{"id":99509,"date":"2026-06-25T18:35:53","date_gmt":"2026-06-25T18:35:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2218-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:35:53","modified_gmt":"2026-06-25T18:35:53","slug":"stc2218-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2218-2017\/","title":{"rendered":"STC2218-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01248-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, contra el Juzgado Cuarto del Circuito de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculados la Alcald\u00eda de Pereira, la Procuradur\u00eda Regional de Risaralda y a la Defensor\u00eda del Pueblo.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental a \u00ablas garant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada al haber rechazado las acciones populares radicadas bajo los Nos. 2016-00489-00, 2016-00490-00, 2016-00504-00, 2016-00493-00, 2016-00495-00, 2016-00494-00, 2016-00521-00, 2016-00518-00, 2016-00505-00, 2016-00516-00 y 2016-00484-00.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que present\u00f3 las citadas acciones constitucionales ante el despacho cuestionado y, este, las inadmiti\u00f3 exigiendo que \u00abaportara el certificado de existencia de la entidad demandada a fin de tener certeza del domicilio [\u2026] a lo cual present[\u00f3] recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, la Juez no repone y se niega a conceder [la] alzada amparada en el inciso tercero del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que \u00abla juez rechaza [su] acci\u00f3n popular, aduciendo que no cumpl\u00ed[o] con el requisito de aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad accionada, sin embargo dicha exigencia no la contempla el art. 18 de la Ley 472 de 1998\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que \u00ab la Honorable Corte Superior de Justicia, ha manifestado que no se me puede exigir requisitos no contemplados en el art. 18 de la ley 472 de 1998, m\u00e1xime que est\u00e1 claro que en la demanda consign[\u00e9] que el domicilio est\u00e1 en la ciudad de Pereira [\u2026], el art. 16 de la ley 472 de 1998, [\u2026] me permite a prevenci\u00f3n presentar la demanda en el sitio de vulneraci\u00f3n o en el domicilio de la entidad como hoy lo hago\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, se ordene al ente tutelado que proceda a admitir i) \u00abinmediatamente la acci\u00f3n popular, ya que el requisito por el cual fue rechazada, no est\u00e1 contemplada en la Ley 472 de 1998, o se ordene inmediatamente se conceda mi alzada\u00bb; ii) \u00abse ordene a la tutelada para que aporte un listado completo de todas las acciones populares donde ha exigido requisitos inexistentes\u00bb (fls. 1-32 Cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS.  <\/span><\/p>\n

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El apoderado de la Alcald\u00eda del Municipio de Pereira, manifest\u00f3, que \u00aben lo que respecta a la vinculaci\u00f3n del Municipio de Pereira en la citada acci\u00f3n de tutela, resulta procedente alegar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que tambi\u00e9n cabe deprecar que se emita fallo inhibitorio en lo que respecta a esta entidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, agreg\u00f3 \u00abEn esta acci\u00f3n de Tutela se vincula al Municipio de Pereira, sin que esta entidad haya realizado actuaci\u00f3n alguna dentro de la acci\u00f3n popular presentada por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, o que el municipio haya proferido la decisi\u00f3n con la que el tutelante se encuentra inconforme, en el presente caso, el Municipio de Pereira no es la autoridad que vulner\u00f3 o amenaza vulnerar los derechos fundamentales del actor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Concluy\u00f3 solicitando se \u00abniegue el amparo invocado por el se\u00f1or Javier El\u00edas ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, como lo son los recurso que la misma Ley 472 de 1998 permite su interposici\u00f3n en los t\u00e9rminos all\u00ed referenciados, mismos que el actor hizo uso\u00bb (fls. 47-49 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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La Procuradora Regional de Risaralda adujo que esta entidad es ajena a lo solicitado por el gestor, circunstancia que hace necesaria su desvinculaci\u00f3n de cualquier tipo de responsabilidad (fl. 54 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abEl juez constitucional no puede desconocer las formas propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protecci\u00f3n decisiones que han debido ser resueltas en el propio proceso, escenario adecuado previsto por el legislador para ello, por los funcionarios competentes y que no lo fueron por negligencia o descuido de las partes; tampoco replantear una situaci\u00f3n que ya se valor\u00f3, interpret\u00f3 y defini\u00f3 por la jurisdicci\u00f3n ordinaria, ni dar a la tutela connotaci\u00f3n de un recurso frente a decisiones que se encuentran en firme\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Concluy\u00f3 que \u00abno es posible acudir a la tutela como mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible emplearla como medio alternativo de los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para obtener protecci\u00f3n a un derecho, ni para suplir la negligencia del interesado a la hora de emplearlos, el amparo solicitado resulta improcedente y as\u00ed se declarar\u00e1\u00bb (fls. 60-64 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el quejoso, alegando que \u00abEL REQUISITO QUE LA SE\u00d1ORITA JUEZ TUTELADA PRETENDE IMPONERME NO ESTA CONTEMPLADO EN EL ART 18 DE LA LEY 472 DE 1998, ADEMAS DE ELLO, PR[E]TENDE DESCONOCER MI DECISION, YA QUE HA SACIEDAD MANIFIESTE QUE EL DOMICILIO DE LA DEMANDADA ESTA EN LA CIUDAD DE PEREIRA. LA TUTELADA PRETENDE CONVERTIRSE EN LA SUCEDANEA DE MI ELECCION, DESCONOCIENDO MI DESICON\u00bb  (fl. 67 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. El quejoso pretende se ordene al despacho encartado admitir \u00abinmediatamente la[s] accion[es] popular[es], ya que el requisito por el cual fue rechazada, no est\u00e1 contemplada en la Ley 472 de 1.998, o se ordene inmediatamente se conceda [la] alzada\u00bb, al considerar que aquel vulner\u00f3 su derecho a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, al incurrir en defecto \u00abprocedimental y sustantivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Obran en el plenario las siguientes pruebas, en relaci\u00f3n con la solicitud de amparo:  <\/span><\/p>\n

a) Auto que inadmite la acci\u00f3n popular No. 2016-00489-00, de 22 de noviembre de 2016, donde se le requiere al actor allegar el \u00abcertificado de existencia y representaci\u00f3n legal, en el que conste el domicilio de la parte demandada\u00bb (fl. 43 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b) El veintitr\u00e9s (23) de noviembre de la anualidad pasada, el quejoso present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n que inadmiti\u00f3 la demanda (fl. 44 ib\u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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c) Oficio de fecha 15 de diciembre de 2016, donde el Secretario del Juzgado cuestionado hace constar que \u00aben las acciones populares radicadas bajo los n\u00fameros 2016-00490, 2016-00504, 2016-0493, 2016-0495, 2016-0494, 2016-0521, 2016-0518, 2016-0505, 2016-0516 y 2016-0484, al igual que en la referida 2016-0489, el auto inadmisorio de la demanda fue proferido en la misma fecha, esto es noviembre 22 y se notificaron por estado en noviembre 23 de 2016\u00bb; igualmente sucedi\u00f3 con el \u00abauto que las rechazo y en el que adem\u00e1s se hizo pronunciamiento respecto del recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el actor popular. Dichos autos se profirieron en diciembre 1\u00b0 y fueron notificados por estado en diciembre 2 de 2016\u00bb (fl. 46 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite, advierte la Sala que el amparo reclamado resulta improcedente, pues el gestor no cuestion\u00f3 oportunamente la providencia de 1\u00b0 de diciembre de 2016 que rechaz\u00f3 la demanda de la acci\u00f3n popular antes descrita, a trav\u00e9s del medio id\u00f3neo, denotando as\u00ed su incuria, comoquiera que lo propio era, para este caso, ejercitar el recurso de reposici\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 36 de la ley 472 de 1998, a fin de que se volviera analizar sobre el asunto en cuesti\u00f3n, omisi\u00f3n que da pie para pregonar que por cuenta del querellante hubo desperdicio de las v\u00edas ordinarias de defensa que legalmente tuvo a su alcance para lograr el prop\u00f3sito que ahora persigue por medio de esta excepcional v\u00eda, ya que la presente acci\u00f3n no est\u00e1 prevista para rectificar fallas de gesti\u00f3n procesal ni para revivir oportunidades legales fenecidas, dado el car\u00e1cter subsidiario de este instrumento  (numeral 1\u00b0, del inciso 1\u00b0, del Decreto 2591 de 1991).  <\/span><\/p>\n

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5. La Sala, en un caso que guarda cierta analog\u00eda con el que ahora se analiza, ha tenido la ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) resulta evidente la improcedencia de la presente acci\u00f3n, toda vez que [\u2026] la interesada no obstante haber podido interponer el medio expedito de defensa dentro del proceso\u2026omiti\u00f3 formularlo, de modo que si incurri\u00f3 en pigricia y lo desperdici\u00f3, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrirla por v\u00eda del mecanismo constitucional de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales o de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para recuperar t\u00e9rminos y oportunidades procesales derrochados, pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el [art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso], ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales (CSJ STC, 23 Ene de 2009, rad, n\u00b0 00540-01, reiterada 11 Sep.  2013, rad, n\u00b0. 01351-01 y 3 Feb. 2015, rad, n\u00b0 2014-00337-01).  <\/span><\/p>\n

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6. Por otra parte, no se observa proceder constitutivo de defecto alguno que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb, en la medida en que no resulta arbitraria o antojadiza, am\u00e9n que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios fueron acordes con el litigio planteado.  <\/span><\/p>\n

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Teniendo en cuenta que lo precedentemente expuesto fue consecuencia de su propia desidia, al no haber subsanado las falencias indicadas con la herramienta que le otorga el ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular ha reiterado la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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\u00bbY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 3 ago. 2011, rad. 00741-01, reiterada, entre otras, en STC 27 ago. 2015 rad. 00507-01).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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                              MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01248-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).            Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99509","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99509","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99509"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99509\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99509"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99509"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99509"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}