la p\u00e9rdida del expediente \u00abfue \u00fanica y exclusiva responsabilidad de cada una de las entidades que en ese momento ten\u00edan la custodia del mencionado proceso\u00bb, de modo que no tiene por qu\u00e9 soportar esa situaci\u00f3n  y muchos menos debe tild\u00e1rsele de \u00abdesidioso\u00bb, como lo hizo el a-quo. M\u00e1xime cuando, por el contrario, la oficina judicial encartada lleva a\u00f1os en mora de cancelar el embargo, siempre escud\u00e1ndose en que \u00abse encontraban ubicando el expediente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tampoco puede censur\u00e1rsele la omisi\u00f3n en la publicaci\u00f3n del emplazamiento, pues \u00abno es posible de cumplir\u00bb, comoquiera que carece de los \u00abdatos suficientes exigidos por el art. 318 del C.P.C. ni por el 293 del C.G.P.\u00bb; de hecho, el edicto elaborado por el juzgado no contiene \u00abn\u00famero de radicaci\u00f3n, ni partes del proceso, ni clase\u00bb del mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1ade que aport\u00f3 \u00abla direcci\u00f3n de notificaciones de la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Bobadillo de Robayo\u00bb, pero ni siquiera as\u00ed el despacho acusado se ha preocupado por disponer su notificaci\u00f3n para proceder a \u00abla reconstrucci\u00f3n del expediente\u00bb (fls. 217-220, cdno.1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Reiteradamente se ha explicado que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar las decisiones que se adopten y \u00fanicamente, de manera excepcional, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario proceda \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb; bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad de que las sentencias judiciales pueden desconocer las prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, resulta evidente que el demandante est\u00e1 inconforme con la demora del juzgado accionado en definir sobre la reconstrucci\u00f3n del expediente del juicio de separaci\u00f3n de bienes o la cancelaci\u00f3n del embargo que pesa sobre su inmueble desde hace m\u00e1s de treinta (30) a\u00f1os, sin que, en su sentir, pueda exig\u00edrsele el emplazamiento previsto en el art\u00edculo 88 del Decreto 1778 de 1954, pues no existen los datos necesarios para efectuarlo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, encuentra la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a) Mediante derechos de petici\u00f3n del 22 y 23 de julio de 2013, dirigidos al despacho convocado y al Archivo Central, respectivamente, el actor reclam\u00f3 el desarchive del \u00abproceso de separaci\u00f3n de bienes ante el Juzgado Diecinueve del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb (fls.50-53, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)  A trav\u00e9s de memoriales radicados el 17 de octubre y 19 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, el interesado pidi\u00f3 la \u00abreconstrucci\u00f3n del expediente\u00bb, a fin de poder tramitar el levantamiento de la medida cautelar sobre el predio con matr\u00edcula 50S-804264 (fls. 54-63, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Por auto de 14 de enero de 2014, se orden\u00f3 oficiar \u00aba todas las entidades donde reposan procesos archivados\u00bb, tambi\u00e9n a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 para que remita copia del oficio de embargo (fl. 64 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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d) En comunicaci\u00f3n del siguiente 14 de mayo, la Coordinaci\u00f3n del Grupo de Gesti\u00f3n Documental del Inpec se\u00f1al\u00f3 que \u00abel proceso de la referencia no se encuentra en las instalaciones\u00bb donde reposa el archivo judicial bajo su guarda (fl. 69, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e) Con misiva del 20 de junio de la misma anualidad, el Archivo Central indic\u00f3 que no obtuvo registro alguno \u00abdel proceso mencionado\u00bb (fl. 70 id.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

f) Mediante escrito de 22 de agosto, tambi\u00e9n de ese a\u00f1o, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos anex\u00f3 copia del Oficio n\u00b0 1637 de 1984, inscrito en el folio 504264 (fls. 80-82, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

g) Interlocutorio de 16 de octubre de 2014 que neg\u00f3 el desarchivo, \u00abcomoquiera que la b\u00fasqueda del proceso ha sido infructuosa\u00bb (fl. 84 ib\u00edd.).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

h) Decisi\u00f3n de 28 de enero de 2015, a trav\u00e9s de la cual se requiri\u00f3 al peticionario para que precise \u00absi lo que desea es la reconstrucci\u00f3n de expediente o el levantamiento de la cautela (\u2026) en los t\u00e9rminos del Decreto 1778 de 1954\u00bb (fl. 133, ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

i) Memorial de 7 de abril de 2015, donde el actor expresa que \u00abla solicitud a la que se debe dar tr\u00e1mite es la que apunta al levantamiento de la medida cautelar\u00bb (fl. 136, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

j) Prove\u00eddo de 26 de junio de aquel a\u00f1o, que aplic\u00f3 el tr\u00e1mite del art\u00edculo 88 del Decreto 1778 de 1954 y orden\u00f3 realizar el emplazamiento all\u00ed previsto (fl. 143, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

k) Determinaci\u00f3n de 19 de octubre de 2016, que previno al quejoso de acatar el auto anterior y deneg\u00f3 la aplicaci\u00f3n \u00abdel numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 598 del C.G.P.\u00bb puesto que el asunto debe surtirse conforme el citado decreto (fl. 173, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

l) El gestor no interpuso ning\u00fan recurso contra esas decisiones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Por regla general, este resguardo, de suyo excepcional y residual, resulta improcedente cuando quien lo promueve dej\u00f3 de emplear los mecanismos ordinarios de defensa que tiene a su disposici\u00f3n en la actuaci\u00f3n judicial. Por tanto, con facilidad se advierte que el amparo no puede concederse, como bien lo entendi\u00f3 el Tribunal, puesto que no atiende el presupuesto de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El reclamante a todas luces pudo interponer reposici\u00f3n contra las decisiones que le impusieron la carga de efectuar el emplazamiento que ahora, por esta v\u00eda, pretende evadir, puesto que ese recurso, salvo norma en contrario que para el caso no la hay, procede contra todas las providencias que dicte el juez (art\u00edculo 348 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 318 del General del Proceso). Al no hacerlo, desperdici\u00f3 la oportunidad id\u00f3nea para exponer todas las inconformidades que ventila impropiamente ventila por esta senda.  <\/span><\/p>\n

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Frente al tema reiteradamente la Corte ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ STC, rad. 2007-00379-01, reiterada, entre otros,  STC5371-2015, 5 may, 2015 rad. 00003-02 y recientemente en STC8457-2016, 5 jul., rad. 00162-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Tampoco existe la mora judicial que el censor denuncia, puesto que el susodicho emplazamiento se orden\u00f3 por primera vez el 26 de junio de 2015, reiter\u00e1ndose el 19 de octubre de 2016, y, como lo contabiliz\u00f3 el sentenciador constitucional de primer grado, han pasado m\u00e1s de dieciocho (18) meses desde entonces sin que aqu\u00e9l lleve a cabo esa gesti\u00f3n (fls. 143 y 173 cdno. 1), de modo que, evidentemente, la paralizaci\u00f3n del tr\u00e1mite obedece, no a una actitud ap\u00e1tica del despacho enjuiciado, sino al desinter\u00e9s del querellante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, si en realidad para el demandante dicha carga -el emplazamiento- resultaba imposible de cumplir, como lo sostiene apenas ahora en la impugnaci\u00f3n, lo l\u00f3gico es que, al menos en alguna ocasi\u00f3n a lo largo del a\u00f1o y medio transcurrido, pusiese de presente esa circunstancia ante el funcionario de conocimiento; pero nunca lo hizo, lo que refuerza la convicci\u00f3n de que la salvaguarda no es procedente, comoquiera que esta herramienta de protecci\u00f3n no fue dise\u00f1ada con el prop\u00f3sito de eludir la competencia de los falladores ordinarios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con todo, lo cierto es que en el plenario existen los insumos necesarios para realizar la comentada publicaci\u00f3n, puesto que se conoce los nombres de las partes, la naturaleza del proceso y el juzgado, que son en s\u00edntesis los datos que deben incluirse seg\u00fan el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma aplicable dado el momento de iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite y que de cualquier forma tiene los mismos par\u00e1metros del actual art\u00edculo 108 del C\u00f3digo General del Proceso, amen que el funcionario judicial ha actuado de forma diligente, resolviendo cada una de las peticiones del actor, esto es, ha procurado el desarchivo del proceso pero sin \u00e9xito, acept\u00f3 el desistimiento de la reconstrucci\u00f3n y, centrado en la solicitud levantamiento profiri\u00f3 el edicto respectivo, sin que hasta la fecha el quejoso hubiese procurado su publicaci\u00f3n  a efectos de resolver lo que pretende.  <\/span><\/p>\n

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6. Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n reiteradamente ha sostenido que este amparo no opera mientras subsistan mecanismos ordinarios de defensa id\u00f3neos para conjurar la presunta afectaci\u00f3n ius-fundamental, pues en ese evento lo pertinente es agotar dichos instrumentos.  <\/span><\/p>\n

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Esto significa, para el caso concreto, que el resguardo no puede concederse comoquiera que el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 el \u00ablevantamiento del embargo\u00bb procede \u00abcuando pasados cinco (5) a\u00f1os a partir de la inscripci\u00f3n de la medida, no se halle el expediente en que ella se decret\u00f3. Con este prop\u00f3sito, el respectivo juez fijar\u00e1 aviso en la secretar\u00eda del juzgado por el t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas,  para que los interesados puedan ejercer sus derechos. Vencido este plazo, el juez resolver\u00e1 lo pertinente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De modo que dado el car\u00e1cter eminentemente subsidiario de este instrumento de protecci\u00f3n, no hay manera de que el juez de tutela invada la \u00f3rbita de competencia de otros servidores judiciales y resuelva precipitadamente un requerimiento que a\u00fan no ha le sido formulado al funcionario encargado de resolverlo.   <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular ha dicho la Sala:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) Se ha reiterado que esta salvaguarda no es apta para suplantar los tr\u00e1mites ordinarios al alcance de las personas, dado su car\u00e1cter eminente residual que s\u00f3lo la hace viable ante la inexistencia de otro mecanismo legal. As\u00ed, se ha definido que no puede utilizarse si primero no se acude ante las autoridades encargadas de resolver sobre lo pretendido (CSJ, STC5436-2016, 28 abr., rad. 2015-00255-01).  <\/span><\/p>\n

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7. De conformidad con lo discurrido, no se conceder\u00e1 el amparo.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC2214-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-22-03-000-2016-02787-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).   Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 13 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99505\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}