{"id":99537,"date":"2026-06-25T18:38:29","date_gmt":"2026-06-25T18:38:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2319-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:38:29","modified_gmt":"2026-06-25T18:38:29","slug":"stc2319-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2319-2017\/","title":{"rendered":"STC2319-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2319-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00294-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Reina Valencia contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el Ministerio de Defensa Nacional, La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales, el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario \u00abla Picota\u00bb de Bogot\u00e1, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  El interesado actuando en su propio nombre, pide la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad, a la vida, igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, y pide que se ordene su libertad inmediata.  <\/span><\/p>\n

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2.  En sustento de lo anterior, aduce en s\u00edntesis, que fue detenido el 16 de noviembre de 2016 sin que hasta la fecha se hubiera legalizado su captura \u00abpuesto que nunca he sido notificado de dicha orden de captura ni conozco resoluci\u00f3n alguna por la cual se haya emitido esta, tampoco he sido judicializado o puesto a disposici\u00f3n de ning\u00fan juez de la rep\u00fablica de Colombia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que como en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario \u00abla Picota\u00bb de Bogot\u00e1, en el que se encuentra recluido debi\u00f3 haber sido notificado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales de la orden de captura, formalizarse por el Estado requirente y \u00abser oficialmente notificada de esta por parte de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, lo cual a la fecha no ha ocurrido\u00bb, su esposa instaur\u00f3 un habeas corpus el 23 de enero de 2017 \u00abcon el fin de conocer y resolver mi situaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb, pero fue negado por el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Bogot\u00e1 el 24 de enero de 2017, y \u00aba la fecha 03 de enero de 2017 transcurridos m\u00e1s de dos meses posteriores a mi captura a\u00fan no he sido de la legalizaci\u00f3n de mi captura, ni puesto a disposici\u00f3n del estado requirente\u00bb (ff. 1 a 4, negrilla y subrayado en texto).  <\/span><\/p>\n

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3.  El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n B, en auto de 6 de febrero de 2017 dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias a esta Corporaci\u00f3n en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2591 de 1991 y 1382 de 2000 (ff. 12 y 13  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

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1.  El Coordinador Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, indic\u00f3 que al haber suscrito el Estado Colombiano la Convenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas de 1961, le compete cumplir de buena fe los tratados y obligaciones internacionales adquiridas (ff. 39 y 40).  <\/span><\/p>\n

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2.  La Directora de Gesti\u00f3n Internacional de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, inform\u00f3 que la Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones exteriores, mediante oficio DIAJI No. 1913 de 19 de agosto de 2016, alleg\u00f3 la nota verbal No. 1504 de la misma fecha, por medio de la cual el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de su Embajada en Colombia, requiri\u00f3 la captura con fines de extradici\u00f3n de Juan Carlos Reina Valencia, por solicitud de la Corte Distrital de ese pa\u00eds para el Distrito Sur Florida por los delitos federales de narc\u00f3ticos.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que mediante resoluci\u00f3n del 26 de octubre de 2016, el Despacho del se\u00f1or Fis\u00adcal General de la Naci\u00f3n, dispuso la captura con fines de extradici\u00f3n del men\u00adcionado ciudadano teniendo en cuenta que se cumplieron a cabalidad los pre\u00adsupuestos previstos en el art\u00edculo 509 de la Ley 906 de 2004, la que se materializ\u00f3 el 16 de noviembre de 2016, por miembros de la Direcci\u00f3n de Antinarc\u00f3ticos del Grupo de Investigaci\u00f3n Criminal de la Polic\u00eda Nacional, para lo cual Reina Valencia suscribi\u00f3 en la misma fecha, la respectiva acta de notificaci\u00f3n personal y de derechos del capturado, y en oficio DGI 20161700082091 de 27 de noviembre de 2016, inform\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, acerca de la captura para que las autoridades de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, presentaran la solicitud formal de extradici\u00f3n, dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que la Directora de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales mediante oficio DIAJI No. 0118 de 13 de enero de 2017, remiti\u00f3 nota verbal No. 0044 de la misma fecha, por medio de la cual la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, formaliz\u00f3 el pedido de extradici\u00f3n de Juan Carlos Reina Valencia.  <\/span><\/p>\n

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Observ\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, no ha sido informada sobre el concepto favorable o desfavorable que haya sido emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, y que, una vez emitido el concepto el Gobierno Nacional mediante Resoluci\u00f3n Ejecutiva, tiene la facultad de conceder o negar la extradici\u00f3n solicitada, y que, \u00abel derecho de defensa, dentro del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, se ejerce ante la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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Finalmente puntualiz\u00f3 que ese ente investigativo dentro del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n de Reina Valencia ha respetado el debido proceso y los derechos fundamentales del mismo, \u00abteniendo en cuenta que la presentaci\u00f3n del pedido de extradici\u00f3n fue efectuada por los Estados Unidos de Am\u00e9rica, dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 511 de la Ley 906 de 2004\u00bb (ff. 44 a 48).  <\/span><\/p>\n

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3. La Oficina de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de sentencias de Bogot\u00e1, remiti\u00f3 copia del expediente de h\u00e1beas corpus  promovido en nombre de Juan Carlos Reina Valencia, que se agreg\u00f3 a folios 55 a 240.  <\/span><\/p>\n

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4. El Jefe de la Unidad Investigativa Pac\u00edfico de la Polic\u00eda Nacional, Direcci\u00f3n Antinarc\u00f3ticos, remiti\u00f3 copia de la documentaci\u00f3n que reposaba en tal dependencia, entre ella el acta de derechos del capturado de 16 de noviembre de 2016 suscrita por Juan Carlos Reina Valencia (ff. 243 a 254)  <\/span><\/p>\n

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5.  La Sala de Casaci\u00f3n Penal, puso de presente que la captura con fines de extradici\u00f3n contra Reina Valencia est\u00e1 soportada, en el procedimiento normativo contemplado en los art\u00edculos 490 y siguientes de la ley 906 de 2004, cuyas formalidades se agotaron rigurosamente de acuerdo con la documentaci\u00f3n allegada al tr\u00e1mite (ff. 293 a 296).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, toda vez que los documentos allegados a este tr\u00e1mite permiten observar que  contrario a lo afirmado por el accionante, la orden de captura con fines de extradici\u00f3n fue librada en su contra por el Fiscal General de la Naci\u00f3n el 26 de octubre de 2016, previo requerimiento del Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica mediante nota diplom\u00e1tica No. 1504 de 19 de agosto de 2016 y se materializ\u00f3 por miembros de la Direcci\u00f3n de Antinarc\u00f3ticos del Grupo de Investigaci\u00f3n Criminal de la Polic\u00eda Nacional el 16 de noviembre de 2016, mediante acta de notificaci\u00f3n personal y de derechos del capturado que Reina Valencia suscribi\u00f3 en la misma fecha (f. 130).  <\/span><\/p>\n

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Posteriormente la Directora de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante oficio de 19 de enero de 2017, remiti\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal la solicitud de extradici\u00f3n con la documentaci\u00f3n requerida, entre ella la nota verbal No. 0044 de 13 de enero de 2017, por medio de la cual la Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica formaliz\u00f3 el pedido de extradici\u00f3n de Juan Carlos Reina Valencia por delitos federales de narc\u00f3ticos, e igualmente fue enterado a trav\u00e9s de la secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, del auto de 20 de enero de 2017, por el cual, el Magistrado Ponente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ordenaba hacerle saber al requerido \u00abdel derecho que le asiste de nombrar un abogado que lo represente en este asunto [tr\u00e1mite de extradici\u00f3n] y que, de no hacerlo, la Sala le designar\u00e1 uno de oficio\u00bb (f. 124), y en tal contexto la privaci\u00f3n de la libertad del accionante es consecuencia de un mandato leg\u00edtimo de la autoridad competente que ha sido designada para actuar dentro del tr\u00e1mite de cooperaci\u00f3n judicial internacional, y su captura con fines de extradici\u00f3n est\u00e1 soportada en el procedimiento contemplado en los art\u00edculos 490 y siguientes de la Ley 906 de 2014, cuyas formalidades, conforme a la documentaci\u00f3n allegada, se agotaron rigurosamente.  <\/span><\/p>\n

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3.  Ahora, si bien el tutelante requiere se le conceda la libertad por presuntas irregularidades en su captura, ninguna prueba revela que ese aspecto haya sido ventilado ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal quien conoce en la actualidad del referenciado asunto de extradici\u00f3n, y desde esa perspectiva, el amparo invocado no puede abrirse paso por su condici\u00f3n residual, evento que est\u00e1 contemplado como causal de inviabilidad en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del precepto 6\u00ba  del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que el resguardo es un remedio  subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como si se le hubiere instituido para desplazar a las autoridades que, por mandato constitucional y legal, tienen atribuida la competencia para resolver las controversias judiciales, pues tal supuesto llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto de id\u00e9ntica naturaleza, memor\u00f3 la Sala:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) [E]n apresurado actuar, [el actor] instaur[\u00f3] la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga [dado que el] juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia\u00bb (CSJ. STC 1\u00b0 feb. 2011, STC125-2015, STC6711-2015, STC4202-2016 y STC13717-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.  Finalmente, respecto de la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude el actor, cabe precisar que tampoco \u00e9sta se observa, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo en la convocatoria de estudio.  <\/span><\/p>\n

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Sobre ese t\u00f3pico, esta Sala ha manifestado que \u00abde otra parte, no demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC, 12 dic. 2008, rad. 00228-01, STC, 3 ago. 2012, rad. 01145-01, reiterada en  SCT15698-2014, STC1975-2016 y STC11120-2016, 12 ag. rad. 00204-02).  <\/span><\/p>\n

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5.  Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo de los derechos invocados.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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