{"id":99513,"date":"2026-06-25T18:36:20","date_gmt":"2026-06-25T18:36:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2278-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:36:20","modified_gmt":"2026-06-25T18:36:20","slug":"stc2278-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2278-2017\/","title":{"rendered":"STC2278-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2278-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00362-00  <\/span><\/p>\n

       (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Miguel \u00c1ngel Chaparro Barriga contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Mar\u00eda Teresa Chica Cort\u00e9s, Ricardo Acosta Buitrago y Nancy Esther Angulo Quiroz, con ocasi\u00f3n del ejecutivo singular iniciado por H\u00e9ctor Rojas Pati\u00f1o respecto del aqu\u00ed gestor.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. El promotor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionadas por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostiene, como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Dentro del litigio materia de esta salvaguarda, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta capital dict\u00f3 providencia declarando probada la excepci\u00f3n denominada \u201cinexistencia de[l] negocio causal que diera origen al t\u00edtulo ejecutivo base de la acci\u00f3n\u201d formulada por el tutelante, determinaci\u00f3n apelada por el extremo vencido.  <\/span><\/p>\n

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2.3. El ahora quejoso cuestiona lo resuelto por el ad quem, por cuanto, seg\u00fan opina, no exist\u00eda certeza \u201cde la veracidad\u201d de la factura p\u00e1bulo del reclamo judicial. Refiere adem\u00e1s:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [S]i el Tribunal iba a fallar basado s\u00f3lo en presunciones legales, debi\u00f3 optar por preferir la presunci\u00f3n de buena fe del demandado, aceptar sus argumentos encaminados a desvirtuar el negocio causal, y no fundar su fallo en una presunci\u00f3n legal que emerge de la firma puesta en un papel 10 a\u00f1os antes de la creaci\u00f3n del t\u00edtulo, sin la intenci\u00f3n de crear[lo]<\/span><\/p>\n

(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora \u201c(\u2026) revo[car] la sentencia de segunda instancia, recurrida a trav\u00e9s de este recurso constitucional (\u2026)\u201d (sic). Subsidiariamente requiere \u201c(\u2026) suspender los efectos jur\u00eddicos del proceso civil, hasta tanto se adelante y culmine el proceso penal iniciado (\u2026)\u201d en contra del all\u00ed ejecutante.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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Guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Miguel \u00c1ngel Chaparro Barriga critica la determinaci\u00f3n del Colegiado tutelado, definitoria de la segunda instancia dentro del comentado subex\u00e1mine, pues, conforme indica, equivocadamente infirm\u00f3 lo concluido por el a quo y dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pasando por alto la ausencia de prueba que acreditara la \u201cveracidad del t\u00edtulo valor\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2. La Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 de la manera reprochada tras advertir la exigibilidad de la factura base del cobro judicial, aseverando que el ahora actor no logr\u00f3 demostrar las \u201chip\u00f3tesis\u201d edificadas como estrategia defensiva, con las cuales pon\u00eda de presente aparentes maniobras ilegales del all\u00ed demandante para lograr la tenencia de ese documento, as\u00ed como la supuesta  manipulaci\u00f3n indebida del mismo.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, estim\u00f3 aplicables las presunciones de veracidad y literalidad de los t\u00edtulos valores, de conformidad con lo estipulado en los art\u00edculos 625 y subsiguientes del C\u00f3digo de Comercio.  <\/span><\/p>\n

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En palabras del juzgador:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Las pruebas que militan en el expediente (\u2026) no lucen suficientes para que puedan (\u2026) enervar, de un lado, el principio de literalidad que gobierna los t\u00edtulos valores, toda vez que quien alegue que un t\u00edtulo no corresponde al contenido que es (sic), lo debe probar. No se logr\u00f3 desvirtuar por el demandado ello, porque simplemente se ech\u00f3 un manto de duda sobre la forma en que el demandante obtuvo el documento, m\u00e1s no existe un elemento cierto y concreto que pueda permitir al Tribunal afirmar que el demandante sea un tenedor ilegitimo del mismo, (\u2026) esa ilegitimidad no se puede afirmar, porque, en principio, el se\u00f1or est\u00e1 amparado de una presunci\u00f3n de entrega por parte del suscriptor, a voces del art\u00edculo 625 [del C\u00f3digo de Comercio]\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cSi tenemos adem\u00e1s [l]a presunci\u00f3n de veracidad que gobierna los t\u00edtulos valores, as\u00ed como la presunci\u00f3n de entrega y el incumplimiento de la carga de la prueba de demostrar la inexistencia de la obligaci\u00f3n. (\u2026) Si ello es as\u00ed, y el demandante se presume tenedor de un t\u00edtulo cuyo contenido no ha sido desvirtuado eficazmente a trav\u00e9s de los distintos medios probatorios, es principio que se le d\u00e9 presunci\u00f3n de veracidad al negocio causal que en \u00e9l reposa, salvo que se demuestre dentro de la investigaci\u00f3n penal que de suyo cursa entre las partes, esa inexistencia o esa posesi\u00f3n irregular del documento, con las consecuencias personales y legales que de ello pueda derivarse (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) No hay prueba que diga que el se\u00f1or Miguel \u00c1ngel Chaparro no hizo entrega de ese t\u00edtulo, como se dijo, solamente las pruebas (\u2026) siembran un manto de duda sobre un presunto hurto del documento de sus dependencias, hecho este que necesariamente deber\u00e1 ser acreditado dentro de la investigaci\u00f3n penal [aludida]. Por tanto, la inexistencia del negocio jur\u00eddico no estaba llamada a tener eco por parte del funcionario, lo que impone la revocatoria de la decisi\u00f3n apelada\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cAhora, estos mismos argumentos sirven de soporte para desestimar las restantes excepciones formuladas: la de \u201cfalsedad en documento privado derivado de la adulteraci\u00f3n de un documento con firma para crear una duplicidad de t\u00edtulos valores\u201d, porque no se prob\u00f3 en modo alguno (\u2026) que el documento aqu\u00ed entregado hubiese (\u2026) sido adulterado por el demandante; la de \u201cilegitimidad para el cobro de una obligaci\u00f3n derivada de documento falso\u201d, se reitera, si en este caso no hubo cuestionamiento frente a la firma del suscriptor del t\u00edtulo, \u00e9ste queda obligado a satisfacer la obligaci\u00f3n que predica el cartular y en este caso no se allegaron elementos suficientes de la (\u2026) falsedad del documento que se alega ni del cobro de lo no debido, puesto que, ante la existencia del t\u00edtulo valor de una obligaci\u00f3n que se predica insoluta, est\u00e1 llamado el deudor a satisfacerla; las de \u201ctemeridad y mala fe del demandante\u201d y \u201cabuso del derecho por parte del actor\u201d: debe recordarse que por principio constitucional se presume la buena fe en los particulares y, por lo tanto, quien denuncia la mala fe debe probarla, (\u2026) lo que no existe en esta instancia. (\u2026) Adem\u00e1s, siendo \u00e9ste [el ejecutante], en apariencia al menos, tenedor de un t\u00edtulo valor, (\u2026) no puede predicarse la existencia de un abuso del derecho, toda vez que el mismo legislador le confiere la facultad de cobrar ejecutivamente a trav\u00e9s de este medio la obligaci\u00f3n; (\u2026) y la \u201ctacha de falsedad en relaci\u00f3n con el documento base de la ejecuci\u00f3n\u201d, que ya fue definida (\u2026) pero que, se reitera, el desconocimiento de la firma en ese documento nunca fue controvertido y lo que se pretend\u00eda controvertir era la existencia del negocio al que el mismo documento se refiere y que como se dice, (\u2026) al margen de que puedan existir dudas serias sobre el proceder del demandante, (\u2026) realmente hay una orfandad probatoria que le permita a la Sala sin hesitaci\u00f3n alguna inferir la inexistencia del negocio causal (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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4. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho o atropello; el acusado efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a emitir la determinaci\u00f3n analizada en precedencia, y no es dable en esta acci\u00f3n reabrir un debate fenecido, por cuanto, no constituye una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario.  <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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5. Frente a la solicitud de suspensi\u00f3n del pleito ahora censurado, es pertinente precisar, le incumbe al interesado plantear tal pedimento al juzgador cognoscente, al tenor de lo reglado al respecto en los c\u00e1nones 161 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso, para que \u00e9ste analice la viabilidad o no de acceder a ese reclamo.  <\/span><\/p>\n

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6. Por lo discurrido, el amparo deprecado ser\u00e1 negado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Miguel \u00c1ngel Chaparro Barriga contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por los magistrados Mar\u00eda Teresa Chica Cort\u00e9s, Ricardo Acosta Buitrago y Nancy Esther Angulo Quiroz, con ocasi\u00f3n del ejecutivo singular iniciado por H\u00e9ctor Rojas Pati\u00f1o respecto del aqu\u00ed gestor.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notificar lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.      <\/span><\/p>\n

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