{"id":99519,"date":"2026-06-25T18:36:55","date_gmt":"2026-06-25T18:36:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2289-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:36:55","modified_gmt":"2026-06-25T18:36:55","slug":"stc2289-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2289-2017\/","title":{"rendered":"STC2289-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2289-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00346-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Diego Ram\u00edrez Alcalde, en nombre propio y como agente oficioso de Jes\u00fas Herney Ram\u00edrez Zapata y Helena Alcalde de Ram\u00edrez, frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo adelantado por Liliana Catachunga Mart\u00edn respecto de los aqu\u00ed quejosos, a continuaci\u00f3n del litigio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado cursado entre las mismas partes.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Diego Ram\u00edrez Alcalde en las calidades descritas reclama la protecci\u00f3n de los derechos \u201ca los adultos mayores y en estado de indefensi\u00f3n\u201d, al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantados por los accionados.  <\/span><\/p>\n

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2. Del extenso, confuso y repetitivo libelo constitucional, se colige que Ram\u00edrez Alcalde y sus padres, Herney Ram\u00edrez Zapata y Helena Alcalde de Ram\u00edrez, celebraron en 1992 un \u201ccontrato\u201d de arrendamiento con la Inmobiliaria J.G. Valencia y C\u00eda. Ltda. respecto de un lote ubicado \u201cen el kilometro 1 de la v\u00eda a Dapa, corregimiento de Arroyohondo en jurisdicci\u00f3n del municipio de Yumbo\u201d.  <\/span><\/p>\n

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La citada sociedad cedi\u00f3 el 26 de julio de 2004 el mencionado \u201ccontrato\u201d a Administraciones y Dise\u00f1os representada por Liliana Catachunga Mart\u00edn, quien el 18 de agosto de 2006 le inici\u00f3 a los tutelantes un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado y el 26 de octubre siguiente, les inform\u00f3 del aumento del canon a $5.960.911 \u201cm\u00e1s el 10% de IVA\u201d.  <\/span><\/p>\n

En el juicio referenciado se decret\u00f3 como medida cautelar el embargo de un inmueble de propiedad de los esposos Ram\u00edrez Zapata y Alcalde de Ram\u00edrez y se dispuso no o\u00edr a los demandados por no hallarse al d\u00eda en el pago de los c\u00e1nones exigidos por el extremo all\u00e1 actor. Ese asunto culmin\u00f3 con sentencia de 28 de septiembre de 2009 declarando la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento y disponiendo la restituci\u00f3n del predio objeto del mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Acota Diego Ram\u00edrez Alcalde que el 18 de diciembre siguiente, celebr\u00f3, respecto de la heredad a desalojar, \u201cun precontrato de promesa de compraventa [denominado] intenci\u00f3n contractual de compra de inmueble sujeto a condiciones\u201d, con uno de sus due\u00f1os, se\u00f1ora Beatriz Garc\u00eda Escobar.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que en virtud del anterior acuerdo se \u201csuspend[i\u00f3]\u201d la comentada tramitaci\u00f3n judicial, por cuanto, \u201c(\u2026) los importes de c\u00e1nones, intereses y dem\u00e1s conceptos hab\u00edan sido transados mediante es[e] precontrato\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Destaca que tras haber \u201cactualiza[do]\u201d el 24 de junio de 2010, la se\u00f1alada \u201cintenci\u00f3n contractual de compra\u201d, el 9 de agosto posterior, firm\u00f3 con Garc\u00eda Escobar \u201cel contrato de promesa de compraventa\u201d del 50% del mentado bien ra\u00edz.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que con el pasar de los d\u00edas entendi\u00f3 \u201c(\u2026) que (\u2026) los copropietarios del lote\u201d no lo quer\u00edan dividir, aun cuando ello era indispensable para poder materializar la enajenaci\u00f3n a \u00e9l prometida por Beatriz Garc\u00eda Escobar, a quien por esa transacci\u00f3n ya le hab\u00eda entregado m\u00e1s de $300.000.000.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que ante la presi\u00f3n de la abogada de la demandante en restituci\u00f3n y de la inspectora de polic\u00eda de Yumbo, el 10 de agosto de 2011 desaloj\u00f3 el terreno, el cual fue arrendado al \u201cLiceo \u2018Piaget\u2019 que ya cumple un lustro con las obras y anexidades\u201d pertenecientes otrora al Colegio Monticello.  <\/span><\/p>\n

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Indica que posterior a lo narrado en antelaci\u00f3n, se formul\u00f3 el ejecutivo materia de este ruego, en el cual el Juez Trece Civil del Circuito en sentencia de 30 de junio de 2015, acogi\u00f3 la excepci\u00f3n denominada \u201ctransacci\u00f3n\u201d apoyada en \u201clos contratos de intenci\u00f3n y de promesa de compraventa de los derechos de la porci\u00f3n del [referido] lote\u201d, determinaci\u00f3n apelada por la parte all\u00e1 demandante, porque en los documentos contentivos de esas negociaciones no figuraban los aqu\u00ed promotores, sino la esposa del tutelante Diego Ram\u00edrez Alcalde, se\u00f1ora Evelyn Cadena \u201cL\u00fcdemann\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al desatar la alzada el Tribunal revoc\u00f3 la providencia anterior y en su lugar, orden\u00f3 seguir con el cobro coercitivo.  <\/span><\/p>\n

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Ataca el prove\u00eddo del ad quem, por inadvertir i) la real configuraci\u00f3n de \u201cla transacci\u00f3n\u201d; ii) el incumplimiento de los \u201ccomuneros de su compromiso de dividir el lote\u201d; y iii) el pago del dinero cobrado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aduce que si \u201c(\u2026) la actuaci\u00f3n de [su c\u00f3nyuge] Evelyn Cadena L\u00fcdemann no era v\u00e1lida o leg\u00edtima, no debieron haberle reconocido ninguna personer\u00eda para actuar\u201d en la diligencia de entrega del predio, \u201c(\u2026) como derechosa (sic) de los intereses\u201d de los aqu\u00ed petentes.  <\/span><\/p>\n

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Luego de insistir el se\u00f1or Ram\u00edrez Alcalde en lo ya narrado, asegura que sus aqu\u00ed agenciados son personas de la tercera edad, con graves quebrantos de salud y en peligro de perder, como consecuencia del citado coercitivo, su \u00fanica vivienda.  <\/span><\/p>\n

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3. Pide dejar sin efectos el fallo del ad quem y toda la actuaci\u00f3n posterior a ella.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali realiz\u00f3 un recuento de su gesti\u00f3n y asever\u00f3 que los aqu\u00ed petentes no han intervenido en la fase del citado compulsivo adelantada por ese estrado.  <\/span><\/p>\n

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La otra autoridad convocada guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Diego Ram\u00edrez Alcalde actuando en las calidades invocadas ataca a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali por el fallo de 9 de agosto de 2016 dictado dentro del memorado litigio ejecutivo; sin embargo, la demanda de amparo deprecada el 13 de febrero de 2017 no cumple con el presupuesto de inmediatez, por cuanto, como se aprecia, no se plante\u00f3 dentro de los seis meses siguientes al proferimiento del prove\u00eddo criticado, tardanza que, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad del resguardo impetrado, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d de los \u201cderechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d (art. 86, C.P.).  <\/span><\/p>\n

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En no pocas ocasiones, esta Corte ha adoctrinado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si los interesados se demoraron para presentar esta acci\u00f3n, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de desatinos achacables al Tribunal querellado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas invocadas como soporte de la salvaguarda.  <\/span><\/p>\n

2. Si se omitiera la anterior falencia, el amparo de todos modos fracasar\u00eda, por cuanto, de la sentencia dictada por el ad quem, no emerge la irregularidad atribuida a \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para decidir de la manera cuestionada, el colegiado asever\u00f3 que del documento aportado como t\u00edtulo ejecutivo emanaba una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible, y tras rese\u00f1ar la actuaci\u00f3n cumplida no solo en ese litigo coercitivo sino tambi\u00e9n en el de restituci\u00f3n de inmueble arrendado otrora cursado, acot\u00f3 que en ese asunto primigenio la entrega del bien ra\u00edz objeto del mismo se llev\u00f3 a cabo el 31 de agosto de 2010 y en ella intervinieron  <\/span><\/p>\n

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\u201cEvelyn Cadena Ludemann (sic), quien manifest\u00f3 adelantar posesi\u00f3n real y material del [predio] en virtud de un contrato de promesa de compraventa celebrado con su propietaria la se\u00f1ora Beatriz Garc\u00eda; y las abogadas Carmen Elisa Correa Mej\u00eda, Mar\u00eda Nubia Berm\u00fadez de Vald\u00e9s y Mar\u00eda del Pilar Montalvo Zamora, apoderadas judiciales, en su orden, de la poseedora, de la parte demandante y de la se\u00f1ora Beatriz Garc\u00eda Escobar\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, aludi\u00f3 al art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil y manifest\u00f3 que seg\u00fan esa regla, para la \u201cvalidez y eficacia\u201d del contrato de \u201ctransacci\u00f3n\u201d, deb\u00edan cumplirse cuatro aspectos, a saber: i) capacidad de quienes \u201ctransan\u201d \u201cpara disponer de los objetos comprendidos en la transacci\u00f3n\u201d; ii) consentimiento exento de vicios; iii) objeto \u201cl\u00edcito\u201d; y iv) causa \u201cl\u00edcita\u201d.        <\/span><\/p>\n

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Resalt\u00f3 el equ\u00edvoco del a quo al acoger en su fallo las excepciones de \u201c(\u2026) \u2018transacci\u00f3n y la innominada\u2019 con fundamento en que (\u2026) las partes transaron la litis en la [mencionada] diligencia de entrega\u201d, porque ese funcionario pretiri\u00f3  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) que en la prenombrada \u2018transacci\u00f3n\u2019 del 31 de agosto de 2010 no participaron los demandados [en la acci\u00f3n ejecutiva]. A la diligencia realizada en aquella oportunidad quien compareci\u00f3 fue la se\u00f1ora Evelyn Cadena Ludemann en su calidad, seg\u00fan dijo, de poseedora del inmueble en virtud de un contrato de promesa de compraventa celebrado con la propietaria del bien, pero no se observa que los demandados hubieren estado presentes en dicha diligencia ni que hubieran conferido poder a alguno de los presentes para que en su nombre se celebrara la supuesta transacci\u00f3n, como tampoco se alleg\u00f3 por ejemplo, escrito suscrito por ellos en que constaran los t\u00e9rminos de la transacci\u00f3n a efectos de ser presentado e incorporado en la aludida diligencia\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3 que cuando un proceso se halla en curso le corresponde al juez del conocimiento verificar la configuraci\u00f3n de los presupuestos \u201c(\u2026) sustanciales y procesales para que la transacci\u00f3n produzca efectos, de ah\u00ed que se radica en las partes la obligaci\u00f3n de allegar la prueba del respectivo convenio\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tras insistir en que \u201c(\u2026) no se demostr\u00f3 el acuerdo con los demandados para transar como tal la litis\u201d, expres\u00f3 que si bien de la \u201cconducta asumida por Diego Ram\u00edrez Alcalde\u201d podr\u00eda inferirse  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) el conocimiento y aceptaci\u00f3n de este supuesto acuerdo, ello tan s\u00f3lo demuestra la existencia de unos acercamientos entre las partes, unas tratativas que en modo alguno pueden tenerse como la transacci\u00f3n del proceso ya existente, pues se reitera, en ning\u00fan momento se demostr\u00f3 el consentimiento dado por los demandados para celebrarla y dar por terminado este litigio, para lo cual debe recordarse que \u00e9sta como contrato, exige el cumplimiento de los elementos esenciales para la validez y eficacia del acto jur\u00eddico que es, y en este caso, se repite una vez m\u00e1s, a pesar de que se trata de una figura que no esta sometida a solemnidad alguna, de todos modos no se trajo ante el juez para su aprobaci\u00f3n prueba de la transacci\u00f3n como tal para dar por terminado el presente litigio, de ah\u00ed que no pod\u00eda d\u00e1rsele los efectos del art\u00edculo 340 del C.P.C.2  <\/span><\/p>\n

\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Referente al pago total alegado por los deudores, la Corporaci\u00f3n descart\u00f3 tal aseveraci\u00f3n, por cuanto, de la revisi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n se advert\u00eda \u201c(\u2026) que a partir de enero de 2007 [los arrendatarios] procedi[eron] a consignar sumas diferentes a las acordadas [como canon] (\u2026) y sobre dichas sumas aplic[aron] incrementos anuales del 6.5% cuando (\u2026) el acuerdo de las partes sobre el reajuste anual del canon era del 10%\u201d.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el ad quem hall\u00f3 ajustada a derecho la orden de apremio dictada el 8 de julio de 2010 dentro del analizado ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

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3. No resulta descabellada la postura asumida por el ad quem frente al pleito sometido a su conocimiento, lo cual frustra el \u00e9xito de este resguardo, por cuanto, con fundamento en los medios de convicci\u00f3n recopilados, los mandatos legales pertinentes y lo alegado por los intervinientes, hall\u00f3 viable dictar el prove\u00eddo censurado por esta senda.  <\/span><\/p>\n

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N\u00f3tese, el Tribunal de manera razonada hall\u00f3 improcedente acoger la excepci\u00f3n de \u201ctransacci\u00f3n\u201d, porque de la prueba aportada dando cuenta de ese supuesto acuerdo, es decir, el acta contentiva de diligencia de entrega celebrada el 31 de agosto de 2010, respecto del predio objeto de arrendamiento, no cumpl\u00eda con las exigencias dispuestas por el legislador para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. La inconformidad de los petentes con el rese\u00f1ado pronunciamiento no le abre paso a esta justicia, porque la divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha indicado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) los Jueces en su tarea de administrar justicia gozan de (\u2026) autonom\u00eda en la ex\u00e9gesis de la ley y en la valoraci\u00f3n de la prueba, motivo por el cual no es suficiente que la tutelante oponga un planteamiento as\u00ed sea coherente sobre lo que debi\u00f3 ser ya la explicaci\u00f3n de la norma o del an\u00e1lisis de la prueba, para desde\u00f1ar una providencia judicial que no comparte y encasillarla como v\u00eda de hecho judicial (\u2026) \u2018el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u2019 (\u2026)\u201d4  <\/span><\/p>\n

(subl\u00ednea fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. En punto del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, no se har\u00e1 pronunciamiento, por cuanto, frente a ese estrado no se elev\u00f3 ataque concreto alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Sin m\u00e1s disquisiciones el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Diego Ram\u00edrez Alcalde, en nombre propio y como agente oficioso de Jes\u00fas Herney Ram\u00edrez Zapata y Helena Alcalde de Ram\u00edrez, frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo adelantado por Liliana Catachunga Mart\u00edn respecto de los aqu\u00ed quejoso, a continuaci\u00f3n del litigio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado cursado entre las mismas partes.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ STC de 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.    <\/span><\/p>\n

2 \u201cOportunidad y tr\u00e1mite. En cualquier estado del proceso podr\u00e1n las partes transigir la litis. Tambi\u00e9n podr\u00e1n transigir las diferencias que surjan con ocasi\u00f3n del cumplimiento de la sentencia.  <\/span><\/p>\n

Para que la transacci\u00f3n produzca efectos procesales, deber\u00e1 presentarse solicitud escrita por quienes la hayan celebrado, tal como se dispone para la demanda, dirigida al Juez o Tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuaci\u00f3n posterior a \u00e9ste, seg\u00fan fuere el caso, precisando sus alcances o acompa\u00f1ando el documento que la contenga. Dicha solicitud podr\u00e1 presentarla tambi\u00e9n cualquiera de las partes, acompa\u00f1ando el documento de transacci\u00f3n autenticado; en este caso se dar\u00e1 traslado del escrito a las otras partes, por tres d\u00edas.  <\/span><\/p>\n

El juez aceptar\u00e1 la transacci\u00f3n que se ajuste a las prescripciones sustanciales y declarar\u00e1 terminado el proceso, si se celebr\u00f3 por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no estuviere en firme\u201d (subl\u00ednea fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

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4 CSJ. STC 1\u00b0 de septiembre de 2010, exp. 01377-00, reiterada el 16 de diciembre de 2011, exp. 02663-00.      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC2289-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00346-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la tutela promovida por Diego Ram\u00edrez Alcalde, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99519","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99519","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99519"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99519\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99519"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99519"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99519"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}