{"id":99544,"date":"2026-06-25T18:39:07","date_gmt":"2026-06-25T18:39:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2328-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:39:07","modified_gmt":"2026-06-25T18:39:07","slug":"stc2328-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2328-2017\/","title":{"rendered":"STC2328-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2328-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00349-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Clara Elsa Torres Bar\u00f3n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 38 Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 se declare la \u00abnulidad de todo lo actuado desde el auto de fecha diez de mayo de 2016, por el cual se rechaz\u00f3 el incidente de oposici\u00f3n al secuestro propuesto y el auto de fecha 18 de noviembre de 2016, por el cual se resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.2. En el a\u00f1o 2015, Gabriel Cuadros Cordero promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Nidia Tini \u00c1vila Moreno, tr\u00e1mite en el cual el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, decret\u00f3 el embargo y secuestro del prenombrado edificio.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Agreg\u00f3 que, el 18 de febrero de 2016, se practic\u00f3 el secuestro, diligencia de la cual no tuvo conocimiento, toda vez que no se encontraba en el inmueble.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Indic\u00f3 que \u00abal cabo de unos buenos d\u00edas una amiga [le] cont\u00f3 que se hab\u00eda enterado que [le] hab\u00edan secuestrado [su] apartamento\u00bb, por lo que procedi\u00f3 a solicitar un certificado de tradici\u00f3n del bien y encontr\u00f3 que \u00abefectivamente hab\u00eda un ejecutivo tramitado en el juzgado 38 civil del circuito de Bogot\u00e1\u00bb.  <\/span><\/p>\n

2.5.        El 25 de abril de 2016, formul\u00f3 \u00abincidente de oposici\u00f3n al secuestro\u00bb, el cual rechaz\u00f3 el juez a quo por haberse presentado extempor\u00e1neamente, mediante prove\u00eddo calendado 10 de mayo de 2016, decisi\u00f3n frente a la cual la opositora interpuso recurso de apelaci\u00f3n, siendo confirmada por el Tribunal querellado, a trav\u00e9s de providencia del 18 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        Expres\u00f3 la quejosa que en la determinaci\u00f3n de segunda instancia se \u00abmanifest\u00f3 que a [su] caso se le deb\u00eda aplicar el tr\u00e1mite del c\u00f3digo de procedimiento civil, art\u00edculo 687 numeral 8\u00bb, pero que su \u00abcaso encaja en el art\u00edculo 686\u2026\u00bb y que no pudo proponer, en oportunidad, la referida oposici\u00f3n,  por \u00abdos razones, una (\u2026) el paro que empez\u00f3 en octubre del a\u00f1o 2015 y termin\u00f3 en marzo de 2016 (\u2026) y otra causa, es que el secuestro de [su] apartamento lo realizaron sin entrar al inmueble, estaba cerrado\u00bb, entonces no le avisaron de la diligencia, pues \u00abni la secuestre ni la depositaria [le] comunicaron nada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 15 de febrero de 2016, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que se atiene \u00aba la actuaci\u00f3n surtida en el proceso ejecutivo singular\u00bb objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajic\u00e1, indic\u00f3 que \u00abdentro de la diligencia de secuestro practicada se respetaron todas las garant\u00edas fundamentales y constitucionales de las personas que estuvieron presentes\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        El Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que \u00abno ha incurrido en vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, pues la actuaci\u00f3n se ha surtido en legal forma y bajo el supuesto de que las normas sustanciales y de procedimiento son de orden p\u00fablico y por ende de obligatorio cumplimiento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Corte ha manifestado que,  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el Tribunal enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto aplic\u00f3 a la solicitud de levantamiento de secuestro elevada por la quejosa, en el proceso ejecutivo objeto de reproche constitucional, las disposiciones que contemplaba el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, desconociendo que en materia procesal las leyes rigen inmediatamente, tal cual lo reiteraron las normas de tr\u00e1nsito legislativo que establece el C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, el prenombrado despacho judicial indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026 la cabal aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n exige determinar la clase de juicio (ordinario, abreviado, verbal, ejecutivo, etc.), y establecer la etapa en que el mismo se hallaba para el 1o de enero de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.2       El numeral 4\u00b0 del citado art\u00edculo 625 dispone que \u201clos procesos ejecutivos en curso, se tramitar\u00e1n hasta el vencimiento del t\u00e9rmino para proponer excepciones con base en la legislaci\u00f3n anterior. Vencido dicho t\u00e9rmino el proceso continuar\u00e1 su tr\u00e1mite conforme a las reglas establecidas en el C\u00f3digo General del Proceso\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026, un sector de la doctrina sostiene que la regla especial contenida en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 625 del C.G.P., resulta aplicable a todas las ejecuciones en las cuales no hubiese expirado el t\u00e9rmino de formulaci\u00f3n de excepciones, incluso cuando \u00abexiste mandamiento ejecutivo y no se ha notificado al ejecutado, y entra a regir el CGP\u201d1, como ocurre en este caso.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, es claro que el tr\u00e1mite de los juicios ejecutivos instaurados bajo la vigencia del C. de P. C, seguir\u00e1 sometido a las disposiciones de ese cuerpo normativo, hasta el vencimiento del t\u00e9rmino para proponer excepciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, evidente es que el Tribunal omiti\u00f3 la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 624 y 625 (numeral 5\u00b0) del C\u00f3digo General del Proceso, reglas espec\u00edficas para ciertos tipos de actuaciones procesales, paralelas al juicio dentro del cual son realizadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ciertamente, la primera de las reglas mencionadas, que modific\u00f3 el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, establece lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Las leyes concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sin embargo, los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (Negrillas y subrayas ajenas al texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 625 de la codificaci\u00f3n en cita, tras establecer una reglas generales de tr\u00e1nsito legislativo, precisa que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (Destaca y subraya la Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        As\u00ed las cosas, teniendo en cuenta que se entiende por \u00abdiligencia judicial\u00bb, la \u00ab[a]ctividad judicial desplegada por el juez o sus auxiliares, y las partes, o sus representantes, dentro de un determinado proceso judicial\u00bb2, definici\u00f3n en la cual encuadra la pr\u00e1ctica de la cautela de secuestro, pues as\u00ed se le denomina a lo largo del estatuto procesal vigente e, incluso, en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil3, deb\u00eda concluirse que su tr\u00e1mite hab\u00eda de regirse por la norma vigente cuando \u00e9sta inici\u00f3, por no tratarse de una actuaci\u00f3n indispensable para el adelantamiento del juicio, sino de una medida cautelar paralela al mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Entonces, se advierte que el secuestro del inmueble del cual la accionante se reputa poseedora parcial, por detentar una parte del mismo, fue decretado en el a\u00f1o 2015. No obstante, la diligencia se inici\u00f3 y culmin\u00f3 el 18 de febrero de 2016, \u00e9poca para la cual se encontraba vigente \u00edntegramente el C\u00f3digo General del Proceso, por lo que era esta normatividad la que hab\u00eda de aplicarse al secuestro y a todas las actuaciones que de \u00e9ste se derivaran, por ejemplo, la oposici\u00f3n al mismo o la solicitud de levantamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Por tanto, el despacho judicial criticado err\u00f3 al no analizar la alzada interpuesta por la opositora, hoy gestora del amparo, por el tamiz de las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Tribunal accionado que deje sin valor y efecto el prove\u00eddo de 18 de noviembre de 2016, mediante la cual confirm\u00f3 el auto de primera instancia que dict\u00f3 el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 10 de mayo de esas mismas calendas, y la actuaci\u00f3n que dependa de \u00e9ste, para que adopte una nueva decisi\u00f3n en la cual tenga en cuenta las consideraciones precedentes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo solicitado. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

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Primero: Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente objeto de esta queja, deje sin efecto el auto de 18 de noviembre de 2016, mediante el cual confirm\u00f3 el prove\u00eddo de primera instancia de 10 de mayo de 2016 del Juzgado 38 Civil del Circuito de esa misma ciudad, y la actuaci\u00f3n que dependa de esa determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Segundo: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a 15 d\u00edas, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por Clara Elsa Torres Bar\u00f3n, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tercero: Ordenar al Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente objeto de la queja constitucional a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa urbe, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aqu\u00e9l t\u00e9rmino.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 \u00abFORERO SILVA, Jorge. Oralidad en los procesos civiles \u2013C\u00f3digo General del Proceso- M\u00f3dulo de Aprendizaje Autodirigido del Plan de Formaci\u00f3n de la Rama Judicial. Bogot\u00e1: Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2014, p\u00e1g. 30\u00bb.    <\/span><\/p>\n

2 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jur\u00eddicas, Pol\u00edticas y Sociales. Editorial Heliasta S. R. L. Buenos Aires. 1981, p\u00e1gina 254.    <\/span><\/p>\n

3 Ver art\u00edculos 595 del C\u00f3digo General del Proceso y 682 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC2328-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00349-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99544","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99544","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99544"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99544\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99544"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99544"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99544"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}