{"id":99529,"date":"2026-06-25T18:38:00","date_gmt":"2026-06-25T18:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2309-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:38:00","modified_gmt":"2026-06-25T18:38:00","slug":"stc2309-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2309-2017\/","title":{"rendered":"STC2309-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2309-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01226-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de enero de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa capital, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Regional Cundinamarca, a la Defensor\u00eda del Pueblo, Regional Bogot\u00e1 D.C., a la Alcald\u00eda Mayor y a la Personer\u00eda de ese distrito capital; con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el aqu\u00ed gestor respecto de Audifarma.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor ruega la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas procesales, presuntamente vulneradas por la autoridad  acusada.  <\/span><\/p>\n

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2. En apoyo de su reparo, expone que en el decurso censurado \u201c(\u2026) nunca se ha[n] aplicado los art\u00edculos 5\u00b0 y 84 de la Ley 472 de 1998 (\u2026)\u201d, por cuanto el estrado se \u201c(\u2026) ha negado a notificar a la entidad accionada a su correo electr\u00f3nico [y] (\u2026) a la fecha no ha proferido autos para informar a la comunidad, ni ha notificado al Ministerio P\u00fablico (\u2026)\u201d (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3. Ruega, en concreto, ordenar (i) la verificaci\u00f3n de los preceptos normativos rese\u00f1ados al interior de la tramitaci\u00f3n aqu\u00ed cuestionada; (ii) se le brinde informaci\u00f3n completa acerca de las acciones populares terminadas por desistimiento t\u00e1cito, por el estrado querellado, as\u00ed como de las sentencias judiciales proferidas desde el a\u00f1o 2015 a la fecha, remitir un listado de los memoriales en los cuales pidi\u00f3 celeridad en los procesos constitucionales por \u00e9l incoados, relacionar las acciones de cumplimiento que instaur\u00f3 ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, y expedir copia de todas las solicitudes de vigilancia judicial y administrativa presentadas al Consejo Seccional y Superior de la Judicatura; (iii) exhortar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Delegada para Acciones Populares, a fin de que se manifieste sobre la negativa del juzgado accionado de efectuar la notificaci\u00f3n a la comunidad y a la entidad demandada (fl. 1, \u00eddem); y, iv) requerir a la Corte Constitucional para emitir pronunciamiento acerca de la aplicaci\u00f3n de las disposiciones legales citadas.  <\/span><\/p>\n

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4.        La Sala Civil- Familia del Tribunal de Pereira, en auto de 16 de diciembre de 2016 decidi\u00f3 avocar el amparo frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad e integrar como litisconsortes a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Regional Cundinamarca, a la Defensor\u00eda del Pueblo, Regional Bogot\u00e1 D.C., a la Alcald\u00eda Mayor y a la Personer\u00eda de ese distrito capital.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado y vinculados  <\/span><\/p>\n

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a. El Juzgado Tercero Civil del Circuito se limit\u00f3 a remitir copia de la actuaci\u00f3n procesal censurada (fls. 25 a 32).  <\/span><\/p>\n

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b. La Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, D.C. solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva \u201c(\u2026) como quiera que el establecimiento de comercio que es atacado en sede de acci\u00f3n popular no queda en [esta] ciudad (\u2026)\u201d (fls. 8 a 21).  <\/span><\/p>\n

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c. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que revisado su sistema de informaci\u00f3n institucional \u201c(…) no se encontr\u00f3 ning\u00fan registro respecto de la Acci\u00f3n Popular No. 2016-00469-00, como tampoco ninguna solicitud en particular del accionante como usuario ante esta Regional, en relaci\u00f3n con la misma (\u2026)\u201d (fls. 29 a 32 vuelto).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada al echar de menos el requisito de subsidiariedad, en tanto \u201c(\u2026) el accionante pretermiti\u00f3 agotar el recurso de reposici\u00f3n (\u2026) frente al prove\u00eddo que dispuso que la notificaci\u00f3n al accionado y el aviso a la comunidad corr\u00edan por su cuenta, cuando ese era el mecanismo ordinario y expedito que ten\u00eda para procurar que el estrado judicial accionado reconsiderara aquella decisi\u00f3n (\u2026)\u201d (fl. 43)  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El quejoso impugn\u00f3 se\u00f1alando que  a la autoridad tutelada le  \u201c(\u2026) gusta decretar [el] desistimiento t\u00e1cito, figura no contemplada en la Ley especial 472 de 1998 (\u2026)\u201d (fl. 46).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga reprocha en concreto la supuesta falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 19981.  <\/span><\/p>\n

De la lectura de los aludidos preceptos, se deduce que la cr\u00edtica va enfilada al presunto incumplimiento del deber del Juez accionado de promover oficiosamente la actuaci\u00f3n procedimental,  lo cual, a juicio del aqu\u00ed censor, se configura como causal de mala conducta sancionable con la destituci\u00f3n del cargo.  <\/span><\/p>\n

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2. De entrada, se advierte la inviabilidad del amparo deprecado, puesto que su car\u00e1cter eminentemente residual limita su prosperidad s\u00f3lo a aquellos eventos en los cuales se est\u00e9 frente a una irregularidad y el actor no cuente con mecanismos para atacarla, o los existentes no sean eficaces para ello.  <\/span><\/p>\n

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En el asunto censurado, el accionante tiene la posibilidad de cuestionar ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito la supuesta ausencia de impulso procesal por parte del titular de ese estrado, para que, en tal caso, \u00e9ste tomara los correctivos pertinentes. Ahora, las decisiones a adoptar ser\u00e1n susceptibles de ser controvertidas a trav\u00e9s de los recursos previstos por el legislador para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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La comparecencia de herramientas judiciales propicias para obtener el resguardo de los derechos fundamentales, est\u00e1 contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00ba del precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba de la regla 6\u00aa del Decreto 2591 de 1991.   <\/span><\/p>\n

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En una acci\u00f3n similar esta Sala indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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3.        Al margen de lo discurrido, si la inconformidad radica en la imposici\u00f3n del deber de sufragar el aviso para enterar a la comunidad de la existencia de ese decurso, adoptada en el auto admisorio de la citada acci\u00f3n popular, el 22 de noviembre de 2016 (fl. 27), refulge con claridad la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, en tanto no se observa que el gestor hubiese recurrido mediante reposici\u00f3n el referido prove\u00eddo donde se le puso de presente que deb\u00eda cumplir con la carga procesal de notificar al demandado personalmente y publicar el mencionado instrumento de notificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, no sale avante esta salvaguarda, pues, mem\u00f3rese, este auxilio implica el agotamiento previo de todos los instrumentos procesales puestos a disposici\u00f3n de los interesados. En casos an\u00e1logos esta Colegiatura ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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1. Referente a ordenar al despacho atacado, informar acerca de las acciones populares terminadas por desistimiento t\u00e1cito, aportar el listado de los memoriales en los cuales el accionante exigi\u00f3 celeridad en los procesos por \u00e9l incoados, y de las sentencias proferidas desde el a\u00f1o 2015 a la fecha; se le pone de presente a Arias Id\u00e1rraga que puede plantear dicho pedimento en la oficina judicial correspondiente, o en su defecto, adelantar tal indagaci\u00f3n en el portal web de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co), pues como bien se sabe, las demandas que ingresan a los juzgados se encuentran radicadas en el sistema de Gesti\u00f3n Siglo XXI y las actuaciones surtidas dentro de los correspondientes decursos, por regla general, quedan anotados en esa p\u00e1gina.    <\/span><\/p>\n

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5. En lo atinente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Delegada para Acciones Populares, y el requerimiento para que se manifieste sobre la negativa del juzgado accionado de efectuar la notificaci\u00f3n a la comunidad y a la entidad demandada, se advierte que el actor debe acudir directamente ante esa autoridad a alegar esas cuestiones.  <\/span><\/p>\n

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6.        En punto a la solicitud relacionada con la Corte Constitucional, se le recuerda al interesado que puede formular la misma en esa Corporaci\u00f3n, ya sea personalmente o por los medios habilitados para ello.  <\/span><\/p>\n

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7.        Nada se dir\u00e1 en relaci\u00f3n con el Tribunal Administrativo de Risaralda y el Consejo Superior y Seccional de la Judicatura de Risaralda, por cuanto se trata de entidades que fueron excluidas de esta tramitaci\u00f3n por el Tribunal a quo.  <\/span><\/p>\n

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8. De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

11 Art\u00edculo 5\u00ba.- Tr\u00e1mite (\u2026) Promovida la acci\u00f3n, es obligaci\u00f3n del Juez impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n (\u2026).  <\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 84\u00ba.- Plazos Perentorios e Improrrogables. La inobservancia de los t\u00e9rminos procesales establecidos en esta Ley, har\u00e1 incurrir al Juez en causal de mala conducta, sancionables con destituci\u00f3n del cargo.    <\/span><\/p>\n

2 Sentencia de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp.  2010-000380-01.      <\/span><\/p>\n

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