{"id":99522,"date":"2026-06-25T18:37:09","date_gmt":"2026-06-25T18:37:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2292-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:37:09","modified_gmt":"2026-06-25T18:37:09","slug":"stc2292-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2292-2017\/","title":{"rendered":"STC2292-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2292-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00293-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yurianis Castro Gonz\u00e1lez, quien act\u00faa en su propio nombre y en representaci\u00f3n de su menor hijo Jhon Carlos Larios Castro, contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, igualdad, \u00abjusticia y a la reparaci\u00f3n integral\u00bb,  presuntamente vulnerados por los convocados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, se ordene a los accionados \u00ab[r]ealizar las gestiones necesarias para desatar el recurso de apelaci\u00f3n presentado en contra de la sentencia de fecha 31 de Julio (sic) de 2015\u00bb y, por tanto, se disponga \u00abel pago de las condenas impuestas\u00bb a favor de la accionante y del menor representado en el tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        La accionante, junto con su hijo Jhon Carlos Larios Castro, fueron reconocidos como v\u00edctimas dentro del proceso penal seguido contra \u00abJOS\u00c9 GREGORIO MANGONEZ LUGO alias \u201cCARLOS TIJERAS\u201d\u00bb, postulado para recibir los beneficios de la Ley 975 de 2005, por el homicidio de su compa\u00f1ero permanente y padre, respectivamente, Jhon Carlos Larios Bola\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.        Adujo la peticionaria que \u00aba pesar de que cada v\u00edctima present[\u00f3] su reclamaci\u00f3n de manera individual\u00bb, el Tribunal accionado \u00abunific[\u00f3] los procesos y profiri\u00f3 una sentencia colectiva [el 31 de julio de 2015] en donde se condenaba al postulado [Jos\u00e9 Gregorio Mangonez Lugo] al pago de los da\u00f1os y perjuicios causados a cada v\u00edctima\u00bb, entre ellas, la quejosa y su hijo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Por ende, los derechos invocados se est\u00e1n viendo \u00abviolentados por la accionada al hacer uso de su posici\u00f3n dominante, al admitir y dilatar la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb antes mencionado, toda vez que present\u00f3 \u00abtodos los documentos requeridos para el reconocimiento del derecho reclamado (\u2026) y no puede verse perjudicada en el resarcimiento de su derecho como v\u00edctima por el accionar negligente\u00bb de quienes no lo hicieron as\u00ed.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.        A trav\u00e9s de auto del 10 de febrero de 2016, la Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a las autoridades judiciales accionadas, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n inform\u00f3 que \u00abel proceso radicado 47053, se encuentra actualmente en proceso de elaboraci\u00f3n de proyecto, el cual una vez finalizado, ser\u00e1 puesto a consideraci\u00f3n de la Sala para los fines pertinentes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tras hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso objeto de la queja constitucional, expres\u00f3 que \u00abning\u00fan derecho (\u2026) se le ha vulnerado\u00bb a la accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (STC de 11 de mayo de 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Con base en tal premisa y examinados los hechos relatados en la demanda de tutela, considera la Corte que la queja de la promotora se circunscribe a la demora que se ha suscitado en torno a la resoluci\u00f3n de la alzada interpuesta contra el fallo dictado el 31 de julio de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Bajo esa perspectiva, pertinente es recordar la jurisprudencia de la Sala, seg\u00fan la cual las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional mecanismo son aquellas que carezcan de defensa, es decir, sean el resultado de un comportamiento omisivo o ap\u00e1tico, no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonables, como se avizora en el caso planteado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En tal sentido se ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ STC, 19 de sep. de 2008, rad. 01138-00, reiterada en STC153 de ene. 21 de 2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Pues bien, el informe allegado por el magistrado ponente, el cual se considera rendido bajo juramento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, emerge que la tardanza en resolver la apelaci\u00f3n de la sentencia a que se contrae la inconformidad de la gestora, no es producto de un comportamiento negligente, indiferente o arbitrario de dicha autoridad, sino de \u00abla obligaci\u00f3n de respetar los turnos establecidos para fallar los procesos a su cargo\u00bb, lo que descarta en este espec\u00edfico evento acceder a la protecci\u00f3n suplicada toda vez que intervienen circunstancias objetivas y razonables que justifican dicha situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Cabe a\u00f1adir que, seg\u00fan lo ha sostenido esta Sala de Casaci\u00f3n, en casos similares al que hoy ocupa su atenci\u00f3n,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 el amparo impetrado tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que el gestor  cuenta con otro instrumento de defensa para atacar ese supuesto retardo, concretamente, la recusaci\u00f3n del funcionario de conocimiento, con invocaci\u00f3n de la causal contemplada en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 56 de la Ley 904 de 2004.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. La jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha sostenido sobre el tema que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece  a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c..7. Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada…\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u00bb (CSJ STP 29 Jun. 2011, rad.: 54769)\u2026\u201d (CSJ STC 20 Jun. 2012, rad. 2012-01122-01). (CSJ STC4156-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, la petici\u00f3n de amparo tambi\u00e9n se torna improcedente ante la existencia de otro medio de defensa judicial para la promotora.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Por consiguiente, se denegar\u00e1 el amparo constitucional deprecado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Magistrado ponente         STC2292-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00293-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yurianis Castro Gonz\u00e1lez, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99522","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99522","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99522"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99522\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99522"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99522"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99522"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}