{"id":99541,"date":"2026-06-25T18:38:53","date_gmt":"2026-06-25T18:38:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2324-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:38:53","modified_gmt":"2026-06-25T18:38:53","slug":"stc2324-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2324-2017\/","title":{"rendered":"STC2324-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2324-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00341-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Heliodoro Alfredo Agamez Pineda y Alfredo Jos\u00e9 Agamez Venegas contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron citados los Juzgado Primero Promiscuo Municipal y Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas, ambos de Apartad\u00f3, Treinta y Nueve Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, y los intervinientes en el proceso penal seguido en contra de los accionantes.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  Los interesados actuando en su propio nombre, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abal principio de legalidad\u00bb, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada con el proferimiento del auto de 18 de enero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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Solicitan que con el fin de restablecerles las prerrogativas que reclaman, se revoque \u00abla decisi\u00f3n auto AP156 – 2017, Radicaci\u00f3n No. 49525 de la sala penal de corte suprema de justicia y en consecuencia notificar de manera inmediata al Juez Penal del Circuito de Bogot\u00e1 que le haya correspondido por reparto la decisi\u00f3n de resolver el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, y se ordene \u00abla devoluci\u00f3n de la carpeta a la Ciudad de Apartado para que se surta el tr\u00e1mite natural de la apelaci\u00f3n seg\u00fan el procedimiento penal de orden p\u00fablico ante el juez de circuito penal del circuito de la ciudad de Apartado Antioquia\u00bb (sic) (f. 35).  <\/span><\/p>\n

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Piden como medida provisional, ordenar \u00abla suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite que pueda darse para surtir la segunda instancia ordenada mediante el auto n\u00famero AP156-2017 Rad. No. 49525 de enero 18 de 2017 ante jueces penales de circuito de Bogot\u00e1, en el caso referenciado con el CUI: 110016000000201301128 hasta tanto se resuelva de fondo la presente acci\u00f3n para evitar un perjuicio irremediable por un eventual hecho cumplido como consecuencia de la providencia de la corte suprema de justicia que se est\u00e1 atacando por la v\u00eda del hecho\u00bb (f. 34).  <\/span><\/p>\n

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2.  Sostienen en s\u00edntesis, que como el Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Monter\u00eda con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas impuso el 23 de mayo de 2014 \u00aben disfavor de nosotros los tutelantes sin competencia\u00bb, medida de aseguramiento intramural, por residir en \u00abla zona Urab\u00e1\u00bb solicitaron audiencia ante un Juez de Apartad\u00f3 (Antioquia), para que les fuera revocada la \u00aborden de captura o revocatoria medida de aseguramiento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agregan que la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3, que se declarara incompetente \u00abb\u00e1sicamente por dos razones; una que existe providencia de la corte suprema de justicia sala penal en la cual se orden\u00f3 que todas las audiencias de garant\u00edas que se surtan en este caso penal se tienen que tramitar en la ciudad de Bogot\u00e1 donde fue radicado el proceso para su juicio y la otra que de no aceptarlo se impugnaba la competencia\u00bb, petici\u00f3n que neg\u00f3 el Juzgado con el argumento \u00abque los autos de definici\u00f3n de competencia no son jurisprudencia, que como juez de garant\u00edas constitucionales penales ten\u00eda competencia nacional y que esos autos que no son sentencias\u00bb (sic), y surtido el tr\u00e1mite el 15 de septiembre de 2016 revoc\u00f3 la medida de aseguramiento proferida en su contra.  <\/span><\/p>\n

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Manifiestan que la Fiscal\u00eda apel\u00f3 la decisi\u00f3n indicando \u00abque el juez de segunda instancia deb\u00eda enviarle a la corte suprema de justicia sala penal, el caso, para definir la competencia y argument\u00f3 que el juez que tomo la decisi\u00f3n en primera instancia lo hab\u00eda hecho siendo incompetente\u00bb, y \u00abLlegado el caso al juez del circuito\u00bb, se declar\u00f3 \u00abincompetente para resolver la incompetencia\u00bb, y remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pese a que, la \u00abcontroversia \u00e9sta debe ser resuelta entonces por el Tribunal Superior de Antioquia, inmediato superior jer\u00e1rquico de los antes mencionados al tenor de los dispuesto por el art\u00edculo 341 del C.P.P ley 1395 de 2010 art. 99, quien es quien debe resolver o dirimir el conflicto de competencia y no la Corte Suprema de Justicia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Afirman que la Sala de Casaci\u00f3n Penal mediante auto 49525 de enero 18 de 2017, \u00abtermin\u00f3 declarando que la competencia para decisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n era por el cambio de radicaci\u00f3n y para estarse a lo resuelto en sus propios autos (el mismo auto que profiri\u00f3 el Magistrado Barcel\u00f3 Camacho ponente) que ordenaba que toda audiencia de garant\u00edas lo era Bogot\u00e1 para este caso\u00bb (sic), y con tal actuaci\u00f3n incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto porque \u00abDesarrolla la tesis de REVIVIR una norma derogada por el legislador quien oportunamente resolvi\u00f3 el inconveniente que se suscitaba en la pr\u00e1ctica por el imperativo de territorialidad cuando la norma dec\u00eda (ley 1142 de 2007 art. 39) que la competencia deb\u00eda ser en el lugar donde ocurrieran los hechos, circunstancias \u00e9stas que generaron traumas en la aplicabilidad de la norma hoy deroga y en su reemplazo, modific\u00f3 la misma mediante la ley 1453 de 2011 en su art\u00edculo 48 determin\u00f3 expresamente que la competencia es ante cualquier juez de garant\u00edas de la rep\u00fablica; es aqu\u00ed, donde desconoce el H. Magistrado el imperio de la ley\u00bb (sic) (ff. 1 a 36, negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

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La Jueza Treinta y Nueve Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que le correspondi\u00f3 por reparto el proceso seguido en contra de Heliodoro Alfredo Agamez Pineda y Alfredo Jos\u00e9 Agamez Vanegas por los delitos de falsedad en documento privado, en concurso heterog\u00e9neo con falsedad en documento p\u00fablico agravado por el uso, en concurso con prevaricato por acci\u00f3n y peculado por apropiaci\u00f3n, y que si bien los hechos acaecieron en el departamento de C\u00f3rdoba, \u00abel presente asunto fue repartido en la ciudad de Bogot\u00e1, en virtud a decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia que orden\u00f3 cambio de radicaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n se inici\u00f3 el 2 de octubre de 2014, en la cual el defensor de confianza de los procesados procedi\u00f3 a impugnar competencia, por lo que luego de escuchadas a las partes e intervinientes, se procedi\u00f3 a surtir el tr\u00e1mite del art\u00edculo 341 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal enviando las diligencias ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Corporaci\u00f3n que el 28 de enero de 2015, declar\u00f3 no prospera la impugnaci\u00f3n de competencia formulada y orden\u00f3 devolverle la actuaci\u00f3n y recibida, se procedi\u00f3 a fijar fecha para continuaci\u00f3n de la audiencia que culmin\u00f3 el 21 de enero de 2016, y luego de m\u00faltiples cambios en la defensa de los procesados, se fij\u00f3 fecha para la preparatoria, los d\u00edas 15 y 16 de marzo de 2017 (ff. 66 y 67).  <\/span><\/p>\n

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Hasta el momento de radicar la sentencia no se hab\u00eda recibido ninguna otra manifestaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es el  medio id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u2026\u00bb, y bajo los postulados de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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2.  Del escrito inicial se concluye que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n es el sujeto pasivo del amparo solicitado, en raz\u00f3n de que en prove\u00eddo de 18 de enero de 2017, se pronunci\u00f3 acerca de la competencia para conocer del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la Fiscal\u00eda contra la decisi\u00f3n de 15 de septiembre de 2016 proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3, a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva dictada en contra de los accionantes, porque en sentir de \u00e9stos, no era la competente para definir el asunto planteado.  <\/span><\/p>\n

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3.   No obstante, examinados los soportes allegados, se advierte que el amparo constitucional reclamado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que la determinaci\u00f3n criticada tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, con independencia de si esta Sala los comparte o no, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en la providencia proferida el 18 de enero de 2017, AP156-2017 dentro del proceso con Radicado No. 49525, la Sala de Casaci\u00f3n Penal relat\u00f3 en los antecedentes, – se relacionan para entender lo alegado por los accionantes -, que las labores investigativas permitieron develar la existencia en el departamento de C\u00f3rdoba \u00abde una red de abogados que con documentaci\u00f3n irregular y en contubernio con algunos servidores p\u00fablicos\u00bb, iniciaron acciones judiciales para obtener el reconocimiento fraudulento de cuantiosas acreencias laborales con detrimento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, investigaci\u00f3n que por sus caracter\u00edsticas comenz\u00f3 a ser conocida como \u00abEl carrusel de la educaci\u00f3n en C\u00f3rdoba\u00bb, y dio lugar a m\u00faltiples rupturas procesales en atenci\u00f3n a la variedad de conductas delictivas endilgadas, la pluralidad de implicados y las diferentes estrategias de defensa asumidas, una de ellas, la seguida en contra de Heliodoro Agamez Pineda y Alfredo Jos\u00e9 Agamez Venegas.  <\/span><\/p>\n

Mediante auto de 11 de diciembre de 2013, Rad. 42747, se orden\u00f3 el cambio de radicaci\u00f3n de esas diligencias, y correspondieron al Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, quien adelanta la fase de juicio.  <\/span><\/p>\n

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El 9 de agosto de 2016, el abogado de los implicados, pidi\u00f3 la realizaci\u00f3n de audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento ante los Juzgados Penales Municipales con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Apartado (Antioquia), asign\u00e1ndose la solicitud al Juzgado Primero Promiscuo de esa localidad, e instalada la diligencia, el delegado de la Fiscal\u00eda el 15 de septiembre de 2016 impugn\u00f3 la competencia haciendo menci\u00f3n expresa de varios pronunciamientos de la Corte acerca del tema, \u00aby dio lectura al prove\u00eddo emitido en el radicado 48494, el 3 de agosto de 2015, en el que con ocasi\u00f3n de la presentaci\u00f3n de id\u00e9ntico pedimento en la ciudad de Cartagena, se fij\u00f3 su conocimiento en Bogot\u00e1 al tratarse del lugar donde se sigue el juicio\u00bb, y el Juzgado de conocimiento, despu\u00e9s de afirmar que \u00abla \u00fanica jurisprudencia vinculante es la dictada por la Corte Constitucional, reiter\u00f3 que no pod\u00eda aceptarse el \u00abpretendido imperio\u00bb del auto en cuesti\u00f3n, no sentencia, \u00abante la falta de un serio argumento hermen\u00e9utico\u00bb, \u00abal haber sido mal resuelto\u00bb, porque \u00abese auto no me (sic) cabe (…) es para otro juez\u00bb\u00bb, indic\u00f3 que el art\u00edculo 39 de la Ley 906 de 2004 le otorgaba competencia para conocer de la petici\u00f3n, y en esas condiciones, pese a que el delegado de la Fiscal\u00eda recab\u00f3 en que deb\u00eda d\u00e1rsele paso a la impugnaci\u00f3n de competencia, procedi\u00f3 a revocar la medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva con la consecuente cancelaci\u00f3n de las ordenes de captura libradas en contra de los aqu\u00ed accionantes.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 posteriormente que, \u00ab(\u2026) las decisiones evocadas por la Fiscal\u00eda y en concreto la del 3 de agosto de 2015, proferida en el radicado 48494 (CSJ AP 4931-2015), no constituyen simples referentes potestativos para la judicatura sino que obedecen a un dise\u00f1o institucional que les confiere la connotaci\u00f3n de imperativo cumplimiento. Entonces, al margen de la posible discusi\u00f3n que cabr\u00eda con relaci\u00f3n a la obligatoriedad de los autos de las Altas Cortes en asuntos que no podr\u00edan resolverse a trav\u00e9s de sentencias, no puede ser anodino el hecho que pese a dictarse la providencia en cita, en este caso puntual, se pretenda darle curso repetido al problema jur\u00eddico que en ella se examin\u00f3 a la espera de que se replantee una postura ya consolidada, por el perjuicio que ese escenario acarrea para la eficacia de la funci\u00f3n p\u00fablica atribuida a la rama judicial, aunado a la hipot\u00e9tica repercusi\u00f3n que un actuar de ese talante tendr\u00eda en el principio de seguridad jur\u00eddica.  <\/span><\/p>\n

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En otras palabras, no hab\u00eda lugar en el sub examine a discutir un tema ya decidido sin que se advierta justificaci\u00f3n para que los abogados de los implicados, luego de allegar la petici\u00f3n inicial, retiraran la solicitud de celebraci\u00f3n de audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento cuyo conocimiento asign\u00f3 la Sala a Bogot\u00e1, en atenci\u00f3n al cambio de radicaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n (coyuntura que pas\u00f3 desapercibida para el a quo); e inmediatamente despu\u00e9s procedieran a presentarla en Apartado como si lo dispuesto por la Corte no les fuere vinculante o fuese susceptible de ser revisado ante instancias paralelas, hasta obtener una respuesta satisfactoria a sus intereses. Ahora, en esa determinaci\u00f3n se consign\u00f3 que no se avizoraban premisas plausibles que explicaran la viabilidad de la diligencia en Cartagena, ciudad en la qu\u00e9 ab initio se alleg\u00f3 el pedimento, sin que pueda decirse que aquella indefinici\u00f3n se subsan\u00f3 al indicarse en esta \u00faltima oportunidad que en \u00abterritorio Ur\u00e1bense\u00bb se encontraban los implicados, porque ello lo que muestra es la eventual finalidad encubierta de marginarse de lo decidido por esta Corporaci\u00f3n frente a la concreta solicitud de realizaci\u00f3n de audiencia preliminar (\u2026)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente adicion\u00f3: \u00abDe otra parte, lo puntualizado en ac\u00e1pites anteriores sobre la procedencia del tr\u00e1mite de definici\u00f3n de competencia aun trat\u00e1ndose de audiencias preliminares distintas a la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, permite avizorar que ten\u00eda cabida la impugnaci\u00f3n de la misma elevada por la Fiscal\u00eda, a la que no le dio paso el Juez Primero Promiscuo Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de Apartado con argumentos que no se ofrecen solventes de cara al criterio depurado por la jurisprudencia en cuanto a esta tem\u00e1tica y que seg\u00fan se anot\u00f3, le era de ineludible acatamiento (\u2026) En consecuencia, restringirse a la pr\u00e9dica con respecto a que una interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica del precepto bastaba para descartar la anterior conceptualizaci\u00f3n, so pretexto de la necesidad inminente de proteger garant\u00edas fundamentales (recu\u00e9rdese que AGAMEZ PINEDA y AGAMEZ VARGAS no est\u00e1n privados f\u00edsicamente de la libertad), se ofrece insuficiente en pos de admitir la presencia de la carga argumentativa que permite alejarse del precedente conforme ya se cit\u00f3, lo que sumado, como ya se vio, a que ya hab\u00eda una decisi\u00f3n puntual acerca de la materia, conlleva a que tambi\u00e9n sean compulsadas copias penales y disciplinarias en contra de este funcionario para que se realice un escrutinio con relaci\u00f3n a la legalidad de su proceder\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finamente concluy\u00f3, \u00abEn este orden de ideas, bastar\u00eda con estarse a lo resuelto en el pluricitado auto del 3 de agosto de 2015, sin embargo, ya que se dio curso a la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento y se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n sobre el particular que fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n, en concordancia con lo ya dispuesto en el sub examine y a partir del cambio de radicaci\u00f3n dispuesto para la ciudad de Bogot\u00e1, ser\u00e1n los Jueces Penales del Circuito de esta capital -Reparto- los convocados a desatar la alzada y adoptar las determinaciones correspondientes, por lo que se les enviar\u00e1 la actuaci\u00f3n para que obren de conformidad\u00bb (ff. 37 a 44).  <\/span><\/p>\n

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4.  Con apoyo en las razones que preceden, se concluye la improcedencia de la tutela reclamada que en esta providencia se decide, por cuanto no cabe duda que dichos fundamentos no revelan arbitrariedad, cuesti\u00f3n que impide acudir con \u00e9xito a la solicitud de amparo, m\u00e1xime cuando solo porque los accionantes no compartan o tengan una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dichos razonamientos, no puede considerarse caprichoso lo resuelto, dadas las caracter\u00edsticas de autonom\u00eda e independencia de que est\u00e1 dotada la actividad judicial.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, se ha definido en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, pero es, al juez natural, es decir al juez del proceso.  De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto  configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CJS STC 14 mayo 2003, rad. 00113-01, reiterada entre otras, en STC5507-2015, STC10946-2015, STC4599-2016, STC6456-2016, y STC1535-2017, 9 feb. rad. 00131-00).  <\/span><\/p>\n

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5.         Finalmente t\u00e9ngase en cuenta, que los interesados no acreditaron la ocurrencia de un menoscabo apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional, en raz\u00f3n a que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, STC5535-2015; reiterado en STC9557-2016 y STC17965-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De lo dicho en precedencia, se concluye la improcedencia del resguardo que en esta providencia se decide.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC2324-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00341-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99541","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99541","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99541"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99541\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99541"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99541"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99541"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}