{"id":99531,"date":"2026-06-25T18:38:06","date_gmt":"2026-06-25T18:38:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2311-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:38:06","modified_gmt":"2026-06-25T18:38:06","slug":"stc2311-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2311-2017\/","title":{"rendered":"STC2311-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2311-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01247-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 19 de enero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Regional Risaralda, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo de ese departamento, con ocasi\u00f3n de las acciones populares impulsadas por el aqu\u00ed actor, radicadas bajo los n\u00fameros 2016-00502, 2016-00509, 2016-510, 2016-00517, 2016-00524 y 2016-00525.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor reclama la protecci\u00f3n de \u201clas garant\u00edas procesales\u201d, presuntamente lesionadas por la autoridad jurisdiccional atacada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, expone que la titular del estrado convocado rechaz\u00f3 los libelos deprecados en los asuntos materia de este ruego, aduciendo la falta de cumplimiento del \u201c(\u2026) requisito de aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad accionada, sin embargo, dicha exigencia no la contempla el art. 18 de la Ley 472 de 1998 (\u2026)\u201d (fls. 1 a 17).  <\/span><\/p>\n

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3.        Pide, en concreto, (i) ordenar la admisi\u00f3n de su \u201cdemanda\u201d en los juicios querellados; (ii) se allegue \u201c(\u2026) un listado de todas las acciones populares donde se [le] han exigido requisitos inexistentes (\u2026)\u201d; (iii) exhortar al delegado del Ministerio P\u00fablico para que se exprese \u201c(\u2026) acerca de la legalidad de [los] auto[s] (\u2026)\u201d que motivaron la queja; y (iv) requerir a la Corte Constitucional para que emita pronunciamiento sobre el alcance de los requisitos de la demanda para promover acciones populares.  <\/span><\/p>\n

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En la misma providencia orden\u00f3 dar impulso al ruego respecto de la Defensor\u00eda del Pueblo de ese departamento, y negar la vinculaci\u00f3n de la Corte Constitucional \u201c(\u2026) teniendo en cuenta que en el escrito no se evidencia denuncia alguna sobre transgresi\u00f3n de derechos de su parte (\u2026)\u201d al promotor (fl. 20, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado y vinculados    <\/span><\/p>\n

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a)        El juzgador acusado remiti\u00f3 copia de las actuaciones censuradas.  <\/span><\/p>\n

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b)        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda afirm\u00f3 que los reparos aducidos por el actor son ajenos a sus facultades, pues su intervenci\u00f3n en los decursos \u201c(\u2026) est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026)\u201d en el respectivo pacto de cumplimiento, el cual no se surti\u00f3 en los casos confutados (fl. 28, vuelto).  <\/span><\/p>\n

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c)        Los dem\u00e1s guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal desestim\u00f3 el amparo peticionado frente al estrado atacado por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues el gestor no formul\u00f3 reposici\u00f3n contra el rechazo de la demanda en los pleitos criticados (fls. 34 al  36, cdno. 1).            <\/span><\/p>\n

1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El tutelante impugn\u00f3 sin expresar motivos de disenso (fl. 38, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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2.        El reparo incumple el requisito de subsidiariedad, pues revisada la actuaci\u00f3n cuestionada se observa que el petente no agot\u00f3 los medios de defensa a su alcance.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, una vez proferidas las providencias confutadas, ante la falta de subsanaci\u00f3n de los errores previamente se\u00f1alados por el juzgado convocado, el reclamante omiti\u00f3 formular el recurso de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Esa herramienta resultaba viable seg\u00fan el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998 y es conocida por el tutelante, dada su experiencia en las incontables acciones populares gestionadas por \u00e9l directamente; adem\u00e1s, id\u00f3nea, conforme lo ha sostenido esta Sala al exponer:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Esta acci\u00f3n impone la utilizaci\u00f3n de todos los instrumentos a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican esta herramienta constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sobre la solicitud dirigida a que se emita un listado de las acciones populares promovidas por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga \u201c(\u2026) donde se [le] han exigido requisitos inexistentes (\u2026)\u201d, se advierte que adem\u00e1s de responder tal apreciaci\u00f3n a la opini\u00f3n del tutelante, \u00e9ste puede efectuar dicho pedimento directamente ante las oficinas judiciales correspondientes, o en su defecto, consultar esa informaci\u00f3n en el portal web de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co), pues como bien se sabe, las demandas que ingresan a los juzgados se encuentran radicadas en el sistema de Gesti\u00f3n Siglo XXI.  <\/span><\/p>\n

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4.        Respecto de la reclamaci\u00f3n relativa a requerir al Ministerio P\u00fablico para que se pronuncie sobre la legalidad del rechazo de los libelos incoados por el gestor en el caso fustigado,  se le pone de presente al interesado que debe acudir directamente ante esa autoridad a alegar esas cuestiones.  <\/span><\/p>\n

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5.        Nada se dir\u00e1 en relaci\u00f3n con la Corte Constitucional, por cuanto esa Corporaci\u00f3n fue excluida de la tramitaci\u00f3n por el Tribunal a quo.  <\/span><\/p>\n

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6.        De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 \u201cDecreto 1069 de 2015 (\u2026) Art\u00edculo 2.2.3.1.2.3. Acumulaci\u00f3n de decisiones.  El juez que avoque el conocimiento de varias acciones de tutela con identidad de objeto, podr\u00e1 decidir en una misma sentencia sobre todas ellas, siempre y cuando se encuentre dentro del t\u00e9rmino previsto para ello (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp.  2010-000380-01.      <\/span><\/p>\n

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