{"id":99532,"date":"2026-06-25T18:38:09","date_gmt":"2026-06-25T18:38:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2312-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:38:09","modified_gmt":"2026-06-25T18:38:09","slug":"stc2312-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2312-2017\/","title":{"rendered":"STC2312-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2312-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01199-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de enero de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las tutelas radicadas bajo los n\u00fameros 2016-1199, 2016-1200 y 2016-1201 promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en contra del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas y la Procuradur\u00eda Delegada para Acciones Populares; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Alcald\u00eda de ese municipio, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Regional Risaralda y la Defensor\u00eda del Pueblo de ese departamento; con ocasi\u00f3n de las acciones populares incoadas por el aqu\u00ed gestor e identificadas con los radicados 2013-178, 2013-179 y 2013-257.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor reclama la protecci\u00f3n de \u201clas garant\u00edas procesales\u201d, presuntamente lesionadas por la autoridad jurisdiccional atacada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, expone que en el decurso censurado \u201c(\u2026) nunca se ha[n]  aplicado [los] art\u00edculos 5\u00b0 y 84 de la Ley 472 de 19981  <\/span><\/p>\n

(\u2026)\u201d (fl. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Ruega, en concreto,  i) requerir al estrado acusado para que \u201c(\u2026) pruebe (\u2026) que ha cumplido [el] art\u00edculo 5 de la Ley 472 de 1998 (\u2026)\u201d dentro de los asuntos materia de este ruego, o en caso contrario, imponer las sanciones contempladas en las reglas \u201c84 de la [norma citada] y 121 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d; ii) vincular al Procurador Delegado para Acciones Populares a fin de que refiera cu\u00e1l ha sido su gesti\u00f3n en los procesos cuestionados; y iii) ordenar vigilancia judicial y administrativa para el juzgado tutelado.  <\/span><\/p>\n

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4.        La Sala Civil – Familia del Tribunal de Pereira, en auto de 14 de diciembre de 2016 decidi\u00f3 avocar el amparo frente al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas y el Procurador Delegado en Acciones Populares, vinculando a la Alcald\u00eda de ese municipio, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Regional Risaralda y la Defensor\u00eda del Pueblo de ese departamento.  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado y vinculados    <\/span><\/p>\n

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a)        El juzgado acusado remiti\u00f3 copia de las actuaciones procesales reprochadas, se\u00f1alando que no existe vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales y destacando la negligencia del actor \u201c(\u2026) en el cumplimiento de las cargas procesales que le competen, y ante ello, mal puede dolerse de la mora en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular impetrada (\u2026)\u201d (fls. 18 a 27).  <\/span><\/p>\n

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b)        La Alcald\u00eda de Dosquebradas se opuso a su vinculaci\u00f3n \u201c(\u2026) por la inexistencia de violaci\u00f3n manifiesta de  derechos fundamentales de esta entidad territorial y por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva que se presenta en esta cuerda procesal (\u2026)\u201d (fl. 39).  <\/span><\/p>\n

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c) La Personer\u00eda Municipal de Dosquebradas solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u201c(\u2026) por cuanto esta Agencia Ministerial no ha vulnerado los derechos fundamentales se\u00f1alados por el accionante y adem\u00e1s porque hasta la fecha no ha sido notificada del auto admisorio de la acci\u00f3n popular (\u2026)\u201d (fl. 45).  <\/span><\/p>\n

d) La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 no acceder al amparo constitucional rogado por el peticionario, por cuanto \u201c(\u2026) no existe vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales del actor atribuible a [esta entidad, quien] hasta la fecha no ha intervenido en el tr\u00e1mite que motiva la acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u201d (fl. 66).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, advirti\u00f3 la improcedencia de acudir al juez de tutela para ordenar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C.G.P. \u201c(\u2026) cuando no se evidencia que al interior del proceso se hayan realizado las gestiones necesarias dirigidas a lograr la aplicaci\u00f3n de la norma (\u2026)\u201d (fl. 67).  <\/span><\/p>\n

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e) Los otros llamados guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal desestim\u00f3 la protecci\u00f3n implorada por no hallar quebranto de los derechos del petente en los procesos criticados,  puesto que  \u201c(\u2026) se ha surtido un dispendioso tr\u00e1mite a fin de cumplir lo que al interesado le corresponde, y de lo cual se ha sustra\u00eddo, [raz\u00f3n por la cual] (\u2026) se encuentra justificada la mora judicial alegada  (\u2026)\u201d (fl. 132).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El quejoso impugn\u00f3 aduciendo que la Ley 472 de 1998, \u201c(\u2026) no [le] ordena carga alguna, empero si se la impone al sentenciador (\u2026)\u201d (fl. 137).  <\/span><\/p>\n

2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        El tutelante cuestiona en concreto, la supuesta falta de aplicaci\u00f3n del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso2.  De la lectura del aludido precepto, se deduce que la cr\u00edtica va enfilada al presunto incumplimiento del t\u00e9rmino de un a\u00f1o para emitir el fallo en las acciones subex\u00e1mine por parte del Juez acusado y en la consecuente declaratoria de p\u00e9rdida de competencia.  <\/span><\/p>\n

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2.  A primera vista, se advierte la inviabilidad del amparo deprecado, puesto que su car\u00e1cter eminentemente residual limita su prosperidad s\u00f3lo a aquellos eventos en los cuales se est\u00e9 frente a una irregularidad y el actor no cuente con mecanismos para atacarla, o los existentes no sean eficaces para ello.  <\/span><\/p>\n

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En los asuntos cuestionados, el accionante tiene la posibilidad de ventilar ante el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas la superaci\u00f3n del lapso estipulado en el citado art\u00edculo, para que, en el evento de que deba ser privado del conocimiento de los casos, se tomen los correctivos pertinentes. Ahora, las decisiones a adoptar ser\u00e1n susceptibles de ser confrontadas a trav\u00e9s de los recursos previstos por el legislador para tal efecto.  <\/span><\/p>\n

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La existencia de herramientas judiciales propicias para obtener el resguardo de los derechos fundamentales, est\u00e1 contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00ba del precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba de la regla 6\u00aa del Decreto 2591 de 1991.   <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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3. En punto de los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 1998, en todas las acciones reprochadas el estrado querellado manifest\u00f3 al actor que el incumplimiento de las cargas procesales que a \u00e9l le competen \u201c(\u2026) ha impedido trabar la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, lo que trae consigo que no pueda avanzar el tr\u00e1mite constitucional, pues [su] facultad oficiosa (\u2026) no va hasta pretermitir etapas procesales, so pena de vulnerarle el derecho fundamental al debido proceso a la parte demandada (\u2026)\u201d (fls. 18 a 27).  <\/span><\/p>\n

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Frente a estas decisiones el actor no interpuso recurso de reposici\u00f3n, medio de impugnaci\u00f3n que resultaba procedente para atacarlas, conforme lo previsto en la regla 36 de la Ley 472 de 19984, a trav\u00e9s del cual hubiese podido discutir la inconformidad aqu\u00ed ventilada.  <\/span><\/p>\n

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No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador al interior del proceso. Al respecto, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d5.  <\/span><\/p>\n

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Relativo a la eficacia del recurso horizontal, esta Sala ha expuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d6.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior prueba la conducta negligente y displicente de Arias Id\u00e1rraga frente al proceso, no siendo entonces, este ruego un mecanismo alterno para revivir la oportunidad procesal fenecida en silencio como consecuencia de la propia voluntad del interesado.  <\/span><\/p>\n

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4. En lo atinente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Delegada para Acciones Populares y el requerimiento para pronunciarse acerca de su actuaci\u00f3n desplegada en los casos subj\u00fadice, se advierte que el peticionario debe acudir directamente ante esa autoridad a alegar esas cuestiones.  <\/span><\/p>\n

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5. Nada se dir\u00e1 con relaci\u00f3n a la solicitud de vigilancia judicial y administrativa para el juzgado tutelado, por cuanto se trata de una gesti\u00f3n que el solicitante puede tramitar, ya sea personalmente o por los medios habilitados para ello.  <\/span><\/p>\n

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6. De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comunicar telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.          <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

11 Art\u00edculo 5\u00ba.- Tr\u00e1mite (\u2026) Promovida la acci\u00f3n, es obligaci\u00f3n del Juez impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n (\u2026).  <\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 84\u00ba.- Plazos Perentorios e Improrrogables. La inobservancia de los t\u00e9rminos procesales establecidos en esta Ley, har\u00e1 incurrir al Juez en causal de mala conducta, sancionables con destituci\u00f3n del cargo.  <\/span><\/p>\n

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2 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 121. Salvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cVencido el respectivo t\u00e9rmino previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perder\u00e1 autom\u00e1ticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al d\u00eda siguiente, deber\u00e1 informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumir\u00e1 competencia y proferir\u00e1 la providencia dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis (6) meses. La remisi\u00f3n del expediente se har\u00e1 directamente, sin necesidad de reparto ni participaci\u00f3n de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deber\u00e1 informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepci\u00f3n del expediente y la emisi\u00f3n de la sentencia (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

3 Sentencia de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01    <\/span><\/p>\n

4 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 36.  Recursos de Reposici\u00f3n. Contra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recurso de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

5 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente.    <\/span><\/p>\n

6 CSJ. STC. 28 de marzo de 2012, rad. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, rad.s. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.      <\/span><\/p>\n

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                      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC2312-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01199-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)   Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99532","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99532","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99532"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99532\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99532"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99532"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99532"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}