{"id":99550,"date":"2026-06-25T18:39:46","date_gmt":"2026-06-25T18:39:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2334-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:39:46","modified_gmt":"2026-06-25T18:39:46","slug":"stc2334-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2334-2017\/","title":{"rendered":"STC2334-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2334-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00301-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Yolanda Rodr\u00edguez Izquierdo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Civil del Circuito de Girardot y a todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad jur\u00eddica, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad judicial de segunda instancia al dictar sentencia modificando la dictada por el a quo, para en su lugar, condenarla al pago de los frutos, dentro del proceso ordinario promovido por Mar\u00eda Herlinda Rodr\u00edguez Zea contra ella y Sandra Liliana Rodr\u00edguez Zea.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, se decrete la nulidad del fallo censurado y se ordene al despacho accionado que profiera una nueva determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Carlos Ulpiano Rodr\u00edguez Izquierdo (q.e.p.d.) transfiri\u00f3, mediante la escritura p\u00fablica n.\u00b0 225 de 17 de agosto de 2004 de la Notar\u00eda \u00danica de Agua de Dios, la nuda propiedad a t\u00edtulo de venta a favor de su hija Martha Yolanda Rodr\u00edguez Izquierdo, sobre el inmueble ubicado en la calle 2 n.\u00b0 13-81 de Tocaima, Cundinamarca.  <\/span><\/p>\n

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2. Asimismo, el se\u00f1or Rodr\u00edguez Izquierdo (q.e.p.d.) transfiri\u00f3 la nuda propiedad del bien ra\u00edz localizado en la calle 4 n.\u00b0 11-48\/55\/60 a su hija Sandra Liliana Rodr\u00edguez Zea, por medio de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 227 de agosto 19 de 2004 de la misma notar\u00eda referida.  <\/span><\/p>\n

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3. En el a\u00f1o 2012, Mar\u00eda Herlinda Rodr\u00edguez Zea present\u00f3 demanda ordinaria contra las adquirentes mencionadas atr\u00e1s, a fin de obtener las declaraciones de simulaci\u00f3n absoluta de aquellos negocios jur\u00eddicos y el pago de los frutos y perjuicios.  <\/span><\/p>\n

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4. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento de este asunto, lo admiti\u00f3 en auto de 19 de abril siguiente y orden\u00f3 el traslado al extremo pasivo.  <\/span><\/p>\n

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5. Una de las demandadas se allan\u00f3 a las pretensiones, salvo a las del pago de sumas de dinero; entre tanto la aqu\u00ed quejosa interpuso las excepciones de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para demandar\u00bb, \u00abbuena fe\u00bb, \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb, \u00abcumplimiento del contrato de compraventa\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n activa\u00bb, \u00abveracidad del contrato\u00bb e \u00abinexistencia de causal de simulaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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6. De otro lado, Jos\u00e9 Ignacio Bonilla Barrag\u00e1n intervino como coadyuvante de Sandra Liliana Rodr\u00edguez Zea y se opuso a las s\u00faplicas del extremo activo.  <\/span><\/p>\n

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7. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot, a quien se reasign\u00f3 esta controversia, dict\u00f3 sentencia el 30 de octubre de 2015, declar\u00f3 la simulaci\u00f3n absoluta de los contrato de compraventa cuestionados, neg\u00f3 el reconocimiento de los frutos y reconoci\u00f3 mejoras a favor de la parte pasiva.  <\/span><\/p>\n

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8. Inconformes con esta determinaci\u00f3n, los extremos del litigio incoaron el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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9. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, en fallo adiado el 7 de septiembre de 2016, modific\u00f3 la providencia recurrida y conden\u00f3 a las demandadas al pago de los frutos, con base en el dictamen pericial practicado de oficio en la segunda instancia, en lo restante confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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10. La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Izquierdo present\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, no obstante su concesi\u00f3n fue denegada por el ad quem el 23 de septiembre siguiente ante la falta de inter\u00e9s para recurrir.  <\/span><\/p>\n

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11. El 5 de octubre del a\u00f1o en cita, la demandada aludida tambi\u00e9n solicit\u00f3 la nulidad de la sentencia de segundo grado, porque la prueba pericial no cumpli\u00f3 los requisitos legales para su contradicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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12. El despacho colegiado, en auto de 8 de noviembre de la anualidad precedente, neg\u00f3 la petici\u00f3n anterior debido a que fue propuesta tard\u00edamente y que el medio de convicci\u00f3n se practic\u00f3 conforme a la ley adjetiva.  <\/span><\/p>\n

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13. Contra esta decisi\u00f3n, la reclamante formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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14. El juzgador de segunda instancia, en prove\u00eddo de 13 de enero de 2017, al resolver el recurso de s\u00faplica, por tratarse del medio de impugnaci\u00f3n procedente, dispuso confirmar la determinaci\u00f3n censurada.  <\/span><\/p>\n

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15. En criterio de la peticionaria del amparo se vulneraron los derechos fundamentales invocados, dado que el estrado judicial acusado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al no aplicar adecuadamente las normas que regulan la contradicci\u00f3n de los peritajes, pues no tuvo en cuenta las pruebas que se aportaron para desvirtuar lo dictaminado por el auxiliar de la justicia. [Folios 43-48]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 13 de febrero de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la sede judicial querellada y se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Civil del Circuito de Girardot y todas las dem\u00e1s autoridades judiciales, partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 51]  <\/span><\/p>\n

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2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Girardot indic\u00f3 que tramit\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n intestada de Carlos Ulpiano Rodr\u00edguez Izquierdo (q.e.p.d.), el cual termin\u00f3 con sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n. [Folio 63]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales inform\u00f3 que se aten\u00edan a las providencias emitidas en el juicio ordinario cuestionado, en las que se expresaron las razones de hecho y de derecho correspondientes. [Folio 65]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad de la administraci\u00f3n de justicia arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo tr\u00e1mite, con detrimento de las garant\u00edas reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica a las personas.  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto sub judice, aunque el reclamo constitucional se dirige contra la sentencia dictada el 7 de septiembre de 2016 por la Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y los autos emitidos por ese mismo fallador el 8 de noviembre siguiente y 13 de enero de 2017, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 del \u00faltimo de los referidos, toda vez que es el que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al despacho accionado para negar la nulidad del fallo emitido en esa instancia, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

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En efecto, se avizora que en la decisi\u00f3n censurada, al resolver el recurso de s\u00faplica contra la providencia que neg\u00f3 la declaraci\u00f3n de nulidad de la sentencia aludida, el  ad quem dispuso confirmarla, tras considerar que la supuesta irregularidad no se aleg\u00f3 oportunamente y que se dio aplicaci\u00f3n a las normas que regulan la contradicci\u00f3n del dictamen pericial decretado de oficio, con base en la siguiente argumentaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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2. Ahora bien, claro es que desde el antecedente del caso, el indiscutido comportamiento procesal del proponente de la nulidad, por su falta de invocaci\u00f3n oportuna, deb\u00eda negarse la solicitud, como se consider\u00f3 en el auto suplicado, pues la normativa procesal civil vigente impone que \u201cno podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u201d. (Subrayas ajenas al texto)  <\/span><\/p>\n

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Pues la revisi\u00f3n al expediente advierte que, en efecto, la ac\u00e1 incidentante actu\u00f3 en el proceso despu\u00e9s de configurado el alegado vicio procesal sin invocarlo, pues proferida la sentencia interpuso recurso de casaci\u00f3n contra aquella y nada dijo de la presunta nulidad; y esa circunstancia comporta que a\u00fan de haberse configurado la irregularidad -que no fue as\u00ed-, la misma se considere subsanada por su no proposici\u00f3n oportuna, conforme lo dispone el inciso 2o art\u00edculo 135 del C.G.P., como efectivamente ocurri\u00f3, sin que frente a ello el recurrente presente objeci\u00f3n, por lo que ser\u00eda suficiente con lo hasta ac\u00e1 razonado para no suplicar la decisi\u00f3n recurrida.  <\/span><\/p>\n

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3. Sin embargo, como se anot\u00f3 en los antecedentes de esta providencia, la demandada acusa de ser nula la sentencia en tanto se decret\u00f3 de oficio prueba pericial que fue objetada y se decidi\u00f3 con base en ella, sin atender a lo dispuesto en el art\u00edculo 231 del C.G.P.; y al sustentar la s\u00faplica refiere no a la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 231, si no al 228 del C.G.P.  <\/span><\/p>\n

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Y lo cierto es que el art\u00edculo 231 del C.G.P. al que alude al sustentar la s\u00faplica establece que: \u201cLa parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podr\u00e1 solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deber\u00e1n realizarse dentro del t\u00e9rmino de traslado del escrito con el cu\u00e1l haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citar\u00e1 al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podr\u00e1n interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podr\u00e1 formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendr\u00e1n derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio\u201d.  <\/span><\/p>\n

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De donde se advierte que si bien \u00e9ste es el tr\u00e1mite a seguir para la contradicci\u00f3n del dictamen pericial en el evento en que dicha prueba haya sido arrimada por uno de los extremos procesales; pero ocurre que en el caso, el dictamen fue decretado de oficio, por lo que es el art\u00edculo 231 del C.G.P. el llamado a regir la actuaci\u00f3n y fue esa la norma observada en el asunto, en que se concedi\u00f3 a las partes el traslado que hizo efectivo el derecho de contradicci\u00f3n y defensa, que en efecto fue ejercido por la ac\u00e1 demandada.  <\/span><\/p>\n

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Luego, siendo as\u00ed las cosas, no se encuentra m\u00e9rito para revocar la decisi\u00f3n que se recurre, y se impone la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n suplicada.  <\/span><\/p>\n

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3. La conclusi\u00f3n anterior es producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fund\u00f3 en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y en una valoraci\u00f3n de la actuaci\u00f3n procesal, circunstancias que, a juicio de la sede judicial acusada, condujeron a que se infiriera que la supuesta irregularidad de la sentencia de segunda instancia no fuera propuesta oportunamente y que el tr\u00e1mite de contradicci\u00f3n del peritaje decretado de oficio para el c\u00e1lculo de los frutos s\u00ed se ajust\u00f3 a las reglas previstas en la ley adjetiva, y por tanto, se confirmara el auto que deneg\u00f3 la nulidad deprecada por la parte demandada.  <\/span><\/p>\n

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De lo cual resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las conclusiones a las que lleg\u00f3 el juzgador encausado, est\u00e1 claro que en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y racional de los elementos y la interpretaci\u00f3n normativa a partir de los cuales debe formar su convicci\u00f3n, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento jur\u00eddico, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez de tutela interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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En tal sentido, verbi gratia, en la sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, rad. 2012-00245-01, la Sala sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) que al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Queda claro, entonces, que lo pretendido por la peticionaria del resguardo es anteponer su propio criterio al del fallador accionado y atacar, por esta v\u00eda, las determinaciones que la desfavorecieron, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios.  <\/span><\/p>\n

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4. Sumado a lo anterior, esta Corporaci\u00f3n observa que lo pretendido por la promotora de la queja es un nuevo pronunciamiento sobre la nulidad de la sentencia proferida por el ad quem con fundamento en la falta de contradicci\u00f3n de la experticia practicada oficiosamente, seg\u00fan la legislaci\u00f3n procesal, sin embargo es claro que al respecto no se atendi\u00f3 el presupuesto de la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior se debe a que la accionante tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por este mecanismo, que no fue utilizado porque no manifest\u00f3 oportunamente los reparos que ac\u00e1 expone, dado que propuso la nulidad tard\u00edamente, tal como lo expuso el despacho colegiado atacado, a pesar de que dicha oportunidad y escenario era el id\u00f3neo para que ejerciera sus derechos fundamentales y se solventaran las supuestas irregularidades que a su juicio se presentaron.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en el escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed quejosa no hizo uso de la herramienta que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que la interesada ha desaprovechado debido a su incuria.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, solamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en supuestos similares, ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

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5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 destinado al fracaso, por lo que se negar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional invocada.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese telegr\u00e1ficamente esta decisi\u00f3n a los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2334-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00301-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99550","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99550","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99550"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99550\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99550"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99550"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99550"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}