{"id":99525,"date":"2026-06-25T18:37:41","date_gmt":"2026-06-25T18:37:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2295-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:37:41","modified_gmt":"2026-06-25T18:37:41","slug":"stc2295-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2295-2017\/","title":{"rendered":"STC2295-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2295-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00339-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Evelin Isabel Hern\u00e1ndez Taboada contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, se disponga \u00abla revisi\u00f3n de la sentencia (\u2026) proferida el d\u00eda veintiuno (21) de septiembre de 2016\u00bb y se ordene al Tribunal criticado \u00abreconocer el derecho que tiene (\u2026) como propietaria [del] inmueble ubicado en la calle 99C No.43-150, apartamento 502D\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.         La accionante, obrando como promitente vendedora, celebr\u00f3 contrato de promesa de compraventa con Juan Agust\u00edn Sierra Redondo, en condici\u00f3n de promitente comprador, mediante el cual prometi\u00f3 en venta el predio antes referido.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        En el referido acuerdo preparatorio se pact\u00f3 como precio de la venta la suma de $80\u2019000.000, la cual se pagar\u00eda en cuatro cuotas de 20\u2019000.000 cada una, la primera, al firmar la promesa y las tres restantes, mensualmente, a partir del 23 de agosto de 2011.  <\/span><\/p>\n

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2.3.         Ante el incumplimiento del promitente comprador, toda vez que no pag\u00f3 la \u00faltima de las cuotas del precio acordado, la gestora promovi\u00f3 en su contra demanda ordinaria de resoluci\u00f3n de contrato.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2015, el juez a quo accedi\u00f3 a las pretensiones del libelo, decisi\u00f3n que apel\u00f3 Juan Agust\u00edn Sierra Redondo, siendo revocada por el Tribunal accionado a trav\u00e9s de providencia del 21 de septiembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Adujo la promotora que el estrado enjuiciado \u00abno tuvo en cuenta que el demandado (\u2026), incumpli\u00f3 el contrato de promesa de compraventa\u00bb, ni tampoco que, actualmente, el bien prometido en venta \u00ablo ocupa el se\u00f1or JUAN AGUST\u00cdN SIERRA REDONDO, sin pagar lo acordado en el contrato y\/o ning\u00fan tipo de canon de arrendamiento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6.        Agreg\u00f3 que dicho despacho judicial \u00abal resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada, tuvo en cuenta normas sustanciales para favorecer al demandado, m\u00e1s no tuvo en cuenta [sus] derechos\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 14 de febrero de 2016, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[n]o incurri\u00f3 (\u2026) en v\u00eda de hecho alguna durante el tr\u00e1mite dado al proceso en las actuaciones que [all\u00ed] se surtieron\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla expres\u00f3 que \u00ablos argumentos de la acci\u00f3n p\u00fablica de que se da cuenta encuentra su defensa frontal en las motivaciones que sustentaron la decisi\u00f3n judicial cuestionada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.  Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso bajo estudio esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la providencia de 21 de septiembre de 2016, que revoc\u00f3 la proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla el 16 de diciembre de 2015, indic\u00f3 las razones por las cuales no estaban llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda ordinaria.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, tras precisar los elementos del acuerdo de voluntades atacado, abord\u00f3 el Tribunal el an\u00e1lisis de los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n resolutoria, expresando lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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Para la prosperidad de la pretensi\u00f3n es indispensable traer y probar a la administraci\u00f3n de justicia, el supuesto normativo resolutorio vertido en el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, y decantado en las condiciones de \u201ci) la existencia de un contrato v\u00e1lido, ii) el incumplimiento grave del demandado y iii) el cumplimiento del demandante\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Trat\u00e1ndose del contrato de promesa de venta, como se dijo, la obligaci\u00f3n esencial y reciproca de las partes se contrae a la celebraci\u00f3n del contrato prometido al vencimiento del plazo o al cumplimiento de la condici\u00f3n pactada, que en t\u00e9rminos coloquiales es la concurrencia de los sujetos a la suscripci\u00f3n o firma de la escritura p\u00fablica que perfeccione la compraventa, en la notar\u00eda y fecha por ellos escogida.  <\/span><\/p>\n

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Con base en dichos par\u00e1metros, abord\u00f3 el despacho judicial cuestionado el an\u00e1lisis del caso objeto de definici\u00f3n, precisando que:  <\/span><\/p>\n

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En el presente asunto, tenemos que efectivamente estamos frente a un contrato de promesa de venta, el cual cumple con las caracter\u00edsticas o exigencias propias de dicho negocio jur\u00eddico, tales como, se hizo constar por escrito, contiene y determina la fecha en que deb\u00eda realizarse la escritura p\u00fablica de venta, y no se refiere a aquellos actos dispositivos a los que la ley declara ineficaz (art. 1611 CC), por tanto, no hay lugar a reproche alguno por este aspecto.  <\/span><\/p>\n

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En el documento contentivo de la promesa (\u2026), es advertidle que la consumaci\u00f3n de la compraventa prometida se perfeccionar\u00eda \u201cen la Notar\u00eda Cuarta de Barranquilla, a m\u00e1s tardar el d\u00eda primero (1\u00b0) de agosto del 2.011 a las 2:00 p.m.\u201d; obligaci\u00f3n de hacer que ni con la demanda, la parte demandante, ni con la contestaci\u00f3n, la parte demandada, acreditaron su cumplimiento. Esto pone de manifiesto que ambas partes incurrieron en incumplimiento de la obligaci\u00f3n principal del contrato de promesa sobre bien inmueble, la cual consist\u00eda en el otorgamiento de la escritura p\u00fablica para celebrar el contrato prometido, dado que como se anot\u00f3, no se arrim\u00f3 al expediente prueba alguna que certifique que alguna de las dos partes haya asistido en la fecha y hora establecidas a la notar\u00eda acordada para celebrar el contrato prometido. Por tanto, existe inobservancia de la obligaci\u00f3n de hacer predicable a las partes.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, no existiendo el supuesto de cumplimiento del demandante, mal puede declararse la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de venta requerida, y mucho menos realizar las consecuencias jur\u00eddicas a que hay lugar en el caso hipot\u00e9tico de prosperar -la-acci\u00f3n.-,resolutoria. Si ello es as\u00ed, las pretensiones de la parte demandante dan al traste, imponi\u00e9ndose por esta instancia judicial, la revocatoria de la sentencia venida en alzada.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional, menos aun cuando lo expresado por el Tribunal resulta acorde con la jurisprudencia que sobre el tema ha proferido esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en pret\u00e9rita oportunidad se precis\u00f3 por la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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El comportamiento indebido de uno de los convencionistas, reclama del otro contratante para legitimarlo en su acci\u00f3n en la esfera del 1546 una conducta leal con la que negocialmente se comprometi\u00f3; de tal manera que si quien demanda igualmente abandona el programa contractual, por esa sola raz\u00f3n carece de la acci\u00f3n resolutoria, prevista en ese precepto.  <\/span><\/p>\n

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El postulado acompasa, con la idea que comunica el art\u00edculo 1609 ejusdem, el cual de modo lapidario prev\u00e9 que en los acuerdos de aquella \u00edndole ninguno de los contratantes est\u00e1 en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro por su lado no cumpla, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos; por supuesto, no se puede hablar de mora en la ejecuci\u00f3n de los actos comprometidos, si de otro lado quien aspire a deducir efectos de ello no hizo lo propio con los deberes jur\u00eddicos que estaban en la esfera de su responsabilidad.   <\/span><\/p>\n

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En este sentido la doctrina de la Sala tiene sentado, de vieja data, que la prerrogativa que la primera de las normas tra\u00eddas \u201c(\u2026) le concede a los contratantes para solicitar la resoluci\u00f3n derivada del incumplimiento, est\u00e1 deferida a favor de aquella parte que haya observado fidelidad en los compromisos que surgen del pacto (\u2026)\u201d, habida cuenta que su \u201c(\u2026) contenido literal (\u2026) pone de manifiesto que esa facultad legal no est\u00e1 al alcance del contratante incumplido para liberarse de sus obligaciones\u201d. Por tanto, \u201c(\u2026) luego de que sea establecida la existencia de un contrato v\u00e1lido que ligue a los contratantes, la labor del juzgador deber\u00e1 estar dirigida a determinar, a la luz del citado precepto legal, la legitimaci\u00f3n del actor, esto es, a escudri\u00f1ar si su conducta contractual evidencia que puede beneficiarse de la facultad para pedir la resoluci\u00f3n del contrato o su cumplimiento, con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, porque tal derecho le asiste \u00fanicamente a quien ha cumplido o se ha allanado a hacerlo, lo que visto en sentido contrario indica que cualquiera de ellas se frustra cuando quien la demanda a su vez ha incumplido de manera jur\u00eddicamente relevante, porque en tal caso, ante la presencia de obligaciones rec\u00edprocas, el deudor demandado podr\u00e1 justificar su resistencia a cumplir la suyas, lo que significa que quien promueva la correspondiente acci\u00f3n debe estar libre de culpa por haber atendido a cabalidad, como que una conducta as\u00ed es la que le confiere legitimaci\u00f3n al actor.  <\/span><\/p>\n

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\u201cCon arreglo a lo expuesto, es claro que la viabilidad de la acci\u00f3n resolutoria de que trata el precepto legal en cuesti\u00f3n depende no s\u00f3lo de la cabal demostraci\u00f3n del incumplimiento del demandado sino de que, de igual modo, logre evidenciarse que el actor efectivamente satisfizo las obligaciones anteriores o simult\u00e1neas que ten\u00eda a su cargo o que se allan\u00f3 a cumplirlas, pues, como lo tiene dicho la Corporaci\u00f3n, \u2018solamente el contratante cumplidor de las obligaciones a su cargo, nacidas de un acuerdo de voluntades, o por lo menos que se haya allanado a cumplirlas en la forma o tiempo debidos, puede pedir la resoluci\u00f3n del contrato y el retorno de las cosas al estado anterior con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, cuando la otra parte no ha cumplido las suyas\u2019, lo cual traduce \u2018que si el demandante de la resoluci\u00f3n de un contrato se halla en mora de cumplir alguno de los compromisos que del pacto surgieron para \u00e9l, carece de derecho para obtenerla, puesto que precisamente la ley autoriza el ejercicio de esta acci\u00f3n resolutoria a la parte que ha cumplido contra el contratante moroso\u2019(G. J., t. CXLVIII, 1\u00aa Parte, pag. 202)\u201d2. (CSJ SC8045-2014).  <\/span><\/p>\n

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Entonces, teniendo en cuenta que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea la promotora del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal interpret\u00f3 las normas que regulan la acci\u00f3n resolutoria, valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que las s\u00faplicas de la demandante no estaban llamadas a prosperar, por cuanto no demostr\u00f3 el cumplimiento de las obligaciones que para ella se derivaron del contrato de promesa, tal inferencia no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050)  <\/span><\/p>\n

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3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 \u00abCorte Suprema de Justicia. Sala Casaci\u00f3n Civil, sentencia del 16 de mayo de 2002, exp. 6877 (\u2026)\u00bb.    <\/span><\/p>\n

2 Sentencia 080 de 16 de junio de 2006, exp.#7786.      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC2295-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00339-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)         Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Evelin Isabel Hern\u00e1ndez Taboada contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99525","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99525","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99525"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99525\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99525"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99525"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99525"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}