{"id":99548,"date":"2026-06-25T18:39:39","date_gmt":"2026-06-25T18:39:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2332-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:39:39","modified_gmt":"2026-06-25T18:39:39","slug":"stc2332-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2332-2017\/","title":{"rendered":"STC2332-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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       STC2332-2017          <\/span><\/p>\n

  Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2016-00935-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 16 de enero de 2017, que neg\u00f3 la tutela de Nathalie Levy Tasc\u00f3n frente al Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad, siendo citados los intervinientes en la restituci\u00f3n de inmueble arrendado n\u00ba 2012-00138.   <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Obrando por intermedio de apoderado, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la defensa y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada por exigirle acreditar el pago de la renta, como presupuesto para ser o\u00edda dentro del aludido juicio que inici\u00f3 Centrales de Transporte S.A. contra los herederos Henry Levy Tasc\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

2. Manifiesta en resumen, que el 5 de agosto de 2016 el juzgado convocado la requiri\u00f3 para que demostrara la cancelaci\u00f3n de los c\u00e1nones de arrendamiento desde abril de 2012 para ser escuchada dentro del pleito. Ante ello interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n argumentando que no estaba obligada a cumplir con esa carga porque en el asunto se decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de los dineros que el arrendatario recibe por la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del establecimiento de comercio \u00abLa Rotonda\u00bb que funciona en el predio dado en tenencia para asegurar el pago de la renta.  <\/span><\/p>\n

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Expone que el accionado neg\u00f3 la reposici\u00f3n el 17 de octubre de 2016 indicando que la cautela tiene por objeto asegurar \u00ablas costas, gastos y agencias en derecho\u00bb y los valores recaudados no pueden \u00abdestinarse para tener por cumplida la carga que establece el numeral 3 del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 424 del Ordenamiento Procesal Civil\u00bb. Igualmente rechaz\u00f3 la apelaci\u00f3n por inviable.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que interpuso reposici\u00f3n y en subsidio queja contra la anterior decisi\u00f3n y el 30 de noviembre de 2016 el a-quo orden\u00f3 agregar el escrito sin consideraci\u00f3n alguna. Asimismo, indic\u00f3 que por concepto de la medida preventiva aparecen consignados en el proceso $117\u00b4800.000, cuando el saldo total de la renta es de $59\u00b4229.504, quedando a su favor $58\u00b4570.496.    <\/span><\/p>\n

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3. Pide, en consecuencia, dejar sin efecto las determinaciones mencionadas y se descuente de los valores consignados la suma que se le exige para ser o\u00edda (fls. 1 a 15, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Once Civil del Circuito de Cali se opuso al amparo porque motiv\u00f3 las providencias atacadas y refiri\u00f3 que la \u00abaccionante confunde las condiciones para ser escuchada en el proceso abreviado con el embargo del cr\u00e9dito que se ha practicado en el mismo\u00bb (fls. 79 y 80, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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1. La curadora ad-litem de los demandados Carolina Levy Ria\u00f1o, Jessica Levy Prieto, Allan Levy Ria\u00f1o, Mois\u00e9s Levy Pati\u00f1o y Johana Levy Pati\u00f1o coadyuv\u00f3 las s\u00faplicas y adujo que \u00abexisten dep\u00f3sitos judiciales suficientes para cubrir los canon (sic) adeudados\u00bb (fl. 88, ib).    <\/span><\/p>\n

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1. Juan David Levy Tasc\u00f3n reiter\u00f3 lo referido en el escrito inicial (fls. 106 a 112, cit).    <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque la argumentaci\u00f3n del funcionario de conocimiento a trav\u00e9s de la cual determin\u00f3 que el extremo demandado deb\u00eda demostrar el pago de la renta para ser o\u00eddo, \u00abluce coherente, seria y debidamente sustentada\u00bb (fls. 91 a 96, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La promotora insisti\u00f3 en lo manifestado inicialmente y se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 35 de la Ley 820 de 2003 permite al arrendador pedir embargos y secuestros con el fin de asegurar el pago de los c\u00e1nones adeudados o cualquier prestaci\u00f3n econ\u00f3mica derivada del contrato, indemnizaciones y costas procesales y no s\u00f3lo de ese \u00faltimo concepto (fls. 116 a 126, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado enjuiciado vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas al no escuchar a la accionante dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que origina la queja por no demostrar el pago de la renta y no descontar dicho concepto de la suma consignada por la medida cautelar decretada.   <\/span><\/p>\n

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2. Las actuaciones jurisdiccionales son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela, a menos que resulten notoriamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, y bajo los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. Advierte la Corte que el resguardo est\u00e1 llamado a fracasar, pues, la decisi\u00f3n del Juzgado Once Civil del Circuito de Cali de no o\u00edr a los demandados, lejos de ser antojadiza, se fundament\u00f3 en los numerales 2\u00ba y 3\u00ba del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 424 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que consagran:  <\/span><\/p>\n

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\u201c2. Si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los tres \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos per\u00edodos, en favor de aquel.  <\/span><\/p>\n

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3. Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado tambi\u00e9n deber\u00e1 consignar oportunamente a \u00f3rdenes del juzgado, en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales, los c\u00e1nones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejar\u00e1 de ser o\u00eddo hasta cuando presente el t\u00edtulo de dep\u00f3sito respectivo, el recibo de pago hecho directamente al arrendador, o el de la consignaci\u00f3n efectuada en proceso ejecutivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Tal consecuencia fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia C-070 de 1993 y por ende, se impone como regla general la obligaci\u00f3n de los arrendatarios de acreditar el pago de las mesadas que se aducen como insolutas, para poder ser atendida su oposici\u00f3n en el juicio de restituci\u00f3n, igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado sobre el tema que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) dicho presupuesto normativo \u00abreclama la existencia de una relaci\u00f3n contractual, y la manifestaci\u00f3n del demandante respecto de la falta de pago de la renta, por lo que si los requisitos mencionados se verifican en la actuaci\u00f3n de que se trate, resulta imperioso para el demandado acreditar el pago o la consignaci\u00f3n antes referida, toda vez que \u2018la exigencia de pagar los c\u00e1nones o reajustes debidos por el arrendatario para poder ser o\u00eddo en el juicio de restituci\u00f3n de tenencia, es un imperativo que se aviene a los mandatos constitucionales (Sentencia 070 de 1993) e, igualmente, que, precisamente por tal raz\u00f3n, es una carga de la que, en principio, no puede sustraerse antojadizamente aqu\u00e9l. (CSJ STC, 23 ene 2012, Rad. 2011-00195-01, reiterada en STC9179 de 7 jul 2016).  <\/span><\/p>\n

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Excepcionalmente, se ha admitido la posibilidad de inaplicar la sanci\u00f3n antes aludida \u00abcuando existen serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento base del proceso de restituci\u00f3n, cuando pretende participar en el proceso un tercero legitimado, o cuando existan motivos para dudar de la vigencia o realidad de los incrementos cuya falta de pago haya motivado el proceso de restituci\u00f3n de tenencia\u00bb (CSJ STC, 23 Ene 2012, Rad. 2011-00195-01, reiterada en STC9655 de 24 jun. 2015).  <\/span><\/p>\n

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En el caso bajo examen, no se observan las circunstancias que habiliten al juzgador de conocimiento para desconocer dicha exigencia legal, pues, no se alegaron argumentos que pusieran en tela de juicio la prueba del contrato, y tampoco hay duda sobre el valor de la renta mensual o los pormenores del acuerdo de voluntades, que no fue tachado ni redarg\u00fcido de falso.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera, el funcionario cuestionado consider\u00f3 que no era viable descontar del total de las sumas consignadas al Despacho por concepto de la medida preventiva decretada, el valor de la renta, para lo cual indic\u00f3 que: \u00abla medida cautelar en el caso particular se decret\u00f3 con el \u00e1nimo de asegurar el pago de las costas, gastos y agencias en derecho que se decreten dentro del presente proceso, los cuales fueron solicitados por la parte actora desde la presentaci\u00f3n de la demanda\u2026luego entonces, dichos dineros no pueden por ning\u00fan punto de vista destinarse para tener por cumplida la carga que establece el numeral 3 del par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 424 del Ordenamiento Procesal Civil\u00bb (fl. 62, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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Y a\u00f1adi\u00f3: \u00ab(\u2026) estos dineros (los recaudados en virtud de la medida cautelar) ser\u00e1n retenidos mientras se dicte sentencia favorable a la parte actora hasta el monto que se fije como perjuicios (numeral 3 del par\u00e1grafo 1 del art. 424 del C. de P.C.), mientras que los consignados durante el tr\u00e1mite del proceso para que el demandado sea o\u00eddo, se entregar\u00e1n al demandante a medida que se presenten los t\u00edtulos (numeral 5 del par\u00e1grafo 2 del art. 424 del C. de P.C)\u00bb (fl. 62, cd. 1) y agreg\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, el hecho de que la peticionaria no comparta lo acontecido no se erige en raz\u00f3n suficiente para conceder el amparo, pues como de vieja data lo tiene dicho la Sala \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ 21 jul. 1995, Rad. 2397 reiterado STC2067-2015, 25 feb. 2015).  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente             STC2332-2017             Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2016-00935-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99548","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99548","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99548"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99548\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99548"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99548"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99548"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}