{"id":99547,"date":"2026-06-25T18:39:32","date_gmt":"2026-06-25T18:39:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2331-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:39:32","modified_gmt":"2026-06-25T18:39:32","slug":"stc2331-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2331-2017\/","title":{"rendered":"STC2331-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2331-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00292-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Erick Joao Araujo Molano, contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n; tr\u00e1mite al cual se orden\u00f3 vincular a la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, al Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Duitama y a las partes e intervinientes en el proceso penal donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, doble instancia, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulnerados por la autoridad accionada, por cuanto en su caso, se desconoci\u00f3 el precedente elaborado por la Corte Constitucional en sentencias C-792 \u2013 2014 y SU-215 de 2016, al impedirle impugnar la sentencia de segunda instancia que, tras revocar la absoluci\u00f3n del juez de conocimiento, lo conden\u00f3 a la pena de 408 meses de prisi\u00f3n por hallarlo responsable de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se invalide la actuaci\u00f3n cuestionada para, en su lugar, permitirle recurrir el fallo condenatorio, pues, asegura, no hab\u00eda raz\u00f3n para que el Tribunal estimara satisfechos los presupuestos necesarios para sentenciarlo. [Folios 1-18, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 9 de noviembre de 2007, se llev\u00f3 a cabo la diligencia de legalizaci\u00f3n de captura por orden judicial, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario contra el accionante, como presunto autor de los delitos de homicidio agravado, en concurso heterog\u00e9neo con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones, tambi\u00e9n en circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El 7 de diciembre de 2007, la Fiscal\u00eda present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n contra el imputado por las conductas antes descritas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Los d\u00edas 30 de enero y 5 de junio de 2008, se formaliz\u00f3 la acusaci\u00f3n ante el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Duitama.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El juicio oral inici\u00f3 el 18 de agosto de 2009, y se prolong\u00f3 durante las sesiones realizadas el 8 de junio de 2010, 19 de enero, 25 de abril y 3 de octubre de 2011 y 24 de enero de 2012, fecha en que culmin\u00f3 el acto procesal y al cabo del cual el funcionario cognoscente anunci\u00f3 que proferir\u00eda sentencia de car\u00e1cter absolutorio en relaci\u00f3n con el primer delito endilgado y condenatorio frente al segundo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El 3 de mayo de 2012, el fallador emiti\u00f3 la respectiva sentencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Inconformes, los delegados de la Fiscal\u00eda y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el procesado, impetraron recurso de apelaci\u00f3n para cuestionar la decisi\u00f3n en lo que les fue desfavorable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. El 10 de septiembre de 2014, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, revoc\u00f3 parcialmente la sentencia apelada, y en su lugar, conden\u00f3 a Erik Joao Araujo Molano por la totalidad de los cargos e impuso una pena principal de 408 meses de prisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9. Frente a esta \u00faltima providencia, el acusado interpuso y sustent\u00f3 oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. El 29 de octubre de 2014, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-792, notificada a trav\u00e9s del edicto No. 049 publicado del 22 al 24 de abril de 2015, declar\u00f3 la \u00ab\u2026inconstitucionalidad con efectos diferidos, y en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta providencia, de las expresiones demandadas contenidas en los art\u00edculos 20, 32, 161, 176, 179, 179b, 194 y 481 de la ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y exequible el contenido positivo de estas disposiciones\u00bb. Por lo anterior, exhort\u00f3 \u00ab\u2026al Congreso de la Rep\u00fablica para que, en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o contado a partir de la notificaci\u00f3n por edicto de esta sentencia, regule integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este t\u00e9rmino, se entender\u00e1 que procede la impugnaci\u00f3n de todas las sentencias condenatorias ante el superior jer\u00e1rquico o funcional de quien impuso la condena\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. El 20 de abril de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte cas\u00f3 parcialmente la sentencia del ad quem, declar\u00f3 prescrita la acci\u00f3n penal derivada del delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones, y excluy\u00f3 las agravantes punitivas relacionadas con el homicidio. Por lo anterior, redujo la pena al accionante a 17 a\u00f1os y 4 meses de prisi\u00f3n, as\u00ed como a la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por igual lapso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

12. Por considerar que la decisi\u00f3n del m\u00e1ximo Tribunal de la justicia penal ordinaria vulneraba sus prerrogativas fundamentales, por incurrir en v\u00edas de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria, falta  de motivaci\u00f3n y desconocimiento del precedente jurisprudencial, en la medida en que se le conden\u00f3 por una conducta dolosa sin estar demostrado que el hecho fue intencional y no aplicar principios orientadores como la presunci\u00f3n de inocencia y el in dubio pro reo, el actor present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en el mes de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

13. La Sala, en providencia de 24 del mismo mes y a\u00f1o, neg\u00f3 el amparo reclamado, por no evidenciar irrazonabilidad ni capricho en la decisi\u00f3n de la hom\u00f3loga penal, autoridad que en aras de garantizar efectivamente los derechos fundamentales del tutelante, dej\u00f3 de lado las falencias de la demanda de casaci\u00f3n para pronunciarse oficiosamente sobre la inviabilidad jur\u00eddica de sostener la condena con las circunstancias de agravaci\u00f3n imputadas y declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal frente a la conducta que atent\u00f3 contra la seguridad p\u00fablica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

14. En desacuerdo, el reclamante impugn\u00f3 el fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

15. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en sede de segunda instancia constitucional, imparti\u00f3 integral confirmaci\u00f3n a nuestro pronunciamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

16. El 28 de octubre de 2016, la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la actuaci\u00f3n en comento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

17. El quejoso acude una vez m\u00e1s a solicitar el amparo de sus prerrogativas superiores, argumentando que en esta oportunidad, la protecci\u00f3n que invoca est\u00e1 enderezada a lograr que le sea garantizada la doble instancia frente a la sentencia condenatoria de segundo grado que se profiri\u00f3 en su contra, tal y como lo previ\u00f3 la Corte Constitucional en sentencias C-792 de 2014 y SU 215 de 2016, raz\u00f3n por la cual, explica, no hay lugar a considerar que su nueva s\u00faplica es temeraria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, pretende que se acceda al amparo descrito. [Folios 1-18, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 13 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a la Corporaci\u00f3n accionada, as\u00ed como a los terceros interesados, entre ellos, los juzgadores de primera y segunda instancia y el funcionario que vigila el cumplimiento de la sentencia, para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Fiscal\u00eda 10\u00aa Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, manifest\u00f3 que su postura frente a los hechos en los cuales el reclamante soporta su petici\u00f3n de amparo, fueron ampliamente expuestos en la audiencia que se llev\u00f3 a cabo para la sustentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, cuyo registro audio visual, se\u00f1ala el interviniente, se encuentra archivado en la secretar\u00eda de la Sala accionada y all\u00ed puede ser objeto de consulta de ser necesario. [Folio 39, c.1]  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que son dos los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica: la inmediatez y la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Vista desde la perspectiva de la finalidad del amparo, la inmediatez impide que aqu\u00e9l se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb.1\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses.2\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En virtud del segundo principio se\u00f1alado, debe recordarse que el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque la petici\u00f3n de tutela no atiende ninguno de los postulados que vienen de comentarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La pretensi\u00f3n del actor constitucional est\u00e1 encaminada, puntualmente, a que se le reconozca el derecho a recurrir la sentencia de segunda instancia que dict\u00f3 el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el 10 de septiembre de 2014, de conformidad con los lineamientos que la Corte Constitucional decant\u00f3 en sentencia C-792 de 2014, donde declar\u00f3 inexequibles con efectos diferidos, los art\u00edculos 20, 32, 161, 176, 179, 179b, 194 y 481 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por ir en contrav\u00eda de garant\u00edas superiores tales como la doble instancia, la defensa y la impugnaci\u00f3n, prerrogativas que los mecanismos consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico no satisfacen de manera id\u00f3nea.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, la Sala advierte que unos d\u00edas despu\u00e9s de la emisi\u00f3n del fallo condenatorio en comento, el cual fue censurado a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, se emiti\u00f3 la sentencia de constitucionalidad cuya aplicaci\u00f3n invoca el tutelante \u2013 C \u2013 792 de 2014 – y meses m\u00e1s tarde, fue notificada mediante el edicto No. 049 del 22 de abril de 20153; es decir, que desde la fecha en que fue dada a conocer aquella determinaci\u00f3n, han transcurrido cerca de dos a\u00f1os durante los cuales el actor no invoc\u00f3 el derecho a impugnar la condena impuesta por primera vez en sede de segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es m\u00e1s, desde el 20 de abril de 2016, d\u00eda en que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n impetrada por el reclamante, han trascurrido m\u00e1s de nueve (9) meses, lapso que tambi\u00e9n ha corrido desde que se cumpli\u00f3 el plazo de un a\u00f1o otorgado por el m\u00e1ximo tribunal constitucional al Congreso de la Rep\u00fablica para legislar sobre el derecho en comento y s\u00f3lo hasta ahora el penado invoca la protecci\u00f3n de tal garant\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es de ver, adicionalmente, que en el mes de agosto del a\u00f1o 2016, el promotor de esta solicitud de resguardo ya hab\u00eda invocado una anterior, donde no invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a la doble instancia, en los t\u00e9rminos de la pluricitada sentencia C \u2013 792 de 2014. Luego, a la fecha se encuentra superado el t\u00e9rmino razonable para promover el mecanismo constitucional, sin que de manera alguna se justifique la tardanza en su interposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Y no menos importante, es el hecho de que el quejoso no aleg\u00f3 al interior del proceso penal que se segu\u00eda en su contra el hecho vulnerador frente al que ahora pretende encontrar remedio, pues, se insiste, pese a que la emisi\u00f3n de la sentencia de constitucionalidad fue coet\u00e1nea a aquel tr\u00e1mite, nunca reclam\u00f3 ante las autoridades que conocieron su caso, el derecho a impugnar el fallo condenatorio del Tribunal, permitiendo as\u00ed que su condena cobrara firmeza desde el 20 de abril de 2016, circunstancia que la hace inmutable y que impide la intervenci\u00f3n del juez de tutela en el asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Con todo, es necesario precisar al promotor de la queja que cuando en pret\u00e9rita oportunidad pidi\u00f3 que sus prerrogativas al debido proceso, igualdad y acceso a la justicia fueran resguardadas, esta Sala se dio a la tarea de auscultar en la sentencia de casaci\u00f3n que emitiera, parcialmente a su favor, la aqu\u00ed accionada y de un cuidadoso an\u00e1lisis a sus fundamentos se pudo concluir que no se trataba de un fallo arbitrario, caprichoso ni antojadizo, al punto que oficiosamente se acogi\u00f3 el estudio de asuntos que por falta de t\u00e9cnica no fueron debidamente abordados por el casacionista, lo cual redund\u00f3 en la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas procesales, en tanto que le fueron sustra\u00eddas las circunstancias de agravaci\u00f3n endilgadas y se le suprimi\u00f3 uno de los cargos por ocurrencia del fen\u00f3meno extintivo de la prescripci\u00f3n, con la consecuente reducci\u00f3n del cuantum punitivo fijado por el Juzgador de la segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este sentido, como ya se explic\u00f3, como el fallo de casaci\u00f3n fue emitido el 20 de abril de 2016, es evidente que a partir de esa fecha cobr\u00f3 firmeza la condena impuesta al promotor del amparo, lo cual impide aplicar las decisiones en cita a su caso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Para finalizar, en atenci\u00f3n al desconocimiento del precedente que el actor endilga a la hom\u00f3loga penal, por cuanto en casos similares al suyo se conden\u00f3 por culpa y no por dolo al procesado o se absolvi\u00f3 por inexistencia de pruebas que respaldaran los indicios, ha de puntualizarse que frente al primer aspecto, el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal fue expreso al indicar que la intensi\u00f3n da\u00f1osa del actuar delictivo fue tema de an\u00e1lisis y pronunciamiento por parte del Tribunal sentenciador, que dedujo tal elemento del tipo del comportamiento previo y posterior al homicidio, al paso que dicho actuar fue acreditado por varios testimonios y elementos probatorios legalmente adosados al juicio oral, que fueron valorados en detalle y no simplemente por indicios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para negar el amparo pretendido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional deprecada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. T. No. 00188-01.    <\/span><\/p>\n

2 Sentencia de 29 de abril de 2009, exp. T-2009-00624-00.    <\/span><\/p>\n

3 www.corte constitucional.gov.co\/secretar\u00eda\/edictos      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

         ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2331-2017   Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2017-00292-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Erick Joao […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99547","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99547","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99547"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99547\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99547"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99547"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99547"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}