{"id":99508,"date":"2026-06-25T18:35:49","date_gmt":"2026-06-25T18:35:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2217-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:35:49","modified_gmt":"2026-06-25T18:35:49","slug":"stc2217-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2217-2017\/","title":{"rendered":"STC2217-2017"},"content":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2217-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01305-01.  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de         quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil  \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Elias Arias Idarraga en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas el municipio \u2013Control F\u00edsico- y la Personer\u00eda Municipal de Pereira, la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda y Asmet Salud EPS (carrera 9 No. 19-11).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  Demand\u00f3 el gestor la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental a sus \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb,  presuntamente vulnerados por la autoridad judicial encartada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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Que interpuso \u00abA Popular # 6001310300032015-00192 donde apel[\u00f3] y desist[i\u00f3] de [la] alzada; empero la tutelada SE NEG[\u00d3] a cambiar la concesi[\u00f3]n de la alzada a efecto DEVOLUTIVO tal como ha saciedad lo solicit[\u00e9], por ello tutelo\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia ordenar al juez encartado que conceda \u00abla alzada de la entidad accionada en efecto DEVOLUTIVO, tal como lo solicite (sic) [h]a saciedad\u00bb, adem\u00e1s solicit\u00f3 que se \u00abordene al procurador en A (sic) popular que se pronuncie sobre si me garantizo el debido proceso en esta acci\u00f3n popular q[ue] hoy tutelo y pruebe el procurador q[ue] cumple su funci\u00f3n\u00bb (Fls. 1 a 2 Cdno. Principal).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS    <\/span><\/p>\n

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El apoderado judicial de la oficina jur\u00eddica de la Alcald\u00eda de Pereira manifest\u00f3 que \u00abel accionante realiza una serie de acusaciones contra el despacho del Juzgado Tercero Civil del Circuito, actuaciones donde supuestamente se viola el debido proceso, la igualdad y la debida administraci\u00f3n. En esta acci\u00f3n de Tutela se vincula al Municipio de Pereira, sin que esta entidad haya realizado actuaci\u00f3n alguna dentro de la acci\u00f3n popular presentada por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga o que el municipio haya proferido la decisi\u00f3n con la que el tutelante se encuentra inconforme, en el presente caso, el Municipio de Pereira no es la autoridad que vulner\u00f3 o amenaza vulnerar los derechos fundamentales del actor\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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Acot\u00f3, que la \u00abpresente acci\u00f3n de Tutela va dirigida en contra del Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito, en raz\u00f3n a la concesi\u00f3n de un recurso en un efecto diferente al querido por el actor popular, as\u00ed las cosas, la presunta violaci\u00f3n del derecho invocado le es atribuible a una autoridad distinta al municipio de Pereira, esto es, el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Pereira, despacho judicial que goza del PRINCIPIO DE LA AUTONOMIA JUDICIAL en el sentido de interpretar y de aplicar la ley, de acuerdo a los l\u00edmites existentes en nuestro ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (Fls. 13 a 15 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El procurador regional de Risaralda refiri\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela presentada por el se\u00f1or JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA, solicita se ordene a la tutelada conceder la alzada de la entidad accionada en efecto devolutivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que es una \u00abSituaci\u00f3n ajena a esta Agencia del Ministerio p\u00fablico, toda vez que nuestra intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el juez, en el caso de encontrar que el proyecto de acuerdo no contiene vicios de ilegalidad, sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego, dada su funci\u00f3n de defensor de los intereses colectivos, pacto de cumplimiento que no ha sido comunicado a esta Agencia de Ministerio P\u00fablico\u00bb (subrayas originales del texto – Fl. 17 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La personera municipal de Pereira adujo que la \u00abjurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado importante anotar, que la acci\u00f3n popular no est\u00e1 dise\u00f1ada para acudir a ella ante cualquier violaci\u00f3n de la ley, irregularidad o disfunci\u00f3n que se presente ya sea en el \u00e1mbito p\u00fablico o privado. Por el contrario, la acci\u00f3n popular tiene un papel preventivo y\/o remedial de protecci\u00f3n de derechos e intereses colectivos, cuando quiera que \u00e9stos se ven amenazados o est\u00e1n siendo vulnerados, pero en uno y otro evento, tanto la amenaza como la vulneraci\u00f3n, seg\u00fan el caso, deben ser reales y no hipot\u00e9ticas, directas, inminentes, concretas y actuales, de manera tal que en verificaci\u00f3n del mismo, aspectos todos que deben ser debidamente demostrados por el actor popular, quien conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 30 de la 472 de 1998, tiene la carga de la prueba (Fls. 21 a 23 \u00cddem).       <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 la salvaguarda impetrada al considerar que la \u00abdecisi\u00f3n del 3 de marzo de 2016, en la que se acept\u00f3 el desistimiento del recurso de apelaci\u00f3n que el interesado hab\u00eda propuesto contra el fallo de primera instancia, y en el que se dispuso que una vez en firme se procediera a su remisi\u00f3n a la Sala Civil-Familia para lo de su cargo, sin m\u00e1s consideraciones. Como se ve, data de por lo menos 10 meses atr\u00e1s, con lo que es claro que se rompe la regla de inmediatez, propia de esta clase de actuaciones, pues transcurrieron m\u00e1s de seis meses, que es el tiempo que se estima razonable para procurar por esta v\u00eda el quiebre de una decisi\u00f3n judicial, sin que se exprese o pruebe raz\u00f3n alguna que hubiera impedido hacerlo antes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, anot\u00f3 que \u00abY aun si se diera por superado este escollo, se advierte que siguiendo lo prevenido en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglament\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, esta se torna improcedente \u201cCuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios ser\u00e1 apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u201d. En este caso, nada se advierte, con las copias escaneadas de la actuaci\u00f3n remitidas por el Juzgado, acerca de que el actor le hubiese solicitado que procediera en la forma como ahora se reclama, es decir, que se modificara el efecto del recurso de apelaci\u00f3n de la entidad demandada en la acci\u00f3n popular, por causa del desistimiento que del suyo le fue aceptado\u00bb.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y finalmente precis\u00f3 que \u00abno interpuso recurso alguno, como el de reposici\u00f3n que era procedente, frente a dicho prove\u00eddo que, se repite, acepto (sic) y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente sin m\u00e1s consideraciones, de manera que dej\u00f3 pasar la oportunidad procesal con la que contaba para la defensa de sus intereses\u00bb (Fls. 29 a 31 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante, alegando simplemente \u00abAPELO. SOLICITO AMPARAR MI ACCION\u00bb (Fls. 36 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la orden contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Pretende el querellante que por este mecanismo, se disponga que se ordene \u00aba la tutelada conceder la alzada de la entidad accionada en efecto DEVOLUTIVO, tal como lo solicite (sic) [h]a saciedad\u00bb, adem\u00e1s solicit\u00f3 que se \u00abordene al procurador en A (sic) popular que se pronuncie sobre si me garantizo el debido proceso en esta acci\u00f3n popular q[ue] hoy tutelo y pruebe el procurador q[ue] cumple su funci\u00f3n\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas allegadas al expediente, la Sala resalta lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Fallo de 11 de febrero de 2016, proferida debtro del subjudice, en la que se declar\u00f3 el amparo \u00abel derecho colectivo de la poblaci\u00f3n sorda, ciega y sordociega a los servicios de ASMET SALUD EPS en Pereira Risaralda\u00bb, y adicionalmente declar\u00f3 \u00abcostas a cargo de la entidad demandada y a favor del demandante. Para liquidar las que corresponden en esta sede, las agencias en derecho se fijan en la suma de $450.000\u00bb (Fls. 4 a 8  Cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

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3.2. Recurso de apelaci\u00f3n contra la referida sentencia presentado por el se\u00f1or Javier El\u00edas Arias Idarraga (aqu\u00ed accionante) (Fls. 9 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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3.3. Auto del 18 de febrero de 2016, en el que fueron concedidas las apelaciones de ambas partes en \u00abel efecto SUSPENSIVO\u00bb (negrillas del texto original \u2013 Fls. 10 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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3.4. Memorial presentado por el accionante en el que manifiesta que \u00abdesist[e] de [su] apelaci\u00f3n\u00bb, y adicionalmente, requiri\u00f3 \u00abmodificar la forma de conceder el recurso de APELACI\u00d3N\u00bb (subrayas del texto original – Fls. 11 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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3.5. Recurso de reposici\u00f3n propuesto por el extremo activo, frente al auto que en su momento, esto es 18 de febrero de 2016, concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n que fue rechazada por ser presentada \u00abde forma extempor\u00e1nea\u00bb (Fls. 13 a 14  \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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3.6. En providencia del 3 de marzo siguiente fue concedido el desistimiento por la c\u00e9lula judicial encartada (Fls. 12 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, advierte la Sala que el reproche frente a la admisi\u00f3n del desistimiento presentado contenido en auto de 3 de marzo de 2016, la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el presupuesto general de la inmediatez exigido para la prosperidad de la salvaguarda impetrada, ello a causa del lapso transcurrido desde dicha fecha y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela que se propuso el 14 de diciembre de 2016, esto es, nueve (9) meses y once (11) d\u00edas despu\u00e9s de proferida la determinaci\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona.  <\/span><\/p>\n

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4.1. Es por eso que el gestor no puede acudir a este medio para se\u00f1alar la afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas, comoquiera que pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que el amparo inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb, sobre todo cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo.  <\/span><\/p>\n

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4.2. Sobre esta materia la jurisprudencia de la Corte ha  reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Dec. 2591 de 1991  hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional,  con posterioridad a ello se ha entendido \u201cQue si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (CSJ STC, 8 Feb. 20 May. 5 Sep. 2013, entre otras, Rads. 2012-00215-01, 00144-01 y 00649-01, respectivamente).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente.  <\/span><\/p>\n

(…)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 Ago. 2007, rad. 00188 -01 reiterado, entre otros, 22 Abr. 2008, rad. 00373 -01, 3 Sep. 2009, rad. 00302 -00, 14 Dic. 2010, rad. 02470-01, 13 Jun. 2011, rad. 00893-01, 16 Feb. y 12 Dic. 2012, rads. 00006-01 y 02527-01, respectivamente, 10 May. 2013, rad. 00954 y 1\u00ba Oct. 2014, rad. 00262-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Por \u00faltimo, en referencia con la petici\u00f3n de que se \u00abordene al procurador en A (sic) popular que se pronuncie sobre si me garantizo el debido proceso en esta acci\u00f3n popular q[ue] hoy tutelo y pruebe el procurador q[ue] cumple su funci\u00f3n\u00bb, no puede ser  acogida las mencionada reclamaci\u00f3n, debido a que son actuaciones que debe llevar a cabo exclusivamente el accionante frente  a la Procuradur\u00eda General o Regional respectiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Seg\u00fan lo discurrido, se reafirmar\u00e1 el fallo materia de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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      MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         STC2217-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01305-01.   (Aprobado en sesi\u00f3n de         quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99508"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99508\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}