{"id":99523,"date":"2026-06-25T18:37:23","date_gmt":"2026-06-25T18:37:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2293-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:37:23","modified_gmt":"2026-06-25T18:37:23","slug":"stc2293-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2293-2017\/","title":{"rendered":"STC2293-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2293-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00304-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gloria Mercedes y Gustavo Gonz\u00e1lez Le\u00f3n contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que dicen vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Mary Rueda Torres, obrando en representaci\u00f3n del menor Camilo Andr\u00e9s Gonz\u00e1lez Rueda, promovi\u00f3 proceso declarativo contra los accionantes, con miras a que se declarara \u00ababsolutamente simulado\u00bb el contrato de compraventa celebrado el 12 de enero de 2012, a trav\u00e9s del cual Gustavo Gonz\u00e1lez Le\u00f3n transfiri\u00f3 a Gloria Mercedes Gonz\u00e1lez Le\u00f3n, la propiedad del inmueble ubicado en la Calle 11 No. 9 \u2013 55 y 9 \u2013 57.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Mediante sentencia del 23 de junio de 2016, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte demandante.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Con providencia del 1\u00b0 de noviembre de 2016, el Tribunal accionado revoc\u00f3 el fallo de primera instancia y, en su lugar, accedi\u00f3 a las pretensiones del libelo.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Adujeron los gestores del amparo que el estrado criticado \u00abllev[\u00f3] a cabo una valoraci\u00f3n incompleta y arbitraria del material probatorio existente\u00bb, toda vez que \u00abexcluy[\u00f3] la relevancia probatoria de los testimonios de Yodi Marcela Uribe G\u00f3mez y Flor Bibiana Ramos C\u00e1rdenas\u00bb, as\u00ed como tampoco apreci\u00f3 los contratos de arrendamiento que celebr\u00f3 Gloria Mercedes Gonz\u00e1lez Le\u00f3n con Correos Nacionales 472 y Comfenalco, ni el \u00abregistro mercantil de c\u00e1mara de comercio y el registro \u00fanico empresarial\u00bb. Tampoco tuvo en cuenta indicios que dejaban ver porqu\u00e9 Gloria Mercedes hab\u00eda entregado el inmueble comprado a su hermano, esto es, que su profesi\u00f3n es la enfermer\u00eda, que no reside en el municipio donde est\u00e1 ubicado el inmueble y que su hermano, el vendedor, si reside en \u00e9l.    <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 13 de febrero de 2016, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed (Santander), indic\u00f3 que \u00aben el presente caso no se vislumbra ninguna amenaza a prerrogativas supra legales\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la providencia de 1\u00b0 de noviembre de 2016, que revoc\u00f3 la proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Vicente de Chucur\u00ed el 23 de junio de 2016, indic\u00f3 las razones por las cuales estaban llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda de simulaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, tras rese\u00f1ar los antecedentes del litigio, abord\u00f3 el Tribunal el an\u00e1lisis de los elementos de convicci\u00f3n recaudados, indicando que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026. Consideramos que s\u00ed debe ser declarado absolutamente simulado el negocio jur\u00eddico por las siguientes razones:  <\/span><\/p>\n

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Primero: El precio de la veta es irrisorio, afirmaci\u00f3n que realizamos apoy\u00e1ndose en las siguientes pruebas:  <\/span><\/p>\n

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Cuando se llev\u00f3 a cabo la protocolizaci\u00f3n de la compraventa (\u2026) se enunci\u00f3 un precio de $41\u2019000.000, valor menor al del aval\u00fao catastral que se acredit\u00f3 en el mismo acto notarial, esto es, de $45\u2019367.000.  <\/span><\/p>\n

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Sea del caso advertir que en el mismo acto de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal se hicieron otras (\u2026.) declaraciones negociales, se dividi\u00f3 el inmueble de la calle 11 No. 9 – 55 \/ 57 (\u2026) en dos, uno correspondiente al objeto del presente litigio que fue adjudicado al se\u00f1or Gustavo Gonz\u00e1lez (\u2026) otorg\u00e1ndosele un aval\u00fao de $40\u2019000.000 para los efectos escriturales no comerciales.  <\/span><\/p>\n

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El apoderado de los demandados trae a cuento, dos documentos al plenario, primero, un avalu\u00f3 catastral del a\u00f1o 2015 (\u2026.), relacionado con un inmueble de 273 metros cuadrados en el que se informa un avalu\u00f3 catastral de $107\u2019779.000, que no concuerda con el metraje total del inmueble que se dice vendi\u00f3 Gustavo a Gloria Mercedes, pero de todas maneras se trae a cuenta, documento que entra en seria contradicci\u00f3n con la certificaci\u00f3n que obra a folio 64 del mismo cuaderno 1, emanada del profesional universitario del \u00e1rea de planificaci\u00f3n f\u00edsica e infraestructura de la Alcald\u00eda de San Vicente, quien dice que en el a\u00f1o 2013, para el mes de noviembre, ese predio ubicado en la calle 11 No. 9 – 55 y 9-57 barrio Centro se encuentra con amenazas naturales por avenidas torrenciales altas, [pero] por qu\u00e9 se dice que entra en seria contradicci\u00f3n, porque de encontrarse en \u00e1rea de alto riesgo, por un eventual desastre natural, si eso se desea deducir del documento, entender\u00edamos que el avalu\u00f3 catastral debi\u00f3 congelarse y no ser incrementado, como en efecto obra para el a\u00f1o 2015, y sobre el cual voluntariamente se ha venido cancelando el impuesto predial.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, la afirmaci\u00f3n de un precio irrisorio no convierte de plano la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta en una acci\u00f3n de simulaci\u00f3n relativa, porque precisamente al acreditarse el precio irrisorio, como lo advertimos anteriormente, lo que nos lleva es a afirmar la inexistencia del precio, tal y como numerosamente lo ha sostenido la jurisprudencia de nuestro \u00f3rgano de cierre.  <\/span><\/p>\n

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Segundo: Dentro de la escritura de venta cuestionada (\u2026) se afirm\u00f3 que el precio se encontraba pagado (\u2026), pero al responder la demanda nos indican que se pag\u00f3 por cuotas, eso lo afirman tambi\u00e9n los demandados Gloria y Gustavo, entrando en franca contradicci\u00f3n con lo indicado en la escritura 08 de 2012.  <\/span><\/p>\n

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Debemos adicionar que se indica en las declaraciones que se hicieron pagos a trav\u00e9s de consignaciones y otros en efectivo, no obstante, se acredit\u00f3 s\u00f3lo el pago de 20 millones a trav\u00e9s de consignaciones en cuentas del banco Davivienda en los meses de enero, febrero y agosto de 2012, en fechas muy posteriores a la de la escritura de venta del inmueble, quedando aun por acreditar dentro del plenario el pago de los otros 21 millones.  <\/span><\/p>\n

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Tercero: No hay discusi\u00f3n sobre el parentesco entre los sujetos del negocio jur\u00eddico, es pac\u00edfico el tema, Gloria Mercedes y Gustavo Gonz\u00e1lez Le\u00f3n son hermanos (\u2026). El parentesco nos entrega sospechas ciertas que le quitan credibilidad a la verdadera intensi\u00f3n de los sujetos vendedor y compradora, de transferir el bien inmueble.  <\/span><\/p>\n

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Las mejoras plantadas, es un cuarto aspecto, es una afirmaci\u00f3n de los demandados, especialmente de la se\u00f1ora Gloria Mercedes Gonz\u00e1lez, que desea apoyarse en las declaraciones de las testigos Yodi Marcela Uribe y Flora Bibiana Ramos, pero estas no dan fe de las condiciones anteriores a la compra del inmueble de cara al estado actual (\u2026), son quienes en efecto administran o trabajan en los locales arrendados a Correos 472 y Comfenalco Santander, respectivamente, la carga probatoria del arreglo de las mejoras, de la inversi\u00f3n en el inmueble corresponde a la se\u00f1ora Gloria Mercedes y en modo alguno trajo prueba sobre el desembolso de dicho dineros y los contratos de obra para el mejoramiento de esos locales o el mejoramiento del inmueble para continuar con el contrato de arrendamiento.  <\/span><\/p>\n

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El inmueble desde antes de la separaci\u00f3n de bienes y la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal entre Mary Rueda Torres y Gustavo Gonz\u00e1lez Le\u00f3n, en efecto ten\u00eda una destinaci\u00f3n como local comercial, tanto es as\u00ed que dentro de la protocolizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de la sociedad se divide materialmente el inmueble, adjudic\u00e1ndose un local a la se\u00f1ora Mary Rueda Torres y la destinaci\u00f3n comercial de alguna otra parte del inmueble para un negocio de compraventa exist\u00eda y se acredita con documentos aportados al plenario que dan cuenta de la existencia hasta diciembre del a\u00f1o 2011 de un negocio denominado El Gale\u00f3n (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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La compraventa El Gale\u00f3n cambi\u00f3 de denominaci\u00f3n social, para ahora llamarse Banco de Oro y coincide con la cancelaci\u00f3n de la licencia de funcionamiento del establecimiento de comercio ante la Secretar\u00eda de Hacienda Municipal, por parte de su antigua propietaria Mary Rueda Torres, con la apertura de la matr\u00edcula de comerciante de la se\u00f1ora Gloria Mercedes ante la C\u00e1mara de Comercio.  <\/span><\/p>\n

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En conclusi\u00f3n, locales exist\u00edan dentro de ese inmueble, igualmente la destinaci\u00f3n para el funcionamiento de la sede de Comfenalco, seg\u00fan advertimos de un registro fotogr\u00e1fico (\u2026.) aportado por la se\u00f1ora Maru Rueda Torres (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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Quinto aspecto, la capacidad econ\u00f3mica de la compradora. La capacidad econ\u00f3mica de la compradora ha de ser demostrada antes de la venta, m\u00e1s no post venta, por cuanto es obvio que si figura ante las autoridades do\u00f1a Gloria Mercedes como propietaria del inmueble, as\u00ed deba responder ante la DIAN y pagar impuestos (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien nos informa la demandada Gloria Mercedes que es enfermera, que devenga aproximadamente 2 millones y medio de pesos mensuales, y entonces sin m\u00e1s informaciones que la de ser una asalariada, no alcanza la Sala a deducir una capacidad econ\u00f3mica muy solvente como para entender que haya de pagar de contado, como lo dijera la escritura de venta, $41’000.000, debi\u00f3 aportar por lo menos certificaciones de los desembolsos bancarios, de pr\u00e9stamos, de transacciones anteriores o concomitantes con el mismo negocio jur\u00eddico, pero s\u00f3lo obran en el plenario tres consignaciones y con fechas posteriores a ese negocio jur\u00eddico, repetimos, de enero, febrero y agosto de 2012, esas tres consignaciones por 20 millones de pesos, entran en franca contradicci\u00f3n con lo dicho por los mismos demandados dentro del negocio jur\u00eddico, donde se afirma que el precio hab\u00eda sido recibido.  <\/span><\/p>\n

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Sexto. La permanencia del se\u00f1or Gustavo Gonz\u00e1lez Le\u00f3n, en un establecimiento de comercio que administraba personalmente, sin mediar contrato alguno, antes de ser disuelta la sociedad conyugal, para informar que con posterioridad vende para adquirir solvencia, y solapa la condici\u00f3n de due\u00f1o a la de empleado – administrador. Ser\u00e1 que el hecho de haber sido due\u00f1o del negocio y luego pasar a recibir un salario m\u00ednimo no es indicio en favor de la prosperidad de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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La verdadera condici\u00f3n de due\u00f1o del establecimiento de comercio se infiere de la declaraci\u00f3n de Gloria Mercedes, quien siendo propietaria del establecimiento de comercio, siendo propietaria del local comercial, siendo propietaria del inmueble, como se defiende ella, no puede responder de forma clara y concisa sobre las ganancias del nuevo negocio Banco de oro ni de los c\u00e1nones de arrendamiento que percibe sobre el inmueble.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Por eso es pertinente el estudio que ahora se realiza del aval\u00fao cierto del bien, que dicho sea de paso, de acredit\u00f3 sumariamente con un documento aportado por la madre del demandante, al absolver su interrogatorio, hemos de insistir como testigo, no como parte, documento adosado bajo la oportunidad procesal del art\u00edculo 10 de la ley 446 de 1998, que no fue controvertido en oportunidad legal por la parte demandada, parte que s\u00ed estuvo muy proactiva a contraargumentar frente a los reproches que hiciera el abogado del demandante contra los documentos aportados por Gloria Mercedes, relacionados con contratos de arrendamiento y a administraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Nos dicen que el avalu\u00f3 comercial del inmueble para el a\u00f1o 2015 es de 475 millones, luego podr\u00edamos sostener que la mitad o a\u00fan una cuarta parte fuera el valor para el a\u00f1o 2012, y a\u00fan tendr\u00edamos que afirmar que el precio anotado en la escritura de venta fue mucho menor del comercial y del catastral.  <\/span><\/p>\n

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Punto siete: La necesidad de vender no es palpable en cabeza del demandado Gustavo, no salta con tranquilidad probatoria en este plenario. El demandado dice haber tenido esa necesidad para cumplir con su objeto comercial, prestar dinero, pero es que vemos que el precio no le fue pagado en la fecha de la escritura, \u00e9l mismo entra en contradicci\u00f3n, pues dice y acredita que recibi\u00f3 20 millones de pero, pero de manera muy pausada (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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Acabando de liquidar una sociedad conyugal de la que en efecto nosotros inferimos que percibi\u00f3 bienes y dinero en efectivo, nos queda esa certeza, luego de haber examinado el origen del litigio, entonces no es cre\u00edble que justo al mes est\u00e9 vendiendo todos sus bienes (\u2026) para obtener liquidez. Y decimos todos sus bienes, porque consideramos que es necesario responder a la r\u00e9plica de la defensa cuando (\u2026) nos asegura que el demandado Gustavo Gonz\u00e1lez Le\u00f3n es copropietario de un inmueble de aproximadamente 150 hect\u00e1reas y que puede garantizar entonces las obligaciones alimentarias (\u2026).  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

Efectivamente, junto con la demanda se aport\u00f3 prueba de la existencia de un inmueble (\u2026) adjudicado en el a\u00f1o 1974 (\u2026) a 11 personas, 10 hermanos y la c\u00f3nyuge del fallecido.  <\/span><\/p>\n

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Verificado el contenido del (\u2026) folio de matr\u00edcula inmobiliaria (\u2026) se advierte que Gustavo compr\u00f3 una cuota en com\u00fan a Edelmira Hern\u00e1ndez, quien hab\u00eda comprado la parte de Isolina Le\u00f3n Viuda de Gonz\u00e1lez y luego en la anotaci\u00f3n 6, Gustavo vende cuota par a Luis Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Le\u00f3n, en el a\u00f1o 1988.  <\/span><\/p>\n

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Luego, hemos de concluir que para esta fecha el demandado Gustavo Gonz\u00e1lez Le\u00f3n no es propietario de parte alguna del inmueble rural, salvo que dentro del protocolo de instrumentos p\u00fablicos se indique un hecho diferente de cara al contenido de los t\u00edtulos traslaticios de dominio, pero no es asunto que de fondo nos interese, es m\u00e1s si la defensa quer\u00eda usar este argumento de la existencia de otro inmueble, sustancialmente m\u00e1s valioso que \u00e9ste de cuya simulaci\u00f3n estamos tratando, debi\u00f3 haberlo acreditado en el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantean los promotores del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal valor\u00f3 las pruebas recaudadas e infiri\u00f3 de ellas una serie de indicios que lo llevaron a declarar la simulaci\u00f3n que esgrimi\u00f3 la parte demandante en el proceso objeto de reproche constitucional, en cuyo caso tal deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01)  <\/span><\/p>\n

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3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC2293-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00304-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99523","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99523","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99523"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99523\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99523"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99523"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}