{"id":99507,"date":"2026-06-25T18:35:45","date_gmt":"2026-06-25T18:35:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2216-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:35:45","modified_gmt":"2026-06-25T18:35:45","slug":"stc2216-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2216-2017\/","title":{"rendered":"STC2216-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2216-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01203-01.  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de         quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil  \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Elias Arias Idarraga en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Alcald\u00eda de Pereira, la Procuradur\u00eda y a la Defensor\u00eda del Pueblo de la misma urbe regional (Risaralda), as\u00ed como a todas aquellas personas que coadyuvaron la acci\u00f3n popular.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  Demand\u00f3 el gestor la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental a sus \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb,  presuntamente vulnerado por la autoridad judicial encartada.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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Que promovi\u00f3 \u00abA Popular #2015-263 en el despacho tutelado\u00bb, y el 31 de octubre de 2016 \u00abpresent[\u00f3] memorial, el cual NO REPOSA en [la] acci\u00f3n y pid[i\u00f3] se investigue y sancion\u00e9, porque no aparece o porq[ue] no est[\u00e1] incorporado [su] memorial al d\u00eda de hoy 12 de diciembre de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, en consecuencia, se ordene la \u00abvigilancia judicial y adtiva (sic) para el despacho tutelado\u00bb, tambi\u00e9n, se \u00abpida copia AP 2015-55 donde se perdi\u00f3 otra Acci\u00f3n popular a fin que obre\u00bb. Adicionalmente, se \u00abordene al Procurador en A (sic) popular a fin q[ue] se pronuncie sobre el actuar del despacho referente a las A (sic) populares y consignara y probara sus actuaciones en esta acci[\u00f3]n popular q[ue] hoy tutelo\u00bb (Fls. 1 a 2 y 4 a 5 Cdno. Principal).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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La procuradora de la regional Risaralda manifest\u00f3 que \u00ab[\u2026] las acciones populares referenciadas no fueron promovidas por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Procuradur\u00eda Regional Risaralda, y por ello se nos ha comunicado el auto que admite la misma por parte del respectivo Juzgado de conocimiento, para que intervengamos en aquellos procesos que consideremos conveniente (sic), donde se reitera se viene efectuando el respectivo reparto de las acciones populares entre los profesionales adscritos a la Procuradur\u00eda Regional Risaralda y Provincial de Pereira\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la acci\u00f3n de tutela presentada por el se\u00f1or JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA, solicita se ordene vigilancia judicial y administrativa para el despacho tutelado\u00bb, lo que resulta una \u00ab[s]ituaci\u00f3n ajena a esta Agencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que nuestra intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el juez, en el caso de encontrar que el proyecto de acuerdo no contiene vicios de ilegalidad, sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego, dada su funci\u00f3n de defensor de los intereses colectivos, pacto de cumplimiento que no ha sido comunicado a esta Agencia de Ministerio P\u00fablico\u00bb (subrayas originales del texto – Fl. 12 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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La apoderada judicial del Municipio de Pereira refiri\u00f3 que \u00abel accionante realiza una serie de acusaciones contra el despacho del Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito, actuaciones donde supuestamente se viola el debido proceso, la igualdad y la debida administraci\u00f3n de justicia, la moral judicial, y la renuencia del tutelado, la violaci\u00f3n a su deber de funci\u00f3n, en esta acci\u00f3n de Tutela se vincula al Municipio de Pereira, sin que esta entidad haya realizado actuaci\u00f3n alguna dentro de la acci\u00f3n popular presentada por el se\u00f1or Arias Idarraga, o que el municipio haya proferido la decisi\u00f3n con la que el tutelante se encuentra inconforme, en el presente caso, el Municipio de Pereira no es la autoridad que vulner\u00f3 o amenaza vulnerar los derechos fundamentales del actor\u00bb (Fls. 17 a 18 \u00cddem).       <\/span><\/p>\n

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La representante legal de Seguros Bol\u00edvar adujo que el \u00ab18 de octubre de 2016, el Tribunal Superior declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y devolvi\u00f3 el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito y \u00e9ste en auto del 31 de octubre de 2016 le orden\u00f3 al actor que cumpliera nuevamente con el Aviso a la comunidad. Al parecer ese mismo d\u00eda el interesado present\u00f3 el memorial que dice faltar en el expediente, sin embargo, no aporta prueba de haberlo radicado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3, que las \u00abacciones de tutela que ahora se instauran contra el Juzgado al parecer obedecen a peticiones no resueltas, que en nada comprometen la responsabilidad de la Aseguradora, por tanto, no nos podemos pronunciar sobre lo all\u00ed solicitado, entre otras cosas, porque no se aport\u00f3 la copia del presunto memorial radicado y en todo caso la Aseguradora tampoco cuenta con copia de referida comunicaci\u00f3n\u00bb (Fls. 27 a 28 \u00cddem).   <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 la salvaguarda impetrada al considerar \u00ab[\u2026] uno de los requisitos de procedencia del amparo constitucional es que el interesado haya acudido de manera previa a la autoridad que supuestamente afecta sus garant\u00edas fundamentales, a fin de que esta tenga la oportunidad de conocer la reclamaci\u00f3n y pronunciarse al respecto; de obviarse ese tr\u00e1mite, se estar\u00eda dando por sentado que la administraci\u00f3n no va a acceder a la petici\u00f3n y adicionalmente, el ciudadano ejercer\u00eda la tutela como forma principal de obtener protecci\u00f3n a sus derechos, cuando, es sabido, una de las principales caracter\u00edsticas es la subsidiariedad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A su vez, anot\u00f3 que en \u00abel curso del proceso se acredit\u00f3 que en la acci\u00f3n popular radicada en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, bajo el No. 66001-31-03-002-2015-00263-00, efectivamente no obra el memorial que el accionante asegura present\u00f3 el 31 de octubre de 2016; tampoco actuaci\u00f3n posterior alguna\u00bb. Y, en el momento de ser \u00abrequerido para el efecto, dej\u00f3 de acreditar que hubiese presentado memorial alguno al citado despacho judicial en aquella fecha\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto, surge \u00abel demandante ninguna actividad ha desplegado en el proceso en el que encuentra lesionados sus derechos, con el fin de obtener se incorpore el memorial que dice no se agreg\u00f3, a pesar de que lo present\u00f3 el pasado 31 de octubre y por tanto, que el despacho accionado tampoco ha tenido oportunidad de resolver lo que corresponda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, ese \u00abpasivo comportamiento impide otorgar el amparo solicitado, porque el juez constitucional no puede desconocer las formas propias decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, escenario normal previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios competentes para ello\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y finalmente acot\u00f3 que tampoco \u00abresulta viable acudir a la tutela, como lo propone el demandante, para reclamar vigilancia judicial y administrativa, ni para solicitar informes al representante del Ministerio P\u00fablico sobre la actuaci\u00f3n que ha desplegado en el proceso, ni para ordenar la investigaci\u00f3n de los funcionarios judiciales, pues para tales efectos el interesado debe elevar las respectivas peticiones ante las competentes autoridades, en raz\u00f3n a que la tutela solo procede como medida de protecci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb (Fls. 32 a 35 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante, pidiendo que \u00abSE REQUIERA A LA TUTELADA QUE MANIFIESTE SE RECI[B]IO FECHADO 31 DE OCTUBRE EN ESE DESPACHO, YA QUE MAL HARIA YO EN APORTARLO A LA TUTELA, DE SER NECESARIO LO APORTARE POSTERIORMENTE AL SOLICITAR VIGILANCIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA\u00bb (Fls. 38 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la orden contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Pretende el querellante que se disponga que se \u00abinvestigue y sancione\u00bb por la p\u00e9rdida del memorial, y se ordene \u00abvigilancia judicial y adtiva (sic) para el despacho tutelado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan consta en la certificaci\u00f3n expedida por el Auxiliar Judicial Henry Lora Rodr\u00edguez en la que inform\u00f3 que \u00abuna vez revisado el expediente radicado 66001-31-03-002-2015-00263-00, [\u2026] se advierte que all\u00ed no obra memorial alguno presentado por el actor el 31 de octubre de 2016, ni actuaci\u00f3n posterior relacionado con ese documento\u00bb (Fl. 31 \u00cddem).    <\/span><\/p>\n

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3. Con fundamento en las pruebas allegadas y examinadas en la presente queja constitucional se advierte que el amparo no atiende el referido presupuesto de la subsidiariedad exigido para el \u00e9xito de la salvaguarda impetrada, teniendo en cuenta que el gestor no ha hecho uso de ninguno de los mecanismos propios que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 para obtener respuesta a un cuestionamiento; la acci\u00f3n de tutela no puede convertirse en un medio para prescindir de las v\u00edas naturales y ordinarias para resolver sus reclamos, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican esta herramienta supralegal.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, teniendo en cuenta que la inconformidad y lo que pretende el aqu\u00ed accionante, it\u00e9rese, no lo ha expuesto ante la c\u00e9lula judicial encartada, luego entonces el juez constitucional carece de competencia para emitir pronunciamiento alguno, respecto a que \u00abno reposa en la acci[\u00f3]n\u00bb el \u00abmemorial\u00bb presentado \u00abel 31 de octubre\u00bb requerido por aquel en el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[\u2026] la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ STC, rad. 2007-00379-01, reiterada, entre otros, STC5371-2015, 5 may, 2015 rad. 00003-02).  <\/span><\/p>\n

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4. Ahora bien, respecto de la petici\u00f3n del actor en cuanto a que \u00abse ordene vigilancia judicial y adtiva (sic) para el despacho tutelado\u00bb, dicha actuaci\u00f3n debe ser desplegada la respectiva entidad, pues la tutela no resulta la herramienta id\u00f3nea para satisfacer dicho requerimiento, ya que este mecanismo fue dise\u00f1ado para el amparo de los  derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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En lo concerniente con este puntual t\u00f3pico, ha expuesto la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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Al margen de lo anterior, y en cuanto hace con la solicitud de que se expidan \u00abcopias\u00bb con miras a que se inicien investigaciones \u00abdisciplinarias\u00bb, vale se\u00f1alar que los gestores est\u00e1n en mejores condiciones de exponer ante las autoridades competentes las circunstancias que estiman como quebrantadoras, motivo por el cual ellos, si a bien lo tienen, pueden dirigir directamente las peticiones que encuentren oportunas, raz\u00f3n por la que tampoco se acceder\u00e1 a esa deprecaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5. Por \u00faltimo, en referencia con las solicitudes de pedir \u00abcopia AP 2015-55 donde se perdi\u00f3 otra Acci\u00f3n popular a fin que obre\u00bb y, requerir al funcionario judicial para que se \u00abMANIFIESTE SI RECIBI\u00d3 MI MEMORIAL FECHADO 31 DE OCTUBRE\u00bb; no pueden ser  acogidas las mencionadas reclamaciones, debido a que son actuaciones que debe llevar a cabo exclusivamente el accionante, ante la c\u00e9lula judicial censurada, bajo los mecanismos que la ley procesal dicta en este sentido.   <\/span><\/p>\n

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6. Seg\u00fan lo discurrido, se reafirmar\u00e1 el fallo materia de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         STC2216-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01203-01.   (Aprobado en sesi\u00f3n de         quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99507","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99507","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99507"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99507\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99507"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99507"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99507"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}