{"id":99546,"date":"2026-06-25T18:39:28","date_gmt":"2026-06-25T18:39:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2330-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:39:28","modified_gmt":"2026-06-25T18:39:28","slug":"stc2330-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2330-2017\/","title":{"rendered":"STC2330-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2330-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2016-00263-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 22 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ilsa Yolanda Trejos Castillo contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato \u2013 Magdalena y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Gerente del Proyecto de Yuma Concesionaria SA, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural \u2013 Incoder en Liquidaci\u00f3n, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Plato, el Procurador de Asuntos Ambientales y Agrarios y las partes e intervinientes en el proceso de Expropiaci\u00f3n n\u00ba 2015-00175.  <\/span><\/p>\n

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1.        La solicitante, actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, trabajo, vida digna y de los ni\u00f1os, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales al no haber pagado los dineros depositados para la entrega anticipada de un predio objeto de expropiaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que la Agencia Nacional de Infraestructura, adelanta ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, la declaratoria de \u00abexpropiaci\u00f3n por utilidad p\u00fablica del bien inmueble de mi propiedad, identificado con el folio de matr\u00edcula 226-38062\u2026 para desarrollar el proyecto RUTA DEL SOL 3 en el sector PLATO \u2013 DIFICIL\u00bb, al no lograrse acuerdo directo ya que el aval\u00fao dado por la entidad \u00abes sustancialmente inferior al valor real\u00bb ya que \u00aball\u00ed funcionaba un restaurante de mi propiedad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Inform\u00f3 que a trav\u00e9s de su apoderado se opuso al valor de la indemnizaci\u00f3n por valor de $97\u00b4000.000, la cual \u00abfue consignada a \u00f3rdenes del Juzgado del Circuito de Plato\u00bb, no obstante, el Juzgado dispuso la \u00abentrega provisional del predio, procediendo la ANI, a desmantelar y derrumbar mi local comercial y entrando en posesi\u00f3n del bien, dej\u00e1ndome sin trabajo y medio de subsistencia as\u00ed como el de mi n\u00facleo familiar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que pese a que se hizo entrega anticipada del inmueble y a que el 10 de agosto de 2016 el Juzgado dict\u00f3 fallo ordenando a la demandante a pagar \u00abuna suma superior a la que ellos pretend\u00eda, no se me ha entregado el valor de ella ni tampoco lo consignado en el dep\u00f3sito judicial a \u00f3rdenes del despacho\u00bb, aduciendo para ello que \u00abestaba pendiente por resolver el recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 la ANI en contra de la sentencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende que \u00abse ordene a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA a pagar la indemnizaci\u00f3n a que se tiene derecho\u00bb, y al Juzgado que haga entrega \u00abdel t\u00edtulo judicial que se cre\u00f3 para hacer la entrega provisional del predio\u00bb (fls. 1 a 13, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Segundo Promiscuo Municipal de Plato \u2013 Magdalena, inform\u00f3 que en cumplimiento del comisorio proveniente de su superior jer\u00e1rquico, el 28 de julio de 2016 llev\u00f3 a cabo la diligencia de entrega anticipada del inmueble materia de expropiaci\u00f3n, atendiendo para ello lo previsto en la normativa procedimental vigente (fls. 632 y 633, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juez Promiscuo del Circuito de Plato, se\u00f1al\u00f3 que la petici\u00f3n de entrega del dep\u00f3sito consignado por concepto de la indemnizaci\u00f3n, fue negada con auto del 17 de septiembre de 2016, ya que \u00abde acuerdo a lo reglado en el art. 321 del estatuto procesal civil actual, si ambas partes apelan la sentencia de expropiaci\u00f3n los dinero (sic) se entregaran cuando est\u00e9 debidamente ejecutoriada la providencia\u00bb (fl, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, inform\u00f3 que revisado el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente – SRTDAF, respecto de la demandante y su n\u00facleo familiar \u00abno existe tr\u00e1mite de inclusi\u00f3n\u00bb, y que \u00abtampoco se encuentra solicitud que recaiga sobre el predio\u00bb (fls. 652 y 653, id.).  <\/span><\/p>\n

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4. El Procurador 13 Judicial II Agrario y Ambiental del Magdalena, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo, ante la existencia de otros medios de defensa al interior de un proceso que a\u00fan no ha terminado (fls.654 a 656, cit.).  <\/span><\/p>\n

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5. La Agencia Nacional de Infraestructura dijo que Yuma Concesionaria, en su calidad de ejecutor directo del proyecto es quien debe pagar la indemnizaci\u00f3n reclamada, y que seg\u00fan el proceso judicial, en noviembre de 2015 consign\u00f3 \u00abel 100% del aval\u00fao\u00bb conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 1742 de 2014 (fls. 667 a 671, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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6. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural \u2013 Incoder – en liquidaci\u00f3n, record\u00f3 que por el estado jur\u00eddico actual de la entidad, \u00abno tiene funciones\u00bb, y que quienes est\u00e1n facultadas para responder son la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural (fls. 696 y 697, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el auxilio porque, en primer lugar, no encontr\u00f3 satisfecho el requisito de subsidiariedad, en la medida en que la actora no recurri\u00f3 el auto que neg\u00f3 la entrega del dep\u00f3sito judicial, y en segundo lugar, porque \u00abse muestra razonable la determinaci\u00f3n adoptada por el juzgado accionado el pasado 7 de septiembre\u00bb, ya que como el recurso de apelaci\u00f3n fue propuesto por ambas partes contra la sentencia, el Juzgado \u00abhab\u00eda perdido temporalmente la competencia\u00bb (fls. 705 a 713, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La impetr\u00f3 la promotora del resguardo, aduciendo que el Tribunal no examin\u00f3 \u00abla conducta violatoria de mis derechos fundamentales\u00bb (fls. 733, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional, de la revisi\u00f3n de las piezas procesales del litigio cuya actuaci\u00f3n se cuestiona, prontamente establece la Sala que el fallo impugnado deber\u00e1 respaldarse porque la tutela se torna improcedente al no superar el presupuesto de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

En efecto, por cuanto la acci\u00f3n se dirige a la decisi\u00f3n contenida en el auto del 7 de septiembre de 2016 (fl. 646, cd. 1), consistente en la negaci\u00f3n de la entrega del dep\u00f3sito judicial consignado con ocasi\u00f3n de la entrega anticipada del bien inmueble que constituye el objeto de la expropiaci\u00f3n, en tanto para resolver sobre el punto adujo carencia de competencia debido a la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n del fallo en el efecto suspensivo, tal resoluci\u00f3n era susceptible de ataque por v\u00eda ordinaria no utilizada por la interesada.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, la motivaci\u00f3n ac\u00e1 aducida pudo haberla planteado ante la autoridad enjuiciada para que procurara reconsiderar su postura, pues sabido es que contra esa determinaci\u00f3n cab\u00eda, con efectos de idoneidad y eficacia, el recurso de reposici\u00f3n, pero no lo hizo. N\u00f3tese que el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso contempla que ese medio de impugnaci\u00f3n es procedente frente a \u00ablos autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la omisi\u00f3n en hacer uso de la reposici\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 de feb. 2014, exp. 00201-00, reiterada entre otras, en STC11979-2014, 5 sep., rad. 00138-01 y STC16341-2016, 10 nov. 2016, rad. 00397-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esas condiciones, no surge viable pretender que la queja constitucional provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde al juez competente y a trav\u00e9s de la senda ordinaria. Sobre el particular, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho que cuanto se omite hacer uso de los mecanismos legalmente previstos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

La Sala reitera que mientras haya posibilidad al interior del proceso de discutir y resolver los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda, el juez de tutela no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario llamado a resolver el juicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Aunque lo anterior ser\u00eda suficiente para mantener la denegaci\u00f3n del amparo, la Corte tambi\u00e9n proh\u00edja el criterio razonable que tuvo el Juzgado para no entregar el dep\u00f3sito judicial, y de paso para desestimar la pretensi\u00f3n del tutelante respecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, comoquiera que mientras no se haya dado soluci\u00f3n definitiva al proceso, no es posible exigirle a la demandante que haga entrega de la correspondiente indemnizaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la naturaleza jur\u00eddica de la entrega anticipada, desde sus albores la Corte Constitucional sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn el ordenamiento colombiano la expropiaci\u00f3n se constituye con el pago seguido de la obligaci\u00f3n de transmitir el dominio del bien\u2026  <\/span><\/p>\n

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En otras palabras, la entrega anticipada del inmueble no es a t\u00edtulo traslaticio de dominio sino a t\u00edtulo de tenencia. Luego no se viola aqu\u00ed \u2013 como pretende el ato \u2013 sino que se protege el derecho de propiedad, pues la expropiaci\u00f3n exige la indemnizaci\u00f3n previa a la transferencia del derecho de dominio, m\u00e1s no la indemnizaci\u00f3n previa a la entrega de la tenencia de la cosa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) La entrega anticipada no es entonces un mecanismo que anticipa los efectos de una eventual sentencia judicial sino que la petici\u00f3n de entrega es una medida cautelar, por razones de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social, bajo el supuesto de que la persona cuyo bien ha sido expropiado va a recibir una indemnizaci\u00f3n justa, previa al traspaso de dominio\u00bb (CC C-153\/94).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, sin que se halle en firme la sentencia y se proceda a la entrega definitiva del bien, no se cuenta con el t\u00edtulo con vocaci\u00f3n traslaticia de dominio susceptible de registro, que permita el pago de la indemnizaci\u00f3n que por disposici\u00f3n judicial haya quedado establecida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Del mismo modo, recu\u00e9rdese que conforme a lo previsto en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[d]esde la presentaci\u00f3n de la demanda, a solicitud de la entidad demandante, se decretar\u00e1 la entrega anticipada del bien, siempre que aquella consigne a \u00f3rdenes del juzgado el valor establecido en el aval\u00fao aportado. Si en la diligencia el demandado demuestra que el bien objeto de la expropiaci\u00f3n est\u00e1 destinado exclusivamente a su vivienda, y no se presenta oposici\u00f3n, el juez ordenar\u00e1 entregarle previamente el dinero consignado, siempre que no exista gravamen hipotecario, embargos, ni demandas registradas\u00bb. Resalta la Sala.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, para que el Juzgado entregue los dineros depositados para los efectos de la entrega anticipada del predio, que desde luego se dio antes de que el aval\u00fao quedara en firme a efectos de posibilitar las obras de inter\u00e9s general, la demandada ha debido probar la situaci\u00f3n antes descrita, esto es, que el bien estaba destinado exclusivamente para su residencia, pues el prop\u00f3sito de ello consiste en salvaguardar la garant\u00eda a la vivienda digna.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, por cuanto el razonamiento realizado por el juez de instancia para negar la entrega de la indemnizaci\u00f3n porque est\u00e1 pendiente la definici\u00f3n de la segunda instancia, no refleja una decisi\u00f3n que revele arbitrariedad o desmesura, no es posible la intervenci\u00f3n del juez de la salvaguarda, ya que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb. CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterada en STC16997-2016, 24 nov. 2016, rad. 00548-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En consecuencia, m\u00e1s all\u00e1 del desaprovechamiento de los medios de defensa judicial, de los cuales no puede reprocharse falta de idoneidad y eficacia para controvertir lo ahora cuestionado, por no encontrar irrazonable la determinaci\u00f3n del juez de instancia para negar el pago de los dineros reclamados, la tutela no deviene procedente ni siquiera como mecanismo transitorio, pues para que as\u00ed se configure, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Corolario de las precisiones dadas en precedencia, se impone confirmar el fallo de primer grado mediante la cual se deneg\u00f3 el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por telegrama u otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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