{"id":99511,"date":"2026-06-25T18:36:10","date_gmt":"2026-06-25T18:36:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2220-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:36:10","modified_gmt":"2026-06-25T18:36:10","slug":"stc2220-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2220-2017\/","title":{"rendered":"STC2220-2017"},"content":{"rendered":"

                                              <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2220-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001 22 13 000 2016 01298 01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira de esa ciudad, vincul\u00e1ndose a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, Banco de Occidente S.A. Cra. 8\u00aa No 20-55, Procuradur\u00eda, Alcald\u00eda y Personer\u00eda de esa localidad  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El gestor, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho  a \u201cmis garant\u00edas procesales\u201d, (folio 2 C.O) presuntamente vulnerados por la autoridad acusada dentro del tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular  que inici\u00f3 en contra del Banco de Occidente S.A .  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Que en la Acci\u00f3n Popular con radicado 2015-00057-00, el despacho querellado neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, \u00abal no aportar copias para conceder una apelaci\u00f3n, olvidando que en infinidad de Acciones Populares no me han exigido ese requisito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pidi\u00f3, en consecuencia, se ordene a la c\u00e9lula judicial  cuestionada \u00abconced [er] [su]  alzada inmediatamente \u00bb (fl. 1-2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Mediante auto de 16 de diciembre de 2016 el tribunal admiti\u00f3 la solicitud de amparo y en fallo de 19 de enero del a\u00f1o en curso, declar\u00f3 improcedente la salvaguarda, el que fue impugnado por el actor.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       La Procuradur\u00eda Regional de Caldas, expuso \u00abigualmente, es importante resaltar que en la acci\u00f3n de tutela presentada por el se\u00f1or JAVIER EL\u00cdAS ARIAS ID\u00c1RRAGA, solicita se ordene conceder su alzada inmediatamente\u00bb. Pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional (fl. 59 adverso).  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

La Personer\u00eda de Pereira, se\u00f1al\u00f3 \u00ablas acciones populares con los medios procesales para la protecci\u00f3n de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el da\u00f1o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneraci\u00f3n o el agravio de los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible\u00bb y, agreg\u00f3 \u00abse le debe dar aplicabilidad a la Ley 472 de 1998 por tratarse de acciones constitucionales por tratarse de acciones constitucionales, como es la Acci\u00f3n Popular con la que pretende salvaguardar los derechos colectivos que puedan estar siendo vulnerados por entidades del Estado\u00bb (fl. 63-65).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Alcald\u00eda Municipal, manifest\u00f3 \u00abNo me consta dado que son circunstancias atribuibles a un tercero que nada tienen que ver con hechos, acciones u omisiones que pudiera haber realizado la entidad que represento y que deben ser probados dentro del proceso\u00bb   y, aleg\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva del Municipio de Pereira, esta se fundamenta en que los hechos pretendidos en la acci\u00f3n de tutela son exclusivos de una aparente omisi\u00f3n en su aplicaci\u00f3n del operador de justicia que tienen bajo su conocimiento la acci\u00f3n popular 2016-00251\u00bb. (fl.45-46).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo impetrado al considerar que \u00abel accionante pretermiti\u00f3 agotar el recurso de reposici\u00f3n (Articulo 36, Ley 472), frente al prove\u00eddo que declar\u00f3 desierta la alzada, cuando ese era el mecanismo ordinario y expedito que ten\u00eda para procurar que el estrado judicial accionado reconsiderara aquella determinaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, precis\u00f3 que \u00abla falta de agotamiento del supuesto de subsidiariedad, como ha explicado la CC, que reiteradamente ha referido que la acci\u00f3n de tutela mal puede implementarse como medio para sustituir los mecanismos ordinarios de defensa, cuando por negligencia, descuido o incuria no fueron utilizados\u00bb .  <\/span><\/p>\n

Y, advirti\u00f3 que \u00abnada se arguy\u00f3 y menos acredit\u00f3 por parte del accionante, de forma que pudiera estimarse que es una persona que requiere de protecci\u00f3n reforzada o que estaba en una situaci\u00f3n de imposibilidad para recurrir el mencionado auto, de tal modo que amerite un an\u00e1lisis flexible del requisito de procedibilidad echado de menos, por ende solo a la parte le es imputable tal descuido\u00bb  <\/span><\/p>\n

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                    LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el actor, aduciendo que \u00absolicito amparar mi acci\u00f3n\u00bb (fls. 76).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia \u00abconstitucional\u00bb ha sostenido,  en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el  medio id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u2026\u00bb, y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico  debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y lo contemplado en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admiten por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012).  <\/span><\/p>\n

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2. Pretende el gestor que se ordene a la c\u00e9lula judicial conceder el recurso de alzada, al considerar que incurri\u00f3 en defecto \u00abprocedimental y sustantivo\u00bb .  <\/span><\/p>\n

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3. De las acreditaciones allegadas, para efectos de la decisi\u00f3n a tomar, observa la Corte lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

a. Providencia de 30 de agosto de 2016 mediante la cual el despacho encartado resolvi\u00f3 \u00abPrimero: Se declaran no probas las excepciones de m\u00e9rito propuestas. Segundo: Se dispone amparar el derecho colectivo contenido en el literal j) del articulo 4\u00ba de la Ley 472 de 1998: \u201cEl acceso a los servicios p\u00fablicos y a que su prestaci\u00f3n sea eficiente y oportuna\u201d Tercero: Consecuentemente con ello se ordena al presidente del Banco Occidente, que en el termino de treinta d\u00edas contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia, incorpore dentro de su programa de atenci\u00f3n al cliente, en la sede de la entidad ubicada en la carrea 8\u00aa No. 20-55 de esta ciudad, el servicio de profesional interprete y gu\u00eda interprete para personas ciegas y sordo ciegas, ya sea que lo haga mediante contrataci\u00f3n directa o convenio celebrado con entidad u organismo que brinde este servicio; adem\u00e1s fije un lugar visible de esa dependencia la informaci\u00f3n correspondiente, con plena identificaci\u00f3n del lugar o lugares en los que esa poblaci\u00f3n podr\u00e1 ser atendida. Para tal fin se concede el t\u00e9rmino de sesenta (60) d\u00edas. Cuarto: conformar el comit\u00e9 para la verificaci\u00f3n del cumplimiento de la sentencia que ser\u00e1 integrado por esta funcionaria, las partes y el Ministerio P\u00fablico\u2026 \u00bb  (fls. 10-18).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Auto de 8 de septiembre de ese a\u00f1o, por medio del que se aclar\u00f3 la sentencia proferida \u00ab en el sentido de reiterar que el t\u00e9rmino concedido al Banco de Occidente para dar cumplimiento a lo ordenado en dicha providencia, es as\u00ed como se orden\u00f3 en el ordinal tercero, o sea sesenta (6= d\u00edas y no como qued\u00f3 en la parte considerativa, donde por error involuntario se se\u00f1al\u00f3 treinta d\u00edas\u2026 as\u00ed mismo se aclara el ordinal quinto de la sentencia proferida el 30 de agosto de 2016, para indicar que el banco de occidente, como accionada en la presente acci\u00f3n popular, es el llamado a pagar las agencias en derecho a favor del accionante\u00bb (fls. 22-23).  <\/span><\/p>\n

c) El 16 del mismo mes y a\u00f1o, el funcionario censurado concedi\u00f3 la alzada en el efecto devolutivo, determinaci\u00f3n contra la que interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. (fl.25).  <\/span><\/p>\n

d) El 20 de Octubre de 2016, el juzgado encartado mantiene la referida resoluci\u00f3n y deniega por improcedente el recurso vertical. (fls. 33-35).  <\/span><\/p>\n

e) Auto de 8 de noviembre del a\u00f1o anterior, con el cual se declara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia adiada 30 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el principio de subsidiariedad exigido para la prosperidad del amparo impetrado, teniendo en cuenta, que el querellante no recurri\u00f3 el prove\u00eddo que \u00abdeclar\u00f3 desierta\u00bb la alzada, por lo tanto,  en esa ocasi\u00f3n tuvo la oportunidad de intervenir en defensa de sus intereses y no lo hizo,   dejando fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su desconcierto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corporaci\u00f3n ha tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar, sobre el particular, que:  <\/span><\/p>\n

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Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia.\u201d (CSJ STC, 3 Ago. 2011, Rad. 00741-01, reiterada entre otras, el 22 Mar.  2012, Rad. 00050-01 y el 15 May.de 2013, Rad. 00558-01).  <\/span><\/p>\n

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5. Ahora bien, en tales condiciones, mal podr\u00eda el Juez Constitucional auscultar la actuaci\u00f3n del despacho  encartado, cuando lo cierto es que el gestor no procedi\u00f3 de manera acertada y eficaz, quedando sujeto, entonces, a las consecuencias de las determinaciones que le fueron adversas, observ\u00e1ndose as\u00ed el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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6. En relaci\u00f3n con lo precedente, la Corte ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

no basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d (CSJ STC, 25 Ago. 2008, Rad. 01343-00, reiterada entre otras, el 25  Sep. y 12 Oct. 2012, Rads. 00651 y 00135, 31 Ene. y 22  May. 2013, Rads. 00113 y 00206, respectivamente).  <\/span><\/p>\n

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Igualmente, esta Corporaci\u00f3n sostuvo en sentencia CSJ STC 15 Jun. 2011, rad. 00151-01, reiterada, entre otras, 30 Oct. 2012, rad. 00439-01, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) quien luego de desde\u00f1ar las oportunidades legales que le fueron ofrecidas para remediar sus males, busca enmendar su desidia fuera del proceso donde las soslay\u00f3, ya que la presente acci\u00f3n no est\u00e1 prevista para rectificar fallas de gesti\u00f3n procesal ni para revivir oportunidades legales fenecidas debido a la pigricia propia\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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